Durante una entrevista televisiva, Martha Chávez, senadora electa de Fuerza Popular, defendió al expresidente Alberto Fujimori frente a los cuestionamientos por corrupción cometidos durante su gobierno. En ese contexto, afirmó lo siguiente: “Los actos de corrupción han sido muy focalizados, pero jamás han tocado al presidente Fujimori”.

Sin embargo, tras revisar las sentencias condenatorias contra el exmandatario, la red AmaLlulla concluye que esta versión es falsa.

La declaración completa de la senadora Chávez figura en la siguiente transcripción:

[…] Hay funcionarios y exfuncionarios técnicos, como el señor Jorge Peschiera, que señalan claramente que es imposible que haya sucedido ese robo. Por lo tanto, al presidente Fujimori, los actos de corrupción han sido muy focalizados, pero jamás han tocado al presidente Fujimori. Jamás.

Pero esto no es cierto.

En realidad, el exmandatario Alberto Fujimori sí estuvo involucrado en actos de corrupción. De hecho, fue sentenciado dos veces por delitos contra la administración pública en casos como la compra de líneas editoriales en medios de comunicación, las interceptaciones telefónicas, el pago ilícito a congresistas tránsfugas y el pago ilícito de un monto por CTS en beneficio de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial. Las sentencias judiciales de estos casos demuestran que Fujimori aceptó las imputaciones por corrupción en su contra.

En ese sentido, los delitos por los cuales fue sentenciado Fujimori se encuentran tipificados tanto en el apartado de corrupción de funcionarios como en el de delitos contra la administración pública, que corresponden al segundo capítulo del título XVIII del Código Penal Peruano (CPP). 

Estas infracciones afectan el correcto funcionamiento de la administración pública, perjudican al Estado y, en esa línea, son consideradas como “delitos de corrupción”, según la página web oficial del Ministerio Público.

Caso 1: Pago de CTS a Vladimiro Montesinos

Ahora bien, el 20 de julio de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Fujimori como autor de los delitos de peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica en agravio del Estado. Como consecuencia, la Sala le impuso una pena privativa de la libertad de siete años y seis meses ―además del pago de S/3’000.000 de reparación civil al Estado.

El Tribunal Supremo determinó que Fujimori ―en complicidad con Carlos Boloña, entonces ministro de Economía y Finanzas; Alberto Bergamino, exministro de Defensa; y el expremier Luis Federico Salas Guevara Schultz― emitieron el Decreto de Urgencia 081-2000 que les permitió apropiarse de recursos públicos y destinar USD 15’000.000 a Vladimiro Montesinos por supuesto pago de compensación por tiempos de servicios en el 2000. 

Según la Sala, para emitir el decreto de urgencia se sostuvo falsamente que dichos fondos se usarían para ejecutar un plan de seguridad nacional —inexistente— que evitaría un supuesto ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al territorio peruano. Sin embargo, los montos fueron finalmente a Vladimiro Montesinos.

Además, dicho decreto tampoco fue aprobado en Consejo de Ministros ni tampoco se dio cuenta de este ante el Congreso de la República.

Durante el proceso, Fujimori se acogió a la conformidad procesal (conclusión anticipada), un mecanismo ―regulado en el artículo 5 de la Ley 28122― que permite al acusado aceptar los cargos imputados para abreviar el juicio. Sin embargo, planteó una conformidad limitada: aceptó los hechos acusados, pero rechazó la responsabilidad penal, la pena y la reparación civil.

Caso 2: Compra de líneas editoriales, interceptaciones telefónicas y congresistas tránsfugas

De igual forma, el 30 de setiembre del 2009, Fujimori fue sentenciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema como autor de una multiplicidad de delitos: peculado doloso, cohecho activo genérico e interferencia o escucha telefónica. La condena estableció seis años de privación de la libertad y el pago de S/24’060.216 de reparación civil al Estado, además de S/3’000.000 para los agraviados.

En este proceso, Fujimori también se sometió a la conformidad procesal: tanto él como su abogado confirmaron los hechos que se le imputaban. Con esa base, se declaró la conclusión anticipada; es decir, aceptó tanto los hechos acusatorios como la pena y el monto de reparación civil.

