La fachada del local de la Sociedad Nacional de Pesquería, en la cuadra 24 de Javier Prado Oeste, era de un apropiado color azul marino. Ese no era, sin embargo, el color que describiría mejor el ánimo de los miembros del Consejo Directivo que participaron en la reunión del 28 de febrero pasado, que empezó hacia el mediodía.
Las dos convocatorias a la “sesión extraordinaria”, la primera del año, firmadas por la gerente general Viveca Amorós, mencionaban hasta tres temas de discusión. Al final, el asunto predominante se discutió con áspera brevedad y culminó en una decisión remecedora. Exalmar, una de las compañías más grandes de pesca en el Perú, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Pesquería.
El acuerdo, bajo el relativo eufemismo de ‘exclusión’ en lugar de expulsión, se tomó alrededor de la una de la tarde. En ese momento, tanto el presidente ejecutivo de Exalmar, Víctor Matta Curotto, como la gerente general, Rossana Ortiz Rodríguez, se levantaron, dijeron “no tenemos nada que hacer aquí”, y se fueron.
La decisión, en los hechos, ya estaba tomada. El punto de quiebre se dio en una tormentosa discusión en el Comité de Ética de la SNP el 15 de febrero.
Ahí se discutió la acusación de que Exalmar había comprado, durante la última temporada de pesca, la carga a las naves Jamil y Pontevedra, que pertenecen a la empresa Faenas Pesqueras. Uno de los barcos de esta empresa, Bibaco 24 (con matrícula N° CE-8178-CM), opera bajo el amparo de una medida cautelar.
Sucede que en noviembre de 2010, la SNP acordó que ninguno de sus asociados podría comprar las cargas de anchoveta de las naves que operaban con permisos (medidas cautelares) obtenidos en el Poder Judicial. Hasta entonces, casi todas las empresas del gremio le compraban a estas embarcaciones. (Ver detalles en la infografía). Según la explicación que dio el entonces presidente de la SNP, Humberto Speziani, los indicios de corrupción y malas maniobras en varios casos de naves que operaban bajo medidas judiciales –denunciados por el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante– los llevó a tomar esa decisión para, según lo parafraseó un diario, “desligar al gremio pesquero de cualquier acto vinculado con la corrupción”.
Más de un año después, Exalmar iba a ser la primera sancionada por, supuestamente, violar ese acuerdo.
Pero al empezar la discusión, el 15 de febrero, la gerente general de Exalmar, Rossana Ortiz, una mujer de carácter recio, pasó al contraataque. ¿De qué la acusaban? increpó especialmente a Speziani, asesor de la alta dirección de TASA, y a Ricardo Bernales, ejecutivo de Pesquera Diamante y primer vicepresidente de la SNP. ¿De comprar la pesca de las naves Jamil y Pontevedra? Ninguna de ellas, dijo, pescaba con mandato judicial, sus licencias estaban en orden. Lo que le contestaron, según recordó después Ortiz en entrevista con IDL-R, fue que “esas naves son hermanas de la Bibaco24, que opera con medidas judiciales. Están manchadas porque pertenecen a la misma empresa”.
“¡Eso no es correcto!” dijo Ortiz a IDL-R, “si mi hermano roba, eso es problema de mi hermano…”. Según fuentes presentes en la discusión, Ortiz increpó a Speziani y Bernales que si la iban a sancionar por comprar pesca de compañías con naves protegidas por mandato judicial, debían sancionar igual a las empresas que ellos representaban: TASA, de la poderosa familia Brescia, y Pesquera Diamante.
Sucede que ambas compañías compraron anchoveta a las naves de Óscar Peña, conocido como ‘el rey de las medidas cautelares’ y gerente general de LSA Enterprises Perú S.A.C. y Hope Business S.A.C. Peña tiene como parte de su flota a Doña Licha II que no solo ha pescado con medidas cautelares sino, en los últimos meses, de manera completamente ilegal.
Speziani se defendió, de acuerdo con fuentes presentes en la discusión, con un argumento especioso: que si vetaban a Peña podían acusar a la SNP, de ‘concertación’.
