Recogiendo bulos generados por Jaime Villanueva –el exasesor de la fiscal suspendida Patricia Benavides–, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay ha abierto una investigación preliminar por cohecho al director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y los fiscales del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez. Como parte de la averiguación, ha pedido a Gorriti su número telefónico para solicitar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
En esta entrevista, el jurista y exfiscal supremo Avelino Guillén considera que la decisión de Chinchay es “carente de la debida motivación” y pone en “peligro las fuentes que un periodista maneja”.
La pesquisa de Chinchay se origina en la denuncia que un político aprista presentó contra Gorriti el 12 de febrero ante el Ministerio Público, basándose en declaraciones predominantemente falsas que Villanueva dio en enero al fiscal Reynaldo Abia, y que Willax Televisión difundió. El canal es uno de los medios que ejecuta una campaña sistemática de desinformación contra este medio y sus periodistas. Su propietario es el empresario Erasmo Wong, investigado por lavado de activos.
¿Qué le ha llamado la atención de la apertura de investigación a Gustavo Gorriti?
La decisión del fiscal supremo Chinchay del 27 de marzo, mediante la cual abre investigación preliminar, es un grave error, una decisión apresurada, carente de la debida motivación porque se sustenta exclusivamente en los dichos del señor Villanueva. La noticia criminal a la que se refiere se basa en una versión que debió ser corroborada con evidencia, con elementos objetivos para abrir investigación preliminar. No se puede –en base a una simple versión o percepción– disponer el inicio de una investigación preliminar.
Se tiene que fijar con precisión cuáles son los hechos por los cuales una persona va a ser objeto de investigación o imputación: eso no se ha hecho.
La disposición fiscal indica supuestos hechos irregulares. El problema es el fundamento para atribuir las presuntas inconductas y el criterio para considerar qué es irregular.
En líneas generales (la disposición fiscal) señala que Rafael Vela y José Domingo Pérez proporcionan información reservada o datos que ellos obtienen en su investigación y, a cambio, Gorriti supuestamente levanta la imagen de estos funcionarios a través de su labor periodística. ¿Pero qué puede ofrecer un periodista?
Que los ciudadanos conozcan lo que se debe conocer.
El periodista ofrece la búsqueda de la verdad: informar a la opinión pública. Eso es lo que ha hecho el señor Gorriti, el principal periodista de investigación en el Perú en la actualidad, con un trabajo muy serio. En el caso Lava Jato ha estado siempre varios pasos adelante que el Ministerio Público, porque IDL-Reporteros empezó [a investigar] varios años antes que la Fiscalía. Entonces, no veo cómo puede sostenerse que lo que pueda conocer el señor Gorriti se basa en lo que le puedan proporcionar los fiscales. Además estamos entrando a una investigación de la labor periodística, lo cual en mi concepto es inaceptable.
«La decisión del fiscal supremo Chinchay del 27 de marzo, mediante la cual abre investigación preliminar, es un grave error, una decisión apresurada, carente de la debida motivación porque se sustenta exclusivamente en los dichos del señor Villanueva»
Hay un error de percepción de un supuesto intercambio ilegal. Si la línea editorial de un medio es denunciar la corrupción y la función de los fiscales es la persecución del delito, van a coincidir en sus tareas. Lo que el fiscal Chinchay califica de “apoyo mediático”, para la prensa es la tarea de combate a la corrupción.
Puede darse esa coincidencia y es interesante que se dé. El hecho de que un periodista coincida o resalte el trabajo que realiza el Ministerio Público de ninguna manera puede interpretarse como una conducta delictiva, no puede tipificarse como cohecho. Es importante que el periodismo en su trabajo diario, en su búsqueda de la verdad, cuando detecte un error de parte de la Fiscalía formule críticas porque eso puede ayudar a corregir. Por otro lado, si coincide con el trabajo que realiza la Fiscalía y resalta ese trabajo, no podemos pensar que hay un contubernio o un acuerdo ilegal entre periodismo y Fiscalía, no es correcto.
En esa línea, el periodismo tiene un rol fundamental en el Perú y en todo el mundo porque nos permite conocer hechos, acercarnos a la verdad, tener una opinión sobre determinados acontecimientos. El periodismo de investigación ha dado a lo largo de estos años muchas pautas muy importantes que han permitido descubrir y perseguir judicialmente a poderosas organizaciones criminales. Esa labor que contribuye al conocimiento de la verdad no puede ser objeto de una persecución de carácter penal, justamente por cumplir con la misión del periodismo.
La desprotección de las fuentes de información
¿La pretensión de vulnerar el secreto de las fuentes de información se debe al desconocimiento del trabajo periodístico?
