La velocidad de una bala de un fusil GALIL es de aproximadamente 762 metros por segundo.
La munición de uso militar suele crear una herida devastadora, muchas veces letal. El fusil automático es el arma estándar del soldado peruano. Las trágicas consecuencias del uso de armas militares son penosamente más lentas. El luto no conoce tiempo ni consuelo. La justicia tarda, y en un país como el nuestro, a veces no llega.
Beckham Ronaldo Quispe Grafias (18) fue herido en la cabeza por un proyectil el 11 de diciembre del 2022, en las inmediaciones del aeropuerto de Andahuaylas, en la primera y violenta manifestación de protesta por la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo tras su tembloroso y fallido intento de golpe de Estado. Exigían la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte.
La suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, denunció el 27 de noviembre a la presidenta de la república por homicidio calificado en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos por cinco muertes de las 47 víctimas mortales en el país en los dos meses de convulsión social, y de un herido.
La bala deja una estela de dolor y desconcierto, pero apenas rasga la dura coraza de la impunidad.
El joven Beckham Ronaldo era un chiquillo pelotero –su afición al fútbol era por sus padres-. Las autoridades no han encontrado evidencia alguna de la afiliación o simpatía del muchacho a movimiento ultra o subversivo alguno. Por el contrario, en el álbum de fotografías de la familia aparece Beckham calzando chimpunes y divirtiéndose como entrenador de fútbol de un equipo de las divisiones menores.
Para buena parte de la opinión pública el saldo a un año de las manifestaciones de protestas es una mera estadística. El hondo drama humano enclaustrado en los hogares en luto, entrampado en los entresijos de la justicia peruana.
La antropóloga arequipeña Alejandra Ballón estaba de vacaciones en el balneario de Mejía cuando estalló la asonada. “No entendía cómo podía ocurrir una masacre en democracia. Para mí era un giro muy fuerte hacia la dictadura. Y me preocupa, me indigna”, afirmó. En cuanto se levantaron los piquetes se trasladó a Apurímac, Ayacucho y Puno, y tomó contacto con los sobrevivientes y con los deudos de las víctimas mortales.
Ballón (48) es doctora en antropología social y etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París y magister en crítica, curaduría y cibermedia por la Universidad y Arte y Diseño (HEAD) de Ginebra. Es autora del libro Memorias del caso peruano de esterilizaciones forzadas (2014) durante el gobierno de Alberto Fujimori, y actual directora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF).
La construcción de la memoria a través del arte es una metodología crecientemente utilizada en muchas partes del mundo, y en el Perú, a partir del conflicto armado interno entre los años 1980-2000. En Poéticas del duelo. Ensayos sobre arte, memoria y violencia política en el Perú (IEP, 2015), el investigador Víctor Vich hizo un recuento de las múltiples representaciones culturales relacionadas con este violento pasado: los retablos de Edilberto Jiménez; las cantutas de Ricardo Wiesse; el relato visual Yuyanapaq; el lavado de la bandera o “Pon la basura en la basura”; la chalina de la esperanza de Morgana Vargas Llosa; El ojo que llora de la artista Lika Mutal, entre otras.
Ballón convocó este año a las familias de las víctimas y sobrevivientes de las protestas sociales contra Dina Boluarte e invitó a cada una de ellas a expresar sus recuerdos del ser querido desaparecido o lesionado, su pesar y sus anhelos en pocas palabras, tejiendo sus sentimientos en una tela cuadrangular, la wiphala, símbolo de los pueblos indígenas del antiguo Tahuantinsuyo. La exposición de arte “Wiphalas por la memoria” evoca a 25 de las víctimas más jóvenes de la represión de las fuerzas del orden un año atrás y arropa de humanidad la tragedia. Se desplegó en el atrio central de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa en Arequipa durante el Hay Festival, en noviembre pasado, y reunió estos mensajes telegráficos y urgentes.
