La semana pasada, IDL-R recibió una carta notarial de Gladys Díaz y de Augusto Vicente. Ambos, para quienes explicablemente no los recuerden, son copropietarios de la distribuidora V&D, que figuró en forma prominente en la investigación “Feria de Libros”, cuya primera entrega fue publicada por IDL-R el 26 de julio de 2013.
No se trató de una “denuncia periodística” como equivocadamente (entre muchos otros errores) sostiene la carta notarial que ahora publicamos en facsímil, sino de una investigación detallada y prolija que reveló graves conflictos de interés y compras dirigidas en el ministerio de Educación durante el gobierno aprista.
La investigación provocó, entre otras cosas, una carta notarial amenazante de Jaime Carbajal, que fue respondida como correspondía por IDL-R; y otra por los dueños de V&D, también respondida en detalle en su momento.
Publicamos ahora la última carta notarial, que responderemos a continuación.
Respuesta de IDL-R
La carta es tan deficiente en su redacción que requiere un cierto esfuerzo interpretativo. La intención es, sin embargo, evidente. Aquí le damos respuesta.
Los firmantes informan haber sido acusados fiscalmente por el caso y luego sobreseídos judicialmente en octubre del año pasado. Con base en dicho sobreseimiento, exigen que IDL-R, proceda a la “inmediata rectificación y desagravio” de las “afirmaciones difamatorias” que IDL-R y su director, Gustavo Gorriti, habrían hecho en forma “inrresponsable [sic], maliciosa y tendenciosa”. De lo contrario, prometen “interponer las acciones legales correspondientes así como indemnizatorias [sic]”.
IDL-R se reafirma y ratifica en lo publicado sobre este caso, que fue resultado de una investigación prolija, cada una de cuyas afirmaciones estuvo y está basada en hechos cuidadosamente corroborados.
La investigación de IDL-R expuso la verdad de los hechos. Un sobreseimiento judicial no cambia, ni cancela ni deroga la verdad de esos hechos, a menos que aporte pruebas claras y contundentes que demuestren errores factuales en la investigación. ¿Dónde están, cuáles son? La carta ni siquiera empieza a mencionarlas.
No conocemos, por ahora, ni los argumentos de la fiscal ni los del juez, de manera que – pese a saber de la larguísima lista no solo de errores sino de horrores judiciales, una fracción de los cuales terminan en la OCMA o en el Consejo Nacional de la Magistratura– no adelantaremos juicio sobre ellos. Lo que sí conocemos bien es la realidad que investigamos, que verificamos y corroboramos con el mayor cuidado y que publicamos luego. Esa realidad no ha cambiado y pretender que el sobreseimiento judicial la refuta automáticamente es, por decirlo con suavidad, un despropósito.
Por ello, nos reafirmamos en lo investigado y publicado. Si resulta necesario lo profundizaremos mucho más; y si hubiera una demanda, nos defenderemos con decisión en todas las instancias y foros que resulte necesario, aportando los hechos conocidos y los nuevos que probablemente revelen un trasfondo interesante.
Por lo pronto, para que el público recuerde con claridad de qué trató el caso investigado, volvemos a publicar a continuación toda la serie. Aquí están los enlaces de lo publicado.