Entrevista a Ernesto Ráez-Luna, director de ciencia y desarrollo del Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA-Universidad Peruana Cayetano Heredia)
-IDL-R: ¿Qué opina sobre las dos comisiones formadas el año pasado luego del conflicto causado por el decreto de urgencia 012-2010?
ER: Todo indica que la ‘Comisión de Alto Nivel’ y la ‘Comisión Técnica’ fueron claudicantes banderas blancas ante la protesta minera a raíz del DU 012, y que su único efecto fue debilitar, postergar y eventualmente descarrilar la aplicación efectiva de dicho decreto. Según las versiones mineras y para todo efecto práctico, con la instalación de las comisiones el DU «quedó suspendido». Así me dijeron, muy convencidos, en Guacamayo, cuando estuve en julio pasado. Cuando, pocas semanas después de la asonada minera, se instaló la oficina del OEFA (Minam) en Puerto Maldonado, el año pasado, el flamante encargado se encontró con esta versión espúrea en propia boca del Director Regional de Energía y Minas de turno.
IDL-R: ¿Hay una autoridad clara en Madre de Dios en los aspectos ambientales de la explotación minera: es la Dirección Regional de Minería (DREM) o el equivalente regional de OEFA?
La DREM y el OEFA tienen autoridad clara al respecto. La primera, porque el proceso de concesión minera obliga a evaluaciones de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y planes de cierre que deben ser supervisados y vigilados en su calidad y cumplimiento. La segunda, porque tiene potestad para verificar que se cumpla la legislación ambiental y que los distintos sectores de gobierno (como la DREM) cumplan con sus deberes en materia ambiental. Existe una oficina del OEFA en Pto. Maldonado, que hace lo mejor que puede con lo poco que tiene. Las Fiscalías Ambientales del Ministerio Público también tienen potestad clara para actuar ante delitos ambientales, y de hecho eso ha ocurrido un par de veces en Madre de Dios. El problema ha sido falta de ganas en la DREM y falta de recursos e información adecuada en todas partes.
IDL-R: El Gobierno fijó una moratoria para recibir petitorios mineros que ya terminó luego de dos años. El Ejecutivo asegura que quiere contener la minería informal, pero nuevamente tramita petitorios, en grandes cantidades. ¿Es posible contener la minería informal si sigue dando permisos?
Como lo ha dicho hasta el cansancio cualquiera que sepa alguito de minería, la madre del cordero está en la recepción de petitorios y el otorgamiento de concesiones prácticamente eternas, sin evaluación ni monitoreo ni sanción. Los petitorios y concesiones mineras se aceptan donde sea, en medio de un río como el Madre de Dios, en una laguna, en un nevado, a sabiendas de que destruirán o envenenarán aguas, ecosistemas y personas irremediablemente. Esto vale para TODA la minería en el Perú, no sólo en la pequeña minería. Los informales pululan, aconchabados con titulares formales, sobre la base del irresponsable manejo de petitorios y concesiones, gobierno tras gobierno. Las moratorias no son nada nuevo, hemos tenido varias. Forman parte del ciclo: promover a ciegas –> comprobar el desorden creado –> establecer moratoria —> recibir presiones —> claudicar —> promover a ciegas, etc. Por eso la «formalización» es un mal chiste y por eso exigimos respuestas no del MINAM, sino del MINEM.
IDL-R: El ministro Brack anunció esta semana que ya no destruirán más dragas (en el momento de la entrevista aún no se hablaba del proyecto de ley para la prohibición de dragas en la selva). ¿Es una medida para poder negociar con la Fedemin? Los gremios dicen que si el Gobierno proscribe la actividad minera tienen que darles otras opciones productivas.
No he visto el anuncio del ministro del Ambiente. Si el gobierno actuó con la ley y la razón de su lado, no veo qué habría que negociar: ¿la impunidad de los transgresores? Tanto el gobierno como la sociedad civil no minera hemos dicho muchas veces que no planteamos proscribir la actividad minera. Pero deseo ser extremadamente claro: Yo sí planteo sin tapujos, contemplaciones ni medias tintas que la actividad minera caracterizada por la trata de menores para su explotación sexual, el embrutecimiento alcohólico, la violencia delictiva, la ausencia del Estado, el trabajo forzado o semi-esclavo o sin derechos laborales, la evasión tributaria, la invasión de tierras, la corrupción y amedrentamiento de funcionarios, y –en general– la inmundicia física y moral en que la minería ilegal sumerge a Madre de Dios, debe ser proscrita con la mayor energía e intransigencia. Y los peces gordos partícipes en crímenes contra otros seres humanos deben podrirse en la cárcel. Y las empresas legales que medran con la ilegalidad deben ser denunciadas y expulsadas por sus gremios, por asquerosas. No confundamos el derecho al trabajo con el derecho a la abyección, que no existe.
