¡Qué tiempos estos! ¿Verdad?

Cuando fermenta el presente y aparece nublado el futuro, mucha gente, aún sin haber leído a Vargas Llosa, tiende a describir su circunstancia como la que define “tiempos recios”.

Suena bien, casi atlético. Pero yo pienso que otras dos palabras describen mejor nuestra realidad:

Tiempos interesantes. 

En el sentido presuntamente chino del término, el de una forma de sutil maldición (“te deseo que vivas en tiempos interesantes”). No te aburrirás; tendrás todo, menos paz. 

Y el hecho que esa expresión sea apócrifa y que, muy probablemente, se haya originado entre diplomáticos occidentales que la disfrazaron de China, le da mayor validez. La falsa maldición china resulta más compleja y confusa. Y más superficial.

¿Hacia dónde soplan los vientos de estos tiempos interesantes? 

En la política, lo de interés hoy por hoy, no son semanas de cambios de régimen sino de transiciones del mismo.

Keiko Fujimori formaliza, al asumir la presidencia, el dominio de las decisiones políticas que ha tenido desde el fallido golpe y la vacancia y prisión de Pedro Castillo. 

En la coalición mafiosa que ha gobernado el país a través del Congreso, Fuerza Popular, su partido, ha sido el grupo predominante dentro de dicha coalición. Esa coalición hizo casi todo el trabajo sucio que le hará más fácil controlar al país desde la presidencia. Cambiará el centro de gravedad del poder del Legislativo al Ejecutivo; y los otros poderes ya están tomados o intimidados.

Uno de sus objetivos principales fue destruir las investigaciones anti-corrupción. En particular las de los casos Cuellos Blancos (Lava Juez) y, especialmente, el de Lava Jato. 

Y ahí vino el informe de la Comisión Muñante, que se propuso ser fulminante y resultó esperpéntico. Ahora veremos algunos de los hechos que la descalifican por completo. 

Empecemos con lo más evidente.

Conflictos de interés

Basta un examen sumario a los integrantes de la Comisión para que salten a la vista, como un involuntario anuncio de peligro, sus escandalosos conflictos de interés.

Veamos algunos de ellos:

La contratación de Luis Pacheco Mandujano como asesor de la Comisión. Aquí se lo puede ver asistiendo a sesiones de la Comisión. 

Y aquí está la resolución de su nombramiento, que fue formalmente revocado cuando generó escándalo.

Pacheco Mandujano es abogado de uno de los más notorios inculpados en el caso Lava Jato: el hoy todavía prófugo Gonzalo Monteverde, a quien diversas pruebas y las delaciones de la propia Odebrecht sindican como un personaje fundamental en las operaciones de lavado de dinero destinado al pago de coimas en la Caja 2. 

Monteverde no es solo un prófugo investigado en el Perú sino acusado también en Panamá, por sólidos indicios de lavado de dinero. 

La actuación de Pacheco Mandujano no se limitó a la defensa legal del prófugo Monteverde, sino se expresó también en un activismo de guerra sucia desinformadora  en contra de la investigación del caso Lava Jato.

Otro caso de evidente conflicto de interés es el del propio Alejandro Muñante, presidente de la seudo- comisión investigadora. Muñante es miembro del partido Renovación Popular, que es investigado en el caso Lava Jato por hechos perpetrados bajo su nombre anterior, “Solidaridad Nacional”.  No solo por transacciones corruptas con Odebrecht, sino con OAS, la compañía que mantuvo una relación digamos que muy estrecha con la Municipalidad de Lima, en las gestiones de Susana Villarán y de Luis Castañeda Lossio. 

La abogada Katherine Ampuero figura en el informe de la comisión Muñante como una experta legal, capaz de emitir un juicio objetivo. No se describe su conflictivo paso como procuradora ad-hoc del caso Lava Jato, destituida en julio de 2017 por la entonces ministra de Justicia de PPK, Marisol Pérez Tello, tras haberle perdido la confianza.

Pero lo más grave es que no se menciona que al momento de testificar como “experta”, ella era jefa del gabinete de asesores de la bancada de Renovación Popular, y que antes fue, desde 2024, su coordinadora. 

Luego de cumplir con su papel en la farsesca comisión, Ampuero se presentó como candidata al Senado por Renovación Popular y resultó electa,  igual que Muñante.

