Una estrategia común de los partidos y movimientos de ultraderecha para capturar o retener el poder mediante elecciones, es denunciar fraudes electorales en su contra, no reconocer derrotas y movilizar una agresiva agitación callejera para intimidar oponentes y tratar de inclinar la balanza a su favor.
Lo hizo Trump cuando fue derrotado por Joe Biden en 2020; lo hizo Keiko Fujimori en las elecciones que perdió ante Pedro Castillo. Y lo hizo también Jair Bolsonaro, cuando fue derrotado por Lula en las elecciones de 2022 en Brasil.
A primera vista, las acciones de Bolsonaro parecieron una copia de las de Trump, inspiradas en el asalto al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021. El 8 de enero de 2023, los bolsonaristas invadieron y vandalizaron el Congreso Nacional y atacaron el Palacio Presidencial de Planalto y la Corte Suprema en la Praça dos Três Poderes en Brasilia.
Fue una asonada violenta, controlada en buena medida por la energía con la que el juez supremo Alexandre de Moraes dispuso las medidas ejecutivas de aplicación inmediata que el gobierno del recién inaugurado presidente Lula tardaba en ordenar.
¿Se trató solo de una asonada de corta vida, promovida por la furia, el despecho de la ultraderecha y atizada por la desinformación, como pareció entonces? Nada de eso, según una investigación de dos años de la Policía Federal de Brasil, en un informe de más de 850 páginas entregado hace pocos días a la Corte Suprema de Brasil.
El informe describe los planes y la conspiración para perpetrar un golpe de Estado que incluía el asesinato del presidente electo, Lula da Silva, de su vicepresidente, Geraldo Alckmin; y el secuestro o asesinato del propio Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral.
La conspiración tuvo como propósito, de acuerdo con la investigación de la Policía Federal, la “abolición violenta del estado democrático de derecho” a través de un golpe de Estado. Los bolsonaristas, a través de un significativo número de aliados militares, en actividad y en retiro, buscaron comprometer institucionalmente a las Fuerzas Armadas brasileñas. El jefe de la Marina dio su respaldo a los golpistas, pero los del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron.
Los planes continuaron, sin embargo, e incluyeron entre los conspiradores a un policía federal, Waldemar Matos Soares, que fue guardaespaldas de Lula como presidente electo pero ayudó a los golpistas en el “planeamiento operacional”.
Hasta ahora, 37 personas, incluido Bolsonaro, han sido acusadas por participación activa en la conspiración golpista. De ellos, 25 son militares, en servicio activo o en retiro. Ocho de los 25 tienen el rango de general, incluyendo un almirante.
La investigación derivó en cinco órdenes de prisión preventiva contra los implicados en el plan “puñal verde amarillo”, para asesinar al presidente Lula. De ellos, el más cercano a Bolsonaro es el general en retiro Mario Fernandes, exsecretario general de la presidencia. Waldemar Soares, el policía, también fue arrestado.
Entre los otros implicados en la conspiración se encuentran el general Walter Braga Netto, candidato a la vicepresidencia con Bolsonaro el 2022; el general Augusto Heleno, antiguo asesor de Bolsonaro; el excomandante general del Ejército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
El plan de secuestrar a de Moraes el 15 de diciembre de 2022 abortó por desfases de tiempo y ubicación entre los golpistas y su objetivo.
Las revelaciones sobre la avanzada conspiración golpista probablemente sofrenarán la intensidad con la que los bolsonaristas y sus aliados de derecha buscaban lograr una ley de amnistía para quienes participaron en la asonada de enero de 2023 en Brasilia. Pero la campaña fraudista no cesará ni en Brasil ni en el Hemisferio y otras partes del mundo, donde la ultraderecha busca tomar el poder.
Y fue Brasil uno de los lugares donde esa estrategia y sus métodos empezó a desarrollarse hace varios años.
Pioneros de las campañas sobre «fraude»
Un comunista renegado y youtuber conspiranoico, Olavo de Carvalho, y un capitán del Ejército en retiro, el diputado Jair Bolsonaro, incitaron desde 2018 los ataques al sistema electoral en Brasil, que desembocó en los ataques de turbas en Brasilia en enero de 2022.
El juez supremo, Alexandre de Moraes procesa a los responsables de los delitos y daños por más de 9.7 millones de soles [14 millones 764 mil 570 reales] causados durante el asalto a los edificios de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, en la Plaza de los Tres Poderes. El monto fue calculado por la comisión investigadora del Parlamento que elaboró un informe de 1,133 páginas sobre los daños que causaron los bolsonaristas.
