Esta investigación de La Prensa, de Panamá, se desarrolló en el marco de la red latinoamericana de periodismo de investigación sobre el caso Lava Jato, integrada por IDL-Reporteros, La Prensa, de Panamá, y Armando Info, de Venezuela.
La trama de la operación Lava Jato –un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero que investigan las autoridades federales brasileñas– estremeció ayer a la firma de abogados Mossack Fonseca, cuyos socios fundadores, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, ahora están en la mira de la justicia local por supuestas anomalías en sus operaciones offshore en Brasil.
En horas del mediodía, las oficinas del bufete en Marbella fueron allanadas por personal del Ministerio Público, y en la tarde y noche, Fonseca Mora y Mossack fueron indagados por la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado, diligencia que se extendió hasta pasadas las 10:00 p.m.
¿Por qué lo investigan?
La investigación en Panamá empezó de oficio hace varios meses, tras darse a conocer en Brasil la etapa 22 de la operación Lava Jato, en la que fue involucrada la empresa constructora brasileña OAS que, de acuerdo con los fiscales brasileños, sirvió“para encubrir sobornos”. Esta investigación local no guarda relación con las pesquisas sobre el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios panameños.
Un capítulo importante de la historia se gestó el 27 de enero de 2016, cuando fueron detenidos empleados de Mossack Fonseca & Co. en Brasil, entre ellos, Ricardo Honorio Neto y Renata Pereira Brito. También buscaban a la panameña María Mercedes Riaño, Ademir Auada y Luiz Fernando Hernandes, que no pudieron ser localizados.
La trama se desencadenó, de acuerdo con medios brasileños, tras la detención de la brasileña Nelci Warken, en Sao Paulo. A ella la identificaron como propietaria –en apariencia– de un apartamento en el condominio Solaris, en las playas de Guarujá, estado de Sao Paulo, a nombre de la sociedad offshore Murray Holding, constituida por Mossack Fonseca & Co. en Panamá y que, según los fiscales, se creó “para supuestamente lavar dinero”.
El procurador brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima indicó en ese entonces que había evidencias de que Warken era un “títere” en el esquema de lavado, pues la mujer no tenía las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento.
“Estamos investigando quién está detrás de ella… [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, reveló.
Según las investigaciones en Brasil, OAS utilizó el edificio Solaris –donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva también tiene un inmueble– para “encubrir sobornos a los agentes involucrados en el esquema criminal de la estatal petrolera Petrobras”.
Murray Holding era solo el principio, pues a partir de esta sociedad, los investigadores del país sureño descubrieron un esquema de empresas offshore vinculadas a Mossack Fonseca.
De acuerdo con las pesquisas, la firma panameña también constituyó las sociedades Milzart Overseas Holdings, controlada por el exdirector de Petrobras Renato Duque; de Backspin Management, S.A., Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate, S.A. y Dole Tec Inc., todas en manos del exgerente de la petrolera Pedro Barusco, y de la compañía Mayana Trading Corp., operada por el empresario Mario Goes.
¿Cómo se supo esto?
Resulta que Barusco y Goes son delatores y dieron detalles del sofisticado entramado para drenar los fondos de la petrolera.
Hay más. Roberto Trombeta, otro delator premiado, confesó que utilizó el bufete panameño para constituir, al menos, ocho sociedades, una de ellas es Kingsfield Consulting Corp., usada para recibir sobornos de Constructora OAS por obras en Perú y Ecuador.
Cuando Moro habló
El juez Sergio Moro, pieza clave de las pesquisas por lavado de dinero y corrupción en Brasil, acusó directamente a la firma. Aseguró que había “evidencias de que Mossack Fonseca & Co. ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero”.
“Existen evidencias de que Mossack Fonseca & Co., incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y lavado de dinero”, sustentó el juez.
Un año después del pronunciamiento de Moro, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, retomó sus palabras en Panamá: “La información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada”.
