Allanamientos

Toda investigación, en cualquier campo de la actividad humana, lleva el mismo objetivo: averiguar la verdad de determinados hechos. Es igual en microbiología y en paleontología; en historiografía y en toxicología; en física y en criminalística; en el ámbito químico y en el ámbito penal.

La averiguación ocurre a través de procesos muy variados pero con ciertas reglas básicas que expresan las preguntas: ¿qué quiero saber?, ¿qué conozco ya?, ¿qué desconozco todavía?, ¿qué se daba por conocido y debo ahora revisar?, ¿cómo organizo el proceso de buscar la información que me falta?, ¿cómo compruebo la que obtengo?

Suena a perogrullo, ¿verdad? El agua moja; los golpes duelen… pero en sociedades donde el desquiciamiento suele acompañar a la corrupción, donde una apariencia de verdad es el aderezo de la mentira, lo que se presenta como investigación bien puede ser el precario disfraz de un abuso.

Eso es lo que sucedió con los aparatosos allanamientos que realizó en la madrugada del sábado pasado, ocho de enero, un numeroso grupo de fiscales y policías bajo las órdenes operativas del rimbombante Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

Pedro Salinas, autor de “Mitad monjes, mitad soldados”, el libro fundamental que inició la cadena de revelaciones sobre el Sodalicio, vive en el campo, en Mala. Hasta ahí llegaron por lo menos cinco autos con policías y fiscales a las 4:30 de la mañana a allanar la casa de Salinas.

Aquí pueden ver cómo se produjo la llegada y la irrupción.

A la misma hora, en Pueblo Libre, otro nutrido grupo de fiscales y policías golpeó puertas en el edificio donde estaba hospedada Janett Talavera, la ex encargada de prensa de la Fiscalía de la Nación (bajo la gestión de Pablo Sánchez) y que hoy es asesora de comunicaciones y prensa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

Ese no era el domicilio de Talavera, que pasaba unas semanas en el departamento de una amiga debido a trabajos de remodelación en su vivienda. Pero había sido vigilada en secreto durante varios días. Los policías, sin embargo, conocían el edificio pero no el departamento, así que golpearon varias puertas y obligaron a los asustados vecinos a abrirles. En el proceso ubicaron a Talavera.

A la vez se ejecutaron otros allanamientos en las casas de dos exfuncionarios del Ministerio Público: Jorge Luis Palomino y Carlos Vargas Hidalgo.

El allanamiento de la casa de Salinas –bajo las órdenes directas del fiscal Eddy Elías Moscoso, subordinado al despacho del fiscal provincial Reynaldo Abia– duró cinco horas, durante los cuales este, su novia y su hija permanecieron incomunicados. Las computadoras y los teléfonos de los tres fueron revisados. La casa fue registrada, recoveco tras recoveco, libro tras libro. Al final se llevaron incautado el teléfono celular de Salinas. Su computadora, que está empotrada y asegurada con un cable, se libró del secuestro.

En el caso de Talavera, los teléfonos y las computadoras de todas las personas que se encontraban en el departamento de Pueblo Libre, fueron revisados, bajo las órdenes del fiscal a cargo del allanamiento, Víctor Andrés Vidal. El celular y la computadora de Talavera fueron incautados.

Durante el registro, el fiscal a cargo del caso, Reynaldo Abia, llegó al departamento de Pueblo Libre. Cuando Talavera, que lo conoce bien, le preguntó por la razón del desmedido operativo, Abia le respondió que se trataba de órdenes “de arriba”, que había una investigación originada en el despacho de la fiscal de la Nación, en la que se había encontrado signos de posible colusión y se le había encomendado investigar a quienes resulten responsables.

El día lunes, cuando las protestas por los abusos y sus posibles razones de fondo ya crecían en volumen, Abia salió a justificar el operativo. Nada tenía que ver con el caso del Sodalicio, afirmó. Se trataba, dijo, de una denuncia por “la presunta falsedad genérica de unos documentos, que habrían sido empleados para simular la prestación de un servicio ante la Gerencia de Imagen Institucional del Ministerio Público”, entre diciembre de 2017 y enero de 2018.

Lo que sucede, dijo, es que “…independientemente de quienes son los imputados y de los cargos que ocupen… para el Ministerio Público todos los ciudadanos son iguales […] lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que acá no hay intocables”.

Abia es el fiscal que, en noviembre de 2019, archivó la “investigación preliminar contra los asesores y personal policial que estaba encargado de la seguridad del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry”, según reportó RPP en esa fecha. Abia dispuso que no se formalice la investigación preparatoria por el ilegal deslacrado de las oficinas de Chávarry.

Si para Abia “no hay intocables”, parece que algunos son menos tocables que otros.

Y otros más no solo resultan tocables sino abusables.

