La lucha contra el hambre se encuentra en un punto de inflexión. Hace seis semanas se creó el programa temporal Hambre Cero; en cinco semanas son las elecciones presidenciales. Entre febrero y marzo, el número de ollas comunes ha escalado de 1600 a 2000, a razón de 100 nuevas ollas semanales, y la cifra de beneficiarios registrados en la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana ha aumentado de 170 mil a 200 mil, sin contar el Callao y el resto del país. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es el ente rector de la política contra el hambre. No es el único –Agricultura, Salud, Vivienda, Defensa Civil son algunos de los otros también involucrados–, pero sí el principal. La ministra Silvana Vargas tiene ante sí una oportunidad tan grande como grande es la responsabilidad. Y poco tiempo.
Las jurisdicciones electorales se han convertido en coto de caza. Los municipios distritales, en maquinarias de propaganda partidaria. Las ollas comunes, en reservorio de votos. El hambre, en factor de coacción.
En San Juan de Lurigancho, la esposa del alcalde Alex Gonzales, la abogada Flor de María Hurtado, quien lidera la lista al Congreso de Perú Patria Segura, repartió los víveres de Qali Warma el 21 de diciembre pasado, como se observa en el video, en la víspera de la inscripción oficial de las listas parlamentarias. Los candidatos tienen prohibido entregar donaciones, dádivas o regalos. San Juan de Lurigancho recibió alrededor de 700 toneladas de alimentos del programa Qali Warma el último trimestre del 2020., y no precisamente para que la candidata de PSS se coma los jamones.
Qali Warma también entregó el mismo volumen de víveres en los distritos de Ate- Vitarte y Carabayllo. El alcalde de Carabayllo es de Alianza por el Progreso (APP). El burgomaestre de Ate-Vitarte es de Acción Popular (¿Lescano o Merino?). Carabayllo tiene aún almacenados 350 TM. Ate-Vitarte y San Juan de Lurigancho son un hueco negro: simplemente se niegan a compartir su registro de ollas y a informar cuál ha sido el destino de estos víveres. La brecha entre los víveres entregados por Qali Warma, y el número de ollas comunes en estas tres jurisdicciones es inexplicablemente grande. La negativa del Estado a fiscalizar, desconcertante.
Mientras tanto, la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana recibe las quejas diarias de las dirigentes barriales sobre la discrecionalidad en la distribución de los víveres y la creciente coacción electoral. El resultado electoral –mesa por mesa– del 11 de abril pende como una espada de Damocles.
La ministra Vargas tiene la responsabilidad de cortar por lo sano el clientelismo y la corrupción. La Ley 31126, aprobada por insistencia por el Congreso el 18 de febrero, otorga las herramientas suficientes: reconocimiento legal de las ollas, registro único a escala metropolitana, veeduría ciudadana. Esta semana, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, exhortó a la ministra a aplicar la Ley. El reglamento –responsabilidad del MIDIS y aún por elaborar– debe sentar las bases de una estrategia contra el hambre ordenada y oportuna para el próximo Gobierno.
La olla común que surge espontánea y desesperadamente ha demostrado ser el mecanismo más eficiente para paliar el hambre. El reparto de canastas de alimentos y bonos económicos sobre la base de un criterio individual ayuda, pero es insuficiente, riesgoso, costoso y menos efectivo para garantizar el derecho a la alimentación. Hay miles de hambrientos que no aparecen en el radar. El clientelismo político se nutre de un ejército de mendicantes. La emergencia alimentaria demanda una respuesta pronta y efectiva del Gobierno.
