El pasado viernes 16 de agosto ningún fiscal supremo sintió frío entre las 10 de la mañana y la una de la tarde.
Ese día se llevó a cabo, como estaba programado, la Junta de los cinco Fiscales Supremos que integran la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; los fiscales supremos Pablo Sánchez, Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza.
Dos de ellos, Sánchez y Chávarry, han sido fiscales de la Nación; y tres: Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza están implicados en el caso de los Cuellos Blancos (también conocido como Lava Juez). Esa circunstancia marca una línea divisoria en la Junta: los tres implicados coinciden en su hostilidad contra las investigaciones anti-corrupción; mientras Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez las defienden y a los fiscales del equipo especial que las llevan a cabo.
Hay más: Pablo Sánchez conduce la investigación a Tomás Gálvez. Y unos pocos días antes de la Junta, el 8 de agosto, el juzgado supremo de investigación preparatoria, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, ordenó el impedimento de salida del país por ocho meses a Gálvez, declarando fundado el requerimiento fiscal de Pablo Sánchez.
Nadie esperaba entonces una armónica Junta de Fiscales, pero los resultados superaron las expectativas.
Tomás Gálvez mantuvo una actitud verbalmente agresiva, según fuentes con conocimiento cercano de los hechos, cuyo tono se acentuó en la parte final de la reunión. Atacó primero a Pablo Sánchez, diciéndole que no tenía autoridad para investigarlo y que lo hacía con “mala entraña”. Añadió que temía que luego de la prohibición de la salida del país viniera la prisión.
Sánchez le contestó que dado que la fiscal de la Nación le había encomendado la investigación, la llevaría hasta el final. Los intercambios se fueron agriando y en un momento, Sánchez le espetó a Gálvez; “tú sabes que lo que yo digo es verdad y lo tuyo es mentira”.
Chávarry intervino también y dijo que dado que él “no encontraba justicia” en la Fiscalía, iba a llevar su caso a la comisión de Fiscalización en el Congreso.
“Suena a amenaza” le respondió la fiscal de la Nación, que se mantuvo seria y severa pero ecuánime durante la agitada sesión.
Entonces, en la última hora y media, de acuerdo con las fuentes, Gálvez se lanzó a la ofensiva. Pidió, exigió más bien, que se cesara, “en forma inmediata” a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Hacerlo, sostuvo, era prerrogativa de la Junta de Fiscales Supremos y, si no había acuerdo, debía decidirse en ese momento por votación.
Sánchez le respondió que nombrar y cesar a los fiscales del Equipo Especial correspondía solamente a la fiscal de la Nación. Le mencionó el caso cercano de Pedro Chávarry, quien primero nombró a los fiscales Vela y Pérez Gómez y luego, en Año Nuevo, los cesó a través una decisión que, ante las masivas protestas populares, tuvo que revertir y cuyas consecuencias lo llevaron poco después a renunciar el cargo.
En medio de la acalorada discusión, Rodríguez Monteza salió un momento de la Junta y, al retornar, tomó la palabra para decir que aunque él hubiera votado por despedir a los fiscales del Equipo Especial, reconocía que la decisión de hacerlo o no correspondía a la fiscal de la Nación.
Ahí terminó el debate y, poco después, la disonante reunión.
Cuyo significado excede con mucho lo que ahí se discutió.
Las cinco personas que intercambiaron los argumentos reseñados son los fiscales supremos de la República: la más alta instancia en el país, se supone, a cargo de defender a la sociedad del crimen, de investigar delitos y de proteger los derechos de los ciudadanos.
Tres de esas cinco personas son investigadas por delitos de presunta corrupción. Las tres coinciden en un punto central: socavar y, si se puede, destruir las investigaciones anticorrupción que los involucran en el caso de los Cuellos Blancos (Lava Juez); y, además, demoler las investigaciones del caso Lava Jato, cuyo avance afecta a los grupos, fuerzas e individuos con los que ahora han establecido una alianza de protección mutua, que se expresa en la estridente y coordinada contraofensiva contra la investigación de Lava Jato. Especialmente contra los fiscales (sobre todo Rafael Vela y José Domingo Pérez), que lograron avanzarla mucho en poco tiempo.
Esa contraofensiva está predicada en el engaño y la confusión a través de campañas de distorsión de significados y prostitución de conceptos. Los corruptos se fingen savonarolas y salen a defender su impunidad proclamándola como una defensa de los intereses nacionales.
Es un intento burdo y ridículo, pero en un país de corrupción secular como el nuestro, con círculos y argollas cutreras en casi cada institución importante y transacción significativa, las acciones para perpetuar ese estado de cosas –basados siempre en el fariseísmo y la hipocresía– logran un cierto nivel de tracción.
Y así se tiene a la corte de los milagros de corruptos pasados y presentes denunciando las investigaciones de los fiscales del Equipo Especial como si fueran lesivas a los intereses de la nación. El acuerdo de confesión con Odebrecht, ya homologado y validado judicialmente, ha sido ferozmente atacado como si fuera un acto anti-patriota.
