IDL-Reporteros reproduce, a continuación, el reciente informe publicado por Reporteros Sin Fronteras.
Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio en un contexto marcado por el año más letal para la prensa en casi tres décadas, con cuatro periodistas asesinados en 2025. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado que, durante 2026, las violaciones a la libertad de prensa han continuado, mientras persisten las amenazas, los ataques violentos y las presiones ejercidas por actores estatales.
RSF presenta siete recomendaciones dirigidas al nuevo gobierno para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación, y exhorta a las nuevas autoridades a establecer garantías concretas para que la prensa pueda investigar libre y seguramente a quienes ejercen el poder.
La preocupante situación del periodismo en Perú no puede seguir siendo ignorada. El país ocupa el puesto 144 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y el año pasado fue el más letal para la prensa peruana en casi tres décadas. Las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas Gastón Medina Sotomayor, Raúl Celis López, Juan Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos Tenazoa, ocurridos en 2025, aún no han permitido identificar a todos los responsables ni esclarecer plenamente los móviles de los crímenes, lo que mantiene la impunidad.
Tan solo en los últimos dos meses, un artefacto explosivo fue lanzado contra la vivienda del periodista Julio Aquise, después de que informara sobre presuntos casos de corrupción policial en el medio En Directo JA. Asimismo, Kevin Rodríguez, de las emisoras Otorongo News y La Voz de la Selva, encontró en su domicilio un sobre con dos balas y un mensaje amenazante tras investigar el uso de recursos públicos municipales.
Ahora corresponde a Keiko Fujimori revertir este escenario de deterioro.
«Keiko Fujimori hereda un país donde la impunidad y las presiones contra el periodismo se han normalizado. Desde el primer día, su gobierno debe demostrar que las instituciones del Estado no serán utilizadas para proteger a quienes ejercen el poder ni para castigar el escrutinio periodístico. Garantizar justicia para los periodistas asesinados, proteger la confidencialidad de las fuentes y salvaguardar los archivos periodísticos son algunas de las primeras pruebas que enfrentará el nuevo gobierno para demostrar su compromiso con el derecho de la ciudadanía peruana a estar informada», sostiene Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Cronología de un preocupante deterioro institucional
Además de la violencia contra periodistas, las instituciones del Estado han sido utilizadas de forma recurrente contra la prensa. Durante los últimos seis meses se han sucedido decisiones legislativas y judiciales preocupantes que amenazan la libertad de información.
El 24 de febrero, periodistas fueron impedidos de ingresar al Palacio de Gobierno durante la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete ministerial. Posteriormente, el 26 de julio, también se les negó el acceso al hemiciclo del Senado durante la elección de su primera Mesa Directiva, obligándolos a seguir la sesión únicamente a través de la transmisión oficial del Congreso. El acceso directo es indispensable para que la prensa pueda observar, formular preguntas y cubrir de manera independiente las decisiones de interés público.
En marzo de 2026, el general retirado del Ejército y excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de doce años de prisión que había recibido por el asesinato, en 1988, del periodista Hugo Bustíos. La condena de Urresti había representado un avance excepcional en la lucha contra la impunidad por los crímenes contra periodistas. Para RSF, la decisión del Tribunal constituye un grave retroceso y evidencia las consecuencias que tiene el debilitamiento de los contrapesos institucionales sobre la libertad de prensa.
En abril de 2025 entró en vigor la Ley 32301, que amplía el control estatal sobre organizaciones independientes —incluidos medios de comunicación— que reciben financiamiento internacional. La norma, impulsada por Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, no establece un umbral mínimo de financiamiento y somete a estas organizaciones a obligaciones de registro, inspecciones administrativas, sanciones y restricciones para acceder a fondos. Además, prohíbe utilizar esos recursos para promover acciones administrativas, judiciales u otros procedimientos contra el Estado peruano.
En junio de 2026, el Congreso recomendó iniciar acciones penales contra Gustavo Gorriti, director del medio digital IDL-Reporteros. En julio, un fiscal solicitó formalmente su procesamiento por presunto cohecho, al presentar su relación con fiscales y el trabajo periodístico de su medio como posibles beneficios indebidos. El caso de Gorriti es emblemático de un patrón más amplio de vigilancia, amenazas y procesos judiciales dirigidos contra periodistas que investigan casos de corrupción y a altos funcionarios públicos. Además, IDL-Reporteros continúa siendo objeto de inspecciones administrativas en aplicación de la Ley 32301.
También en junio, la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia penal contra la periodista Claudia Cisneros, del medio Wayka, por comentarios publicados en sus redes sociales sobre la transparencia del proceso electoral.
El 2 de julio, el Tribunal Constitucional —máxima autoridad en materia de interpretación de la Constitución— hizo pública una sentencia que ordena eliminar tres artículos publicados en 2014 por el diario El Comercio. Aunque el periódico había actualizado las publicaciones e incorporado información que eximía de responsabilidad a una de las personas mencionadas, el Tribunal dispuso la eliminación total de los contenidos. Esta decisión podría incentivar nuevas solicitudes para borrar información que era veraz al momento de su publicación sobre casos de corrupción, crimen organizado y otros asuntos de interés público.
En julio de 2026 entró en vigor la Ley 32735, que amplía la competencia de la justicia militar y policial para conocer presuntos delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad durante el ejercicio de sus funciones. Como consecuencia, los abusos denunciados por periodistas contra efectivos policiales o militares durante protestas u operativos de seguridad podrían ser investigados por tribunales militares o policiales, en lugar de ser conocidos por autoridades judiciales civiles e independientes.
Las siete recomendaciones de RSF al nuevo gobierno
RSF insta a la presidenta Keiko Fujimori, al Congreso y al Ministerio Público a:
- Presentar informes públicos y verificables sobre el avance de las investigaciones de los cuatro asesinatos de periodistas ocurridos en 2025 y de los ataques contra periodistas registrados en 2026;
- Crear un mecanismo especializado de protección para periodistas, con presupuesto propio, capacidad de respuesta rápida y presencia efectiva más allá de la capital;
- Modificar la Ley 32301 para eliminar los controles y sanciones arbitrarias contra medios de comunicación y organizaciones periodísticas que reciben financiamiento internacional;
- Garantizar la confidencialidad de las fuentes, la integridad de los archivos periodísticos y el derecho a preservar información de interés público;
- Poner fin al uso indebido de procesos penales, medidas de vigilancia e investigaciones parlamentarias para intimidar a periodistas e impedir la fiscalización del poder;
- Garantizar que las agresiones contra periodistas cometidas por agentes del Estado sean investigadas por la justicia ordinaria, a cargo de autoridades judiciales independientes, y no por tribunales militares o policiales;
- Garantizar el acceso físico de los periodistas al Congreso y al Palacio de Gobierno para asegurar una cobertura informativa presencial e independiente.
