En febrero pasado, Forbidden Stories –en alianza con 100 periodistas de 50 países– publicó la investigación global ‘Story Killers’ sobre los “mercenarios de la desinformación”, que surgió a partir del, y como continuación, del trabajo de la periodista india Gauri Lankesh, asesinada en 2017.
Como parte de la investigación, Forbidden Stories obtuvo más de 50 mil documentos internos de la compañía española Eliminalia –especializada en borrar la mala reputación en Internet–, que incluyen correos electrónicos confidenciales, los nombres y contratos de alrededor de mil 500 clientes. Uno de los aspectos más valiosos de esta información es que permitió conocer cómo y de qué manera ha operado esta firma española en más de 50 países.
Para eliminar en secreto el pasado de sus clientes, que incluía a personas investigadas y condenadas por delitos graves como tortura, corrupción, lavado de dinero, trata de personas, abusos sexuales y narcotráfico, Eliminalia enviaba correos electrónicos a periodistas, motores de búsqueda y compañías de alojamiento web. Estos correos contenían denuncias falsas de infracción de derechos de autor y les informaban que los artículos negativos sobre sus clientes ya habían sido publicados en otros lugares, por lo que debían ser retirados de Internet.
De esta manera, Eliminalia manipulaba las leyes de derecho de autor para hacer desaparecer información verdadera que afectaba la imagen de sus clientes. Esto les permitía ocultar su pasado negativo y seguir adelante con sus vidas sin consecuencias.
Con estas acciones de desinformación, Eliminalia lograba también la desindexación de las investigaciones periodísticas en los motores de búsqueda, al engañar a Google para que oculte los términos de búsqueda.
Asimismo, usaban centenares de páginas web falsas, donde se publicaban también artículos falsos, que inundaban los resultados de los buscadores de Internet para que el contenido negativo sobre sus clientes se traslade a las últimas páginas de los resultados, lo que hacía menos probable que la gente los encuentre.
En Perú, IDL-Reporteros y OjoPúblico –como parte de la investigación global– investigaron de forma conjunta a los clientes peruanos que contrataron con esta empresa española.
Eliminalia tuvo 19 clientes en Perú, entre 2016 y 2021. Entre ellos destacan un empresario de seguros vinculado a la trama de corrupción por la compra de los aviones MIG-29 y Sukhoi-25 durante el gobierno de Alberto Fujimori, un exministro del Interior en el segundo gobierno de Alan García, una empresa de marketing digital que representó a un exvicepresidente durante el mandato de Alejando Toledo.
Entre los años 2016 y 2021, los clientes peruanos de Eliminalia pagaron un total de 41 mil euros para que la empresa borrara sus antecedentes negativos en Internet. En los contratos que firmaron se especifican los servicios y el costo en euros que debían pagar. En los anexos se incluyen acuerdos de confidencialidad, copias de documentos de identidad, pasaportes, apoderamientos y lo principal: la información que se debía borrar o enterrar en Internet.
A partir de la revisión de los documentos –procesados por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)–, es posible notar la variedad de opciones que la empresa española ofrecía a sus clientes. Una de ellas era la eliminación definitiva de links (y su contenido) a pedido de los clientes (en medios, blogs o redes sociales). Otra era la desindexación de los links o bajar su posicionamiento en Google para que sea difícil encontrarlos. También ofrecían la alteración de contenidos, de modo que estos ya no sean negativos, al modificar nombres y apellidos por iniciales para que el motor de búsqueda los deje de mostrar en sus resultados.
Mihai Olarescu Jochamowitz
Al navegar por la página web de Eliminalia se puede leer lo siguiente: “Antes decíamos que una noticia salía en un periódico, pero al día siguiente ya no quedaba rastro de ella más que en la hemeroteca del periódico en cuestión”.