¿Qué le da cierta fuerza a la impostura? El nombre de Odebrecht: una corporación que fue hasta hace pocos años el buque insignia de la flota corsaria de carteles que aventajaron a los demás en hacer negocios y lucrar a través de sistemas organizados de corrupción.
Odebrecht lideró a las demás compañías y corporaciones y, en consecuencia, amasó mucho más información que cualquier otra sobre los políticos, funcionarios, profesionales y empresarios corrompidos.
La histórica investigación Lava Jato acabó con eso. Odebrecht, después de resistir lo que pudo, capituló en 2016 y, siguiendo el camino recorrido por otras corporaciones corruptas, (Siemens, TeliaSonera, por ejemplo), decidió colaborar con la justicia en Estados Unidos, Brasil, Suiza y otros países. El equivalente corporativo de Darth Vader empezó a delatar sistemáticamente a sus cómplices del lado oscuro. Firmó acuerdos en Brasil, Estados Unidos y eventualmente lo hizo aquí.
En la lucha contra el crimen organizado, sea mafioso, insurreccional o corporativo, nada ha probado ser más eficaz que la delación de miembros de la organización investigada. Cuanto más alto sea el nivel del delator, mayor el valor de su información. No será lo más estético, pero sí lo más eficaz para lograr victorias estratégicas y perdurables.
La aplicación de ese sistema al crimen corporativo no solo dio resultados excelentes sino llevó a refinar métodos más sofisticados que en otras áreas.
A diferencia de las mafias tradicionales o de organizaciones insurrectas, el objetivo frente al crimen corporativo no es destruir las compañías involucradas, sino obtener la información de los delitos, separar a los perpetradores y forzar a las corporaciones a procesos profundos de reforma, cuidadosamente monitoreados, que permiten en muchos casos reflotar a las compañías bajo nuevos patrones de integridad.
No son procesos fáciles ni instantáneos, pero cuando se hacen bien son exitosos.
Entendamos que hubo una Odebrecht que hasta 2016 corrompió muchísimo, pagó cientos de millones de dólares en coimas y compró a todo tipo de gente venal. Desde 2017, sin embargo, esa misma compañía ha iniciado la larga, larguísima confesión de sus fechorías y sus cómplices. Un proceso masivo, extenso, internacional de confesiones que no tiene muchos precedentes y aquí ninguno.
¿Quiénes detestan esos procesos? Los cómplices y los corruptos, por supuesto. Por las mismas razones por las que las mafias odian tanto a los delatores.
Esa contraofensiva está predicada en el engaño y la confusión a través de campañas de distorsión de significados y prostitución de conceptos.
No se necesita mucha inteligencia, ¿verdad? para comprender que buena parte de quienes atacan a la Odebrecht delatora y colaboradora de hoy son quienes tuvieron o buscaron tener relación con la Odebrecht corsaria, bandida y corruptora de ayer. Los que detestan a la compañía hoy reducida a una expresión mínima y atribulada, son los que codiciaban los dineros abundantes, sin registro (por lo menos eso creían), a la distancia de una offshore o de un doleiro de ayer.
La desinformación que perpetran hoy los corruptos y mafiosos que pugnan por la impunidad se basa en presentar a la Odebrecht actual como si fuera la de ayer. ¿Buscan con eso solo la venganza frente a quien los delató o los delatará? Solo en parte.
La razón fundamental es parar la colaboración, sacar a la compañía del país al costo que fuere, para que no se sepa más, para que no llegue más información ni se profundice la que se conoce, ni se vuelva a explorar el territorio, solo en parte descubierto, de los datos contenidos en los servidores de Odebrecht en Brasil.
Desgraciadamente, frente a la avalancha de insultos y mentiras, hay gente asustada que prefiere no comprarse el pleito y declarar su solidaridad en susurros resignados.
Si esa actitud se esparce, habremos perdido la mejor oportunidad en nuestra historia de construir una nación honesta. El pantano, que ya aflora, volverá a cubrir la vida nacional. La colaboración cesará; las otra compañías (del club de la construcción, por ejemplo), verán, o les harán saber, que les conviene desistir de sus colaboraciones eficaces. Los leguleyos buscarán los trucos para invalidar las pruebas ya existentes (a excepción, por supuesto, de los lornas que siempre deben terminar en la hoguera); y volveremos a los círculos de la corrupción que describió Alfonso Quiroz al examinar su tóxico rastro en nuestra historia.
Pero, de otro lado, si recordamos la extraordinaria movilización de la gente hace apenas ocho meses, para protestar primero y exigir después el retorno de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez a las investigaciones que realizaron con energía y eficacia; y si esas mismas masas se movilizan con fuerza para defender a fondo la lucha anti-corrupción frente a quienes intentan decapitarla, entonces se podrá lograr el éxito aún inédito, por primera vez posible y, más aún, cercano.
