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Resumen de lo publicado El relato de la primera entrega nos lleva hasta febrero de 2014, cuando Ana Jara dejó el ministerio de la Mujer (MIMP), que fue asumido por la congresista de Perú Posible, Carmen Omonte. Hasta este momento, lo relatado deja en claro que: • En los primeros meses de 2013, el ministerio de la Mujer decidió comprar con urgencia 8 millones 240 mil pañales. Después de un proceso de gran celeridad, que empezó en mayo y terminó en julio de 2013, se compró los pañales por 6 millones 143 mil 700 soles. • No había demanda para la compra de los pañales, ni había tampoco planes de almacenamiento y distribución. • Los pañales se arrumaron en un almacén en Villa El Salvador, donde el jefe del almacén se quejó una y otra vez de las pésimas condiciones del local; e informó luego que no había espacio para un solo pañal más cuando se había entregado apenas el 50% del lote de pañales. Sin embargo, poco después, en noviembre de 2013, se informó que ya habían entrado más de 8 millones de pañales, cuando el almacén supuestamente reventaba con apenas cuatro millones. • Luego de la inédita y veloz compra, del desorganizado e incierto proceso de almacenaje, el MIMP, o por lo menos su dirección, se olvidaron de la existencia de los pañales. En los seis meses adicionales que duró la gestión de Ana Jara, se repartió apenas el 1% de los pañales, 89 mil 202. Y hubo meses enteros en los que no se repartió ninguno. Con la compra hecha y la plata entregada, los pañales quedaron olvidados, sin repartirse, en su precario almacén. • Los pañales, sin embargo, no se dejaron, para nada, olvidar, como lo vio la nueva ministra Carmen Omonte.
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Colegas enemigas
Uno ve la foto y ambas políticas parecen tan cercanas, tan amigas. Se dice que una foto vale por mil palabras, pero no se dice cuántas de ellas son mentira.
Por un asunto de pañales, el choque entre ambas ministras era virtualmente inevitable. Aunque vírgenes de uso, los pañales ya hedían, el caso se iba a complicar y la pregunta era (y es) quién iba a resultar cubierto con aquello que esos pañales no habían alcanzado a absorber.
La nueva ministra, Carmen Omonte, sin embargo no se dio cuenta de inmediato, según parece, del problema que tenía encima. Sí se percató del tremendo inventario de pañales que atoraban el almacén de Villa El Salvador y, según dice, se esforzó todo lo posible en distribuirlos.
Entre marzo y diciembre de 2014, Omonte repartió 2 millones 148 mil 385 pañales. Según la ahora ex ministra, fue ella quien tuvo que generar la demanda por pañales. “… Si vas a una comunidad nativa, a un lugar pobrísimo, la gente está esperando otras cosas. […] [Los pañales] no es lo primero que te pide un alcalde. Piden herramientas, botas, frazadas”.
Omonte sostiene que no quedó huella de los 89 mil 202 pañales repartidos por Ana Jara durante su gestión en el MIMP. “Sabemos que fueron entregados en Las Palmas. No hay registro de beneficiarios. No se sabe a dónde fueron a parar esos pañales”.
A pesar de eso, sin embargo, Omonte no parece haberse dado cuenta del problema que cargaba. Entre julio y septiembre de 2014, todos los pañales que estaban en el almacén de Villa El Salvador (varios millones) fueron trasladados a otro almacén, más pequeño, en San Luis. Ni a Omonte ni a sus funcionarios se les ocurrió hacer un conteo de los pañales. De manera que no es posible saber con exactitud cuántos pañales salieron de Villa El Salvador y cuántos llegaron a San Luis.
En octubre de 2014, la OCI, órgano de control institucional, del ministerio de la Mujer, que depende de la Contraloría, envió un oficio a Omonte, en el que informó sobre irregularidades importantes en el almacenaje de los pañales. Según los funcionarios de la OCI:
• Encontraron pañales deteriorados por la humedad, que, según el oficio, habrían llegado así de Villa El Salvador; estaban arrumados en apenas 100 metros cuadrados en San Luis, sin ningún orden.
• Las tarjetas de control estaban borroneadas, con diferencias que ellos detectaron entre el saldo registrado de un tipo de pañal y el conteo físico.