 
El otro presuntamente objetivo “experto legal”, Wilber Medina, es un caso en sí mismo. Fue abogado de Alan García y participó en el pasado en varias extrañas maniobras, como, por ejemplo, el cambio de testimonio en 2013, del testigo alias “Brasil” en el sonado caso de “narcoindultos” en el segundo gobierno de García. 

Medina es ahora abogado de Rafael López Aliaga. Ha defendido también al notorio Gino Ríos Patio, de la actual JNJ y aceptó haber asesorado a José Jerí durante la efímera presidencia de este. Sin embargo, en el informe Muñante es presentado, igual que Ampuero como una suerte de experto profesional independiente. 

¿Hay alguna duda sobre el tipo de testimonio que presentaron?

Otro escandaloso conflicto de interés ocurrió cuando, por órdenes de López Aliaga, Renovación Popular presionó al Ejecutivo para lograr la destitución de Silvana Carrión, la procuradora ad-hoc para el caso Lava Jato. 

¿La razón? López Aliaga venía sufriendo un contraste legal tras otro (pese a los casi 100 millones de soles pagados como honorarios a sus abogados estadounidenses del estudio Boies Schiller Flexner ) en sus contiendas judiciales (con Brookfield, sobre todo) en Estados Unidos. Desesperado por lograr un “discovery” legal (el examen de la evidencia y las acciones de la parte opuesta en el juicio) exigió a Carrión que, como procuradora ad-hoc del caso Lava Jato,  se apersone ante el juez de Estados Unidos en respaldo de su posición.

El 6 de junio de 2025, la procuradora ad hoc contestó a López Aliaga indicando que la entidad indicada para intervenir con legitimidad en ese proceso debía ser la fiscalía. De hecho, indicó Carrión, el Equipo Especial del caso Lava Jato ya había intervenido pidiendo esa  información en varios países. Y sin pagar un centavo.

Pocos días después, el 9 de junio, cuatro congresistas de Renovación Popular fueron recibidos por la procuradora general (y superior jerárquica de Carrión)  María Caruajulca. El motivo de su presencia fue inequívoco: exigir la destitución de Silvana Carrión. 

¿Quién dirigía el grupo? Alejandro Muñante, nada menos. El presidente de la supuesta comisión investigadora empeñado en una presión sin disimulo para lograr la destitución de una funcionaria a la que, se supone, debería investigar con imparcialidad.

Ese fue el nivel de cinismo y desvergüenza con el que se manejaron los conflictos de interés en esa comisión.

Hubo otras razones para que la constatación de conflictos de interés les valiera un rábano. Pocos meses antes, en abril, Silvana Carrión solicitó al Poder Judicial incluir a Renovación Popular como tercero civilmente responsable en el caso y pidió que se le impusiera el pago de una reparación civil de 238 millones de soles. 

Para Renovación Popular, desde su jefe hasta sus subordinados, no cabía duda. No solo había que empapelar con leguleyadas a Silvana Carrión, sino imponer su destitución. Y lo lograron.

¿Qué significó la destitución de Silvana Carrión? Decapitar a la más exitosa procuraduría en Latinoamérica en el cobro de reparaciones civiles por el caso Lava Jato. 

Y aquí en el Perú, si comparamos las reparaciones civiles de los dos mayores casos de corrupción en los últimos 30 años: el de Fujimori-Montesinos y el de Lava Jato, la diferencia salta a la vista: si en ambos casos el monto calculado de reparación civil es muy parecido, lo que se logró cobrar durante más de veinte años en el caso Fujimori-Montesinos es apenas una fracción de lo que se cobró en el caso Lava Jato.

La destitución de Carrión fue la respuesta al éxito logrado en su trabajo. Lo mismo que sucedió en los casos de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. De manera que no les quedó otra cosa que destituirla a la bruta, con el cinismo y la desvergüenza de reconocer que la abusiva medida respondía a la exigencia imperativa de un investigado por el caso Lava Jato, como partido y a la vez por lavado de dinero, como persona: Rafael López Aliaga. 

“No hay buena acción que quede sin castigo”

Cuando, en septiembre de 2025, la comisión Muñante resolvió pasar al fiscal superior Rafael Vela de la condición de compareciente a la de investigado, Vela presentó una defensa legal que desmenuzaba y rebatía los argumentos esgrimidos en su contra.

Sus gestiones, escribió Vela, como fiscal coordinador del Equipo Especial, se concentraron inicialmente en “destrabar y viabilizar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”, que se encontraba entonces paralizado. 

