El último jueves, en la estrecha sala de audiencias del Octavo Juzgado Civil en lo Contencioso Administrativo, donde se ve el juicio interpuesto por la empresa Telefónica contra la Sunat y el Tribunal Fiscal, por el cobro de 2,300 millones de soles de deuda tributaria (de los cuales, 1,600 han sido calificados de ‘exigibles’ y el resto deben ser recalculados), las partes expusieron argumentos.
Telefónica está representada por el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Táiman & Olaya, firma que se califica a sí misma como “uno de las más importantes del país”. Cuantitativamente, sin duda lo es. Nada menos que 191 abogados trabajan para esta firma. En este juicio, el estudio Muñiz es representado por dos de sus nueve socios principales, el especialista en derecho civil Nelson Ramírez y el tributarista Fernando Castro.
Entre sus muchos clientes, además de Telefónica, el estudio Muñiz también representa, por ejemplo, a Doe Run, otra firma que tiene un proceso contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la empresa exige una reparación civil de 800 millones de dólares por el cierre de la planta metalúrgica de La Oroya.
El Estado, sin embargo, también ha contratado con el estudio Muñiz. De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Estado, este año su principal cliente fue la Oficina Nacional de Normalización Provisional (ONP) que le pagó 4 millones 689 mil soles.
Los abogados del estudio Muñiz se enfrentan a solo dos procuradores: Antenor Escalante, de la Sunat y Patricia Velasco ,del Ministerio de Economía (MEF). Ambos son asistidos por otros dos abogados más jóvenes: Kelly Minchan del MEF y Álvaro Alarco de Sunat. En comparación con los ingresos de los socios principales del Estudio Muñiz, los de los procuradores del Estado parecen encarnar el concepto mismo de austeridad. De acuerdo con su última declaración jurada, Antenor Escalante gana alrededor de 15 mil soles y Patricia Velasco poco más de 13 mil soles.
Pese a la asimetría de ingresos y de medios, tanto Escalante como Velasco argumentaron con brío y trasuntaron además experiencia litigante.
¿Pudo el Estado contratar a un estudio privado para afrontar un juicio en el que están en juego dos mil millones de soles? IDL-Reporteros preguntó al viceministro de Justicia, Juan Jimenez Mayor, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sobre esta posibilidad. El viceministro respondió que sí, que el Estado estaba en capacidad de contratar a un estudio privado, pero, después de una evaluación se decidió continuar con la defensa de los procuradores de Sunat y el MEF. “Tenemos confianza en la capacidad del procurador Escalante”, sostuvo.
El último actor en esta trama es el juez Carlos Cueva Andaviza. El magistrado es investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por la controvertida cautelar que otorgó a Telefónica con la que paraliza el cobro de los 1600 millones de soles declarados “exigibles” por el Tribunal Fiscal. Cueva Andaviza, de 60 años cumplidos, tiene una trayectoria con poco brillo. Desde junio de 2006 se desempeña como juez suplente. Primero en lo civil y luego en lo contencioso administrativo.
Sorpresa en el Ejecutivo
El miércoles, el ministro de Transportes, Carlos Paredes, declaró que su sector analizaba la posibilidad de renovar las licencias de telefonía móvil de Movistar, al margen de la deuda tributaria que Telefónica tiene con la Sunat. “Mi sector tiene la pertinencia acerca de la renovación o no de los contratos de telefonía móvil; para esos efectos, estamos recabando los elementos de juicio técnicos y legales a fin de definir una posición acerca de la conveniencia de la renovación. Los temas tributarios no corresponden a mi sector”, dijo.
Su posición difiere considerablemente de la expresada por el presidente Ollanta Humala, ante el rey Juan Carlos de España y el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una reunión que sostuvieron a fines de octubre en Paraguay, donde se realizó la vigésimo primera Cumbre Iberoamericana. “Evidentemente para nosotros es una preocupación que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado o estén en un proceso contencioso por el pago de tributos”, sostuvo en aquella ocasión.
De acuerdo con fuentes de IDL-R, la declaración de Paredes sorprendió a otros ministros, y todo indica que el próximo Consejo será muy animado.
