Guerras fiscales

Foto
Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. (Fotos: Andina y RPP)

Por César Prado.-

El 13 de diciembre del año pasado –luego de haber destituido  por “faltas éticas muy graves” a los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos, Tomás Gálvez Villegas, Víctor Rodríguez Monteza y Luis Arce Córdova–, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a concurso para cubrir dos de las cuatro plazas vacantes en la Junta de Fiscales Supremos.

La elección de los dos nuevos fiscales supremos supondrá una nueva correlación de fuerzas, decisiva para la elección del próximo fiscal de la Nación. 

Como se sabe, a fines de marzo pasado, Pablo Sánchez asumió dicho cargo de forma interina al no existir el quórum necesario para llevar a cabo una elección. 

Desde entonces, Sánchez ha tomado decisiones que contradicen o modifican las de su antecesora en el cargo, Zoraida Ávalos. 

El 5 de mayo, Sánchez abrió una investigación preliminar contra el exministro de Transportes Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular (AP) apodados “Los Niños”. 

Ello tuvo como base un informe de la fiscal Luz Taquire, quien investiga los posibles actos de corrupción en el contrato de la obra Puente Tarata III. Ayer, el Fiscal de la Nación solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 36 meses para el exministro Silva y de nueve meses para los congresistas de AP.

 

El Presidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes Juan Silva (Foto: RPP)

 

Según fuentes de IDL-Reporteros, Sánchez también ha decidido abrir una investigación contra el presidente Pedro Castillo, luego de “debates jurídicos” con los integrantes de su equipo. 

Las decisiones y la gestión del fiscal de la  Nación interino ocurren en un ambiente de intriga, inquina y confrontación dentro del Ministerio Público, que incluye por cierto a los fiscales supremos.

Esas confrontaciones no ocurren, por lo menos ahora, en forma directa sino por el camino sinuoso de fiscales de menor rango.  

Hace pocos días, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia formalizó una investigación por una consultoría en comunicaciones que la empresa Chisac brindó a la Fiscalía en 2018, cuando Sánchez era fiscal de la Nación. 

Sobre esa investigación y los patentes abusos perpetrados hasta ahora, IDL-R publicó un reportaje el pasado 12 de enero que se puede leer aquí.

La investigación de Abia empezó, en realidad, el año pasado, cuando la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, determinó archivar una denuncia por esa consultoría contra Sánchez, pero hizo derivar el caso de las otras personas comprendidas en la consultoría al fiscal Abia. 

En el documento que formaliza la investigación, Abia menciona de manera esquinada a Sánchez, a quien no puede investigar por cuestión de rango. 

Sin embargo, Abia se las arregló para escribir que:

 

 

Es decir, Abia informa que ha averiguado hechos sobre Pablo Sánchez que pueden conducir a que se reactive su archivada investigación. Así, la fiscal suprema a la que le toque decidir (Zoraida Ávalos, la más antigua) tendrá la justificación para sostener que procede con base en nuevos hechos que la obligan a actuar

En la Fiscalía de la Nación de estos tiempos, la línea más corta entre dos puntos es la curva.

Pablo Sánchez se encuentra ahora en medio de un proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Tiene ahí una investigación en curso por haber recibido entradas de cortesía del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, en 2017. 

Zoraida Ávalos se encuentra también dentro del mismo proceso de ratificación. De acuerdo con fuentes de la JNJ, también enfrenta investigaciones disciplinarias en curso.

Es en ese contexto en el que la JNJ elegirá a dos nuevos fiscales supremos. En el antagónico empate de fuerzas que existe hoy, el resultado de la elección de los fiscales supremos determinará el balance de fuerzas y, en buena medida, el curso que tomará la Fiscalía de la Nación en estos tiempos no recios sino turbios.

 

Pleno de la Junta Nacional de Justicia. (Foto: Revista Ideele)

 

La elección de la fiscal Delia Espinoza, por ejemplo, fortalecería la posición de Zoraida Ávalos. Fue esta quien designó a Espinoza como fiscal suprema provisional en diciembre pasado.

Espinoza no solo es cercana a Ávalos sino opuesta a Pablo Sánchez. Aunque la vida, como aprendió Pedro Navaja, da sorpresas, lo más probable es que, de ser elegida, Espinoza vote en sintonía con Ávalos. 