Para el desarrollo de este reportaje, fuimos a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, a fin de buscar el rastro de un reportaje periodístico del 2001 que ya no existe en Internet. Se trata de una publicación de La República titulada “Amasaron US$445 millones con venta de armas a Bielorrusia”, del periodista Ángel Paez, relacionada a la millonaria coima en la compra de los MIG-29 y Sukhoi-25, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En esta nota se menciona a Mihai Olarescu, uno de los clientes de Eliminalia.
Esta noticia existe en formato impreso, se puede leer y tocar al pasar sus hojas, pero ha desaparecido de los motores de búsqueda; y nadie advirtió de su ausencia digital. Solo el interesado y Eliminalia sabían que ya no estaba en línea y también que, finalmente, su reputación digital se había limpiado.
Uno de los casos más importantes de corrupción que se investigó, luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, en el 2000, fue la compra de aviones de guerra MIG-29 y Sukhoi-25. Este escándalo involucró a Vladimiro Montesinos, a grupos de comerciantes de armas, funcionarios del Ejecutivo y altos mandos militares.
El exasesor presidencial le propuso a Alberto Venero –considerado su principal testaferro–, que organizara un “grupo de socios” para presentar una propuesta de adquisición de aviones militares bielorrusos. Este grupo estuvo integrado por Luis Duthurburu, Enrique Benavides, Claus Corpancho, Juan Valencia Rosas, Moshe Rothschild, entre otros.
Una persona vinculada a Valencia Rosas fue el empresario peruano Mihai Olarescu Jochamowitz, quien trabajaba en los años noventa como bróker o intermediario en el rubro de seguros y reaseguros. Entre las compañías relacionadas a Olarescu está Olsa Re Corredora de Reaseguros S.A., constituida en noviembre de 1985 en Lima, y donde ocupó el cargo de presidente del directorio de 1991 al 2017.
El 22 de marzo de 2001, Valencia Rosas brindó su testimonio en sesión reservada a la Comisión Especial de Investigación sobre el uso de los recursos de la privatización y otros de la Caja fiscal para gasto de Defensa, del Congreso, que investigaba los recursos que el gobierno de Fujimori invirtió en el sector de Defensa de 1990 al 2000.
Durante el interrogatorio le preguntaron a Valencia Rosas: Siendo usted bróker de seguros, ¿el señor Venero le encarga alguna responsabilidad, por ejemplo, de seguros para la Fuerza Armada o para un equipamiento militar?
Valencia Rosas respondió que “nunca he sido bróker de seguros de ninguna entidad de las Fuerzas Armadas y policiales. Pero lo que sí sé es que hacía coordinaciones con los señores de Olarescu, el señor Mijail Olarescu que creo que era socio del señor Claus Corpancho, porque en una oportunidad el señor Claus Corpancho se presenta la primera vez entregándome una tarjeta donde figuraba si mal no recuerdo presidente o ejecutivo de Olsa, Olarescu, algo así, no recuerdo muy bien. Ellos, tengo entendido de que en algún momento, por conversaciones que pude escuchar tangencialmente, tenían intervención en los seguros creo que de transporte de aviones, pero eso estamos ubicándonos en diferentes tiempos ¿no? Eso es lo que puedo resumir un poco para poder dar respuesta a su pregunta, señor.
Valencia Rosas se refería al empresario peruano de origen rumano, Mihai Olarescu Jochamowitz.
Casi dos meses después, el 20 de mayo de 2001, el artículo periodístico de La República titulado “Amasaron US$445 millones con venta de armas a Bielorrusia” incluyó un extracto del testimonio de Valencia Rosas ante las comisiones investigadoras del Congreso sobre la compra de los MIG-29 y Sukhoi 25.
En esta publicación se incluyeron imágenes de un video en el que se mostraba la celebración del cumpleaños del expiloto israelí Moshe Rothschild con sus socios Claus Corpacho, Enrique Benavides y otros personajes que se beneficiaron, en complicidad con Vladimiro Montesinos, de millones de dólares en la compra de las aeronaves de guerra, y donde, según la publicación periodística, también estuvo Olarescu.
