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La modalidad de negocios de Odebrecht en Argentina

(Foto: La Nación)
Marcelo Odebrecht explicó a los fiscales brasileños que siempre le exigían acordar con una contratista local para que los proyectos prosperaran.
ALIANZA INVESTIGATIVA:
RED DE PERIODISMO DE INVESTIGACIóN ESTRUCTURADO
por Hugo Alconada Mon (La Nación, de Argentina)
PUBLICADO lunes 30 DE octubre, 2017 A LAS 20:36
ACTUALIZADO jueves 20 DE abril, 2023 A LAS 18:48

Conocido como «el Príncipe de la Obra Pública» en Brasil, Marcelo Odebrecht es hoy un reo convicto y delator premiado como máximo responsable de las coimas que pagó su empresa durante años en su país y alrededor del mundo. Y ante los investigadores confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento incluyó sobornos millonarios, bajo las siglas «DGI» que constan en múltiples documentos internos.

Anotar «DGI» en un memo, explicó Odebrecht a los investigadores brasileños del Lava Jato, implicaba haber asumido «compromisos políticos», afrontar «favores», «contribuciones», «pagos a agentes públicos», «donaciones» u otros rubros «ilícitos» que se incorporaban a los costos finales de cada contrato.

Odebrecht no aportó los nombres, ni los montos de quienes recibieron esos supuestos sobornos en la Argentina. Aclaró a sus interrogadores que él «delegaba mucho» cuando se trataba de operaciones en el exterior. Pero sí aludió a la práctica habitual del gobierno kirchnerista de imponerles «socios locales» como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.

En algunos países, según Odebrecht, las empresas estaban «obligadas» a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas era indispensable. Esas firmas locales y esos operadores locales, dijo, tenían los «accesos políticos» y los contactos para canalizar cualquier pedido.

Así, para disputar el multimillonario proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, o a la firma BTU, de Carlos Mundin.

La constructora también debió contratar los «servicios de consultoría» de Jorge «Corcho» Rodríguez. Y Odebrecht identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países donde más peso tenían y tienen esos operadores.

 Legisladores de Córdoba, a Brasil

Tres legisladores provinciales de Córdoba, opositores al gobernador Juan Schiaretti, viajaron a Brasil para pedir a los fiscales del Lava Jato que investiguen si la empresa Odebrecht pagó sobornos en la obra de los gasoductos que se licitó en esa provincia.

(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por IDL-Reporteros y los periodistas Hugo Alconada (La Nación/Argentina); Guilherme Amado (O Globo/Brasil); Rolando Rodríguez (La Prensa/Panamá); Joseph Poliszuk (Armando.Info/Venezuela); Fabián Werner y Darío Klein (Sudestada/Uruguay); e Ignacio Rodríguez Reyna, Alejandra Xanic y Marcela Turati (Quinto Elemento Lab/México).

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