Camargo Correa, empresa investigada por el caso Lava Jato, llegó a un “acuerdo de lenidad” con el Ministerio Público Federal de Brasil para devolver 700 millones de Reales (200 millones de dólares), como indemnización por los daños causados a la sociedad.
La mayor parte de este dinero será destinado a las empresas de capital público que fueron perjudicadas por los diversos crímenes cometidos por la constructora: participación en carteles, fraudes en licitaciones, corrupción, entre otros.
Como se sabe, Camargo Correa reconoció su participación de una organización de empresas que manipuló las licitaciones de Petrobras. Por tal motivo, pagó una multa de US$30 millones.
Además, se comprometió a entregar nueva información y a presentar evidencia, que será utilizada para demostrar crímenes cometidos por otras empresas, funcionarios públicos y operadores ilegales del mercado financiero.
“Este acuerdo establece un nuevo paradigma en la legislación brasileña”, ha señalado el Ministerio Público Federal en una nota de prensa. “[Es] obediente al sistema implementado por la legislación contra la corrupción, contra los delitos económicos y el blanqueo de dinero, y se alinea a la práctica de los mejores sistemas jurídicos del mundo”, agrega.