Son argumentos limpios que se malgastan en el sucio contexto de la “investigación” Muñante, cuyo objetivo central fue y es destruir la investigación Lava Jato. El lema de la comisión (y el de toda la contraofensiva mafiosa) bien pudo ser: “No hay buena acción que quede sin castigo”.

Vela indica que la comisión lo cuestiona por haber suscrito un acuerdo de colaboración eficaz base que “solo comprendió cuatro hechos y no otros casos vinculados”. Los cuestionadores eligieron ignorar que el proceso fue iniciado por el primer Equipo Especial (dirigido por Hamilton Castro), tiempo antes de que Vela asumiera la coordinación del Equipo Especial. 

¿Cómo ignoraron algo tan básico y evidente? En Derecho hay un concepto que aplica plenamente aquí: la ignorancia inexcusable.

Como apuntó Vela, el criterio de progresividad “permitió incorporar gradualmente nuevos hechos, pruebas y reconocimientos de responsabilidad, manteniendo una línea de investigación coherente y eficaz, [… [que] dicha colaboración proporcionó evidencia que sustentó 28 acusaciones fiscales y diversas condenas contra ex presidentes, altos funcionarios y otros implicados en casos de corrupción”.

La estrategia, apuntó Vela, fue evaluada y aprobada legalmente por el Poder Judicial. Diferentes instancias judiciales, incluida la Corte Suprema … reconocieron su validez y efectos jurídicos”.

¿Que el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz? Ningún problema para la comisión Muñante: se procede a investigar y acusar a la jueza María de los Ángeles Álvarez, que homologó el Acuerdo. ¿Y lo que validó la Corte Suprema? ¿Para qué está la JNJ si no para castigar a los magistrados que no se sometan? ¿Y para qué estaba Rospigliosi sino para “barrer” a los magistrados insumisos?

Y ya sabemos lo que pasó: ilegítima, parcializada y tramposa, la comisión Muñante evacuó un informe descaradamente acusatorio, que fue aprobado, como era de esperar, por una cómoda mayoría del congreso mafioso. 

La persecución a José Domingo Pérez

José Domingo Pérez fue el principal fiscal investigador del Equipo Especial. Aplicó con energía y dedicación las documentadas confesiones y delaciones de Odebrecht, gracias al acuerdo de colaboración eficaz.

Esas informaciones permitieron ampliar la investigación a más de 850 personas y a 57 firmas o compañías. Ello derivó en acusaciones contra más de 250 individuos y 40 firmas o sociedades.  El Equipo Especial logró 65 condenas e investigó a fondo con evidencia obtenida a casi todos los presidentes que tuvo el Perú en este siglo. También a varios altos funcionarios; y, lo más importante, investigó y expuso la relación corrupta entre los políticos y los empresarios con mayor poder en el país.

Fueron investigaciones con alcances inéditos en nuestra historia,  sustentadas en numerosas y detalladas confesiones, respaldadas a su vez por evidencias documentarias. 

Sus logros abrieron la promesa de encaminar el país hacia niveles mucho más altos de limpieza e integridad política y empresarial.

Desde los círculos de dominio y corrupción se organizó una contraofensiva basada en la desinformación y la leguleyada.

En la campaña por sabotear la investigación y desprestigiar, a través de la difamación y la calumnia, a los fiscales del Equipo Especial, contaron con complicidades desde dentro de las mismas instituciones, como el Ministerio Público, que debieron haber apoyado y reforzado lo que terminaron socavando.

La maquinaria movilizada contra la investigación de Lava Jato y sus fiscales, fue enorme. Calumniados desde fuera y hostigados con investigaciones estúpidas pero ponzoñosas desde el interior de su propia institución, los fiscales del Equipo Especial se encontraron virtualmente solos.

Entonces arreció la agresión contra ellos desde dentro del sistema de justicia, a través de las sanciones que, sin asomo de pudor, perpetró la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a cargo de Juan Fernández Jerí. 

Esos atropellos a la ley y la razón fueron selladas por las disposiciones de la actual Junta Nacional de Justicia (JN), al lado de la cual hasta el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) logra mejor nota de integridad. 

En el travestido imperio de la mentira, con tantas instituciones y personas participando en ella; y con el silencio intimidado de quienes, aún sabiendo la realidad, prefirieron la relativa paz que podía traerles la boca cerrada y la vista esquiva, alguno podría dudar (y muchos lo hicieron) respecto de dónde estaba la verdad. 