Un correo electrónico enviado por Speziani a los agremiados, el 23 de noviembre, lo confirma: “Estoy en desacuerdo de considerar (en la lista negra) a un solo armador, como se podría inferir en el pedido, por razones de equidad”.
Veamos cómo funcionaba la ‘equidad’ en este caso. Tanto TASA como Pesquera Diamante han sido las principales compradoras de la pesca de las naves de Óscar Peña en los últimos tres años, según los registros de desembarques revisados por IDL-R (Ver infografía y detalle de descargas).
En una respuesta escrita y enviada por correo electrónico a IDL-R, TASA admitió haber comprado carga a las naves de Óscar Peña solo el año 2009 y a inicios de 2010.
Eso no es verdad. De acuerdo con los registros de descargas del ministerio de la Producción, las relaciones comerciales entre Peña y estas dos importantes empresas continuaron en la segunda temporada de pesca de 2010, contradictoriamente en los días en que Speziani anunció el pacto ético. En la primera temporada de 2011, TASA y Pesquera Diamante adquirieron cerca de 30 mil toneladas de las naves de Peña, cantidad valorizada en unos 8 millones de dólares si se convierte esta carga en harina.
En la última temporada de pesca de 2011, Pesquera Diamante se convirtió en la principal compradora en el norte y centro. TASA continuó comprándoles carga pero en el sur.
Quizá por eso, en la reunión del comité de Ética el 15 de febrero, Ortiz dijo con vehemencia: “Si el problema es el dueño y no solo el barco, entonces yo reconozco mi falta. Pero midan a todos con la misma vara”.
Como se ve, esa vara debería ser excepcionalmente larga.
Pero la historia no termina con las compras de TASA, Pesquera Diamante y Exalmar.
Después de la firma del supuesto ‘Pacto Ético’, Hayduk compró carga pesquera a una nave con medida cautelar. Y, en los primeros meses de 2011, la fábrica de Chimbote de Corporación PFG- Centinela aparece como una de las mayores compradoras de estas naves. Hay versiones discrepantes sobre cambios de propiedad en esta fábrica, pero el hecho de la compra a naves con protección judicial, es irrefutable. (Ver infografía).
Además, mientras Exalmar compraba las cargas de anchoveta a Faenas Pesqueras, otras tres empresas del gremio también lo hacían: Austral, CFG Investment y Cantabria; y hasta donde se conoce no han sido sancionadas. (Ver registro de descargas).
IDL-R buscó obtener la versión de la Sociedad Nacional de Pesquería. Pero, mediante su oficina de prensa, Richard Inurritegui, el presidente del gremio, se negó a darla. Algunos empresarios que votaron contra Exalmar señalaron que lo hicieron porque esta compañía tenía “conductas recurrentes” que violaban el pacto ético. Sin embargo, no quisieron explicar por qué este mismo criterio no fue aplicado para el caso de las compras a las naves de Peña.
Entonces, en una historia de pecados colectivamente compartidos, ¿cuál fue la causa más probable de la expulsión de Exalmar?
Quizá la explicación esté en otro punto de la discusión en aquella sesión del 28 de febrero.
Es un tema que se incluyó en la agenda después de la citación oficial. El 23 de febrero, la gerente general de la SNP, Viveca Amorós escribió que “por especial encargo del Dr. Richard Inurritegui”, se añadiría a la agenda, el siguiente tema: “Resolución Judicial a favor de Pesquera Mar SAC y las implicancias que conlleva para los intereses de nuestros asociados”.
Como en toda telenovela que se respete, los espectadores deben saber quién es quién entre los protagonistas para entender el desarrollo de las intrigas.
Ya saben los nombres de las compañías, de sus representantes, y hasta el papel de don Óscar Peña en estos enredos.
Además, deben saber, o mejor dicho recordar, un detalle más de importancia. El sistema actual de las cuotas de pesca reparte el derecho a explotar una fortuna entre un número limitado de compañías. Solo el uno por ciento de la cuota está valorizado en 100 millones de dólares, según los propios empresarios.
Y como sucede en algunas telenovelas, cuando en medio de una boda aparece alguien a quien se creía muerto, así apareció Pesquera Mar SAC en el feliz ambiente de las grandes compañías pesqueras.
