Fue un momento importante que, como sucede con la mayoría de investigaciones del Estado, resultó pobremente aprovechado. La comisión de Fiscalización del Congreso interrogó la semana pasada a la ex secretaria general del ministerio de la Mujer, Elsa Cubillas, quien encabezó la compra masiva de pañales y suscribió los contratos con el consorcio Cymed Medical-Kimberly Clark.

Cubillas tuvo una participación directa e importante en el proceso de compra de los pañales y, al ser quien más conoce sobre esa transacción, se ha convertido en el foco de las investigaciones sobre el tema. En sus declaraciones, la ex alta funcionaria buscó de repartir la responsabilidad de una manera suave pero lo suficientemente clara para los interesados.

“Supervisé los 8 millones de pañales (…) Las áreas no me informaron de ninguna irregularidad durante el proceso”, sostuvo Cubillas.

Cubillas fue una de las funcionarias de mayor confianza de Ana Jara durante su gestión en el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y también después. Cuando Jara asumió el premierato, designó a aquella como asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, en cuyo puesto permaneció hasta la salida de Jara, en abril pasado.

Durante el interrogatorio de los congresistas, Cubillas indicó que Jara estuvo al tanto de la compra de pañales desde el inicio. Dijo que la entonces ministra había aprobado, mediante una resolución ministerial del 18 de febrero de 2013, las “Orientaciones para la Gestión del Apoyo Social a las Poblaciones Vulnerables durante el Ejercicio 2013”, en las que se indicaban los bienes que el Ministerio iba a comprar con los 50 millones de soles asignados de manera extraordinaria por el MEF para atender a las poblaciones vulnerables.

Esa resolución ya se había hecho pública el 19 de abril, en un reportaje de Panorama. En respuesta a la revelación, Jara indicó que “esa resolución no fue ni una orden de compra, ni una exoneración, sino la aprobación de orientaciones a unidades orgánicas”. ¿Qué quiso decir con esto? Semanas después, en el programa No culpes a La Noche, del 15 de mayo, la ex ministra trató de ser más clara, al decir que“lo que sabía es que se necesitaba comprar esos 86 ítems (donde estaban incluidos los pañales) (…). Pero las cantidades tenían que ser determinadas por la oficina de abastecimiento y administración”.

¿Es posible creer que la entonces ministra de la Mujer no sabía que se iba a gastar más de 6 millones de soles en la compra de varios millones de pañales? ¿Sobre todo teniendo en cuenta que el viceministro a cargo de la poblaciones vulnerables, para las que formalmente estaba destinada la compra, no sabía nada sobre ella?

Ana Jara ha sido citada por la comisión de Fiscalización para el próximo 10 de junio. Ese mismo día estará su sucesora ministerial y hoy enemiga favorita, Carmen Omonte.

Hace unos días el contralor general de la República, Fuad Khoury, entregó al fiscal anti corrupción Reynaldo Abia Arrieta, la auditoría sobre la compra de los 8 millones 240 mil pañales que el ministerio de la Mujer hiciera durante la gestión de Ana Jara, su eventual distribución, y la desaparición masiva de parte de ese lote.

Pese a sus comprehensivas facultades (que no es lo mismo que habilidades) investigativas y a haber tenido acceso a toda la información disponible, lo logrado por la Contraloría en su investigación apenas permite responder en forma parcial a preguntas fundamentales del caso, como las siguientes:

• ¿quién ordenó, y con qué justificación, la compra de los pañales?

• Los pañales aparentemente robados: ¿fueron sustraídos o es que nunca ingresaron a los almacenes del ministerio de la Mujer?

• ¿Qué papel jugó la trasnacional Kimberly Clark en los aspectos irregulares del proceso? ¿Se benefició solamente de manera legal, o, como sucedió en el caso del Cartel de pañales , hizo también trampa?

Guías fraudulentas

Pese a sus insuficiencias investigativas, la auditoría de la Contraloría ha permitido identificar nuevos entuertos en este extraño caso de corrupción.

El primero es sobre las fechas de entrega. Del lote de pañales adquirido por el Ministerio de la Mujer al consorcio Cymed Medical-Kimberly Clark, casi el cien por ciento eran para bebés y niños (8 millones 40 mil pañales).

El contrato estipulaba que la entrega de estos pañales, debía realizarse en agosto de 2013. Sin embargo, se la reprogramó para llevarse a cabo entre l 3 de setiembre y el 10 octubre de 2013. Los pañales debían ser entregados en un almacén ubicado en el Parque Industrial, en Villa El Salvador.