Pero en medio de la estridencia desinformadora, hubo voces claras de advertencia.

En enero de 2025 llegó a Lima una misión de alto nivel del grupo de trabajo sobre sobornos (o cohecho) de la OECD, la prestigiosa organización a la que muchos países (el Perú entre ellos) buscan ingresar como una suerte de sello de calidad y reconocimiento de buen gobierno.  

La misión estuvo dirigida por la presidenta del Grupo de Trabajo, Kathleen Roussel, una fiscal canadiense con gran experiencia internacional en la lucha contra la corrupción.

En el comunicado que sacaron después de sus entrevistas, los de la OECD fueron todo lo claros que se puede ser dentro del lenguaje diplomático.

Expresaron su preocupación sobre la independencia fiscal y judicial.  

“Perú logró grandes avances en la lucha contra la corrupción, incluido el lanzamiento de varias investigaciones de corrupción de alto perfil en los últimos años contra altos funcionarios”, dijo Kathleen Roussel, refiriéndose a los extraordinarios resultados que tuvo la investigación del el equipo especial de fiscales y procuradores en el caso Lava Jato. Pero, añadió, “para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política”.

Está claro que las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OECD fueron completamente ignoradas. En lugar de ello se profundizó y completó virtualmente la conquista mafiosa del sistema de justicia. El Perú era y sigue siendo un candidato para ser admitido en la OECD. ¿Cuáles creen son las posibilidades de admisión en la era de los Muñante y demás desinformadores?

En octubre de 2025, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, escribió en sus redes sociales:

“El viernes tuve el placer de reunirme en persona con el fiscal José Domingo Pérez, de Perú, para recibir una actualización sobre su situación. En julio de 2024 envié una comunicación al Gobierno del Perú expresando una seria preocupación por los informes de acoso, estigmatización e intimidación judicial contra el señor Pérez, su colega Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti, en aparente represalia por sus esfuerzos para exponer y denuncias la corrupción”.

Poco antes, la entonces fiscal de la nación, Delia Espinoza recibió una severa comunicación de Kathleen Roussel. En esta ocasión, el lenguaje diplomático tuvo otro registro: directo, severo, inequívoco

En apretado resumen, Kathleen Roussel escribió que, luego de la visita de alto nivel del grupo de trabajo sobre sobornos de la OECD, los fiscales anticorrupción han seguido enfrentando hostigamientos y acosos, “incluso a través de las que parecen ser cuestionables investigaciones e indagaciones”. El Perú debe asegurar, continuó Roussel, que sus fiscales puedan actuar con independencia, libres de interferencia política. Pero, “el Perú incumple esos requisitos”, escribió Roussel.

En particular, dijo, los principales fiscales del caso Lava Jato han enfrentado varios procedimientos penales y disciplinarios, que no solo representan un riesgo potencial sino amenazan, con un efecto intimidatorio, su trabajo.

Para terminar, Roussel pidió al Perú reportar sobre las medidas tomadas sobre los temas en discusión. Y ahí vino la advertencia. Si continuara la interferencia en contra de los fiscales anticorrupción, el Grupo de Trabajo consideraría tomar medidas excepcionales, como pronunciamientos públicos y advertencias de debida diligencia. Y, lo más importante, el Grupo de Trabajo continuaría el monitoreo de estos y otros aspectos de la implementación de la Convención por parte del Perú, en la evaluación de su Fase 3, en diciembre de 2026. 

Imaginen cómo será esa evaluación. Los fiscales del Equipo Especial, purgados, destituidos y empapelados con el claro propósito de encarcelarlos. No solo ellos: hasta la fiscal de la nación, Delia Espinoza, a quien fue dirigida la carta también resultó purgada y perseguida en el sector público y fuera de él. Y eso mientras los investigados por corrupción (en los casos Lava Jato, Lava Juez y en otros de lavado de dinero) capturaban el poder político y el Poder Judicial, justificando su desinformación con narrativas tan grotescas como la de la Comisión Muñante.

 La ofensiva mafiosa continuó y continúa. 

Billetes de trece soles: Testimonios de Jaime Villanueva

El informe de la Comisión Muñante alcanza niveles inéditos de estupidez cuando intenta distorsionar y deformar hechos para convertir una profunda investigación periodística sobre el caso de corrupción político-corporativo más importante del siglo en Latinoamérica –que eso fue lo que organizó IDL-Reporteros en una red con varios de los más notables periodistas de investigación en el continente– en la chusca narrativa de su informe, que describe supuestas corrupciones de medio pelo, en juegos de complicidades adefesieras.