Porcell, en una conferencia de prensa ayer en la Procuraduría General de la Nación a las 6:00 p.m., señaló además que “se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, por el caso Lavo Jato”. La procuradora se refería a Mossack Fonseca.
En palabras sencillas, la jefa del Ministerio Público dijo que “el dinero proveniente del soborno circula por diferentes sociedades para regresar blanqueado o lavado a Panamá”.
Horas antes, las oficinas de la firma fueron inspeccionadas por las autoridades judiciales.
A las 12:14 p.m., el Ministerio Público comunicó a través de su cuenta de Twitter del allanamiento de las oficinas de “socios de firma que creó sociedades anónimas en Brasil, vinculadas a Lava Jato”.
Las miradas se posaron de inmediato sobre el bufete, que en abril de 2016 fue protagonista de un escándalo que dejó al descubierto cómo sociedades offshore constituidas por la firma fueron presuntamente usadas para evadir impuestos, ocultar fortunas y lavar dinero.
La trama salió a la luz pública gracias a una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por este caso, el Ministerio Público también adelanta una investigación al despacho de abogados.
Al lugar llegó personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), periodistas nacionales e internacionales y Guillermina McDonald, la abogada de Ramón Fonseca Mora. Empleados del despacho de abogados se aglomeraron frente al edificio que alberga las oficinas de Mossack Fonseca, mientras el personal de la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado buscaba evidencias para anexar al expediente.
Se confiesa
El allanamiento fue solo el principio del ajetreado día para el dúo de abogados. A las 3:30 p.m., Fonseca Mora, el también escritor, miembro del Partido Panameñista y exministro consejero de su amigo el presidente Juan Carlos Varela, llegó al edifico Avesa –en la vía España– sede de las principales fiscalías del país.
Lucía exaltado, abrumado, molesto y con ganas de hablar. “Yo he guardado silencio durante muchos meses. Esto es el colmo: me han obligado a salir a hablar y a decir cosas que son muy tristes y que no quisiera haber dicho, pero las voy a decir…”.
Recordó que hace casi un año le “hackearon’” el sistema informático de su empresa, defendió su esquema de negocios, y se quejó de que había sido acosado por más de un año. Y añadió que no tenía ninguna relación con Odebrecht y fijó su atención en la cinta costera 3, proyecto que ejecutó el pasado gobierno a un costo de 789 millones de dólares.
“En múltiples ocasiones yo le pregunté al ministro de Obras Públicas [Ramón Arosemena] que por qué no investigaba la cinta costera 3 […], porque me tocó atender una compañía de China y la compañía china me dice que esa cinta costera 3 se hacía entre 200 y 300 millones [de dólares]. Yo se lo decía al ministro de Obras Públicas… [y] me decía: ‘yo quiero hacerlo, pero arriba no me dejan”, dijo.
Añadió que las coimas que repartió Odebrecht en Panamá van más allá de los 59 millones de dólares confesados al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Calculó que si “la compañía coimera” tuvo contratos en Panamá por más de 9 mil millones de dólares, entonces se repartieron por sobornos “un billón” de dólares.
Agregó que Varela le confió“que había recibido donaciones de Odebrecht, porque no se podía pelear con todo el mundo”.
“Vengo a poner el pecho. Presidente Varela, Dios lo puso en ese puesto para arreglar las cosas, para arreglar las instituciones del país y no como me dijo en su despacho con Popi [José Luis Varela, diputado y hermano del mandatario] y Beby [Adolfo Valderrama, diputado del oficialista Partido Panameñista], que había nombrado [presidente de la Corte Suprema de Justicia] a [José] Ayú Prado porque él sí se dejaba mandar desde arriba”. “Que me caiga un rayo si ustedes [Popi Varela y Beby Valderrama] no dijeron eso”.
Se defienden
Consultado sobre el tema, el diputado Varela dijo a La Prensa que se encontraba fuera del país, y que desmentía “eso de Ayú Prado”.