Sin embargo, al buscarla en Internet esta publicación no existe.
Olarescu suscribió tres contratos con Eliminalia, que datan de septiembre del 2016, diciembre del 2017 y marzo del 2019, por 3,600 euros, 1,000 euros y 3,350, respectivamente. Esto sumó un total de 7,950 euros. De acuerdo con la revisión de los contratos, este es el pago más alto hecho por los clientes del Perú que solicitaron la eliminación de enlaces.
El objetivo de estos contratos consistía en revisar los resultados que el motor de búsqueda de Google brindaba sobre su nombre y borrar el enlace de esa nota de La República del 2001, que ahora al hacer clic deriva a 404 Página no disponible.
Hay un segundo artículo de La República, de diciembre de 2018, titulado “Mafia resiste decomiso de US$30 millones en Suiza y Luxemburgo”, sobre la repatriación de 14 millones de dólares, producto de las coimas de Montesinos en cuentas de Suiza y Luxemburgo. Al hacer click en el enlace solo se lee el titular y no tiene el contenido.
En esa publicación, además de Mihai Olarescu está mencionado el empresario José Espinosa French. Ambos han integrado el directorio de Olsa Re Corredores de Reaseguros S.A., desde los años 90. Esta empresa fue comprada por Jardine Lloyd Thompson (JLT) en julio de 2016, aproximadamente dos meses antes de que Olarescu firme su primer contrato con Eliminalia, cuya misión contractual fue borrar el link de la nota de La República del 2001, con el testimonio de Valencia Rosas que lo nombraba.
Espinosa French es accionista de Leyton Consultancy en las Islas Vírgenes Británicas desde 2012 y actualmente es vicepresidente senior de Aviación de JLT Corredores de Reaseguros, la compañía que adquirió a Olsa.
Olarescu es, en la actualidad, el presidente del directorio Lima Trading, una empresa especializada en la gestión, diseño y ejecución de proyectos de educación superior tecnológica. Según la página web de la compañía, esta ha participado en consorcio con otras empresas en la construcción y renovación de instituciones de educación superior tecnológica públicas en las regiones de Ica, Moquegua, Lima y también de las Fuerzas Armadas.
Olarescu también aparece en un video del canal de Youtube del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, que registró la visita de la directora general de Asuntos Globales de Canadá para América del Sur, Sara Cohen, el 16 de noviembre de 2021.
En esa reunión estuvieron el general de brigada Gonzalo Eduardo Cabrejos Ramos, director del instituto, el general de brigada Mario Enrique Risco Carmen y Mihai Olarescu, representante en el Perú de Festo Didactic, como se lee en la descripción del video.
Para esta publicación, IDL-R y OjoPúblico intentaron contactar a Olarescu a través de Lima Trading y le enviaron correos electrónicos para recoger sus comentarios sobre su relación con Eliminalia. Hasta el cierre de este reportaje, no contestó ninguna de las comunicaciones.
Fernando Barrios Ipenza
Fernando Barrios Ipenza, presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y ministro del Interior durante el segundo gobierno aprista, también usó los servicios de Eliminalia –a través de una intermediaria– para que fueran borrados artículos publicados por IDL-R, El Comercio, La República, Perú 21, blogs y foros vinculados con casos de corrupción durante su gestión como funcionario del segundo gobierno de Alan García.
Fue una funcionaria de EsSalud, María Angélica Roncal Madge –que coincidió con Barrios durante su gestión–, quien suscribió dos contratos con Eliminalia para solicitar la eliminación de 9 links sobre el exministro aprista. En un anexo del contrato figura un apoderamiento que lleva la firma de Barrios Ipenza.
La compañía cobró un total de 6,950 euros por sus servicios, divididos en un contrato de 2016 (5,650 euros) y otro de 2017 (1,300 euros).
