En medio de escandalosas acusaciones internas, la Tercera Sala Penal de Reos Libres, que dirime si el ex magistrado israelí Dan Cohen es extraditado o no a Israel, falló al fin esta semana. Como era de esperar, no hubo consenso. La votación fue de dos a uno, y ahora será una vocal dirimente la que determine si Cohen enfrentará a la justicia de su país por dos millonarios actos de corrupción o si se queda en el Perú.
La jueza Pilar Carbonel Vílchez debe actuar como vocal dirimente en un habeas corpus planteado por la defensa de Cohen para evitar su extradición, ya aprobada por la Corte Suprema en noviembre pasado.
Cohen, quien dejó la magistratura luego de varios años de ejercicio, para convertirse en alto ejecutivo de una importante empresa pública, es acusado por Israel de haber recibido de la empresa Siemens una coima de un millón de euros para favorecerla en una compra de turbinas, cuando era alto funcionario de la Compañía de Electricidad (IEC) de dicho país.
Se lo acusa también de haber recibido por lo menos otros dos sobornos, de dos millones y de ochocientos mil dólares respectivamente.
El fallo sobre el habeas corpus estaba pendiente desde la primera semana de abril –luego de Semana Santa– pero en el ínterin se produjo una escandalosa confrontación entre dos de los vocales que veían el recurso.
A mediados de mayo, el vocal Malzon Urbina acusó al presidente de la Sala, Alberto Aguinaga, de haberlo amenazado de muerte –afirmación que Aguinaga rechazó–. Aparte de la presunta amenaza, Urbina sostuvo que no le entregaban el expediente del caso y que por ello no podía emitir su voto. Por último, dijo que cuando se lo dieron, solo le permitieron revisarlo dos días.
El lunes último –12 de julio– los vocales Alberto Aguinaga y Luis Orlando Carrera Contti dieron su voto que favorecía a Cohen, en tanto que el tercero, Urbina La Torre, presentó la posición contraria.
La actual dirimente, Pilar Carbonel es la vocal provisional más joven en la Tercera Sala Penal de Reos Libres. Es juez titular de primera instancia en el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima y fue designada como juez superior provisional de la 3ra. Sala Penal el 22 de abril de este año, es decir, fue promocionada con la firma del presidente de la Corte Superior, César Vega Vega. Si ella votara en el mismo sentido que Urbina, es decir, en contra de Cohen, la Corte Superior debe convocar a otro magistrado para salir del empate (2-2). En este caso sería la vocal Josefa Izaga Pellegrin, quien también conforma la sala.
La jueza Izaga es magistrada titular provisional desde el 28 de abril en la Tercera Sala, luego de que el magistrado Carrera Contti se apartó de laborar el 22 de abril debido a una suspensión preventiva que aplicó la OCMA cuando logró que un juez provisional del 43º Juzgado Penal de Lima revocara el mandato de detención al hermano de Carrera, acusado de violación.
Es decir, los tres miembros de la Sala han estado involucrados en muy serias acusaciones.
Pese a ello, los tres magistrados fueron reconvenidos por el presidente de la Corte Superior, César Vega Vega, y el juez superior de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), César Solís Macedo, para que despacharan la carga pendiente en la Tercera Sala Penal de Reos Libres.
Con el tipo de acusaciones e imputaciones que enfrentan, uno se pregunta cómo es posible que se haya permitido a esa Corte pronunciarse sobre cualquier caso.
Por otro lado, Dan Cohen afronta en el Perú otro proceso por lavado de dinero: luego de que sus cuentas en los bancos Continental y BCP fueran bloqueadas e inmovilizadas por 30 días, casi siete millones de dólares (US$ 6,864,652.33) han sido incautados por el Estado peruano por orden de la jueza Jessica León Yarango. Actualmente, se realizan diligencias que corresponden a la ampliación de la investigación.
La procuradora en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio solicitó se prolongue el impedimento de salida del país de Cohen por este caso. La esposa del ciudadano israelí también está involucrada debido a las cuentas bancarias que se le encontraron en el Perú, por 3,906,696 dólares, ese dinero está incluido en los casi siete millones inmovilizados por orden judicial.