Pesquera Mar SAC fue expropiada durante el gobierno militar de Velasco. Casi cuarenta años después, sus dueños originales – los hermanos Saavedra Montero– lograron que el ministerio de la Producción aprobara restituirles los derechos que ellos habían recobrado por la vía judicial.
Pero, mientras los señores Saavedra Montero batallaban en el Poder Judicial, sus derechos fueron adquiridos (en forma que los Saavedra insisten fue totalmente irregular) por nadie menos que Óscar Peña a través de una de sus empresas.
El 2003, Peña vendió a su vez esos derechos a una empresa con la que mantiene una relación obviamente fluida: TASA. Esta última sostiene haber hecho la compra de buena fé.
Ahora, la restitución del derecho de los hermanos Saavedra Montero, significa en la práctica que ellos tendrán la cuota de pesca correspondiente a tres naves. Varios industriales pesqueros, luego de preocupados cálculos estimaron que eso sería cercano a medio punto porcentual. Es decir, grosso modo, 50 millones de dólares.
Y sucede que mientras TASA tenía muy buenas relaciones con Óscar Peña, Exalmar estaba desarrollando una bella amistad con los hoy ancianos señores Saavedra Montero.
Rossana Ortiz confirmó a IDL-R que “los abogados de la empresa evalúan la compra de Pesquera Mar SAC”, es decir de su derecho de cuota.
¿Hubo una relación entre esto y la expulsión de Exalmar? Algunos de los asistentes a esa extraña reunión del 28 de febrero en la SNP sostienen que sí.
Inicialmente, por ejemplo, el primer punto de la agenda iba a ser el caso de Exalmar. Pero sorpresivamente, alguien con el poder suficiente cambió el orden y puso primero el de Pesquera Mar SAC, según asistentes a la sesión.
En la discusión, se dijo que la resolución de Pesquera Mar SAC afectaba los intereses de las empresas agremiadas porque los derechos de cuota restituidos a Pesquera Mar SAC agotaban el fondo de contingencia judicial establecido en el sistema vigente de cuotas. A partir de ahí, cualquier otro revés judicial se solventaría a costa de sus propios bolsillos.
Creado ese ambiente, además del intenso rumor de las intenciones de compra de Pesquera Mar por Exalmar, se pidió un corto receso.
Fuentes con conocimiento de causa afirman que un agremiado cercano a Matta Curotto, le dejó saber que si desistía de la intención de compra, el pensamiento de muchos de ellos se inclinaría por evitar toda sanción. Según las mismas fuentes, Matta se negó, vehemente respaldado por Ortiz.
Las cartas estaban echadas. Luego del receso se votó la moción para expulsar a Exalmar “por tener intereses contrarios a los fines de nuestra asociación”.
A estas alturas, ya saben ustedes cuáles son esos fines.
Y como sucede con este tipo de telenovelas, la historia está todavía lejos de terminar. Esperen en el futuro nuevas y titilantes revelaciones sobre padrinazgos extraños e influencias indebidas en este gremio donde parece que lo más auténtico es el olor.
El caso de Doña Licha II
No existe duda de la pesca ilegal de la nave Doña Licha II, de Óscar Peña. IDL-R accedió a una veintena de actas de inspección de las empresas supervisoras Cerper y SGS así como a permisos de zarpe de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) que prueban que entre marzo y junio de 2011, siguió operando a pesar que la medida cautelar que le otorgó el Poder Judicial ya había quedado sin efecto.
Las actividades de Doña Licha II continuaron hasta hace poco. Recién la actual gestión del Ministerio de la Producción intervino esta nave a fines de febrero y decomisó 248 toneladas de anchoveta cuando el barco navegaba cerca al puerto de Ilo. Fuentes cercanas al ministerio, señalaron que lo que pescó ilegalmente esta embarcación en los últimos tres años está valorizado en unos 75 millones de soles.
No sólo eso, Peña ha conseguido que los inspectores de los puertos no registren en el sistema informático de los desembarques de anchoveta que administra el Ministerio de la Producción, las descargas ilegales de Doña Licha II.