En las conclusiones del oficio, los funcionarios de la OCI recomendaron a Omonte que regularizara las tarjetas de control, ordenara los pañales, los etiquetara adecuadamente y registrara con precisión las entradas y salidas.
Lo único que se hizo fue ordenar los pañales, pero, sorprendentemente, no hubo conteo.
En la burocracia que lidia con campos minados o pañales cargados, hay omisiones cuyo precio es alto.
El 17 de diciembre de 2014, a solicitud de la OCI, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del ministerio de Salud, intervino el almacén de San Luis y encontró pañales en mal estado, “sin consistencia, por exceso de la apilación [sic]”. El almacén estaba sucio, había un gato y algunas bolsas rotas de pañales. La DIGEMID decidió inmovilizar los pañales, parar su distribución mientras realizaba pruebas para determinar si estaban en buen estado o no.
Desde entonces hasta ahora, la DIGEMID no ha emitido ningún informe ni se ha pronunciado ni ha levantado la inmovilización. IDL-R intentó entrevistarlos, pero la respuesta fue la típicamente burocrática: la información es “reservada”, el tema está “en proceso de investigación por la Contraloría” y, en consecuencia, paralizado.
Es entonces, casi un año después de asumir el ministerio, que Omonte parece haberse dado cuenta que el problema de los pañales estaba cayéndole casi entero a ella.
Cuando las autoridades del ministerio de Salud no respondieron a su petición de resolver rápidamente el asunto, Omonte encargó a un laboratorio particular, Hypatia, el análisis de los pañales. El informe de este, emitido en febrero de 2015 indicó que los pañales estaban aptos para su distribución.
El escándalo, entre tanto, ya había reventado, y la guerra de pañalazos, sin estar declarada, ya se venía peleando por lo bajo.
Whatsappeo ministerial
El domingo 25 y el lunes 26 de enero de este año, el diario La Razón y la revista VelaVerde publicaron dos artículos sobre las malas condiciones de almacenaje de los pañales. “Parte de una adquisición por cerca de ocho millones de soles [sic] en pañales (…) ha terminado malográndose en las instalaciones de este portafolio, a cargo de Carmen Omonte”, señalaba el artículo del semanario.
Según fuentes con conocimiento de causa consultadas por IDL-R, por lo menos una parte de la información para esas publicaciones provino de la PCM.
Una semana después, el 2 de febrero, VelaVerde publicó otro artículo, titulado “Pañales que descomponen un gabinete”. Esa nota recogía las declaraciones de Omonte, indicando que los pañales estaban en buenas condiciones y que le había pedido a la Contraloría que audite el proceso de compra de los mismos.
En el mismo artículo, el periodista Jesús Molina escribía que “a declaratoria de guerra le ha sabido a la jefa de gabinete que Carmen Omonte le haya solicitado a la Contraloría General de la República (CGR), que audite el proceso de compra de más de ocho millones de pañales”.
Declarada o no, ya había guerra. En efecto, Omonte había visitado a Fuad Khoury para pedirle que investigara el proceso de compra, almacenaje y distribución después de percibir que alguien en el Ejecutivo buscaba arrimarle el cargamento completo de responsabilidad de los pañales.
Y como era de esperar en este gobierno, el primer áspero intercambio no se dio en persona sino a través del WhatsApp, en el que, para deleite de hackers, el Presidente y los miembros del gabinete intercambian opiniones sobre los asuntos de Estado.
Inmediatamente después de la publicación del 2 de febrero en VelaVerde, el chat de WhatsApp se calentó con la vehemente discusión entre Ana Jara y Carmen Omonte.
Jara acusó a Omonte de haber filtrado a la prensa que hubo irregularidades en la compra de pañales –realizada, como se sabe, durante su gestión. Le increpó a Omonte que pese a haber tenido tiempo para repartir todos los pañales, no lo había hecho.
Carmen Omonte, a su turno, recordó a Jara que en su período se habían repartido dos millones de pañales, aunque se abstuvo de recordarle que Jara apenas había repartido 89 mil en seis meses de gestión. Pese a sugerirle a Jara que el asunto quedara ahí, le confirmó haber escrito al contralor para que investigue la compra, almacenaje y distribución de los pañales, durante ambas gestiones.
Eso, por supuesto, no tranquilizó en absoluto a Jara, que aparentemente esperaba que Omonte se resignara a ser la única investigada.
