Los ambientes del Poder Judicial por donde transita el expediente del abogado israelí Dan Gabriel Cohen (67) contrastan con el lujo en el que se ha desarrollado su vida: en 2005 abandonó Savion en Israel y se instaló en un espacio similar en Lima: San Isidro.
Israel ha solicitado al Perú su extradición porque acusa al ex magistrado -y luego exitoso abogado privado- de haber recibido de la empresa Siemens-Israel una coima de un millón de euros para favorecerla en una compra de turbinas, cuando era alto funcionario de la Compañía de Electricidad (IEC) de dicho país.
En otros dos casos, ocupando ese mismo puesto, habría recibido un soborno de dos millones de dólares y otro de 800 mil dólares. Estas tres acusaciones configuran uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Israel.
Como informó en agosto pasado Haaretz, el principal diario israelí, elegir Lima “no fue accidental”. No hay tratado de extradición entre Israel y el Perú, además el abogado tiene amigos de su misma nacionalidad aquí: uno de ellos es Baruch Ivcher, con quien estudió Derecho en la Universidad Hebrea, indica el mismo periódico.
Apenas Cohen fue detenido, lo acompañaron al juzgado en el Centro de Lima las abogadas y el jefe de seguridad de Baruch Ivcher, comentó un testigo a IDL-Reporteros.
El abogado es descrito por quienes lo conocieron en Israel como hábil e inteligente por encima del promedio, desde que se inició como juez en 1978.
Tras una consulta de IDL-Reporteros, la Embajada de Israel en el Perú indicó mediante un pronunciamiento escrito que “el Estado de Israel ha presentado todos los documentos y requisitos solicitados por la ley peruana. La Corte Suprema del Perú ha aprobado este pedido y lo ha reafirmado”.
La legación diplomática señala además: “Tenemos plena confianza en las autoridades peruanas y esperamos que esta persona sea extraditada a Israel”.
Cohen vivía tranquilamente en Lima desde 2005 con documentos de jubilado. Pero, según la Dirección de Migraciones, en los últimos cuatro años salió del país nueve veces: siete de ellas estuvo en Panamá, especialmente atractivo por ser paraíso fiscal y no como destino turístico para los adultos mayores.
El diario Panamá América publicó a fines de enero que la Segunda Fiscalía Anticorrupción del país centroamericano ordenó inmovilizar sus cuentas por unos siete millones de dólares. La medida se realizó “mediante una asistencia judicial, basada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Por otro lado, las autoridades peruanas también iniciaron en setiembre un proceso contra Cohen y su esposa Nitza por el delito de lavado de activos. El Primer Juzgado Penal Interprovincial ordenó comparecencia restringida por este delito, pero pesa más la orden de arresto domiciliario por el pedido de extradición.
Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Criminalidad Organizada solicitó congelar una cuenta mancomunada con 3 millones 900 mil dólares.
Los cargos
Dan Cohen ha sido acusado por las autoridades israelíes por recibir soborno, fraude, obtención de cosa alguna por medio de falsedad bajo circunstancias agravantes, anotaciones falsas en una compañía y obstrucción de justicia. En el Perú estos delitos están tipificados en el Código Procesal Penal de 1994.
Según información del proceso a la que tuvo acceso IDL-Reporteros, el principal testigo contra el ex funcionario de la corporación israelí de electricidad es Oren Aharonson, ex director de Siemens Israel, con quien pactó el pago de sobornos en el año 2001. Hay además otros 81 testigos mencionados en la solicitud de extradición.
El diario Haaretz reveló en un amplio reportaje de agosto pasado que la licitación en la que Cohen ‘ayudó’ a Siemens-Israel era por 320 millones de euros. El competidor como proveedor de turbinas de gas fue General Electric. El funcionario pidió recibir un uno por ciento de la operación pero al final aceptó dos tercios del 1%, es decir un millón de euros.
Siguiendo a Haaretz, se sospecha que Cohen pidió recibir el dinero fuera de Israel y buscó a un testaferro que tenía una empresa textil, Daniel Schlomo, cuñado de Aharonson. El empresario luego transfirió el dinero a la cuenta de otra empresa extranjera, ‘Velsheda’, registrada en las Islas Jersey y controlada por Cohen.
De acuerdo al mismo diario, Cohen dejó la IEC en 2001 pero recibió más sobornos por un cuarto de millón de euros en 2002 y 2003 porque Siemens-Israel obtuvo otro contrato para el mantenimiento de las turbinas.
Por otro lado, quien se desempeñó como juez entre 1978 y 1981, también se benefició cuando recomendó a la IEC que comprara unos terrenos –por 62 millones de dólares– a la empresa Rogozin, de su amigo Ezra Harel. El precio fue inflado y él cobró 800 mil dólares.
Dificultades en el proceso
Como no existe tratado de extradición entre Israel y Perú, la Corte Suprema y las autoridades del Ministerio de Justicia de Israel, aplican la legislación existente en esa circunstancia, es decir, el denominado ‘principio de reciprocidad’ contemplado en el Código Procesal Penal de 2004.
Además, los dos países son firmantes del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dice: “Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición”.
La defensa de Dan Cohen ha afirmado que la extradición no procede dada la falta de un tratado de extradición y porque la reciprocidad que ofrece Israel es restringida, sólo por los delitos que son materia de extradición. Asimismo, rechazó la aplicación del principio de reciprocidad alegando que no lo ofreció el Ministerio de Justicia de Israel, sino un funcionario de dicha cartera.
El Ministro de Justicia de Israel, Yaakov Neeman, respondió con dos cartas enviadas en octubre y noviembre pasados a su par en el Perú, Aurelio Pastor, para indicar la interpretación correcta del principio de reciprocidad y el compromiso con el mismo.
Cuando la Corte Suprema ya había confirmado la extradición, la abogada defensora de Dan Cohen, Milagros Lévano, presentó un hábeas corpus ante el 17mo. Juzgado Penal y demandó a algunos vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Acogido el hábeas corpus, quedó anulada la sentencia.
Además de los anteriores argumentos en contra, refirió que el Estado de Israel no había adjuntado a la solicitud de extradición la traducción oficial de la Ley de Extradición de ese país. Por todo ello sostiene que el proceso está “acompañado de severas irregularidades que vulneran el debido proceso y el principio de legalidad”, indica la sentencia del 13 de noviembre.
El estudio Oré Guardia, defensa de la Embajada de Israel, ha apelado dicho hábeas corpus: éste será resuelto por la Tercera Sala Superior de Reos Libres, en el cuarto piso de un edificio de la cuadra cinco de la avenida Abancay, lejos de la exclusividad del Golf de San Isidro y de Savion en Israel.
