El Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe consagra los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Este instrumento jurídico calificado de pionero por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue suscrito por el Perú en Costa Rica el año pasado y se encuentra a la espera de su ratificación por el Congreso. Pero entre la flora y fauna criolla ha surgido una autodenominada Coordinadora Republicana que ha publicado un comunicado en “defensa de la soberanía nacional”, en el que se sostiene que el Acuerdo “pretende que nuestro país adecúe el ejercicio de sus derechos legítimos sobre nuestro territorio, mayoritariamente amazónico, supeditándose al peligroso criterio globalista y supra nacional de la ONU”. Suscriben el comunicado Rafael Rey, Ántero Flores Araoz, Francisco Tudela von Breugel Douglas y el almirante Luis Giampietri, entre otros representantes de lo más rancio del conservadurismo gamonal.
En el fondo, Escazú representa la versión latina del Convenio de Aarhus, de similares alcances en la comunidad europea, vigente desde 1998. Pero su carácter jurídico vinculante azuza el cuco de la soberanía. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (1975) y el Convenio de Minamata (2013) para la reducción en el uso del mercurio, también son vinculantes, sin que comprometan la soberanía nacional. El propio Acuerdo de París (2015), si bien no vinculante, compromete al país sin necesidad de sacar a la Armada.
Mariano Castro, abogado y exviceministro de Gestión Ambiental (2012-2016), participó, junto con representantes de la Cancillería peruana, en las negociaciones internacionales para llegar a este convenio. En la presente entrevista, Castro explica los democráticos – pero acotados– alcances del Acuerdo de Escazú y responde a los críticos con solvencia.
¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú?
Consolidar un acuerdo regional orientado a reforzar la implementación de los principios de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, reconocidos a escala mundial desde 1992. Cuando hablo de justicia ambiental, me refiero a que debe asegurarse un canal jurídico de resolución de controversias ambientales que sea técnico y objetivo. ¿Cómo reclama, por ejemplo, el concesionario ecoturístico o forestal afectado por la minería ilegal? Ahí la acción especializada de la Policía, de la Marina en el caso de los ríos, de la Fiscalía, del Poder Judicial, es fundamental. ¿Qué establece el Acuerdo de Escazú? Que los Estados avancen en la especialización y en el acceso a la justicia en materia ambiental.
¿Acaso ninguna instancia nacional se ocupa ahora de esto?
Sí, tenemos el Tribunal de Fiscalización Ambiental, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental [OEFA]; el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, de la Autoridad Nacional del Agua; el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre [OSINFOR]. Sin embargo, basta analizar las estadísticas para que ver la complejidad y el creciente número de casos que son atendidos por estas instancias. Entonces, lo que se requiere es fortalecer y especializar la justicia en asuntos ambientales para evitar que el único mecanismo de solución sea la violencia.
¿Qué está pasando, por ejemplo, en Madre de Dios, que parece tierra de nadie?
Yo creo que en Madre de Dios ha habido importantes esfuerzos hacia la formalización de la minería y la interdicción de la minería ilegal de oro, pero todavía hay mucho que hacer. Es necesario evitar que la economía ilegal corrompa los niveles políticos nacionales y regionales y que siga no solo degradando el ambiente, sino afectando derechos fundamentales de la población. A pesar de la situación, en Madre de Dios solo hay un módulo de justicia ambiental. Entiendo que el Poder Judicial ha pedido al Ejecutivo y al Congreso que haya siete o más de estos módulos en el país. En realidad, se necesita la especialización de justicia ambiental en todos los niveles, hasta llegar a la Suprema. Hay que avanzar. Se tienen los mecanismos, se tiene la orientación política, pero se requiere recursos. Ahora, cada país tendrá soberanamente que ir decidiendo cómo, dónde, cuándo alcanzar ese proceso.
¿De qué manera el Acuerdo de Escazú fortalecerá nuestra gobernanza ambiental?