Su guión desinformador es tan barato, tan azangarino, que lo que mejor hace es revelar los limitados fermentos imaginativos de la fuente central, virtualmente única, con la que contó Muñante y su pandilla: Jaime Villanueva.

Villanueva puede ser citado en cualquier contexto, pero solo si uno va prevenido de que diga lo que diga, hable lo que hable, Villanueva mentirá. Y tratará de hacerlo con la relativa eficacia que supone haber cultivado a personas que aduló hasta la extravagancia, para después utilizar fechas y lugares reales de encuentros o reuniones para introducir la mentira en el relato. 

Capturado en la operación “Valquiria” y aterrado frente a la posibilidad de ser dejado solo o convertido en cabeza de turco, Villanueva se hizo aspirante a colaborador eficaz y delató a todo su entorno. 

Pero luego, soslayando u ocultando sus delaciones como aspirante a colaborador eficaz, la coalición corrupta se dedicó a usarlo como “testigo” multiusos, proveedor de materia prima para la desinformación de la prensa lumpen, a fin de crear el escándalo que llevara a criminalizar a sus difamados con investigaciones fiscales.

¿El objetivo? Convertir la desinformación en verborrea leguleya que llevara hacia acusaciones fiscales, juicios y ¡hasta cárcel! para las personas caricaturizadas por sus difamaciones.

Las acusaciones en contra mía (y de otros) de la Comisión Muñante están casi enteramente basadas en los testimonios de Villanueva, sazonados con la malicia de Muñante y de los abogansters que lo asesoraron. Son, en su virtual totalidad, los mismos que utilizó para la investigación hostil que abrió el 27 de marzo de 2024 el fiscal Alcides Chinchay, que fue luego archivada por el fiscal Edward Casaverde el 4 de diciembre de 2025 antes de que este fuera (¡cómo no!) imperiosamente ordenado a reabrirla por la fiscal Karla Zecenarro el 16 de abril de 2026. 

Muñante recicló al mismo testigo, con detalle más o menos, los mismos relatos, para las mismas conclusiones (por supuesto retorcidas y falsas). 

Todas expresan una premisa subyacente: que el trabajo periodístico (la entrevista a fuentes, la búsqueda de documentos) es parte de un proceso de cohecho. En el mundo infecto que describen (como involuntario autorretrato), uno no busca información sino negocia favores y obtiene ventajas, aunque sean de patéticas dimensiones azangarinas. 

Ahí radica el problema (o la tara) central del “informe”.

La credibilidad de su testigo.

Muñante sí tiene un problema. El descrédito de su testigo superó la masa crítica y se derramó hasta dentro de su bando. Una cosa es ignorar la evidencia del periodismo de investigación y otra la descalificación que proviene de los presuntos aliados de Muñante, que desestiman, uno tras otro, los testimonios de Villanueva y consideran que sus versiones son menos confiables que un billete de trece soles.

Pese a ello, Muñante utilizó como testigo de cargo a Villanueva y, como resulta evidente en el vídeo de la comparecencia de aquel,  buscó de ordeñar hasta la última gota de ponzoña de su testimonio. 

Por ejemplo, en la página 123 del “Informe” Muñante, se sostiene que:

La versión de Villanueva es diferente:

Pero, unas pocas páginas abajo del mismo informe, Pedro Chávarry desmiente todo lo anterior:

De todas esas versiones, la que más se acerca a la verdad, aunque contenga inexactitudes como la de que yo estaba detrás de los ataques en contra suya,  es la de Chávarry. Indica quién y cómo gestó la reunión. Nada tiene que ver con las negociaciones de tramposos transaccionales que inventa Villanueva y exagera Muñante.

Pero la credibilidad residual (si la había) de Villanueva, ya había sido destrozada desde lugares inesperados. Poco antes de que Muñante presentara su “informe” para la aprobación del Congreso mafioso, el testimonio de Villanueva era desaprobado sistemáticamente en cuanto a su credibilidad y valor probatorio por, nada menos que el actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. 

El 11 de mayo de este año, Tomás Gálvez emitió una “Disposición de la Fiscalía de la Nación” en la que archiva las investigaciones (es decir, absuelve para todo efecto práctico), a la fiscal suprema  Patricia Benavides y un notorio conjunto de otras personas, de varios delitos graves, el más importante de los cuales es el de Organización Criminal.