Kimberly Clark, socio dominante del consorcio, entregó 45 guías de remisión que certificaban la entrega de los pañales en Villa El Salvador.

El entonces jefe de Almacén, el veterano funcionario Eloy Távara, firmó la conformidad a las guías que indicaban la cantidad y fecha de entrega de los pañales.

Pero, la Contraloría ha determinado que algunas de las guías emitidas por Kimberly Clark, y aceptadas por el ministerio de la Mujer, son fraudulentas. Sucede que buena parte de los pañales fue fabricada después de la fecha en que supuestamente ingresaron al almacén.

“(…) Se identificó pañales con fecha de fabricación desde el 29 de agosto hasta el 31 de octubre del 2013;^[1] lo que sustenta que en realidad todos los pañales no ingresaron en las fechas señaladas en tales guías de remisión, como que tampoco el contratista contaba con la cantidad total de pañales para bebes y niños en las fechas de entrega establecidas en los contratos iniciales y addendas [sic] suscritas”, refiere la investigación de la Contraloría.

En la conferencia de prensa en la que presentó la investigación, el contralor Fouad Khoury precisó que fue “un millón de pañales” los que tienen “fecha de fabricación posterior a la fecha contractual de entrega”.

Los auditores de la Contraloría detectaron ese fraude durante el conteo físico de los pañales que hicieron entre el 6 y el 17 de abril pasado, en el almacén de San Luis (donde los pañales permanecen almacenados desde febrero de 2014). El inventario se hizo como parte de las diligencias conjuntas con la Fiscalía, para determinar el faltante de pañales, que fue de alrededor de 1 millón 316 mil 434.

En diálogo telefónico con IDL-Reporteros, el funcionario que dio el visto bueno a las guías, Eloy Távara, reconoció que la entrega de pañales por Kimberly Clark no correspondía a las fechas ni a las cantidades que figuran en ellas. “Así es”, dijo. “Eso se está investigando en la Fiscalía y vamos a ser citados la próxima semana”, añadió Távara.

Cuando IDL-R le preguntó por qué dio como recibidos pañales que no ingresaron al almacén, dijo que no podía continuar con la comunicación porque “ahora estoy con mis abogados”.

Pero unas semanas antes, Távara sí que se comunicó en forma elocuente cuando presentó una resonante denuncia contra los más altos funcionarios del ministerio y contra el consorcio Cymed Medical – Kimberly Clark.

Luego de repasar las irregularidades y la improvisación que atendieron la entrega de los pañales en depósitos totalmente inadecuados, uno de los cuales “no contaba con servicios básicos como agua y desagüe, siendo los servicios higiénicos silos que desprendían olores fuertes…”, Távara terminó su reclamo indicando, con texto subrayado y en negrita que:

“… En resumen, lo que existía en papeles, difería por completo a lo que físicamente existía en el almacén, en tal sentido cualquier parte de novedad sobre la cantidad real de los pañales que se haya dado a terceros, habría sido completamente falso, más aún que no se brindaron las facilidades para hacer un conteo técnico”, conforme Távara había solicitado.

El hecho es que, a partir del descubrimiento de las guías truchas de Kimberly Clark, es legítimo preguntarse cuántos de los pañales que compró el ministerio de la Mujer ingresaron efectivamente a su almacén.

IDL-Reporteros buscó al abogado de la compañía, Enrique Ghersi, pero este indicó que los ejecutivos de la trasnacional “no van a dar ninguna [entrevista] antes de que sus representantes declaren formalmente ante las autoridades peruanas”.

A pesar de estos nuevos elementos, sin embargo, la Contraloría sostiene en su auditoría que el faltante de pañales responde a un robo masivo de los almacenes que habría ocurrido durante la gestión de Carmen Omonte, en 2014. En ese periodo, los pañales fueron trasladados del almacén de Villa El Salvador a uno en San Luis, por las condiciones deplorables en que se encontraban en el primero.

Esa afirmación se sustenta en el hecho de que pocos días antes de la salida de Ana Jara, funcionarios del área de Almacén hicieron un inventario del almacén de Villa El Salvador y no reportaron ningún faltante de pañales.

Pero, lo que la Contraloría no parece haber tomado en cuenta es que ese inventario se hizo en apenas 5 horas, por tres personas, el 18 de febrero de 2014, seis días antes de que Jara saliera del MIMP. Teniendo en cuenta que hasta ese momento apenas se había distribuido el 1% de los pañales y que, en consecuencia, había supuestamente en el almacén más de 8 millones de pañales, ese inventario resulta humanamente imposible.