Este probable pedido del levantamiento del secreto de las comunicaciones no va a ser otorgado por el Poder Judicial porque el secreto profesional está protegido por la Constitución, hay sentencias del Tribunal Constitucional y resoluciones de importantes organismos internacionales. En eso no hay discusión. El periodismo tiene el deber de proteger a sus fuentes. Lo digo con todo respeto por el Ministerio Público: no ha valorado correctamente cómo se desarrolla la labor periodística.
Cuando un periodista realiza una entrevista o pide una opinión o quiere corroborar un hecho, no se puede pensar que está realizando una conducta que podríamos calificar como delictiva. Lo que pasa es que muchas veces no conocemos cómo es el trabajo de los periodistas de investigación, los escollos que tienen que vencer, poner en riesgo su integridad y su vida. Gustavo Gorriti ha sido objeto de secuestro por la dictadura de Alberto Fujimori, le decomisaron su computadora y no se la quisieron devolver por varios días: esa es una situación que lamentablemente también se ha dado.
El apresuramiento de parte de la Fiscalía en los marcos de la investigación y la delimitación de las conductas a investigar, ha hecho que se abra un escenario donde se pueden permitir estas solicitudes como el levantamiento del secreto de comunicaciones. Si se diera, pondría en peligro las fuentes que un periodista maneja para su trabajo diario. No hay una valoración adecuada de lo que es el trabajo del periodismo y sus objetivos y el enfrentamiento que tienen contra la corrupción. Muchas veces la Policía no investiga por ejemplo la minería ilegal en toda su amplitud, las organizaciones de narcotráfico, el asesinato de líderes comunales en la selva: eso es una carga que lleva sobre sus hombros el periodismo sin seguridad, sin resguardo, sin recursos, solo en base a su trabajo diario.
Otros fiscales han intentado conocer y perseguir las fuentes de este medio. En 2018, el entonces fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza pidió con prepotencia las fuentes de IDL-R en el caso CNM-Audios, y recientemente la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público preguntó a IDL-R por sus fuentes.
Lamentablemente no existe en el Ministerio Público una posición clara en relación al periodismo de investigación. Se piensa erróneamente que existiría una forma de acercamiento ilegal entre periodismo y algunos fiscales para beneficio personal. El solo hecho de ver un periodista en sede judicial o del Ministerio Público pone a algunos demasiado en alerta y preocupados. Hay que tener en cuenta que en determinado momento procesal, cuando el Ministerio Público formula acusación contra un imputado tiene que salir a defender su acusación, y para eso el fiscal antes y durante el juicio puede recurrir a medios y redes. Es lo que se conoce como el debate mediático: la defensa lo hace de manera muy amplia y con inagotables recursos. La fiscalía recurre a la prensa para dar a conocer su tesis y su pretensión y eso no puede calificarse como un hecho cuestionable. Es parte del trabajo del fiscal, del cumplimiento de su deber. La fiscalía tiene que evaluar cuál va a ser su posición en relación al trato [con el periodismo]. En el comunicado del Ministerio Público en torno a este hecho, algunos puntos generan bastante preocupación.
Sí. La fiscalía presenta el asunto como que al periodista le “desagrada” que lo investiguen, pero el problema es la desprotección de sus fuentes.
Imagínese qué pasa si un periodista revela sus fuentes y las hace públicas en un caso de narcotráfico. Lo matan, lo persiguen a él y a su familia, y nunca más ninguna persona va a proporcionar información al periodismo. ¿Qué queremos con eso? ¿Atacar al periodismo, atacar sus fuentes, que revelen sus fuentes? Por eso la mejor salida para el Ministerio Público era no apresurarse y esperar que la fiscal suprema Delia Espinoza avance con sus investigaciones y corroboraciones. En virtud de ello otros órganos del Ministerio Público podían tomar una decisión porque se está dando el caso que por capítulos se abren investigaciones. Tanto más si advertimos que los fiscales Vela y José Domingo Perez hace un buen tiempo vienen siendo objeto de ataques muy severos por parte de las personas a las cuales investigan.
Ataques pro impunidad
El Equipo Lava Jato investiga a varios expresidentes y líderes de partidos políticos que parecen coordinar con los medios que desinforman, abogados y grupos ultraderechistas que hacen hostigamiento callejero. Esa articulación sirve para que los casos no avancen, sean investigaciones o juicios.