“Lo que sí se demuestra es que el Ejecutivo no estaba protegiendo a Ramón Fonseca Mora y que hay separación [de poderes]”, añadió.
Valderrama, en tanto, manifestó que en ningún momento participó en la reunión a la que hizo referencia el abogado. Sostuvo que está dispuesto a someterse a un careo con Fonseca Mora.
Minutos después, el abogado que llegó a ser presidente encargado del oficialista Partido Panameñista entró a la fiscalía, donde fue indagado por la supuesta comisión del delito contra el orden económico (lavado de activos).
Corto tiempo después llegó su socio Jürgen Mossack al Avesa. Camisa a rayas de colores y andar pausado. Fiel a su estilo de evitar los medios de comunicación, guardó silencio, contrario a lo que hizo su colega. Al igual que al panameñista, a Mossack también se le investiga por la presunta comisión de delitos económicos.
En la conferencia de prensa que dio la procuradora Porcell, explicó que se le han formulado cargos a cuatro personas, “entre ellos, los socios principales”.
Porcell agradeció la colaboración de los fiscales Rodrigo Janot (Brasil), Pablo Sánchez (Perú), Galo Chiriboga (Ecuador) y Néstor Martínez (Colombia). Le dio gracias, además, a las fiscalías de Suiza y EU.
Sobre la supuesta donación que hizo Odebrecht a Varela, según Fonseca Mora, Porcell manifestó que “esas son afirmaciones o comentarios que tendrán que ser formalizados ante las autoridades competentes”.
Odebrecht es investigada en Panamá por haber pagado, al menos, 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y particulares entre 2010 y 2014.
Habla Varela
Pasadas las 7:00 p.m., el presidente Juan Carlos Varela se dirigió a la Nación. Lo hizo a través de los medios de comunicación que se desplazaron al Palacio de las Garzas. Varela empezó diciendo que le había pedido al magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz que le entregue copia autenticada de la declaración jurada que presentó a esa entidad una vez terminó la campaña, documento que incluye todas las donaciones privadas que recibió como candidato presidencial en las elecciones generales de 2014.
Además, aseguró que al igual que lo hará él, espera que el resto de los candidatos presidenciales con los que compitió en la contienda política (Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático; José Domingo Arias, de Cambio Democrático; Juan Jované, independiente; Genaro López, del Frente Amplio por la Democracia; y Gerardo Barroso, independiente) también hagan lo mismo debido a que las circunstancias lo exigen.
Asimismo, reiteró que las donaciones recibidas en su campaña son políticas y no sobornos. “Ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia; estas se utilizaron exclusivamente durante mi campaña como apoyo, para material promocional, propagandas, volantes y juguetes”, aclaró.
Para el mandatario panameño, las declaraciones hechas ayer ante el Ministerio Público por parte de Fonseca, a quien llamó su “amigo”, se dan en momentos “difíciles”, pero que envía un mensaje claro al país de que “la justicia es independiente y que este presidente no está protegiendo a nadie”.
“[A] los que huyen y se esconden de la justicia [y] hablan de justicia selectiva; hoy se dio una clara muestra al país que nuestro Ministerio Público es independiente”, añadió el presidente, que estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
La firma se defiende
En un comunicado de prensa, la firma Mossack Fonseca manifestó que ha estado cooperando con las “diversas diligencias” y que tendrá como prioridad seguir cooperando con las investigaciones que están realizando entidades regulatorias, pero que “rechazan de manera categórica esta acción arbitraria y tendenciosa”.
“Todas las acciones que está llevando a cabo la fiscalía el día de hoy son un intento de desviar la atención de quienes realmente ameritan una investigación profunda […]”, añadió el boletín de prensa.
(*) Con información de Olmedo Rodríguez, Juan Manuel Díaz, Andrea Gallo y Aminta Bustamante.