Pablo Sánchez, por su parte, podría ser más cercano a Patricia Benavides, otra de las aspirantes a la Suprema. Benavides es fiscal suprema provisional desde 2011 y está asignada como adjunta a la Fiscalía de la Nación, por lo que ha trabajado de cerca con casi todos los magistrados que pasaron por el puesto en la última década.  

Una tercera candidata con algunas posibilidades es Gianina Tapia, fiscal adjunta suprema titular en la Fiscalía Suprema de Familia. Tapia es cercana a Pedro Chávarry, quien a su turno lo es con la congresista de APP y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz. 

Echaíz se ha dedicado con ahínco a tratar de desmontar los logros de la lucha anticorrupción, sobre todo los del Equipo Especial del caso Lava Jato.

La ex fiscal de la Nación fue una de las pocas personas que apoyó a Chavarry cuando éste ordenó la salida de Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato a fines de 2018. Ahora, desde la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso, impulsa un proyecto de ley para poner límites invalidantes a la figura de la colaboración eficaz. 

Las tres fiscales: Benavides, Espinoza y Tapia figuran en las primeras posiciones del concurso organizado por la JNJ. Los resultados finales se conocerán el 31 de mayo. 

El concurso tiene cuatro etapas. A la prueba de conocimientos del 27 de marzo se presentaron 20 postulantes; solo 14 la aprobaron. Luego de la evaluación curricular quedaron 13. Después de que a cada postulante se le asignó un caso para resolver y exponer ante el Pleno, sobrevivieron 12.

 

El caso y los casos de Delia Espinoza

 

Espinoza ha ido de menos a más en la competencia de la JNJ. Obtuvo 75/100 puntos en la evaluación de conocimientos, pero escaló posiciones en la evaluación curricular (98/100) y en el estudio de caso (91/100). 

 

Fiscal suprema provisional Delia Espinoza (foto: GEC)

 

Es probable que en la evaluación curricular haya pesado el grado de magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo que Espinoza obtuvo el año pasado. 

Sin embargo, la tesis de grado de 47 páginas (sin contar anexos), que IDL-R pudo revisar, es un amasijo de citas y entrevistas al personal del Ministerio Público sobre su trabajo durante la pandemia. El rigor académico, queda claro al leer la tesis, no es el fuerte ni de Espinoza ni de la Universidad César Vallejo. 

¿Cómo fue su desempeño fiscal? Veamos.

En 2015, la fiscal Marita Barreto denunció a Delia Espinoza por, según Barreto, inmiscuirse en su investigación contra Rodolfo Orellana. En respaldo de su acusación, Barreto presentó una anotación con el nombre de Espinoza en un documento incautado a la red vinculada al tráfico de terrenos. 

 

Fiscal Marita Barreto (foto: Perú 21)

 

Han pasado siete años, pero el hecho vuelve a tener relevancia por las vueltas que da la vida. 

Espinoza es la fiscal que en estos días deberá decidir si admite o no una denuncia presentada por Orellana en contra de Barreto. Hasta ahora la fiscal se ha mantenido en silencio sobre el tema. 

En su larga carrera en la Fiscalía, Espinoza ha ocupado un par de cargos de importancia. En 2009, con Gladys Echaíz a la cabeza del Ministerio Público, Espinoza asumió la coordinación de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

Se mantuvo en el puesto hasta 2012, cuando Echaíz fue reemplazada por José Peláez Bardales.  

Espinoza pasó entonces a la Tercera Fiscalía Penal de Lima y en ese puesto fue la fiscal encargada de acusar a Vladimiro Montesinos y a los exintegrantes del Grupo Colina por el secuestro, tortura y asesinato de la agente del Ejército Mariella Barreto Riofano. 

El mismo año, Espinoza asumió la investigación del caso Petroaudios, que fue entonces el mayor escándalo de corrupción del segundo gobierno aprista. La actuación de la fiscal en ambos casos fue, de acuerdo con los indicios, deficiente. Según informó el diario La República, Control Interno de la Fiscalía le abrió una investigación por retrasos que amenazaron la prosecución del caso. 

Pese a ello, en su primera gestión como fiscal de la Nación, Pablo Sánchez convocó a Espinoza para que asumiera la Primera Fiscalía Superior de Lavado de Activos. La designó, además, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. 