Dentro de los enlaces específicos a borrar por Eliminalia –según los contratos– están las investigaciones publicadas por IDL-Reporteros en 2010. Una de ellas, “Negocios bajo el radar” (publicada el 23 de noviembre de 2010), reveló cómo la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería (UCCI) y la Asociación Promotora Educativa Continental, ambas de Barrios Ipenza, lograron incrementar sus ganancias en el segundo gobierno aprista, a través de la adjudicación de contratos para la capacitación de funcionarios públicos. Entre 2006 y noviembre del 2010, facturaron al Estado la suma de 3 millones 151 mil 854 soles.
En otra publicación, “Habilidad Gerencial” (del 6 de noviembre de 2010), IDL-R identificó que la UCCI había ganado la buena pro para dictar dos cursos sobre gestión pública para funcionarios de la Dirección de Migraciones, dependencia del Ministerio del Interior, cuando Barrios ya era el titular de ese sector.
Ambas notas de IDL-R, siguen en línea y pueden ser leídas.
En el periodo en que los contratos con Eliminalia fueron suscritos, Fernando Barrios libraba un proceso de divorcio con María Veranda Bedón. La pareja disputaba la repartición de bienes, como el del grupo educativo Continental, con filiales en Junín, Arequipa, Lima y Cusco, de acuerdo con una publicación del semanario Hildebrandt en su trece, en noviembre del 2017.
A través del área de prensa de la Universidad Continental, en Lima, fue solicitada una entrevista con Fernando Barrios. Su asistenta informó que el exministro estaba fuera del país y que temporalmente no podía atender ninguna entrevista.
Miguel Ángel Cachay Anardo
A través de Miguel Ángel Cachay Anardo, gerente general y representante de la agencia de marketing digital Addconsulta S.A.C., se logró establecer la conexión entre Eliminalia con clientes peruanos. La compañía gestionó tres pedidos de eliminación de contenido digital de clientes peruanos.
Uno de los casos en los que intervino Addconsulta involucra al empresario y político Raúl Diez Canseco Terry, exvicepresidente y ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Alejandro Toledo. Según los documentos, Diez Canseco solicitó la eliminación de un reportaje del programa Enemigos Públicos, publicado en YouTube, que informó, entre otras cosas, sobre cómo favoreció indebidamente al padre de su pareja mientras fue ministro.
En los documentos figura el apoderamiento de Diez Canseco Terry para la eliminación de este contenido y también se adjunta su DNI. Este documento está firmado por Miguel Cachay Anardo.
Por este servicio digital, se pagó a la empresa española la suma de 637 euros, el 29 de septiembre de 2020. Días previos, el 23 de septiembre, Diez Canseco había anunciado su precandidatura presidencial por el partido Acción Popular (AP) para las elecciones generales del 11 de abril del 2021.
IDL-R y OjoPúblico solicitaron una entrevista con Diez Canseco a través del área de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. El pedido fue negado. Sin embargo, fuentes cercanas al exministro y exvicepresidente, que solicitaron reserva de identidad, afirmaron que él no tiene ninguna relación con la empresa española Eliminalia, ni ha contratado a ninguna empresa peruana o extranjera para eliminar contenidos.
Al no conceder Diez Canseco la entrevista no se pudo contrastar esa versión con la documentación de este reportaje.
Otro caso relacionado con Addconsult es el de Javier Hoyle, gerente general de NTT Data Perú. En los documentos de la firma española está el contrato firmado por Cachay Anardo con Eliminalia en marzo de 2018, con el DNI de Hoyle adjunto, como beneficiario, junto con un anexo que incluía un enlace a una noticia de su pasado que debía ser eliminada, por la cual se pagó 750 euros.
La nota periodística de El Mundo “Esclavitud en el país más rico del mundo”, del 2009, informaba que Hoyle y su esposa habían sido denunciados por supuestamente haber maltratado a una trabajadora del hogar peruana, que había laborado en su casa en Miami.
