A lo largo de Latinoamérica, diversos oligarcas esperan el primero de junio con mal disimulada aprensión. Se supone que ese día se soltará en una cascada revelatoria los nombres de los principales corruptos sobornados por Odebrecht (los de las otras compañías quedarán pendientes).
Pero es probable que la fecha pase sin que se desembalse la información. ¿La razón principal? Brasil exigirá que las naciones que reciban su colaboración informativa se comprometan a respetar los acuerdos judiciales de ese país, de leniencia y delación premiada con los procesados por corrupción.
Un primer caso fue el Acta de Cooperación Internacional que firmaron el 15 de mayo los tres fiscales peruanos que viajaron a Curitiba para tomar declaración a Marcelo Odebrecht: Alonso Peña Cabrera, Germán Juárez Atoche y Rafael Vela. En el acta, los fiscales se comprometieron a “no procesar civil o penalmente al colaborador de cualquiera de las empresas del Grupo Odebrecht o Braskem o a cualquier otro de los colaboradores propuestos o adherentes del Acuerdo de Leniencia firmado con el Ministerio Público Federal de Brasil…”. La misma obligación fue establecida para la eventual entrega formal de la declaración de Odebrecht a “la autoridad central peruana por la autoridad central brasileña”.
Ese procedimiento será el que, punto más o menos, se siga para la entrega de la información proveniente de las delaciones premiadas en Brasil. Los brasileños procesados en Brasil no podrán ser juzgados nuevamente en los países que reciban la información, aunque esta señale delitos cometidos por aquellos en esos países.
Hay casos complejos, como el de Jorge Barata, por ejemplo, que tiene todavía mucho por revelar y que bien puede haber omitido información a los fiscales brasileños. Según entiendo, será posible interrogar a Barata sobre datos no proporcionados en sus delaciones anteriores, pero bajo la jurisdicción de Brasil, en el marco de su acuerdo de delación premiada.
A primera vista, esta exigencia de inmunidad y de subordinación investigativa con Brasil, suena poco justa. A segunda vista también. ¿Cómo y porqué las naciones afectadas por la corrupción que tuvo como protagonistas principales a los superintendentes nacionales de Odebrecht deben acordarles inmunidad a cambio de sus delaciones? ¿Por qué las naciones afectadas fuera de Brasil no podrán exigir reparaciones civiles a los corruptores?
La delación premiada, es quizá el arma más poderosa en la lucha contra el crimen organizado, de cuello blanco o de manos rojas. Su premisa es sencilla: a mayor y mejor confesión, menor castigo.
No es equitativo, pero probablemente sea la única manera de adelantar con éxito la más importante investigación anti-corrupción en nuestra historia. Primero, porque el caso se hizo y se logró sobre todo en Brasil, en gran medida gracias a las confesiones conseguidas mediante la delación premiada.
Esta, la delación premiada, es quizá el arma más poderosa en la lucha contra el crimen organizado, de cuello blanco o de manos rojas. Su premisa es sencilla: a mayor y mejor confesión, menor castigo. Los resultados son, a veces, poco estéticos pero casi siempre útiles. Un criminal puede salir libre, o más de uno, pero la organización es desactivada o destruida. Y cuando el delito es internacional, los efectos de la inmunidad debieran serlo también, en tanto la confesión sea internacionalmente beneficiosa.
Definir esto con claridad y discutirlo racionalmente, bajo una perspectiva de costo y beneficio para la sociedad, va a ser imperativo en los días y semanas que vienen. De un lado, porque si no hay acuerdo con el ministerio público brasileño, no habrá información. Del otro, porque ya existen circunstancias paradójicas en el Perú que es preciso resolver.
La más saltante es que en este país la única compañía que ha efectuado colaboraciones eficaces, que llevaron a la detención de varios culpables presuntos, es Odebrecht. Estoy seguro que las confesiones representan solo una fracción de todo lo que tiene por contar, pero ya se han armado varios casos gracias a las delaciones. Sin embargo, la compañía más castigada hasta ahora es la propia Odebrecht. Las que no han confesado (brasileñas y peruanas), no tienen problemas; la que confesó (así sea poco) sí los tiene, y muchos.
