Las coimas a funcionarios argentinos por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento fueron en dos etapas, por lo menos. La primera fue mientras las cuatro empresas del consorcio -Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa- gestionaban juntas el proyecto, aunque la constructora brasileña se encargó de los sobornos; la segunda transcurrió bajo el mando y el dinero negro de Odebrecht, según surge de documentos y testimonios que acumuló LA NACION durante semanas.
Odebrecht contó para eso con dos aliados clave dentro del Ministerio de Planificación que lideró Julio De Vido: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, durante la primera etapa, y el secretario de Obras Públicas, José López, desde mediados de 2012, cuando los brasileños lograron involucrar al Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) de su país para que financiara el proyecto.
Fue en ese momento cuando, mientras pagaba coimas en la Argentina y Brasil, Odebrecht les impuso a sus socios dos cambios: aumentó su participación en las ganancias y tomó el control absoluto de la gestión ejecutiva de la obra.
Aquellas exigencias contrastan con su situación actual. Este martes, con sus principales ejecutivos tras las rejas y luego de reconocer que pagó coimas en Brasil, Argentina y otra decena de países, Odebrecht anunció en Buenos Aires que le vendió su participación en el proyecto del Sarmiento a los italianos de Ghella, lo que el Gobierno interpretó como una admisión tácita de los delitos que cometió.
Pero cinco años atrás, el equilibrio de fuerzas era muy distinto. Odebrecht les impuso esas exigencias a sus socios con la ayuda de López. Fue él quien les comunicó a Iecsa -en manos de Ángelo Calcaterra-, a Ghella y a los españoles de Comsa que «tendrían que acomodarse» a las nuevas reglas.
«Fue entre septiembre y octubre de 2012», detalló un testigo privilegiado del cambio de paradigma. «López les planteó [a los socios] que Odebrecht tendría la voz cantante a partir de ese momento y que pasaría del 30 al 50 por ciento de participación en el proyecto», precisó a LA NACION.
La fecha es decisiva. También en septiembre de 2012, según reconstruyó la Policía Federal brasileña, Odebrecht acordó pagarle US$ 5 millones, en cuotas, a un ministro del gobierno brasileño para que el Bndes aprobara financiar el proyecto. Tras la orden taxativa de López, las nuevas reglas en el consorcio comenzaron a regir de inmediato. Así, si la participación original de Odebrecht era del 30%, el nuevo reparto reflejó el peso de los brasileños, con el 50%, frente al 24,5% de Iecsa, otro 24,5% para Ghella y apenas 1% para los españoles de Comsa. Además de quedarse con el timón, los brasileños impusieron una cláusula de «no interferencia»: sus socios debieron delegar el control ejecutivo de la megaobra, que quedó en manos del brasileño Rodney Carvalho. Y aceptar que pagarían una multa millonaria si de algún modo interferirían en la dirección del proyecto.
Odebrecht les impuso esas nuevas reglas, según los propios brasileños, por «necesidad», ya que el Bndes había fijado condiciones para habilitar ese crédito por US$ 1 508 millones. Las otras empresas del consorcio juran que nunca les blanqueó que pagaba coimas a funcionarios brasileños y criollos. Ellos tampoco preguntaron.
Mientras el interlocutor fue Ricardo Jaime, los investigadores brasileños detectaron e-mails que su testaferro confeso, Manuel Vázquez, intercambió con ejecutivos de Odebrecht, entre febrero y marzo de 2010, por US$ 80.000 pendientes de su coima, que podría vincularse, según los sabuesos brasileños, con el Sarmiento. No sólo eso. Los investigadores brasileños también detectaron documentos donde los que ejecutivos de Odebrecht como Mauricio Courí Ribeiro y Fernando Migliaccio, detallaron supuestos pagos de coimas por el proyecto del Sarmiento escondidos bajo el eufemismo de las siglas «DGI», en junio de 2010.
«Para el pago en el banco para Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer. Después te explicó».
Pero obtener el financiamiento para el proyecto fue un dolor de cabeza. El consorcio sumó rechazos. Ofrecieron primero al Depfa Bank de Alemania. Pero la respuesta del Gobierno fue negativa. Luego plantearon un posible crédito del banco Credit Suisse, pero tampoco tuvieron acogida. Por último propusieron solventar la obra con bonos del Estado, también sin suerte. «Nos rechazaban todos los financiamientos que proponíamos, hasta que apareció Odebrecht con el Bndes, y con López impuso las nuevas condiciones», abundó. El arribo de López al proyecto tampoco resultó lineal. Tras la caída de Jaime, la obra pasó por las manos de su sucesor en la Secretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Luego quedó bajo la órbita del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, pero casi de inmediato, la presidenta Cristina Kirchner decidió que retornara a Planificación. Y recaló en López. Para entonces, según reconstruyó LA NACION, el funcionario llevaba casi un año a cargo del proyecto en las sombras. A mediados de 2012 recibió en su oficina a ejecutivos de Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa, y les dio un ultimatum: «Si ustedes no nos traen el financiamiento, esto se termina acá». Casi en simultáneo, en Brasil, un director de Odebrecht, João Carlos Mariz Nogueira, acordó una coima con Fernando Pimentel, por entonces ministro de Desenvolvimiento, para que el Bndes financiara la obra.
Tomó tiempo y US$ 5 millones, pero el Consejo de Ministros terminó por aprobar el crédito. El proyecto pareció entonces encaminarse. En noviembre de 2013, Odebrecht presentó la carta 1189 del Bndes que comunicaba la aprobación del crédito. Pero el banco no lo desembolsó por «diferencias contractuales» y López aplicó el freno por mensaje de texto, «Pará el pago en el banco para Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer. Después te explicó», le ordenó a su asistente, Amílcar Fredes. Fue el 19 de diciembre de 2013, a las 11, según los mensajes que recuperó la Justicia argentina. Esa misma tarde, Fredes le informó a su jefe los resultados: «José, están bombardeando a llamados los brasileños, pues ya vieron que el expediente volvió». Y pidió indicaciones. «Que hablen con ‘Corcho’ Rodríguez», le respondió López, que de inmediato cambió de opinión. «No, deciles que hablen con Flavio [Bento e Faría, por entonces el máximo ejecutivo de Odebrecht en la Argentina] y Rodney [Carvalho]. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los boludos».
En efecto, tanto Rodríguez como Bento e Faría sabían cómo actuar. Tres años antes, el «Corcho» se había reunido con el CEO de Odebrecht y le transmitió que si quería reencauzar el contrato de redes troncales de gas, él era el intermediario designado para canalizar las coimas que pedía el equipo de De Vido. Sin embargo, López terminó por perder el control del soterramiento a fines de 2013. Lo bloqueó el ministro de Economía, Axel Kicillof, alertado por el entonces presidente de la unidad ejecutora de esa obra, Ernesto Selzer, cuyo equipo había detectado posibles sobreprecios, que podría alcanzar los US$ 1000 millones. En marzo de este año lo ratificó en Tribunales.
El panorama hoy es muy distinto para Odebrecht. Además de bajarse del soterramiento, afronta varias causas penales, mientras que la Procuración del Tesoro podría reclamarle entre US$ 600 millones -los US$ 35 millones de coimas que reconoció en EE.UU.- y US$ 4500 millones.
(*) Hugo Alconada, de La Nación, de Argentina, forma parte de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, compuesta por periodistas de La Prensa, de Panamá; Armando Info, de Venezuela; y Sudestada, de Uruguay e IDL-Reporteros.