El reporte de una comisión parlamentaria investigadora del ataque del 8 de enero de 2023 describe el vandalismo y la depredación: “defecaron y orinaron”, grafitearon esculturas y murales, destruyeron ventanales, mobiliario y cortinas, robaron objetos de interés histórico y prendieron fuego.
El juez ha incluido a Elon Musk en la investigación de las acciones digitales de desinformación que promovieron el intento de golpe de Estado de enero de 2023. Hace unos pocos meses, el magistrado de Moraes suspendió X-Twitter en Brasil por no eliminar cuentas involucradas en la desinformación: el apagón duró 40 días, hasta octubre, cuando Musk se sometió a las disposiciones de de Moraes.
La firme posición de Brasil –de enjuiciar a políticos, financistas, militares y milicias digitales golpistas– no es igual a la de Perú, El Salvador o España cuyas democracias son atacadas por la extrema derecha con mecanismos usados por el bolsonarismo.
El manual de ataque a la corte electoral
El antiglobalista Olavo de Carvalho inauguró la modalidad de “denunciar” un fraude inexistente en Washington en 2016. De Carvalho dijo en una actividad de 2016, llamada ‘Cónclave por la democracia’, que hubo un «fraude monumental” cuando Dilma Rousseff fue electa en octubre de 2014. Poco después, el youtuber se volvió uno de los principales asesores de Bolsonaro, en una relación que no dejó de ser volátil.
Las acusaciones de fraude no impidieron a la ultraderecha brasileña intentar sus propias trampas electorales. La comisión parlamentaria investigadora del intento de golpe del 8 de enero de 2023 documentó en 120 páginas los ataques al sistema electoral entre 2018 y 2022, los intentos de obstrucción de las elecciones de 2022 –en los que participó la policía de carreteras impidiendo el transporte de los electores–, y las continuas denuncias falsas de “fraude” para anular la victoria de Lula.
Un juez decisivo en acción
El papel del magistrado de Moraes como miembro del Tribunal Supremo Federal –y a la vez presidente del TSE hasta junio– explica en gran medida que hayan sido condenadas 30 personas por la asonada de enero de 2023.
En la misma tarde de la asonada bolsonarista, de Moraes ordenó la búsqueda y captura del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, y del comandante de la Policía Militar; apartó del cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia. Encargó a la policía obtener todas las imágenes de las cámaras de seguridad de Brasilia para identificar a los agresores. Asimismo dispuso el bloqueo de los autobuses en los que llegaron los vándalos, y ordenó a Facebook, Twitter y TikTok que “en dos horas” anulen las cuentas que seguían promoviendo “actos violentos y antidemocráticos”.
Ese mismo día logró la detención de 1.927 personas en delito flagrante de actos violentos, intento de golpe de Estado, asociación criminal e incitación al crimen, entre otros.
La reciedumbre de la justicia electoral brasileña
La periodista brasileña Karla Gamba, de Agência Pública, señala que las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 prueban que, en las elecciones de 2022, “la inclusión de las fuerzas armadas como fiscalizadoras no evitó que militares, hasta de alta jerarquía, como el entonces comandante de la Marina, participen en reuniones golpistas e incentivaran la pérdida de credibilidad en el proceso electoral”.
En Brasil, las fuerzas armadas fueron parte de la lista de entidades fiscalizadoras de las elecciones entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023. “En votación unánime, los ministros del Tribunal Supremo Electoral retiraron a los militares de ambos espacios. De Moraes argumentó que la participación de los militares “no se mostró necesaria”. “Hoy solo tienen competencia en apoyo logístico”, precisa Gamba.
La periodista destaca que las acciones de de Moraes trajeron un clima de seguridad y autonomía a la justicia electoral.
“Hubo varios intentos de interferencia, incluida una teoría de la conspiración de que la elección fue ‘robada’. Pese a eso, el Tribunal Supremo Electoral se mantuvo bastante resiliente y autónomo hasta ahora”, plantea Bruno Schaefer, investigador asociado del Laboratorio de Estudios Electorales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
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En Perú, como veremos en la segunda parte de este reportaje, la muy desaprobada coalición que gobierna, sumada a los medios de la desinformación, turbas violentas sostenidas por políticos, e interlocutores extranjeros de extrema derecha han copiado, desde 2021, el manual bolsonarista y trumpista del “fraude” contra la autonomía de los organismos electorales. Lo hacen mediante campañas de desinformación y discursos de odio que sirven de insumo para proyectos de ley y denuncias constitucionales para capturar y someter los organismos electorales.