Es un hecho muy preocupante. Ya existe fecha para el inicio del juzgamiento del caso Cócteles: el primero de julio. De acá a esa fecha estoy seguro de que van a ocurrir muchos acontecimientos con el objetivo de buscar la exclusión del fiscal José Domingo Pérez, que no conozca ese proceso y ver la forma de declarar la nulidad al afirmar que existe supuestamente un acercamiento entre periodismo y fiscal, para un manejo de una investigación. No descarto que la defensa de Keiko fujimori solicite al PJ la exclusión. En el caso Lava Jato, el más importante de los últimos años, después del 2000, la fiscalía debió fijar una posición firme de respaldo a estos equipos especiales de investigación, estos equipos. Esa ausencia de respaldo activo fuerte de parte de la fiscalía ha determinado que los fiscales queden a veces a merced del ataque muy fuerte de parte de los que ellos vienen investigando. Y si ellos salen a decir su verdad, inmediatamente son objeto de procesos disciplinarios que pueden llevarlos hasta una suspensión. Es una situación muy delicada y esto merece una postura institucional del Ministerio Público.
Y los grupos violentos en la calle…
En el caso del delito de acoso, la fiscalía no tiene una posición firme. Hay excepciones valientes de algunos fiscales, pero esta actividad de hostigamiento permanente y de agresión verbal y física de parte de estos grupos violentistas de extrema derecha no merece una respuesta del Ministerio Público. Esto ocurre hace más de cinco años. Es una situación muy delicada y merece una postura institucional del Ministerio Público.
«Ya existe fecha para el inicio del juzgamiento del caso Cócteles: el primero de julio. De acá a esa fecha estoy seguro de que van a ocurrir muchos acontecimientos con el objetivo de buscar la exclusión del fiscal José Domingo Pérez»
La noche del sábado esas turbas atacaron nuevamente la casa del fiscal José Domingo Pérez. ¿Lo normal sería que vaya un fiscal de turno, no?
Tendría que ir y la policía, por lo menos, solicitar la identificación de quienes están agrediendo el descanso de los vecinos, porque usan unos altavoces que se escucha de acá a Cañete. Es una agresión muy fuerte y se viene repitiendo con intensidad. Si no existe una sentencia condenatoria por este hecho eso es atribuible exclusivamente al Ministerio Público.
En el Poder Judicial elaboran acuerdos plenarios con la posición institucional razonada. ¿Cuál es el instrumento equivalente para el Ministerio Público?
La Escuela del Ministerio Público puede plantear un debate donde participen las diversas instancias y fijar unas líneas de conducta y de actuación, aunque cada fiscal es independiente para desarrollar las investigaciones. Hay dos posiciones: los que sostenemos que el acoso es delito, y los que sostienen –sobre todo algunos jefes policiales– que es un asunto de libertad de opinión, y que la expresan en voz alta y por eso no intervienen. Un personaje público, entonces puede ser objeto de crítica, lanzan basura a su casa y por eso la Policía no actúa.
El Ministerio Público también debería tener esa discusión institucional interna sobre el periodismo.
La fiscalía tiene un enemigo frontal que es el delito, la delincuencia. Y en esa línea todos tenemos que usar esfuerzos: el público, los abogados, los jueces, los fiscales, el periodismo. La fiscalía haría muy bien en fijar una posición, y no determinados funcionarios de prensa del Ministerio Público, sino que sean los fiscales quienes discutan y debatan sobre esto.
Como ciudadano tengo derecho a informarme, a conocer la verdad. Ese es un derecho constitucional y lo hago efectivo a través del periodismo. Para eso existe una variedad de opiniones, una variedad de criterios que se expresan a través de la prensa y yo elijo cuáles.
Cuando empecé a trabajar en la fiscalía lo primero que me dijeron fue: “revise usted todo esto”, y me dieron todos los medios periodísticos, de Lima, provincias y muchas veces medios internacionales y había que revisarlos al detalle para tener la información, la noticia, y ese apoyo [al trabajo fiscal] se da a través de la labor periodística. Por eso la fiscalía debería discutir y evaluar su labor y conducta en relación a ella. El periodismo es un pilar fundamental para el sostenimiento de la democracia: si vamos a atacar el periodismo estamos en una situación muy delicada.
En el caso de la investigación de ‘La Encerrona’ también ha habido intimidación a una fuente de información.
En relación a las joyas de la señora Boluarte da la impresión que quisiera cuestionar al periodismo. Es un mensaje (el del sábado 30) sobre todo a las fuentes. Es una situación muy delicada porque estamos avanzando a una mucho más acentuada pérdida de libertad en este régimen. Con absoluto respeto por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, les expreso: vean la posibilidad de generar un debate interno en relación a la libertad de prensa, el periodismo de investigación, el acoso, la actividad de los grupos de extrema derecha. Estas posturas institucionales van a restablecer la confianza de la ciudadanía en una institución tan importante como el Ministerio Público.
