Un reciente artículo del diario estadounidense The Washington Post destaca que el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, “enfrenta un ataque sin precedentes desde el retorno del Perú a la democracia en el año 2000”, a raíz de la investigación fiscal que le atribuye haber intercambiado “apoyo mediático” con fiscales a cambio de información sobre el caso Lava Jato, “la investigación multinacional que ha tirado abajo a los líderes en Latinoamérica”.
“Defensores (de la libertad de prensa) consideran la investigación penal a periodista como un ataque a la democracia en el Perú”, titula la periodista Samantha Schmidt, responsable de la cobertura de los países hispanohablantes en Sudamérica para The Washington Post.
En el texto, tres representantes de organizaciones de defensa de la libertad de prensa en el continente refieren que la investigación fiscal al director de IDL-R “tergiversa la práctica usual y protegida constitucionalmente del periodismo de investigación”.
El fiscal Alcides Chinchay abrió una ‘investigación’ por cohecho contra el director de IDL-R el 27 de marzo pasado, basándose en testimonios falsos y distorsionados de Jaime Villanueva, el exasesor de la fiscal de la nación suspendida Patricia Benavides.
El Washington Post sostiene que “pocos periodistas han expuesto las malas prácticas de los gobiernos en América Latina como lo ha hecho Gustavo Gorriti”, y menciona que al haber revelado algunos de los mayores escándalos de corrupción del hemisferio, ha padecido las consecuencias.
En defensa del periodismo
El diario estadounidense buscó la posición de Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), sobre este caso y calificó de “absurdas” las acusaciones contra Gorriti. “Están criminalizando el periodismo y el reportaje de investigación”, agregó.
Adriana León, jefa de área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), dijo al Washington Post que la investigación fiscal “amenaza el derecho constitucional de los periodistas de proteger sus fuentes de información”. León anota que las imputaciones contra Gorriti reflejan una total incomprensión del periodismo de investigación.
“Las fuentes siempre tienen sus propios intereses”, dijo León refiriéndose al periodismo. Para la representante del IPYS, Gorriti hizo lo que cualquier periodista haría: recibió información en exclusiva, la corroboró de forma independiente y la publicó.
Para Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el caso pone en riesgo uno de los pilares que quedan de la democracia en el Perú.
“Ante un escenario político en el que hay una captura institucional del Ministerio Público, el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, la única institución independiente que queda en pie es la prensa. Esto la convierte en el último obstáculo para actuar con absoluta impunidad”, explicó Lainez a Schmidt.
El Washington Post apuntó que, de acuerdo a Freedom House, durante 2023 ninguna democracia se deterioró tan rápido como la peruana. También citó el informe anual de Amnistía Internacional que califica como ejecuciones extrajudiciales a 20 de los 50 homicidios perpetrados durante las protestas entre 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, luego del intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo.
El diario estadounidense subraya también un “dramático retroceso en la independencia del sistema de justicia” con la decisión del Tribunal Constitucional de que el Congreso no tiene obligación de acatar decisiones judiciales sobre sus actos, “dándole un poder adicional” al Legislativo. También reporta que el Congreso ha tratado de remover a miembros de la Junta Nacional de Justicia, un ente creado luego de que IDL-Reporteros y otros medios “revelaron la corrupción extendida en los tribunales”, añade el medio.
El Washington Post indica además que Gustavo Gorriti y Romina Mella, jefa de redacción de IDL-R, estuvieron entre los primeros periodistas de la región que investigaron el caso Lava Jato, desde 2011; y detalla que lideraron una red de periodistas en Sudamérica para investigar un esquema de corrupción que sabían estaba muy expandido. Los reportajes y las subsiguientes investigaciones fiscales, indica el diario, involucraron a cuatro expresidentes. Uno de ellos, Alan García, se suicidó cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo, añade.
Schmidt menciona los constantes ataques de grupos violentos al local de IDL-R y a la casa de Gorriti. “Activistas de ultraderecha han acosado y amenazado repetidamente a Gorriti y sus colegas en IDL-Reporteros, a veces mediante protestas afuera de su redacción en Lima o lanzando bengalas y excremento a su oficina”, indica el Washington Post.
El medio estadounidense también reporta que la campaña de desinformación contra Gorriti es impulsada por congresistas conservadores y políticos de alto perfil en «programas de televisión de un canal de orientación ultraderechista»; entre los cuales figura el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y Keiko Fujimori, quien debe comparecer en julio a un juicio oral por el caso Lava Jato.