Sin embargo, a poco de asumir el cargo, en enero de 2015, tuvo una confrontación con el fiscal de la Nación por el notorio caso Sánchez Paredes. 

En marzo de 2014, los jueces del Colegiado D de la Sala Penal Nacional remitieron el expediente del caso a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. 

Los jueces consideraron que había suficientes elementos de prueba para llevar el caso Sánchez Paredes a juicio oral.

Para ello era necesario que la Fiscalía acuse a los cinco imputados. El titular de la Segunda Fiscalía Penal era entonces Pablo Sánchez, de modo que fue él quien se encargó de examinar el caso.

 

Fiscal de la Nación Pablo Sánchez (foto: Andina)

 

A fines de 2014, Sánchez ya había tomado la decisión de acusar a los Sánchez Paredes. El trámite regular de la acusación indicaba que quien debía hacerlo era la encargada del caso: la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, donde estaba la recién nombrada fiscal Delia Espinoza. 

La disposición de Sánchez era acusar a los imputados en el más corto plazo. Pero entonces, la fiscal Espinoza dijo que precisaba revisar los 1,325 tomos de la investigación. La decisión de Espinoza molestó a Pablo Sánchez, dado que el caso llevaba más de cuatro años entre idas y vueltas sin resolución.

Espinoza defendió su criterio tiempo después. “Mi decisión busca fortalecer el caso para garantizar que el total de pruebas y todos los delitos que han sido encontrados sean juzgados de manera integral y con el éxito que se espera”, dijo. 

Pero esa no fue la única controversia que protagonizó Espinoza en ese tiempo. 

El 24 de marzo de 2015, la fiscal Marita Barreto envió una carta al fiscal de la Nación denunciando el inusual interés que su superior, Delia Espinoza, venía mostrando por el caso Orellana. Según dijo, Espinoza asistía a las audiencias de prisión preventiva y había dispuesto el cambio del equipo de peritos a cargo de la investigación.

 

 

Barreto acusó además a Espinoza de compartir un video de la investigación con la Policía sin su permiso; y por haber solicitado que todos los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la red Orellana fueran remitidos a su despacho, antes que al de Barreto. 

 

 

¿A qué atribuir el interés de Espinoza por el caso Orellana? En su denuncia, Barreto adjuntó una anotación con el nombre de Delia Espinoza en un documento incautado en la investigación Orellana. Era una libreta del expresidente de Alianza Lima, Guillermo “Pocho” Alarcón. 

 

Expresidente de Alianza Lima Guillermo “Pocho” Alarcón. (Foto: La República)

 

Alarcón, quien fue detenido a inicios de 2015, fue acusado de participar en un contrato fraudulento entre el Gobierno Regional de Arequipa y una empresa vinculada a Orellana. La policía allanó su domicilio y retuvo una de sus libretas. El nombre de Espinoza figuraba ahí, junto a un número de expediente.

El expediente tenía que ver con una investigación a Alarcón que fue archivada por la Segunda Fiscalía Penal de Lima. Espinoza, quien venía de ocupar ese puesto, rechazó cualquier vínculo. En entrevista a La Mula, dijo que el archivo se había producido entre 2012 y 2013, mucho antes de que ella llegase al puesto. 

La fiscal admitió, en cambio, que en 2014 accedió a borrar el nombre de uno de los investigados del sistema electrónico de denuncias, por tratarse de un simple trámite administrativo. 

Luego de las imputaciones y defensas, Espinoza fue separada de la coordinación de Lavado de Activos por orden de Pablo Sánchez el 27 de marzo de 2015. 

 

 

 

Rafael Vela sustituyó a Espinoza en la coordinación y Frank Almanza se puso al frente del caso Sánchez Paredes. Antes de que el segundo cambio se hiciera efectivo, sin embargo, Espinoza remitió a la Sala Penal Nacional una resolución en la que indicaba que el caso Sánchez Paredes debía ser subsanado en parte. 

En la práctica, esto suponía retornar la investigación a su fase inicial, es decir, al estado en que se encontraba en 2010. El Poder Judicial rechazó la resolución de Espinoza.

La confrontación no terminó ahí. Cinco días después de ser relevada, Espinoza convocó a una Junta Extraordinaria de Fiscales Superiores en la que, según el diario Correo, promovió una rebelión en contra de Pablo Sánchez. 