El arte de la investigación

Los allanamientos del sábado movilizaron a decenas de fiscales y policías, con irrupciones sorpresivas en plena madrugada, con todos los riesgos tácticos que ello entraña (ser confundidos con una banda de asaltantes enfundados en chalecos policiales, como ya ha sucedido en Mala, por ejemplo), bajo el supuesto razonamiento de que ello previene el ocultamiento o la desaparición de pruebas de gran valor investigativo.

No solo hubo la movilización masiva de recursos para el shock de una acción sorpresiva, amplificado por la nocturnidad, sino que esta tuvo el prólogo de un despliegue significativo en recursos de inteligencia para vigilar subrepticiamente a los objetivos de la acción.

La disposición fiscal de Abia ordenó a la División de Búsqueda de la DIGIMIN (Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior) el seguimiento secreto de los investigados a quienes en los hechos se investigó como si fueran figuras importantes del crimen organizado:

Se movilizó a la Digimin, a la Policía anticorrupción, a los fiscales, a una flota de vehículos, en el tipo de acción que sería explicable si se tratara de dirigentes de una peligrosa organización criminal en contacto con o producción de pruebas de delitos graves y cuantiosos que, de otra manera, se hubieran ocultado, eliminado o destruido.

Lo único que faltó fue movilizar a la División Blindada o a los drones de la FAP.

¿Para investigar qué, para obtener qué?

Para investigar una asesoría en prensa y comunicaciones que hizo Chisac, la empresa de relaciones públicas de la que Salinas era socio, al fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez.

Ello ocurrió a fines de 2017 y comienzos de 2018. Como se recuerda, o debiera recordarse, en esa época las investigaciones de la Fiscalía de la Nación sobre el caso Lava Jato recién tomaban cuerpo (mientras que en el ámbito del periodismo de investigación IDL-Reporteros, hay que decirlo, ya había avanzado mucho en el tema).

En noviembre de 2017, el Congreso controlado por el fujimorismo entabló una denuncia constitucional, a través del entonces fujimorista Daniel Salaverry, contra el fiscal Pablo Sánchez con el típico travestismo de conceptos, de “grave omisión funcional en la lucha anticorrupción”. Sánchez percibió, como era el caso, que se trataba de una grave amenaza escudada en la desinformación.

Para intentar contrarrestar ese efecto, la Fiscalía, por indicación de Sánchez efectuó una contratación directa (es decir, sin concurso, por ser un monto relativamente menor, que no lo exigía) a Chisac para que llevara a cabo una “asesoría comunicacional” que entre otras cosas organizara conversaciones con periodistas conocidos para explicarles las acciones de la fiscalía en el caso Lava Jato.

El monto que se pagó por esa corta consultoría fue de 17 mil soles. Ello ocurrió entre fines de noviembre de 2017 y enero de 2018.

La investigación actual, que dirige Abia, en la que ya se ha gastado montos muy superiores a los 17 mil que se pagó entonces, busca revelar una supuesta colusión entre contratadores y contratados, para simular servicios que no se prestaron. Los sospechosos son las personas cuyas casas se allanó el sábado pasado “porque aquí no hay intocables”.

Es decir, que la cutra (o la cutrilla más bien, habida cuenta del monto) habría sido organizada entre Pedro Salinas de un lado y Janett Talavera, junto con dos funcionarios de nivel gerencial en el Ministerio Público, del otro. El botín habría sido todo o parte de los 17 mil soles del contrato.

Y eso fue lo que Abia y sus fiscales se lanzaron a investigar con los aparatosos allanamientos del sábado.

Empezamos esta nota describiendo las reglas básicas de toda investigación. Uno busca conocer lo que no sabe todavía y para hacerlo elige primero los caminos más sensatos, directos y económicos (en tiempo, esfuerzo y recursos).

¿Se produjo la contratación directa o no? Si fue así, ¿quién la decidió?

En una resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de mayo de 2021, se menciona con detalle el documento que dio origen al contrato.

La funcionaria Ana María Velarde, de la secretaría general, escribe a Talavera, “por especial encargo del señor fiscal de la Nación para que adoptes las acciones necesarias para reforzar la estrategia de comunicación del MP (Ministerio Público) con relación a la denuncia constitucional presentada contra el fiscal de la Nación”.

Pero, la resolución firmada por Zoraida Ávalos efectúa luego la siguiente contorsión lógica:

Es decir, dado que no hay papel firmado por Sánchez, la responsabilidad no es suya. “Papelito manda”, ¿verdad?

¿Pero quizá Pablo Sánchez podría saber algo sobre “su especial encargo”: cómo lo decidió, quién lo hizo, a quién delegó la misión?

¿A alguien se le ocurrió preguntarle eso a Sánchez? No. Nadie, desde Zoraida Ávalos hasta Abia, le preguntó nada sobre el tema. Es decir, ¡se movilizó a la Digimin, pero no se le preguntó nada a quien tenía la respuesta! ¡Y que trabaja en la misma institución!