Pese al nivel creciente de hostilidad, Omonte hizo un intento adicional por aclarar el asunto con la PCM.
Hacia fines de la primera semana de febrero, sus funcionarios de confianza gestionaron una reunión en la PCM con Ana Jara y los burócratas de alto nivel que habían trabajado con Jara en el ministerio de la Mujer y que, en varios casos, estuvieron involucrados directamente en la compra de los pañales.
La reunión se llevó a cabo en la PCM, pero Ana Jara no participó de ella. La representaron Marcela Huaita, actual ministra de la Mujer, que entonces era la secretaria general de la PCM, y antes había sido viceministra de la Mujer; Elsa Cubillas, ex secretaria general del MIMP durante la gestión de Jara; Mónica Saravia, jefa del gabinete de asesores de la PCM; y Martin Pérez, jefe de asesoría jurídica de la PCM. También estaba el asesor David Palacios, que es el actual secretario general del ministerio de la Mujer. Y Joe Rosales, que había sido jefe de la OGA durante la gestión de Ana Jara en el ministerio de la Mujer.
Del otro lado de la mesa estuvo Omonte, quien llegó acompañada de su secretaria general, Lourdes Mauricio; el jefe de gabinete de asesores, Mario Ríos; y el jefe de la OGA, Aldo León.
La reunión sirvió de poco, excepto para darse cuenta que en ese momento cada una de las partes luchaba por adscribirle la paternidad de los pañales a la otra.
Esa noche, Omonte y Jara coincidieron en una recepción organizada por la embajada de Francia, pero ni se saludaron.
Carmen Omonte no volvió a hablar con Jara del tema, pero sí lo hizo con el Presidente Humala. De poco le sirvió. En el choque contra Ana Jara, ella, invitada por el régimen, no tenía ninguna posibilidad de prevalecer.
Omonte fue sacada del gabinete, junto con otros tres ministros, el 17 de febrero pasado.
Su sucesora fue Marcela Huaita, la ex viceministra, secretaria general y persona de toda confianza de Ana Jara, quien recuperó así plenamente el control del ministerio de la Mujer. En poco tiempo, casi toda la gente cercana a Omonte fue despedida. Y al poco tiempo sonó el teléfono de esta.
El robo
El viernes 13 de marzo, cerca de la 1:30 de la tarde, Carmen Omonte recibió una llamada telefónica de Marcela Huaita, la nueva ministra de la Mujer.
En un tono sumario y que se esforzaba por parecer neutral, Huaita informó a Omonte que sus funcionarios habían detectado un robo masivo de un millón y medio de pañales.
La persona que detectó el tremendo faltante fue Aldo León, entonces todavía jefe de la OGA del ministerio de la Mujer. El nuevo secretario general del ministerio, David Palacios, le había ordenado un inventario de pañales el 9 de marzo. León entregó formalmente el documento el 16 de marzo, pero el 12 ya tenía las conclusiones.
¿Quién era responsable política del robo? ¿Jara u Omonte?
La ahora censurada ex primera ministra parecía tener una buena defensa, pues el último inventario de pañales se hizo durante su gestión, en febrero de 2014.
Según ese inventario, había entonces 8 millones 158 mil 644 pañales en almacén.
Pero, de acuerdo con ex funcionarios de confianza de Carmen Omonte, el inventario epilogal de Ana Jara no fue ni es un documento digno de crédito. “Se hizo en seis horas”, dijo Aldo León, ahora ex jefe de la OGA del ministerio de la Mujer. “Es imposible que hayan hecho un inventario tan rápido”.
Alguien miente, sin duda, y una investigación mínimamente eficiente podría identificar responsables en poco tiempo. Pero hasta este momento, como es usual, la Contraloría no ha producido nada.
El número de pañales aparentemente repartidos es casi igual al número de los robados. Los que están retenidos pueden fácilmente terminar incinerados.
Ahora que ambas han regresado al, si se quiere, llano congresal, Jara y Omonte podrán seguir alimentando sus íntimas desavenencias.
En tanto, mientras, las burocracias encargadas de investigar en nombre de la ley, deciden si les conviene o no buscar resultados positivos, lo que sí debe quedar claro es que este no es un delito sin víctimas.
