El escándalo de corrupción que afecta a una docena de países de América Latina y África tiene esta semana una consecuencia directa en Uruguay. Es que las publicaciones realizadas por Sudestada, el diario argentino La Nación y el programa televisivo Periodismo Para Todos motivaron al fiscal del crimen organizado Carlos Negro a pedir el inicio de un nuevo expediente sobre el caso.
Esta vez el objetivo de la jueza del Crimen Organizado Beatriz Larrieu será rastrear la ruta de las coimas que Odebrecht le pagó a funcionarios públicos argentinos a través de la sociedad anónima uruguaya Sabrimol Trading, propiedad de Jorge “Corcho” Rodríguez, según informó este martes el programa «Todo pasa» de Océano FM.
Esta empresa era administrada por el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien admitió que él había abierto la empresa para que funcionara como vehículo de los fondos que transfería Odebrecht.
El domingo 6 de agosto Sudestada informó que la constructora brasileña Odebrecht pagó coimas millonarias a funcionarios y jerarcas argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes, así como de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). A cambio obtuvo jugosos contratos para construir un sistema de potabilización en Parana y el Soterramiento del Ferrocarrill Sarmiento en Buenos Aires.
Según la documentación que obtuvo Sudestada en el primer caso, el de AYSA, los pagos se hicieron utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y Barbuda que, a su vez, trasegaron ese dinero a la SA uruguaya Sabrimol Trading.
Las offshore usadas en la maniobra fueron tres con sede en Antigua y Barbuda (Klienfeld Services Ltd, Trident Inter Trading Ltd e Innovation Research Engineering and Development Ltd), Select Engineering Consulting and Services (Islas Vírgenes Británicas) y la panameña Magna International Corporation.
Sabrimol Trading funcionaba en Zonamérica, la zona franca de Montevideo, en el kilómetro 17.500 de ruta 8. Esta empresa fue creada el 6 de diciembre de 2007 como una sociedad anónima con acciones al portador y con un capital inicial de 2,1 millones de pesos. En el Banco Central del Uruguay figuró al menos hasta 2013 como una sociedad anónima emisora de acciones al portador.
Uno de los «doleiros» que se acogió al beneficio de la delación premiada en Brasil, Olivio Rodrigues Junior, más conocido como «Gigolino», comenzó a explicar a la Justicia de su país una intrincada red de sociedades fantasmas. Así fue cómo se llegó a Sabrimol Trading SA, una de las empresas uruguayas que era la destinataria del dinero para el pago de coimas de la constructora Odebrecht.
En la mayoría de los casos el dinero que los «doleiros» (cambistas ilegales en la jerca brasileña) trasegaron desde Panamá y Antigua y Barbuda hacia Sabrimol se hizo a través de la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay.
(*) Este artículo es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.Info (Venezuela), LA NACION (Argentina), La Prensa (Panamá), Sudestada (Uruguay), Quinto Elemento Lab (México) e IDL-Reporteros (Perú).