Policía captura a prófugo peruano acusado de pertenecer a red de Fujimori
La Policía Nacional Civil informó este miércoles 4 de septiembre que capturó a Víctor Enrique Caso Lay, un ex funcionario peruano al que la Policía Internacional –Interpol- le sigue la pista desde hace casi 10 años. Caso Lay es acusado en su país de actuar en complicidad con el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y con el jefe de inteligencia de este, Vladimiro Montesinos, ambos acusados de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
El ex funcionario del gobierno de Fujimori fue capturado en las cercanías de la colonia Escalón en horas de la tarde. Sin embargo, la Policía no ha brindado información de los delitos por los que ha sido detenido ni las circunstancias en las que fue capturado.
Hace cinco años, Caso Lay había sido localizado escondido en El Salvador, y algunos informes de inteligencia que detallaban la vigilancia a que había sido sometido en espera de su posible detención, sostenían que tenía la protección de un dirigente del Partido de Conciliación Nacional. Aquella vez sucedieron algunas cosas extrañas: por ejemplo, que a pesar de la vigilancia policial, debido a que la Interpol había girado «notificación roja» -que consiste en ubicar a una persona para posible detención-, Caso Lay pudo escapar. Asimismo, que a pesar de la notificación roja de Interpol en manos de la Policía Nacional Civil, pudo obtener una solvencia de la misma Policía Nacional Civil.
El periódico El Comercio, de Perú, informó este miércoles que a Caso Lay la justicia de su país le imputa el más grave de los delitos de corrupción, «colusión agravada», y que está siendo procesado como reo ausente. Asimismo, está procesado por abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales. Luego citó al procurador anticorrupción, Julio Arbizu: «El delito de colusión agravada tiene que ver con las compras de las aeronaves, con la emisión de algunos decretos de urgencia, de los que participaron varios exministros del régimen (fujimorista) y como contralor facilitó esta compra irregular”, explicó Arbizu.
Cuando la Policía lo localizó en El Salvador hace cinco años, los investigadores habían determinado que Caso Lay gozaba de la protección del entonces presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, un veterano dirigente pecenista. En aquella ocasión, Contreras no atendió las peticiones de entrevista que le hizo El Faro.
Contreras y Caso Lay habían coincidido en algunas actividades de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
Antes de encontrarlo en El Salvador, Caso Lay había sido localizado en Miami. Eso ocurrió el 18 de junio de 2004, cuando el FBI lo ubicó en esa ciudad estadounidense, pero no pudo ser capturado debido a la ausencia de una orden de captura preventiva.
En El Salvador, según las pesquisas, Caso Lay había logrado antes de ser localizado en 2008 pagos por servicios a varias instituciones oficiales, como el Ministerio de Educación y la empresa subsidiaria de CEL Inversiones Energéticas (Ine). Como profesional que prestaba servicios, al parecer incluso pagaba impuestos, pues estaba inscrito en el registro de contribuyentes del Ministerio de Hacienda.
La primera huella legal que dejó este ex contralor general de Perú en El Salvador ocurrió el 11 de enero de 2006, cuando llegó con su pasaporte a primera hora de la mañana a sacar su número de identificación tributaria, conocido como NIT.
Casi dos años después, en mayo de 2008, inteligencia policial salvadoreña identificó al prófugo de la justicia peruana, quien lo acusaba de no haber hecho su trabajo en la fiscalización de casi mil millones de dólares de fondos públicos cuyo uso fue cuestionado a la administración Fujimori. Caso Lay fue contralor a partir de 1993, y terminó en 2000, cuando acabaron los dos gobiernos fujimoristas.
Las autoridades policiales salvadoreñas no parecen tener información de cuándo ingresó, por primera vez, aunque sí tienen indicios de que se dedicaba a dar capacitaciones a burócratas salvadoreños entre 2004 y 2005.
En el período indeterminado en que encontró refugio en El Salvador, Caso Lay logró vender sus servicios al menos a tres compañías salvadoreñas distintas, incluida la Ine, que no solo le pagó los honorarios, sino que le retuvo el impuesto de renta. Eso explica por qué el fugitivo necesitaba su NIT. Esto ocurrió en 2006, cuando la Ine le pagó 3,465 dólares.
El Ministerio de Hacienda reporta datos de renta, de impuesto retenido y de devoluciones de renta para Caso Lay en los años 2006 y 2007. Según el expediente policial obtenido por este periódico en 2008, el prófugo trabajó también para la Corte de Cuentas, aunque no especifica en cuáles áreas♦