Los padres de Beckham Quispe Garfias, la primera víctima mortal de la manifestación en Andahuaylas el 11 de diciembre del 2022. (Foto: Liz Tasa)
¿Quién era Beckham Quispe Garfias? ¿Cómo era el muchacho? En el wiphala sus padres, Dany Quispe y Rosario Garfias, así lo recuerdan. El amor, el duelo, la furia y el clamor de justicia tejidos a pulso en estas banderas.
La wiphala de José Luis Aguilar Yucra (20) es la única desplegada en la exposición cuya muerte es parte de la acusación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte.
José Luis Aguilar Yucra (20) no participó en las manifestaciones de protesta el 12 de diciembre del 2022. Se había retirado de la fábrica Ñor Kola donde laboraba, dirigiéndose a pie hacia su domicilio ubicado a dos cuadras del cementerio general de Ayacucho, en cuyas inmediaciones corría la bala. La acusación fiscal identifica al teniente coronel del Ejército, Jimmy Vengoa Bellota, como presunto autor del disparo.
El 9 de enero del 2023, las protestas exigiendo la renuncia de la presidente Dina Boluarte se reanudaron por tercer día e intensificaron en Juliaca. Ese día murió baleado Reynaldo Illaquita Cruz. Al momento de cruzar la avenida Independencia rumbo a jugar fútbol con unos amigos, una bala le perforó el tórax y lo mató en el acto. Tenía 19 años. Recitaba poesía, tocaba trompeta, zampoña y quena y le gustaba bailar, recuerdan sus padres. Quien jaló el gatillo no distinguió a inocentes de forajidos, a adultos de niños, a hombres de mujeres.
En Juliaca, Baylon Quispe Almirón, de tan solo 11 años, iba con sus padres y su prima a comprar la torta de cumpleaños para su papá. Una bala perdida le destrozó el pie.
En Andahuaylas, Einer Gary Quispe Navarro (14), en Apurímac, estaba escondido detrás de un árbol, observando la trifulca, cuando fue herido gravemente de un balazo, el 12 de diciembre del 2022.
La exposición itinerante –rumbo a Puno, Ayacucho y Apurímac– es el doloroso “testimonio visual” de un año de infamia. Desplegadas bajo el cielo azul arequipeño, las coloridas wiphalas se han convertido en un símbolo reivindicatorio de las culturas quechua y aymara, tocan una fibra sensible e interpelan la conciencia nacional.
Alejandra Ballón: «Es diferente el filtro del arte para llegar a los corazones y a las historias»
¿Cómo fue el trabajo de campo?
El rescate de los testimonios de las víctimas a través de esta metodología es un ejercicio de memoria colectivo. En algunos casos participaron hasta una veintena de familiares y amigos y es una suerte de catarsis. Los deudos comparten un dolor, pero cada uno está en una esquina. Al reunirlos, ya es terapéutico. “Cuando empieza el bordado, me olvido del dolor y empiezo a pensar en qué palabra voy a poner o en qué color voy a escoger”, lo explican bien ellos mismos. Como están juntas varias familias, se escucha: “Oye qué bonito tu punto”, “Voy a escoger el rojo”, “¿Y si pones la palabra más grande?”. Mientras van tejiendo, evocan a sus fallecidos, se conmemora.
¿Cuánto tiempo duró la investigación?
Los talleres de bordado duraron cuatro días, desde la primera puntada. La wiphala está dividida en tres fragmentos: el primer fragmento es el retrato; el segundo evoca el momento de la tragedia; el tercero consigna cómo interpretan estas personas el hecho social. Una banda roja identifica a los sobrevivientes y la negra a los fallecidos. Cada wiphala tiene nombre propio.
En la exhibición la mayoría de las víctimas son menores de 22 años.
Hemos empezado con los más vulnerables. La mayoría de las víctimas no eran manifestantes, eran niños que estaban volviendo a sus casas o curioseando desde el cerro la trifulca. En Juliaca, por ejemplo, Baylon Quispe Almirón, de tan solo 11 años, iba con sus padres y su prima a comprar la torta de cumpleaños para su papá. Una bala perdida le destrozó el pie. Einer Gary Quispe Navarro, 14, en Apurímac, estaba escondido detrás de un árbol, observando el pleito, cuando fue impactado por un balazo. Policías y militares dispararon a los niños que estaban en el cerro desde la azotea de la comisaría. Einer sobrevivió, pero aún no se recupera plenamente de la herida.