Se trata de un documento de 279 páginas, cuyas última parte se dedica a liberar de acusación penal a los múltiples imputados al declarar “no haber mérito para formular denuncia constitucional” contra ellos. 

Jaime Villanueva es mencionado más de 400 veces en dicho documento, porque está presente, como delator, en casi todas las acusaciones. 

Ese es el punto débil que Tomás Gálvez identificó para lograr el objetivo de tumbar la acusación y librar de cargos a los imputados: los testimonios sin pruebas y, con frecuencia, contradictorios, de Villanueva.

Es decir que, forzados por las circunstancias, hasta los Cuellos Blancos (en cuyo caso Tomás Gálvez y varios otros están inmersos) analizaron seriamente la carga de evidencia, consistencia, valor probatorio y verosimilitud de los testimonios de Villanueva. Comprobaron sus debilidades y contradicciones y procedieron a descalificar masivamente el valor probatorio de sus testimonios y a destruir el valor de Villanueva como testigo de cargo. 

Aquí, algunas fragmentos del documento:

Así quedó, analizado nada menos que por Tomás Gálvez, el supuesto testigo estrella que la mafia utilizó como pieza central de la difamación destructiva y como base de sus acciones legales contra los fiscales y procuradora del caso Lava Jato y contra el periodista de investigación que profundizó en el mismo caso. 

Así que, como efecto colateral, Tomás Gálvez, el cuello blanco, terminó destruyendo la base testimonial del informe Muñante. El mismo informe que aterrizará, con toda su carga tóxica, en su despacho luego de ser aprobado por el Congreso de la mafia. Y que él tendrá que evaluar bajo los mismos patrones que utilizó en la disposición 88 del 11 de mayo pasado.

La de Tomás Gálvez no fue la única disposición de la fiscalía de la nación que analizó la validez o invalidez de los testimonios de Villanueva.

Antes lo hizo, el 29 de noviembre de 2024, cuando todavía era fiscal de la nación, Delia Espinoza emitió la Disposición 18, sobre cargos de cohecho y tráfico de influencias, entre otros, contra los exfiscales de la nación Patricia Benavides y Pablo Sánchez y contra la congresista Ruth Luque.

Una parte importante de la Disposición de 144 páginas es el examen y análisis de la fiabilidad de los testimonios de Jaime Villanueva. El contundente resultado es, expresado en cita tras cita.

En el párrafo 183, por ejemplo, la Disposición enfatiza que “la versión de un testigo debe estar dotado [sic] de verosimilitud, que significa que su relato debe estar “rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria”, situación que no se presenta en la declaración de Jaime Javier Villanueva Barreto”.

El párrafo 195 expone una contradicción entre la versión de Villanueva y los hechos:

En el testimonio sobre Pablo Sánchez, la Disposición de Delia Espinoza advierte que el testimonio de Villanueva está contaminado por el resentimiento:

Por eso, luego de examinar, con el mismo resultado, varios otros testimonios del mismo testigo, Villanueva, y encontrar que todos tenían vicios que socavaban irremediablemente su verosimilitud, Delia Espinoza resolvió, en la disposición de archivo del caso, no haber lugar para la acusación constitucional contra Patricia Benavides, Pablo Sánchez y Ruth Luque. 

De manera que, en diversos momentos y perspectivas, los testimonios (incluidas las delaciones) de Villanueva han sido desestimados hasta por dos fiscales de la nación, muy diferentes el uno de la otra, por estar contaminados por falsedades y contradicciones; impulsados por resentimientos y construidos con la malicia propia de la desinformación: mencionar algunos hechos verdaderos y apilar a su lado falsedades y calumnias.

Este testigo, Villanueva, es la pieza central, la apolillada viga maestra de la acusación de la Comisión Muñante contra sus varios objetivos de ataque, en especial contra mí, en su informe. Al hacerlo lleva el mamarracho conceptual que es el documento, a bajuras inéditas de adefesio; y al insulto hasta para las inteligencias menos exigentes. Si la banda del choclito se hubiera disfrazado de congresista  anticorrupción, lo habría hecho mejor.

Con todo lo dicho, ¿qué va a pasar? Si un mínimo de razón imperara, el resultado sería obvio: descartar de plano el informe Muñante. Pero, aún desembozados los motivos y destruidos los argumentos, lo único que el tiempo presente permite concluir es que:

Cualquier cosa es posible.