Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2365 de la revista ‘Caretas’.
«Corrupción» es quizá la palabra más usada, el concepto más frecuente, el arma más blandida en lo que pasa por debate político y por información en nuestro medio. Se la ha usado con tan promiscua frecuencia y tan descarado cinismo, que su valor como significado se desliza hacia el que tuvo el inti como dinero.
Cuando la palabra deviene un inti, es tentador flotar hacia el pesimismo y asumir que hay realidades sin remedio y luchas que no tendrán futuro. Que el camino de indignada repulsa e intensas esperanzas que se abrió desde los últimos meses del dos mil, terminó con liderazgos desprestigiados por la codicia y la mentira, que abrieron con su fracaso moral el camino para que el atestado pueda volver a hacerse cargo de la Historia.
Pero por tentador que sea el pesimismo, creo que incluso en sociedades con grupos dirigentes tan astutamente tóxicos como los que tenemos, hay remedios y hay futuros también. No habrá refundaciones dramáticas de nuestra república ni conversiones auténticas y permanentes de toda una clase dirigente a la virtud pública. Eso no sucederá. Lo que sí se podrá conseguir – si logra evitarse el retorno del fujimorato – es un progreso gradual en gobernabilidad y gobierno democráticos que llevará a una mejor rendición de cuentas.
Habrá también, ya lo hay, un progreso importante en los métodos de investigar la corrupción. Y en los resultados de esas investigaciones. Eso, en medio de la profunda crisis de los medios tradicionales de prensa y la crisis existencial del periodismo de investigación, suena contradictorio pero corresponde con la realidad.
Los bribones, y las corporaciones que estos manejaron y manejan, tuvieron durante varios años la ventaja de los mecanismos de la globalización para hacer menos detectables sus latrocinios, en especial las huellas de los dineros robados. Pero esa ventaja se ha acortado considerablemente. Desde fiscales y policías honestos y especializados, que actúan con soltura en el ámbito internacional, en cooperación a veces estrecha con sus pares de otros países; hasta el trabajo consorciado de periodistas de investigación (muchos de ellos reagrupados en publicaciones digitales más o menos pequeñas, de sobrevivencia precaria pero de innegable eficacia) de varios países en temas transnacionales comunes: el mayor alcance geográfico de las investigaciones ha sido acompañada por mayor sofisticación en los métodos de búsqueda, análisis y (en el caso de jueces, fiscales y policías) en el manejo procesal.
Hay muchas formas de corrupción y robo. Pero la más cuantiosa (y a la vez la que produce menos víctimas evidentes) es la que se da en la complicidad de gobiernos con corporaciones -es decir, de bribones con autoridad y poder decisorio dentro de un gobierno dado, que contratan bienes o servicios con compañías privadas a través de elección directa o concursos amañados. El lucro garantizado a la compañía o corporación es pagado con coimas a través de mecanismos diversos, a veces muy elaborados. Hay corporaciones reputadas por su capacidad de ocultar sobornos durante el proceso de lavado, tintorería y sanforizado de las cutras. No solo ofrecían sobornos considerables sino una promesa de indetectabilidad y de impunidad.
«En el 41% de los casos, funcionarios corporativos de nivel gerencial pagaron o autorizaron el pago de coimas. El presidente (CEO) de la compañía estuvo involucrado en el 12% de los casos».
La contraparte fueron, por supuesto, contratos adjudicados a dedo o mediante concursos hechos a la medida, cuyo costo tendía a multiplicarse una vez firmado el contrato. Por esa vía los Estados pagaron, según el caso, decenas, cientos o miles de millones de dólares de más, de dinero que, de haberse administrado honestamente, hubiera asegurado el progreso o por lo menos el bienestar de poblaciones de tamaño proporcional a lo robado.
¿Mucha generalidad? Cierto. Vamos a ejemplos concretos.
A principios de este mes, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), publicó y dio a conocer un extraordinario informe: el análisis de 427 casos de corrupción trasnacional en los 34 países que integran la organización.