Murieron civiles, soldados, un policía…
La idea es hacer las 70 wiphalas de los 70 fallecidos civiles, militares y un policía. En el río Ilave se ahogaron seis soldados. También hacer wiphalas de las víctimas colaterales, muertos en la carretera porque la ambulancia no pudo trasponer el bloqueo en la carretera, por ejemplo.
¿Los adultos?
Marco Antonio Samillán Sanga, 30 años, de Juliaca, médico, fue herido por un balazo en la espalda. La vida que él estaba tratando de salvar, sobrevivió. Samillán se inmoló. El hermano de Samillán es ahora el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Puno. A Víctor Cuaresma Díaz, de 60 años, una granada le destrozó la mandíbula en Andahuaylas el 12 de diciembre. Sobrevivió. Su sobrino, Denilson Huaraca Vílchez, 22, fue baleado en el cerro. No estaban juntos. Es la única wiphala “doble” con una marca roja (sobreviviente) y otra negra (fallecido).
¿Heridos?
Más de 300, de los cuales más de medio centenar, graves: no pueden caminar, no pueden usar el brazo o tienen problemas cognitivos o de habla; no pueden continuar con sus estudios o con su profesión. La tragedia ha transformado sus vidas.
¿Cuántas mujeres víctimas hubo?
Fallecida una –Jhamileth Aroquipa Hancco–, en Juliaca; heridas, varias.
¿Por qué se embarcó en esta investigación?
Yo trabajo en derechos indígenas y humanos hace muchísimo tiempo, mujeres, sobre todo. Mi tesis de doctorado se centró en las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori.
¿Cuál es el objetivo del proyecto?
El arte es una herramienta muy potente para encontrar justicia. “Wiphalas por la memoria” es un proyecto de memoria en un contexto de justicia transicional, es decir, en el periodo que va desde cuando se comete el crimen hasta la decisión final de la justicia. A su vez, es un proyecto que permite acompañar a las víctimas, estigmatizadas por el racismo, el clasismo y la distancia. El arte nos ayuda a entender lo que sucedió de manera menos filtrada por la política.
El presidente Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado. Su destitución y arresto fueron oportunos y legales. Las víctimas murieron por una causa equivocada.
Muchas de las personas asesinadas eran menores de edad, no participaban en la manifestación. Pero a su vez no considero equivocado luchar por tu voto. La caída de Castillo puede ser justa o injusta, pero la democracia consagra el derecho a la protesta. Esa es la base de este sistema político. El ejercicio de “Wiphalas de la memoria” pone en perspectiva la tragedia.
La suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, denunció el 27 de noviembre a la presidenta Dina Boluarte y a otros por homicidio.
Patricia Benavides ha detenido y obstaculizado las investigaciones fiscales e incluso ordenado el traslado de los expedientes a Lima. No hay ningún avance, el juicio no ha empezado. No está en busca de la verdad, sino de librarse de la denuncia en contra suya puesta al descubierto por la Operación Valquiria.
El Grupo de Trabajo CLACSO Infancias y Juventudes calculó que suman 37 las niñas, niños y adolescentes heridos cuyas vidas no serán ya las mismas. El informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales hecho público por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2023, denunció «presuntas violaciones de derechos humanos como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos, inclusive de forma indiscriminada contra la población».
Según la Defensoría del Pueblo, del 7 de diciembre al 23 de enero del 2023 se registraron 477 protestas a nivel nacional, de las cuales 68 hechos de violencia. En ese periodo de tiempo fallecieron 57 personas incluyendo a las víctimas colaterales y se reportaron 912 personas heridas, de los cuales 580 eran miembros de las fuerzas de seguridad.