¿Cómo se gestionó el contrato? ¿Alguien le preguntó a Salinas o a su entonces socio y actual dueño de Chisac, Freddy Chirinos, con quién lo gestionaron, qué papeles o documentos, o recuerdos documentables, tenían para registrarlo, describirlo y explicarlo?

Pese a saber que hoy no hay compañía medianamente seria que no tenga archivos prolijos, nadie le preguntó nada a Freddy Chirinos. Y a Salinas fueron a incautarle las cosas a la mala. Nada que preguntar, mucho que capturar… aunque lo que se incautó no tuviera nada que ver con lo investigado.

¿Tenía algo que contar Pablo Sánchez, conocía el tema?¿Tenía documentos que mostrar Freddy Chirinos? Por supuesto que sí. ¿Se cumplió con el paso básico que conoce todo aquel que ha aprendido algo en la vida: preguntar primero? Nada de nada.

¿Había documentos con información importante para comprender el tema? Había muchos. Aquí les presentamos una apretada selección.

¿Con quién negoció la gente de Chisac? Con Alejandro, ‘Jano’, Silva, asesor del despacho de Pablo Sánchez, en representación de este.

Por eso, Chisac le dirigió a él su propuesta de servicios el 28 de noviembre de 2017.

Como se ve, dentro de los términos de la llamada “asesoría comunicacional”, la propuesta suponía establecer un contacto directo con buen número de periodistas conocidos. Se trata de la estrategia estándar en ese tipo de asesorías, cuyo mayor o menor éxito depende de la confianza o empatía del asesor con los periodistas.

Además, Chisac preparó una ayuda memoria con argumentos para Pablo Sánchez ante la acusación presentada por Fuerza Popular, a través de Salaverry. La ayuda memoria se remitió el 7 de diciembre, según este correo electrónico.

Junto con ello, hubo reuniones del fiscal de la Nación con periodistas. La del 13 de diciembre se llevó a cabo en el Club Empresarial de San Isidro, a la una de la tarde. Hubo invitados que no aceptaron ir –como Rosa María Palacios– y otros que sí, desde José Alejandro Godoy hasta César Campos.

Un día antes, el 12 de diciembre, hubo un “almuerzo informativo” [sic] en el mismo club empresarial. En ambos eventos participó el fiscal Superior Rafael Vela, quien entonces no había conformado todavía el Equipo Especial para el caso Lava Jato, pero tenía el puesto de fiscal Superior a cargo de la investigación de lavado de activos.

Aparte de su ya entonces conocida elocuencia, – en contrapunto a las exposiciones más bien cansinas de Pablo Sánchez– la razón principal de la presencia de Vela obedecía a la necesidad de explicar el trasfondo de una situación crecientemente tensa y dramática.

La acusación constitucional contra Pablo Sánchez fue presentada por Daniel Salaverry el 6 de noviembre de 2017; el 20 de noviembre la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, declaró procedente la denuncia de Salaverry y otra presentada por Yeni Vilcatoma. Pero, el 7 de diciembre de ese año, el fiscal José Domingo Pérez allanó los locales de Fuerza Popular en busca de documentos para su investigación sobre lavado de dinero. El entonces poderoso y prepotente fujimorismo reaccionó con furia. En ese contexto se producen las reuniones del 12 y 13 de diciembre en el Club Empresarial.

Fuera por la presión de un ambiente de crisis o por cualquier otra razón en la consultoría de Chisac hubo por lo menos un caso de desprolijidad y descuido. Yo fui invitado por Salinas, por correo electrónico, a participar en la reunión del miércoles 13 de diciembre. Me encontraba en Brasil, y le respondí eso a Pedro.

Sin embargo, en el “informe de acciones” que remitió el funcionario de Chisac, Luis Pareja a Janett Talavera, el 12 de enero de 2018, consignó falsamente que su agencia “coordinó una entrevista entre el Sr. Fiscal de la Nación, D. Pablo Sánchez y el periodista de investigación; Sr. Gustavo Gorriti”.

Este martes 11 de enero, en su columna en La Mula, Pedro Salinas mencionó que esa afirmación no fue correcta y que se trató de un “lamentable error”. Así es.

Quizá no haya sido el único en un proceso que tuvo mucho de improvisado frente a lo que el entonces fiscal de la Nación y su asesor principal percibían, con razón, como un peligro serio e inminente.

El hecho concreto, respaldado por papeles y testimonios múltiples, es que ante la percepción de una emergencia, el entonces fiscal de la Nación aprobó que se hiciera una contratación directa, dentro de lo permitido por la ley. Es un hecho también que la asesoría se dio y que se llevaron a cabo por lo menos dos reuniones con periodistas, opinólogos y afines, además de otras actividades y consejos quizá útiles.