El “OECD Foreign Bribery Report” tiene como subtítulo, “An analysis of the crime of bribery of Foreign Public Officials”, es decir, el análisis del delito del soborno a funcionarios públicos extranjeros (aunque en los hechos, las extranjeras son las compañías que sobornan y no los funcionarios coimeados).
“Para luchar contra la corrupción y vencerla, debemos conocer al enemigo […] el Reporte de la OCDE sobre sobornos en el extranjero nos pone por primera vez cara a cara con nuestro enemigo” dice el informe con evidente (y justificada) satisfacción. Como indica en la introducción al reporte, hasta ahora hubo muy pocos intentos exitosos de estudiar con claridad ese “crimen complejo y clandestino. Hemos combatido en la oscuridad”. Investigar ese tipo de corrupción era extremadamente difícil, en tanto se disfrazaba “a través de una serie de transacciones offshore, múltiples intermediarios y complejas estructuras corporativas”.
El estudio de 427 casos judicializados permitió conocer que:
• Los líderes corporativos suelen estar involucrados, o conocer por lo menos la práctica de los sobornos en el extranjero, lo que refuta la percepción (o la coartada) de que el soborno suele ser la iniciativa de empleados fuera de control.
• Los sobornos ascienden, como promedio, al 10,9% del monto total de la operación.
• Dos tercios de los sobornos acaecieron en cuatro sectores: industrias extractivas (19%); construcción (15%); transporte y depósito (15%); e información y comunicación (10%).
• Casi la mitad de casos de soborno involucraron a funcionarios públicos de países con un grado alto “o muy alto” de desarrollo humano.
• En el 41% de los casos, funcionarios corporativos de nivel gerencial pagaron o autorizaron el pago de coimas. El presidente (CEO) de la compañía estuvo involucrado en el 12% de los casos.
• En tres de cada cuatro casos de soborno intervinieron intermediarios (agentes locales o subsidiarios de la firma principal).
• El 27% de los coimeados fueron empleados de compañías estatales; el 11% fueron funcionarios de aduanas; el 7% funcionarios de salud y el 6% de Defensa.
• Se sobornó para obtener contratos de venta al Estado (bienes o servicios)en el 57% de los casos. En el 12% para expeditar trámites aduaneros.
• Las coimas fueron en promedio, como se ha dicho, equivalentes al 10.9% del monto total de la transacción y al 34.5% de las ganancias.
• Como resultado de las investigaciones de los casos de corrupción, 80 personas fueron sentenciadas a prisión, se impuso 261 multas. La más alta a una sola compañía fue por mil 800 millones de euros. Un individuo fue sentenciado a la confiscación de bienes hasta por un monto de $149 millones.
• La mayor parte de las sanciones se produjo a través de acuerdos fuera de juicio.
¿Enseñanzas? Que la información de inteligencia sobre los casos de corrupción de nivel alto en el Perú permite ver que aquí se sigue, casi al pie de la letra, el modelo descrito en el reporte de la OCDE. Las formas y modos de lavar y legalizar el dinero de los sobornos deben seguir, con pocas variaciones, lo descrito en el reporte.
Si el informe de la OCDE muestra las formas y métodos de la corrupción de alto nivel, una investigación anticorrupción sin precedentes en su dimensión realmente épica, la del caso ‘Petrolao’, en Brasil, guarda la promesa de entregar nombres y casos.
La gigantesca investigación no solo comprende la megacorrupción en Petrobras sino también la que involucra a las principales constructoras brasileñas, varios de cuyos más altos ejecutivos guardan ahora prisión en Curitiba.
Casi todas esas compañías trabajaron en todo Latinoamérica; y, por supuesto, muy intensamente en el Perú. La confesión de colaboradores eficaces (ya hay varios) puede llevar, si se da, a revelaciones realmente sísmicas.
Dilma Rousseff ha dicho que esta investigación “podría cambiar Brasil para siempre”. De repente, con un poco de suerte, no solo a Brasil.