Justamente es a través del intercambio de experiencias y prácticas en esta materia que los países mejoramos nuestro desempeño. Es la misma lógica que se da al ser un país miembro de la OECD [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos].
La naturaleza jurídica de este tratado es vinculante, lo que ha sido interpretado por algunos como un atentado contra la soberanía. ¿Usted qué opina?
La naturaleza vinculante le da más seriedad al Acuerdo y permite que todos los países firmantes cooperen en los propósitos comunes acordados. El hecho de que sea vinculante no implica ninguna cesión de soberanía. Es más, la decisión de que tuviera esa naturaleza fue un acuerdo unánime de todas las cancillerías.
Sin embargo, el excanciller Francisco Tudela asegura que el país perdería soberanía sobre la Amazonía, en específico, porque un ente supranacional sería la última instancia que definiría cualquier conflicto ambiental.
Falso. El Acuerdo de Escazú establece con claridad el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. El Acuerdo tampoco otorga a una instancia supranacional la solución de controversias sobre estos recursos.
La bancada fujimorista ha dicho que no va a suscribir el Acuerdo.
Habría que recordarle a esa bancada que fue el expresidente Fujimori quien firmó la Declaración de Río de 1992, en la cual se establece los principios de Escazú. En consecuencia, sería un retroceso y una contradicción con los principios que suscribió el propio Fujimori.
Se afirma que la participación en asuntos ambientales empoderará a organizaciones que no son necesariamente representativas de la población.
La participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales considera a todos los ciudadanos y organizaciones interesados: todas las personas, empresas, comunidades, etc. Esa es la mejor forma de construir democracia, también en materia ambiental. Y en ningún caso el Acuerdo establece reemplazo alguno del rol de la autoridad. Es decir, la participación de las comunidades o de cualquier ciudadano no implica que sus acuerdos sean vinculantes. La decisión siempre queda en manos de la autoridad.
Se alega que el acuerdo frenaría las inversiones en minería y recursos naturales. ¿Cuál es la posición del empresariado nacional al respecto?
Entiendo que hay cierta preocupación surgida de esta desinformación sobre el alcance y contenido del Acuerdo. Pero estoy seguro de que tal como está ocurriendo en otros países de América Latina, el sector empresarial peruano se va a sumar en forma activa al Acuerdo. Tener acceso a la información, a la participación pública y a la justicia beneficia a la inversión porque asegura la predictibilidad y garantiza la seguridad jurídica. El Perú debe mostrar que es un país que promueve la inversión responsable, que es un mensaje muy importante.
¿Es Escazú un acuerdo único en el mundo?
No, en Europa está el Convenio de Aarhus, muy similar al de Escazú, que data de 1998. Europa y América Latina y el Caribe son actualmente las dos regiones del mundo que tienen un desarrollo sobre temas de derechos de acceso en asuntos ambientales. El Perú debe participar activamente en este escenario internacional.
¿Hay un plazo para que el Congreso lo ratifique?
El proyecto de resolución legislativa suscrito por el Presidente y el ministro de Relaciones Exteriores [Gustavo Meza Cuadra] fue remitido al Congreso en octubre del 2019. La resolución cuenta con la opinión favorable de todos los sectores, incluidos la Cancillería, Energía y Minas, Producción, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y sectores académicos y sociales. Ahora el proyecto está en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que debe aprobar el dictamen.
No hay un plazo establecido, pero para que el Acuerdo entre en vigor, se necesita la ratificación de once países. Ya son nueve los que lo han hecho. Entre los países amazónicos figuran Bolivia, Ecuador, Guyana. Colombia firmó el 11 de diciembre. Brasil también lo suscribió, espero que siga la línea. Lo que se espera es que el Perú sea uno de esos once países para que pueda participar en la primera conferencia de las partes.
Quienes se oponen al Acuerdo, ¿tienen acaso una agenda oculta?
Yo quiero creer que esto se basa en la desinformación y en algunos mensajes de personas que, pese a saber de derecho internacional, han mal informado.
