Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2441 de la revista ‘Caretas’.
El nudo dramático y el desenlace de la campaña presidencial interrumpió por unas semanas las investigaciones de IDL-Reporteros sobre los casos de lavado de dinero relacionado con Odebrecht que tuvieron lugar en el Perú. Toca ahora proseguirlas.
Como recordarán, la primera entrega investigativa sobre ese tema específico “Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú”, firmada por mi colega Romina Mella y por mí, se publicó en IDL-Reporteros el 20 de abril pasado.
Una segunda entrega, “Los pagos oscuros” se publicó simultáneamente en IDL-R y Caretas el 28 de abril.
La tercera entrega sobre el tema, “Lavados que ensucian”, fue publicada en esta página el 19 de mayo pasado, en Caretas 2437. En el ínterin ha aparecido nueva información sobre el tema.
Sucede que la comisión investigadora del Congreso para el caso Lava Jato, presidida por el congresista Juan Pari, avanzó a velocidad sorprendente en la compleja investigación. La gestión de Pari, que no buscó la reelección y se dedicó con energía e independencia a avanzar en el proceso investigativo mientras hervía el electoral, hizo posible en gran medida el inesperado avance.
Al final, los datos y los hechos se consiguieron, pero no el acuerdo entre los miembros de la comisión, la mayor parte de los cuales decidió suprimir aquellas partes que podían comprometer a sus líderes o sus partidos. Así que es probable que Pari, el presidente de la Comisión, firme solo un informe de minoría que será el más completo e importante en este caso.
En IDL-Reporteros pudimos obtener varias versiones del informe de la Comisión, entre ellas un pre-informe de 569 páginas que contiene mucha información.
La autoridad del Congreso permitió a la Comisión Pari demandar datos precisos de varias personas e instituciones. Es probable que una vez que les llegaron esos datos no hayan tenido el tiempo suficiente para hacer un análisis en profundidad de los mismos, pero – en tanto haya acceso a todos – eso se podrá hacer luego. Lo importante es la información recolectada.
En el tema de los pagos de Odebrecht (desde varias compañías) a través de las empresas controladas por Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona Bernasconi, por ejemplo, la información recabada por la Comisión Pari detalla, profundiza y amplía la que ya había investigado IDL-Reporteros.
El preinforme de la Comisión cita y reseña la Nota de Inteligencia Financiera 0187-2016-DAO-UIF-SBS del 18 de abril de este año. Como puede verse en las siglas, la Nota fue hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) luego de, a juzgar por el nivel de detalle y la prolijidad del análisis, una seria investigación.
“En el Perú operó un esquema financiero … de sucesivas transferencias de dinero, para esconder su origen y su destino, […] el pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas”.
En la nota, la UIF indica que el origen de los fondos que Constructora Área, la compañía de Monteverde y Carmona Bernasconi, provino principalmente “de Consorcio Constructor IIRSA Norte”. El dinero fue ingresado a la cuenta corriente en moneda extranjera N° 296865990 de Constructora Área SAC.
La nota de inteligencia de la UIF indica que, de acuerdo con el ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) del Banco Financiero, Constructora Área SAC tuvo ingresos en 2007 por 13 millones 535 mil 442 dólares. 8 millones 713 mil 422 dólares provinieron de IIRSA Norte; 426 mil 168 de Odebrecht Perú; 265 mil 900 de Constructora Internacional del Sur; y 4 millones 129 mil 972 dólares de “otros vinculados”, entre los cuales el propio Monteverde, Jorge Salinas Coaguila, Casa de Cambio la Moneda SAC.
Jorge Salinas Coaguila es un personaje importante en esta trama, pues en la versión justificatoria de Monteverde y Carmona, aquel fue presentado como un subcontratista que se encargaba de ejecutar las obras de ingeniería presuntamente pactadas entre el Consorcio IIRSA y Constructora Área.
A primera vista, pareciera haber sido así. La nota de la UIF apunta que de los 13 millones 535 mil 442 dólares recibidos en 2007 por Constructora Área (“dinero que” recalcan “provino principalmente del Consorcio Constructor IIRSA Norte”), “un total de” 11 millones 214 mil 109 dólares “fueron enviados a la cuenta corriente en moneda extranjera Nº 308411234 de Jorge Wilfredo Salinas Coaguila”.
¿Significa eso que el subcontrato de la obra a Salinas Coaguila fue real?
No parece ser así. La UIF reporta que: “Otro hecho inusual… es que Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, representantes de Constructora Área SAC, transfirieron dinero de esta empresa a Jorge Wilfredo Salinas Coaguila, quien inmediatamente lo retiraba en efectivo, para entregarlo nuevamente a ambos representantes de Constructora Área SAC”.
Este comportamiento, observado varias veces, lleva a la UIF a que se pueda “presumir la intención de ocultar el destino de los fondos”.
La nota de la UIF reitera “una presunta estructuración de las operaciones financieras registradas para ocultar el origen y destino de los fondos”. Es decir, un proceso de lavado de dinero.
Luego de un análisis exhaustivo de los contratos con los consorcios de IIRSA Norte e IIRSA Sur, su ejecución, el proceso de inflación de costos y aceptación de sobreprecios, con niveles millonarios de perjuicios al Estado que el preinforme trata de cuantificar, se califica así el proceso de lavado de dinero:
“Se ha establecido que ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final, destino este que estaría asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado peruano”.
Claro e inequívoco. “De este esquema” continúa el pre-informe, participaron ‘Constructora Internacional del Sur’ ya identificada en Brasil con el lavado de activos, la empresa peruana Constructora Área SAC, Klienfeld Services LTD, Balmer Holding Assets Ltd, entre otras, que realizaban contratos presumiblemente ficticios para justificar las transferencias del dinero”.
El examen investigativo del pre-informe comprende obras, transacciones, decisiones, acciones e inacciones de funcionarios clave en la relación del Estado peruano con las principales empresas constructoras brasileñas durante tres gobiernos: los de Toledo, García y Humala.
Ninguno de los tres sale bien parado, razón por la cual el único informe de la Comisión Investigadora que señalará con precisión los delitos descubiertos y aquellos que quedaron a punto descubrirse cuando se agotó el tiempo de la investigación, será el firmado en minoría por el congresista Juan Pari.
En un Estado funcional, el próximo Congreso debería retomar enérgicamente la investigación; la Fiscalía de la Nación profundizar en los muchos casos investigados; las nuevas autoridades anticorrupción promover que esas investigaciones en los diversos ámbitos sincronicen en un todo poderoso, con revelaciones impactantes y castigos ejemplares.
Sin embargo, creo que no sería saludable aguantar la respiración hasta que ello suceda.
La investigación, empero, aunque sea a través del periodismo en solitario, continuará.