En este caso, el enlace de la nota no fue eliminado. Si bien la nota sigue disponible en Internet, uno de los servicios que figura en el contrato con Eliminalia es bajarla en el ranking de los resultados de Google con el objetivo de que sea difícil encontrarla.
Antes de la publicación de este reportaje, Hoyle fue contactado para ser entrevistado a través de su asistenta en la sede NTT Data Perú. Hasta el momento del cierre de la edición, no hubo ninguna respuesta.
Addconsulta S.A.C. también gestionó un tercer pedido que involucra la eliminación, desindexación o alteración del contenido de la frase “Abuso tarjeta oh” en los motores de búsqueda. Dentro del contrato, se incluye un anexo que detalla los enlaces de dos videos de Youtube que se deben eliminar. Sin embargo, en los documentos revisados no hay información del beneficiario final.
Eliminalia cumplió con el contrato firmado por Cachay en diciembre de 2017 y los borró de esta plataforma. El costo del servicio fue de 1,052 euros.
Los pedidos de eliminación gestionados por Addconsulta y Cachay Anardo ocurrieron entre 2016 y 2020.
La empresa Addconsulta empezó sus actividades en el 2007 y en la actualidad se encuentra en liquidación. Si bien sus redes sociales siguen vigentes, no tienen contenido actualizado. La compañía ha sido proveedora del Estado del 2008 al 2021, con un monto de 444,716 soles.
Miguel Cachay también es socio y CEO de la empresa Advisor Holding S.A.C., dedicada al marketing digital. En la cabecera de su website está el botón “Digital Cleaning” (Limpieza Digital), y al navegar por esta sección se puede leer la descripción: “Borramos información de internet y garantizamos el Derecho al Olvido. ¿Has encontrado información que te gustaría borrar? Contáctanos”.
Para este reportaje, fue solicitada una entrevista con Miguel Cachay, a través de Advisors Holding, e incluso le fue remitido un cuestionario. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo ninguna respuesta.
Juan Sebastían de Rementería Videla
A través de su empresa Sofía Antonia S.A.C., Juan Sebastián de Rementería Videla, ciudadano de origen español, pagó 1,995 euros a Eliminalia para eliminar dos artículos periodísticos que lo mencionan como director de varias compañías offshore, publicados por Convoca y Ciper Chile, como parte de la investigación global Panama Papers.
De acuerdo con los documentos revisados para este reportaje, hay un poder que le concede De Rementería Videla a Eliminalia para que realice las acciones de borrado de información en los buscadores acerca de su relación como cliente principal de Mossack Fonseca.
En el artículo de Ciper, “Los secretos tributarios que revelan las reuniones de Mossack Fonseca con bufetes chilenos”, del periodista Alberto Arellano, del 9 de junio del 2016, De Rementería es mencionado como director de varias sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas creadas entre 2001 y 2009.
En el artículo “Las discretas reuniones en Lima del operador de Mossack Fonseca” , de Convoca, publicado el 23 de marzo del 2017, se informa de las visitas al Perú del abogado panameño Edison Teano para promocionar los servicios de la firma panameña Mossack Fonseca, y que uno de los clientes más importantes del bufete era De Rementería.
La dirección fiscal que consiga la empresa Sofía Antonia S.A.C. es la del estudio de DPP Abogados. Ahí indicaron que la empresa era cliente suyo y que se comunicarían con De Rementería para informarle sobre la solicitud de la entrevista, pero no hubo respuesta.
(Actualización al 3 de abril de 2023)
En una entrevista con OjoPúblico, el lunes 3 de abril, Juan Sebastián de Rementería indicó que un representante de Eliminalia le ofreció borrar el contenido digital que lo mencionaba. Además, aceptó que firmó y envió el apoderamiento a nombre de Eliminalia, junto con su pasaporte, para que la empresa tenga los derechos necesarios para eliminar la información.
Sin embargo, dijo que ni él ni su empresa Sofía Antonia llegaron a pagar por los servicios de la compañía española porque creyó, según su versión, que no podían cumplir con lo ofrecido.