En dicha reunión, Espinoza habría afirmado que el fiscal de la Nación “estaba dañando a la institución al remover a fiscales independientes para poner a sus allegados en puestos claves con el propósito de manipularlos”, hecho que, a su juicio, debía ser denunciado públicamente ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Espinoza negó los hechos, pero fue investigada en la Fiscalía de Control Interno por su presunta intromisión en el caso Orellana. No se conoce el resultado de esa indagación. 

Luego de transitar por algunas fiscalías penales, a fines de 2021 Espinoza fue promovida, tal cual queda dicho, como fiscal suprema provisional por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. A partir de entonces, Espinoza es la titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. 

¿Qué ocurrió con Marita Barreto y su investigación al clan Orellana? Luego de las disputas con Espinoza, Barreto fue ratificada en su cargo y en 2019 presentó la acusación contra Orellana y su red de testaferros, para los que pidió 35 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.   

Un par de meses después, Barreto remitió a la Fiscalía de la Nación una lista con los nombres de 16 jueces y 5 fiscales que figuraban en las planillas de Orellana. La red había penetrado el sistema de justicia para evitar que las investigaciones en su contra prosperen o para convalidar la compra de inmuebles con documentos falsos.

 

Rodolfo Orellana. (Foto: Perú21)

 

Orellana, por su lado, recibió una condena de diez años por estafa, falsificación de documentos y fraude procesal. Se encuentra recluido en el penal de Yanamayo (Puno). Desde ahí, el abogado no ha dejado de accionar recursos en contra de los jueces y fiscales que intervienen en sus casos, para lo cual ha creado la Asociación por los Derechos de los Reclusos (Apoder).

Aunque la mayoría de denuncias de Apoder van directamente al archivo, existe una sobre la cual todavía no hay una decisión definitiva. A inicios de este año, el abogado Jack Miller Pérez Arévalo, representante de Apoder, interpuso una denuncia contra la fiscal Marita Barreto y su adjunto Telmo Zavala. 

Pérez los acusaba de ser los autores de una persecución en contra de Rodolfo Orellana, quien aún se encuentra incluido en ocho carpetas a cargo de la fiscal Barreto. A juicio de Pérez, ambos deben ser investigados por los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, omisión de denuncia, banda criminal, fraude procesal, encubrimiento personal, falsedad ideológica, falsificación de documentos y usurpación de función pública.

 

 

La denuncia fue a parar al despacho del fiscal Frank Almanza, quien desde 2019 tiene el encargo de investigar los delitos de función de jueces y fiscales. Como era de presumir, luego de analizar el caso el 11 de febrero de este año, Almanza archivó los delitos de función (abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y omisión de denuncia) y derivó el caso a otra fiscalía para que se pronunciara sobre el resto de imputaciones. 

Poco tiempo después, el 22 de febrero, la fiscal Claudia Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima, archivó la denuncia respecto de los otros delitos. 

Pérez no se dio por vencido y el 7 de marzo de este año presentó un recurso de elevación de actuados (una suerte de apelación) ante el despacho de Almanza con el propósito de que su denuncia fuera vista por una instancia superior en la Fiscalía Suprema. 

¿Quién estaba ahí? Desde fines de 2021 Delia Espinoza fue promovida a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Así que ahora le corresponde a ella definir si admite o no la denuncia contra Barreto. El caso llegó a sus manos, en medio del concurso de la JNJ, el 27 de abril.

Pese a que la denuncia de Pérez, como es fácil comprobar, es de las que se caen solas, Espinoza no se ha manifestado sobre el tema en casi un mes. Personas cercanas al pensamiento de Marita Barreto opinaron que, dados los antecedentes de confrontación entre ambas fiscales, Espinoza debería inhibirse de ver la denuncia.

La fiscal Espinoza no quiso responder a los mensajes que le envió IDL-R. Su entrevista personal en la JNJ está programada para el 30 de mayo y equivale al 30% de la nota final, lo que la hace decisiva. 

 

Publicado el viernes 27 de mayo, 2022 a las 1:20 | RSS 2.0.
Última actualización el miércoles 08 de junio, 2022 a las 21:01

Deje un comentario

Web por: Frederick Corazao

Untitled Document