El mejor (en muchos casos, el único) camino para investigar exitosamente los casos de corrupción, es estimular la delación. Si se castiga a los que hablan y no se toca a los que callan, se encubre en la práctica a los criminales. Premiar racionalmente a quienes confiesan, investigar y presionar a los que callan, ocultan y encubren, es la única estrategia que llevará eventualmente al éxito.
Claro está que para poner eficazmente en marcha esa estrategia se necesita una fiscalía básicamente competente, con coherencia funcional, sin rivalidades extremas o disonancias estridentes. ¿Existe? Me temo que no. Para expresarlo brevemente, la disfunción es todavía mayor que el esfuerzo.
Histerias dirigidas
En la madrugada del viernes 19 IDL-Reporteros, la publicación de periodismo de investigación que dirijo, publicó un reportaje, firmado por mi, sobre el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba. La nota tuvo varias exclusivas, desde el acta firmada antes de la declaración (que no tuvieron ni los abogados ni los fiscales), además de declaraciones (“divagaciones”, las llamó un fiscal) de Odebrecht, de haber apoyado o querido apoyar (de acuerdo con diferentes memorias de los participantes) a las candidaturas de Keiko Fujimori y el Apra. (Ver la nota en: Interrogatorio en Curitiba).
En la tarde de ese día, la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado de prensa en el que, sin nombrarme, me desmentían, “se lamenta algunas versiones en la prensa que no se ajustan a la verdad”.
En la noche, especialmente luego de mi intervención en el programa “A Bocajarro”, con Christian Hudtwalcker, se desató una frenética ofensiva de trolls fujimoristas y apristas; una pestilencia digital que recordó bien lo más torvo e infame de la prensa chicha de Montesinos.
Una afirmación repetida por todo el escuadrón de zorrinos fue que la única fuente de mi reportaje había sido Wilfredo Pedraza, el abogado de Nadine Heredia, y que yo había sido manipulado por él para distraer la atención de sus defendidos y dispersarla en el Apra y Fujimori.
Yo jamás revelo mis fuentes, pero no tengo problema en describir métodos. No estuve en Curitiba, de manera que tuve que esforzarme más en reportar lo que sucedió. Tuve por lo menos tres fuentes diferentes de un acto en el que estuvieron: 1) Odebrecht; 2) sus tres abogados; 3) el fiscal Martello; 4) los tres fiscales peruanos; 5) los dos abogados peruanos; 6) un asesor brasileño; 7) una traductora.
Mi versión, proveniente de las fuentes descritas, fue contrastada por lo menos con un fiscal peruano antes de publicarla. He recibido por lo menos una excusa escrita de un fiscal por el comunicado, que llamé “estúpido” en televisión y vuelvo a llamar estúpido ahora.
De los nombres más o menos conocidos que participaron en esa ofensiva de mofetas digitales, pude reconocer a algunos que han perdido, a lo que se ve, hasta el último asomo de vergüenza. Ahí estuvo, por ejemplo, Omar Quesada, don Cofopri, nada menos; y Jorge del Castillo, don Petroaudios, entre otros.
¿Tanto los arañó que Odebrecht hubiera mencionado a Keiko Fujimori y al Apra? Vayan acostumbrándose, porque vendrá más.
¿Informar sobre eso distrae la investigación sobre Humala? Hay que ser idiota para sostenerlo.
Primero, que si ocurre un hecho relevante hay que reportarlo, ¿o acaso se quiere callarlo? Pero además, informar sobre otros datos dentro de una investigación no distrae ni debilita ninguno de los casos individuales porque ningún dato nuevo desaparece hechos establecidos ni anula conocimientos probados ni cancela hipótesis en curso. Solo una mente enferma, cretina o, más probablemente, cínica y maligna puede rechazar nueva información en un proceso investigativo.
Solo en los linchamientos se rechaza el conocimiento. Y en todo linchamiento pululan los encubridores.
(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2489 de la revista ‘Caretas’.