Vale la pena recordar que cuando Kimberly Clark estaba por la mitad de la entrega de pañales, según información oficial, tuvo que paralizar el reparto porque el almacén de Villa El Salvador ya estaba copado. Luego, como por arte de magia el almacén aumentó en tamaño y todos los pañales ingresaron, formal y vertiginosamente.

El fraude de las guías de remisión de Kimberly Clark constituye un delito en sí mismo, pero además, ha permitido librar al consorcio Cymed Medical-Kimberly Clark del cobro de penalidades por alrededor de 522 mil 500 soles por entregar los pañales (si es que lo hicieron) fuera de las fechas estipuladas en el contrato.

¿Se perdieron en el camino?

Durante la gestión de Ana Jara solo se distribuyeron 88 mil 482 pañales, es decir, el 1 por ciento, a pesar de que estos habían sido adquiridos con un fondo extraordinario para atender a “las poblaciones vulnerables” en 2013.

Su sucesora, Carmen Omonte, entregó con dificultad 2 millones 148 mil 393 pañales.

Pero ese no ha sido el único problema relacionado al reparto de pañales. La Contraloría determinó, a partir de la verificación de las “Actas de Distribución y Recepción de Bienes de Apoyo Social”, que en algunos casos, los supuestos beneficiarios aseguran nunca haber recibido pañales y en otros, que la marca de pañales que recibieron fue “Pampers” (producida por la compañía Procter & Gamble), y no Huggies, que es la que fabrica Kimberly Clark.

Por ejemplo, sobre la entrega de pañales que el ministerio de la Mujer hiciera a la municipalidad de Yarowilca, en Huánuco, la Contraloría refirió que el municipio informó que “de acuerdo a la revisión efectuada no han encontrado la existencia de documentos que acrediten el ingreso y distribución de pañales para bebes y niños”.

En otro caso, el de la donación de pañales a la municipalidad distrital de Napo, en Loreto, la autoridad edil indicó que sí “se efectuaron las donaciones brindadas por el MIMP, en una [sic] acta de entrega, con 30 fecha setiembre [sic] 2014, incluyen 40 PAMPER talla M entre otros bienes”.

¿Adelanto de opinión?

En la conferencia de prensa con la que el contralor presentó la investigación de la Contraloría, Khoury enfatizó haber encontrado responsabilidades en varios funcionarios, entre los cuales 3 ex secretarios generales; siete ex jefes de la OGA (oficina general de administración); un director de asesoría jurídica. En total, 27 funcionarios, entre los cuales Eloy Távara y Aldo León, uno de los ex jefes de la OGA, responsabilizados.

Lo interesante es que en esa lista no figura ni uno solo de los funcionarios de la Contraloría destacados en la OCI, la oficina de control del ministerio de la Mujer.

La propia ex secretaria general de ese ministerio, Elsa Cubillas, dijo en su presentación en la comisión de Fiscalización del Congreso, que “no hubo ninguna observaciones de parte de OCI [durante el proceso de compra]. Lo que sí hubo fue observaciones de postores”. Hay que decir que Cubillas, quien trabajó varios años en la Contraloría, habla en ese respecto con conocimiento. Sin embargo, el informe de Khoury no imputa ninguna negligencia ni otro tipo de responsabilidad a los funcionarios de la contraloría en el ministerio de la Mujer.

En su intervención, Khoury dio como terminada la investigación de la Contraloría: “Estamos informando en este momento porque ya hemos concluido con la investigación. Esto no es una auditoría inconclusa, no es una auditoría que terminó hace seis meses, la hemos terminado en estos días, con la inmediatez con la que la Contraloría debe de actuar…”.

Pero, el hecho es que después de presentar la supuestamente concluida investigación, la Contraloría recién pidió la versión de la veintena de acusados (o sus ‘descargos’ como los llaman los burócratas), dándoles una semana para presentarlos.

Eso, para Aldo León, ex jefe de la OGA durante la gestión de Carmen Omonte, significa un adelanto de opinión. “Ha habido un adelanto de parte de la Contraloría. Se adelantaron y diez días después nos piden los descargos».

Según León, “Tengo que dar mis descargos el jueves. Yo creo que ha habido un adelanto de opinión. […] Cómo pueden señalarse a los responsables si estos no han presentado sus descargos”.

El problema con los adelantos de opinión, como Khoury debiera haber sabido en todo momento, es que pueden invalidar toda la investigación, incluyendo sus aciertos.

^[1] El énfasis del texto es de IDL-R.