El mundo (el Perú) cada vez más al revés: fiscales y procuradores que pelean valientemente contra una corrupción poderosísima, una vez más son sentados en el banquillo de los acusados y, encima, por su propia institución, la fiscalía, a partir de la denuncia de los abogados de un prófugo (Se Busca. Recompensa: 500,000 soles).
Un fiscal supremo especializado en delitos de funcionarios ha iniciado una investigación preliminar contra el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y la procuradora ad hoc Silvana Carrión y su antecesor Jorge Ramírez. Y los delitos a investigar son nada menos que organización criminal, prevaricato y encubrimiento. Paralelamente y por lo mismo, un fiscal superior ha iniciado investigación contra los fiscales Lava Jato José Domingo Pérez y Diana Canchihuamán.
Y, ¿qué es lo que motiva estas investigaciones? La denuncia de un par de abogados que defienden al prófugo de la justicia –desde el 2019– Gonzalo Monteverde, acusado por lavar dinero de Odebrecht y que tiene una recompensa de 500,000 soles, pero su palabra es ley.
Esta misma denuncia la recogió, cómo no, la fiscal de la nación, Delia Espinoza para abrir investigación preliminar nada menos que contra la, una y otra vez absuelta y exculpada, fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
¡Un prófugo tiene, a través de sus abogados, el poder de poner a los principales fiscales y procuradores anticorrupción contra la pared! Fiscales que ni siquiera se pueden defender porque la fiscal de la Nación, Delia Espinoza les ha prohibido declarar, atentando contra la libertad de expresión de los operadores justicia. (¿Qué pena, qué pasó con el vocero Víctor Cubas?).
¿Toda denuncia tiene que derivar en una investigación preliminar? No. Solo si la denuncia tiene consistencia y rigurosidad, y se justifica pasar a la siguiente etapa que es la investigación preliminar. O simplemente se archiva, como creo que debió ocurrir.
Hay que tomar en cuenta que si bien solo es es una investigación preliminar –todavía no se ha formalizado la investigación–, es toda una investigación fiscal que trae riesgos, dedicación, tiempo, costos, distracción del trabajo principal, desgaste emocional, generación de dudas y ruido en la opinión pública, etc.
El asunto se retrotrae a algo ocurrido varios años atrás, en diciembre de 2018: la firma del «convenio de cooperación judicial internacional», firmado entre las autoridades estatales peruanas (la fiscalía) y la empresa Odebrecht, con el visto bueno de las autoridades judiciales de Brasil. Ojo, este es un convenio totalmente diferente al que se suscribe posteriormente entre la empresa Odebrecht y los fiscales, aprobado por el Poder Judicial, el mismo que hace poco el Tribunal Constitucional mandó a hacer público.
Explico en sencillo este acuerdo inicial: las autoridades judiciales del Brasil plantearon a varios países de la región que los delatores premiados de Odebrecht (así se les llama en Brasil a los colaboradores eficaces) habían dado mucha información y pruebas sobre diversos países, incluido el Perú. Por ello, dichas autoridades plantearon su disposición de compartir todo ese material, siempre y cuando, el país beneficiario se comprometa –en compensación– a no abrir nuevas investigaciones a la empresa y los delatores, dejando la situación de ellos en manos de la justicia de Brasil (en ese momento Marcelo Odebrecht y otros ya estaban presos). «Lo toman o lo dejan» fue el mensaje.
Ya se habían firmado este tipo de acuerdos en Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Brasil y Guatemala.
Todos los países, finalmente, aceptaron la propuesta. Incluido el Perú. Es que había una poderosa razón: por nuestros propios medios, jamás podríamos acceder ni mínimamente a esa información que nos permitiría conocer quiénes en el Perú (presidentes, alcaldes, empresarios, gobernadores regionales, políticos, magistrados, etc.) fueron los cómplices de los gravísimos delitos. Los empresarios brasileños ya estaban rindiendo cuentas ante las autoridades judiciales del Brasil mientras que en el Perú solo habían algunas denuncias provenientes del periodismo de investigación e incipientes investigaciones fiscales.
Obviamente era un acuerdo inédito, heterodoxo, riesgoso, pero que seguía la lógica de la colaboración eficaz, aceptada en todo el mundo, incluidos convenios internacionales (la Convención de Palermo) que dan beneficio a delincuentes a cambio de información importantísima que se pueda acreditar.
Y fue una excelente decisión porque eso permitió que descubriéramos a innumerables autoridades, políticos, empresarios, etc., que robaron y que por tanto deben ser investigados, procesados con todas las garantías, y de haber pruebas, condenados, como viene ocurriendo.
Es obvio que esta denuncia, lamentablemente acogida por varios fiscales, es una maniobra más para bajarse a los fiscales y procuradores Lava Jato y mandar un mensaje: quien se meta a luchar contra la corrupción, va a ser perseguido.
Y seguimos sin reaccionar frente a algo que es tan evidente, grosero y gravísimo. ¿Qué les queda a los fiscales y procuradores? ¿Renunciar? Van varios años sometidos a esta implacable persecución ¿Exiliarse, como en otros países?
Allí sí nuevamente volveríamos a ese dicho que yo creía desfasado: «Quien roba una gallina (celular) se le da 15 años de cárcel, pero a quien roba millones de millones usando el poder político o económico, no le pasa nada».
Apoyar a estos fiscales y procuradores es salvar la lucha anticorrupción.
En nuestras narices los están “cazando”. (La «caza» de fiscales y procuradores, debió ser portada).
Quedará en nuestra historia quién estuvo de cada lado.
