El primer deber de un periodista es informar la verdad de hechos relevantes al mayor número de ciudadanos, para conferirles así el poder del conocimiento sobre sí, su sociedad y su destino.
Los hechos descubiertos y narrados por el periodismo de investigación no siempre son los más gratos, pero suelen ser los de mayor importancia. Muchas veces se logran gracias a la información confidencial de fuentes que ponen su seguridad en manos del o la periodista a quien entregaron su confianza junto con información valiosa.
Por eso, la protección de la confidencialidad de fuentes es de vital importancia, para el periodista antes que nadie, pero también para la sociedad dispuesta a defender su derecho a la libertad.
Ahora, una absurda disposición fiscal dentro de una descabellada “investigación” apunta a que, mediante un “levantamiento del secreto de las comunicaciones”, los detalles del trabajo de este periodista, incluyendo la identidad de sus fuentes, queden revelados.
El viernes 5 de abril pasado, junto con una respuesta legal del abogado de IDL-R, Carlos Rivera, respondí al fiscal, llamado Alcides Chinchay, con la respuesta formal y la consecuente declaración de principios con los que yo e IDL-Reporteros afrontaremos esta amenaza.
A continuación, el inequívoco documento que dirigí al fiscal Chinchay.
Declaración de Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros
He considerado necesario incluir unas observaciones, sobre aspectos que considero fundamentales, en este documento de defensa legal.
La primera que he de apuntar es la inescapable impresión sobre lo irracional y descabellado de la “investigación” del fiscal Alcides Chinchay.
No es solo una interpretación mía. Es una impresión compartida por las y los juristas de renombre internacional que han leído la disposición de Chinchay. Ninguno de los presupuestos básicos de racionalidad y razonabilidad, de verificación de versiones, de la mínima debida diligencia que debe acompañar una decisión de ese calibre, han sido tenidos en cuenta y menos respetados. Ni se diga de su más que evidente falta de motivación. Tampoco se observó ni se mencionó que varias de esas versiones ya han sido demostradas como falsas luego de ser desmentidas en forma contundente por IDL-Reporteros.
La disposición del fiscal Chinchay se sostiene sobre la base de versiones distorsionadas o falsas, les da crédito y arma sobre cimientos gaseosos una “investigación” de hipótesis acusatoria.
La defensa legal y la propia labor investigativa de IDL-Reporteros demostrarán las profundas e insalvables falacias sobre las que se basa esta “investigación”.
De hecho, toda la “investigación” tiene origen en sucesivas y groseras campañas de desinformación que un análisis mínimamente inteligente hubiera podido identificar como tales.
Por ello, y más, debo señalar el propósito hostil y destructivo de dicha “investigación” que intenta enredar en una maraña de acciones leguleyas basadas en falsedades y mentiras a los dos más destacados fiscales en la investigación del megacaso de corrupción Lava Jato y al director de IDL-Reporteros, que empezó y lideró la investigación periodística del mismo caso.
El objetivo central es socavar y destruir el mayor caso de corrupción, en Perú y Latinoamérica, revelado en este siglo. IDL-Reporteros enfrentará con energía y decisión esa ofensiva en el terreno legal y en el periodístico.
El otro aspecto, de inmediata y vital importancia, concierne a la protección de la reserva de fuentes confidenciales de información. En otras palabras, al derecho (y el deber) del secreto profesional.
Eso está ahora seriamente amenazado por la “investigación” de Chinchay. Entre las “diligencias” dispuestas por este, hay dos relacionadas entre sí, una de las cuales representa un grave peligro para el principio de reserva de fuente y secreto profesional periodístico.
En una de ellas se nos conmina a proporcionar “en un plazo de 5 días hábiles” los números telefónicos que hayamos usado entre enero de 2016 y abril de 2021.
En la segunda, Chinchay dispone “autorizar en su oportunidad el Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones [sic] de los investigados Rafael Ernesto Vela Barba, José Domingo Pérez y Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen”.
Ambas diligencias persiguen averiguar la identidad de las fuentes con las que, cada cual en su ámbito propio de acción, han tenido contacto los fiscales y el periodista.
Asumo que los fiscales sabrán defenderse. Yo, como periodista, he de responder lo siguiente:
Respecto al número telefónico que he tenido en años anteriores y mantengo hoy, no tengo ningún inconveniente en compartirlo con Chinchay y su equipo. Es un número que conocen por lo menos centenares de personas y que no guarda relación alguna con la protección o seguridad de las fuentes de IDL-Reporteros… en tanto se utilice para llamar o recibir llamadas.
Pero si la Fiscalía intenta dar el paso siguiente, de levantar el secreto de las comunicaciones, ahí las cosas toman un cariz por completo diferente. Eso pone en riesgo a las fuentes confidenciales y amenaza gravemente el derecho a la reserva de fuentes y el secreto profesional del periodismo.
Por eso, declaro con inequívoca claridad que no entregaré, ni entregará IDL-Reporteros, información alguna sobre contactos, ni llamadas ni sobre ningún aspecto que tenga relación con la práctica del secreto profesional y reserva de fuente del oficio periodístico.
No es la primera vez que la Fiscalía intenta vulnerar el derecho a la protección de confidencialidad de las fuentes. Lo intentó hacer el exfiscal supremo Rodríguez Monteza, cuando IDL-Reporteros inició la serie de publicaciones del caso CNMAudios (o Lava Juez). IDL-R rechazó, por supuesto, la amenazante intimación de Rodríguez Monteza, quien luego resultó implicado y comprometido en el caso que quiso encubrir.
Como, menos mal, la Fiscalía no puede hacer por su cuenta lo que le venga en gana con relación al levantamiento del secreto de las comunicaciones y la protección de fuentes, sino que necesita por lo menos la aprobación de un juez, puede tener la seguridad de que defenderemos con toda energía los principios básicos de secreto profesional, consagrados por nuestra Constitución, por tratados internacionales y por los aspectos esenciales que guían y definen a toda nación democrática. Eso quiere decir que defenderemos la ley contra quienes intentan quebrantarla.
Pase lo que pase, no entregaremos la información confiada a nosotros por fuentes, en la relación de confianza sin la cual no existe el periodismo de investigación y ni siquiera el periodismo libre.
Al hacerlo, obedeceremos el mandato de las leyes, de la Constitución y de los tratados internacionales pero sobre todo de los deberes supremos del periodismo y de la libertad.