Dadas esas comprobadas actividades y el monto más bien modesto que se pagó por ellas, sugerir o afirmar una colusión es más que ridículo.

A la vez, forzar una investigación (la palabra “empapelamiento” la describe mejor) que probablemente ha costado hasta hoy más de diez veces el monto cuestionado resulta ya no solo grotesco sino sospechoso.

¿Qué papeles sobre una actividad de esa naturaleza pensaban encontrar, espionaje y allanamientos mediante, cuatro años y una pandemia después? ¿Cuál fue el motivo de todo el reglaje cuando con solo pedirlos hubieran podido conseguir todos los documentos que esa gestión produjo, que incluso les hubiera ayudado a trabajar una investigación sobre la base de ese conocimiento?

¿Cómo es posible que no hayan preguntado nada a Pablo Sánchez, a Alejandro Silva, a Freddy Chirinos? ¿Averiguaron o no con los asistentes si las reuniones se dieron o no? ¿Puede un fiscal anticorrupción, un fiscal de investigación actuar como si lo que no está en los papeles dentro de un archivo dado, no existe?

Uno ve el curso de ese proceso y sorprende la combinación de miopía e implícita mala intención. Desde su origen.

El asunto empezó con una denuncia hecha por Edgardo Palomino Martínez en 2018, contra Freddy Chirinos y Pedro Salinas por presunta “falsedad genérica”. Palomino es uno de los acosadores judiciales contumaces que tienen Salinas y Paola Ugaz desde la publicación de “Mitad monjes, mitad soldados” (otro es, por ejemplo, Luciano Revoredo). Palomino, para mayor referencia, fue candidato a congresista en la lista de Rafael López Aliaga.

La denuncia fue desestimada por la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima, pero como se incluía dentro de ella a Pablo Sánchez, esa fiscalía remitió copias del caso a la Fiscal de la Nación, la única que puede investigar a un ex FN.

La denuncia de Palomino mezclaba la contratación de Chisac con la investigación de Salinas y Ugaz sobre el Sodalicio ; y a partir de lo uno intentó probar culpa en lo otro.

Ya en el despacho de la fiscal de la Nación, la “investigación” que realizó un fiscal por encargo de Zoraida Ávalos, y que esta firmó, deja de lado los hechos y se concentra solo en los papeles firmados de acuerdo con la jerarquía específica del funcionario. Así, como no figura la firma de Pablo Sánchez ni ningún encargo explícito suyo para contratar con Chisac, se lo saca de la investigación y se concentran en la funcionaria de mayor rango formal (entonces) en cuestiones de prensa: Janett Talavera. Y terminan, para todo propósito práctico, cargándole la responsabilidad por algo en lo que apenas tuvo una participación secundaria, cumpliendo las órdenes que recibió.

El documento que firma Zoraida Ávalos se concentra en la investigación papeluchera e ignora por completo las circunstancias reales. Sin rubor alguno, afirma lo siguiente:

Y luego:

Con lo cual le pasaron el caso a Abia, de esta manera:

A Ávalos no se le ocurrió en algún momento levantar el teléfono con un “¿aló, Pablo?” para preguntar lo que hubiera aclarado el asunto y ahorrado no solo ridículos gastos y aparatosos despliegues, sino, sobre todo, abusos e injusticias.

Pero lo más probable es que haya habido la intención de llevar las cosas a ese estado. Por los conflictos internos en el Ministerio Público que ocupan las mayores energías de los fiscales de alto rango, en sinfonías de mezquindades, venganzas disfrazadas y empapelamientos venenosos.

Abia parece haber entendido que era el momento de sacar la artillería reservada para los grandes casos de criminalidad; y eso fue lo que hizo, perpetrando no solo un abuso sino oscureciendo casi del todo la investigación.

¿Hubo otra razón o no? Puede que sí. Todos los que participaron en ese despropósito debieron saber que no había nada que encontrar respecto del caso en investigación… pero que incautar los celulares y computadoras de Salinas y Talavera podía proporcionar un importante botín de inteligencia. Salinas está terminando un libro sobre el Sodalicio, que inquieta y enfurece a priori a varios que se alucinan personajes en él. Talavera, por su parte, además de su trabajo previo con Pablo Sanchez, es colaboradora muy cercana, en asuntos de prensa, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, un magistrado odiado por la ultraderecha.

La grotesca parodia de investigación llevada a cabo por el fiscal Abia –bajo el impulso inicial del grupo que rodea a Zoraida Ávalos, y de esta también– ha perpetrado un abuso que puede continuar y agravarse si la Junta Nacional de Justicia no toma pronto conocimiento y cartas en el asunto. Hoy por hoy, es un caso de estudio sobre cómo no debe hacerse una investigación.