En el capítulo I, la Sala enumera tres casos de corrupción que involucraron a Fujimori, los cuales se establecieron «con arreglo a la acusación fiscal, aceptada por el imputado y su defensa».

Según la sentencia, el exmandatario Fujimori reconoció haber diseñado y dirigido —junto a su entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos— el Plan de Reclutamiento, el cual tuvo como objetivo entregar dinero ilícito a un total de 13 entonces congresistas de la República para que voten acorde a los intereses del gobierno o se integren a la bancada oficialista. El dinero entregado provenía de los fondos del SIN y de la desviación de fondos de los Ministerios de Defensa e Interior, y de institutos armados.

Una vez reclutados, los congresistas tránsfugas suscribían tres documentos: una carta de renuncia a su partido de origen, una carta de afiliación o sujeción al partido de gobierno o una carta de compromiso para apoyar el régimen de Fujimori, y “un recibo por el dinero entregado, que recibían mensualmente de manos del asesor Vladimiro Montesinos Torres”. 

«La finalidad de tal suscripción y del dinero recibido fue apoyar, entre otras, las mociones y los acuerdos de la bancada de gobierno Perú 2000 y así cumplir los objetivos políticos del imputado Alberto Fujimori Fujimori», remarca el fallo. 

Fujimori también admitió haber encargado a Montesinos la compra del canal Cable Canal de Noticias CCN – Canal 10 y la línea editorial del diario Expreso para promover su gestión presidencial e imagen, y así favorecer su reelección en las elecciones presidenciales del 2000. Dichas operaciones fueron financiadas con recursos públicos desviados de las Fuerzas Armadas.

Respecto a este caso, la Sala señaló lo siguiente: «El acusado Alberto Fujimori, haciendo mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó en la función pública —presidente de la república—, con el propósito de conseguir su reelección y de mantenerse en el poder, desarrolló un conjunto de acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación». 

En esa línea, el expresidente Fujimori reconoció su participación, en coordinación con  Montesinos, en la ejecución del Plan Emilio, que consistió en interceptar ilegalmente las comunicaciones de ciudadanos, periodistas y opositores al régimen. Para la ejecución de dicho plan, se utilizaron fondos del tesoro público y participaron el jefe del SIN, los ministros de Defensa e Interior, así como los comandantes generales de las instituciones armadas.

Los montos desviados fueron usados para adquirir equipos de interceptación telefónica sofisticados y para remunerar al personal que escuchaba, transcribía y comunicaba lo obtenido al coronel del ejército Roberto Huamán Azcurra. Dicha información era puesta en conocimiento del expresidente Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos, quien mantenía una relación de confianza con Huamán Azcurra.

«Las interceptaciones realizadas de las líneas telefónicas de Palacio de Gobierno tenían autorización y fueron ordenadas por el expresidente Alberto Fujimori Fujimori. En Palacio de Gobierno se instaló una central de interceptación telefónica, conocida como ‘Casablanca’. El acusado Fujimori Fujimori fue el principal beneficiario de esta actividad«, se lee en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.  

Por otro lado, a inicios de 2015, la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior dictó una condena de ocho años de prisión efectiva y el pago de S/3’000.000 a favor del Estado contra Fujimori por el caso de los denominados “diarios chicha”, bajo el cargo de peculado doloso. Sin embargo, esta sentencia fue posteriormente anulada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Esta no es la primera vez que se chequea esta versión. En junio de 2023, AmaLlulla verificó a Hernando Guerra García, entonces congresista de Fuerza Popular, quien afirmó que Alberto Fujimori no estaba condenado por corrupción. Esta versión fue calificada como falsa.

La red AmaLlulla intentó contactarse con la senadora Chávez a través de mensajes en sus redes sociales y el equipo de prensa de Fuerza Popular. Sin embargo, al cierre de esta verificación, no obtuvo respuesta alguna.

En función de lo expuesto, AmaLlulla concluye que es falsa la versión de Martha Chávez, senadora electa de Fuerza Popular, acerca de que Alberto Fujimori nunca fue involucrado en actos de corrupción.

Este chequeo fue realizado por OjoPúblico, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.