El contrato por el cual International Security & Defence Systems (ISDS) acordó venderle 50 portatropas al Ministerio del Interior fue firmado el 8 de enero de 2007. Acusada y acosada por las compras, Pilar Mazzetti ordenó realizar una investigación interna que, el 19 de ese mes, concluyó que la licitación de los camiones se había llevado a cabo de acuerdo a ley.
Al final, el escándalo que saltó no fue el de portatropas sino el de 469 patrulleros sobrevaluados. Mazzetti tuvo que renunciar al gabinete el 26 de febrero. Cuando Luis Alva Castro juró el cargo, anunció que todas las licitaciones realizadas durante la gestión de su antecesora serían revisadas.
Así que, el 18 de julio, el ministro canceló unilateralmente el contrato con ISDS y anuló la licitación.
El ministerio abrió proceso disciplinario a un grupo de funcionarios a quienes acusó de coludirse con ISDS para favorecerlo. Asimismo, autorizó a su procurador a iniciar acciones legales.
Los juicios
En octubre de 2007, después de protestar inútilmente ante la cancelación de su contrato, los representantes de ISDS –Leonardo Gleser, su presidente; y Saul Mishkin, su representante legal en el Perú– iniciaron un proceso arbitral ante el Consejo Superior de Contrataciones del Estado (Consucode, cuya sigla actual es OSCE).
Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación en torno a la presunta sobrevaluación. Las pesquisas de la Policía Anticorrupción se prolongaron durante casi un año. En octubre de 2008, la Fiscalía denunció penalmente a 13 empleados del ministerio por el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Entre los denunciados estuvieron Gloria Vargas, ex jefa de la Oficina General de Administración (OGA), y los cinco ex miembros del comité especial que otorgó la buena pro a ISDS.
Debido a que el ministerio había anulado el contrato y, en consecuencia, no se había concretado el presunto perjuicio económico al Estado, la Físcalía no denunció a los funcionarios por colusión desleal ni incluyó en su denuncia a los empresarios Mishkin ni Gleser. Ambos están actualmente en calidad de testigos.
Quien sí denunció a Mishkin y a Gleser por este supuesto delito fue el fiscal Óscar Zevallos, entonces titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación a 15 empresas que ganaron contratos dentro del Plan de Emergencia Huallaga 2006.
Las primeras pesquisas comenzaron en diciembre de 2006, luego de que en algunos medios aparecieran denuncias según las cuales ISDS había vendido al Ministerio del Interior medio millar de chalecos antibalas presuntamente sobrevaluados y que no tenían las certificaciones internacionales de seguridad requeridas. A mediados de 2007, el fiscal formalizó su denuncia contra 30 personas, la mayoría de ellos empresarios y el resto funcionarios del sector.
Este proceso continúa y en él Mishkin y Gleser siguen teniendo la condición de acusados. El caso está en la Segunda Sala Penal Anticorrupción, a la espera de un pronunciamiento de la Segunda Fiscalía Superior.
El arbitraje
Mientras los procesos judiciales discurrían, en enero de 2009 el tribunal independiente que conducía el arbitraje con el Ministerio del Interior emitió su laudo y le dio la razón a ISDS, al señalar que era ilegal que el Ministerio hubiera anulado el contrato para comprar los camiones.
Sin embargo, las autoridades del sector se negaron a aceptar esta decisión e interpusieron un recurso de nulidad ante el Poder Judicial, alegando un formalismo: que el tribunal nunca había notificado a su procurador de los avances del proceso. Argumento por lo menos curioso, pues en todo momento Interior se defendió activamente en el proceso de arbitraje.
El litigio continúa en manos de la Primera Sala Comercial de Lima, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del tema.
