Pandora Papers

Las redes offshore de Gustavo Salazar

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Gustavo Salazar. (Ilustración: IDL-Reporteros)

Por Romina Mella.-

Gustavo Salazar es uno de los personajes menos notorios en el elenco estelar de corruptos del caso Lava Jato, pero no por eso menos importante en esta trama. Prófugo de la justicia desde el 2017, el broker de seguros y expresidente del Club Regatas ha llevado una vida con lujos en Miami –junto a su familia– mientras que en el Perú pesa sobre él una orden de detención.

Salazar ha sido muy versátil en sus negocios propios y en las relaciones corruptas con compañías, sobre todo con las brasileñas OAS y Odebrecht. 

En noviembre pasado, el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación en su contra por haber participado como intermediario en el pago de US$1,2 millones en sobornos que Odebrecht hizo al exgobernador regional del Cusco, Jorge Tito Acurio, por el proyecto de la Vía Circunvalación en la ciudad del Cusco. 

 

Jorge Tito Acurio. (Foto: Andina)

 

Durante las investigación por este caso, Salazar intentó acogerse a la colaboración eficaz, pero esta fue desestimada debido a las inconsistencias en su versión y a que la fiscalía puso como requisito que para iniciar el proceso debía entregarse a la justicia. 

Pesa sobre él un proceso de extradición, que fue aprobado en 2018 por el Poder Judicial. Hace unos días, durante el viaje a Estados Unidos de los fiscales del Equipo Especial para asistir a la audiencia de extradición de Alejandro Toledo, sostuvieron reuniones con funcionarios estadounidenses para tratar el caso.

Ahora, nuevos documentos de los ‘Pandora Papers’ revelan cómo Gustavo Salazar ha utilizado las estructuras financieras offshore ―es decir, el mundo opaco de los paraísos fiscales―para proteger un departamento en Miami en el contexto de las investigaciones en curso del caso Lava Jato, así como sus relaciones empresariales con otros implicados en el caso.

 

Escudo offshore

 

Desde el 2 de abril de 2012, Gustavo Salazar y su esposa, Sandra Irene de Souza-Peixoto de Salazar, son beneficiarios finales –es decir, dueños reales– de la compañía offshore Diangelo Invest Limited, inscrita originalmente en la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas (BVI) y gestionada por la firma legal Trident Trust, de acuerdo con los registros de los ‘Pandora Papers’.

 

Gustavo Salazar y su esposa, Sandra Irene de Souza-Peixoto. (Foto: Asia Sur)

 

En el primer semestre de 2017, sin embargo, Salazar solicitó el cambio de jurisdicción de la empresa offshore a Florida. Esto coincidió con el hecho de que el broker de seguros se fue a vivir con su familia a Miami en mayo de ese año.

¿La razón? El 17 de mayo, la Fiscalía y agentes de la Policía allanaron tres de sus propiedades en Lima y pocos días después ordenaron su detención, en el contexto de las investigaciones al exgobernador regional del Cusco. 

Coincidentemente, Gustavo Salazar estaba por esos días en Australia, en un evento de la Federación Mundial de Bádminton. Ante las medidas fiscales, Salazar decidió no regresar al Perú y se mudó a Miami.

En esa ciudad, y mientras era investigado en Lima, tuvo ocasión de asistir a la boda de una de sus hijas, realizada el 28 de mayo, según pudo verse en un video publicado por Cuarto Poder tiempo después. 

 

Gustavo Salazar en la boda de su hija en Miami. (Foto: Cuarto Poder)

 

De acuerdo con un certificado de territorialización ―un documento que acredita el registro de una empresa en una determinada jurisdicción―, del 20 de octubre de 2017, el objeto de Diangelo Invest Limited Corp fue realizar cualquier tipo de actividad o negocio en Estados Unidos. Cinco días después, la compañía fue incorporada a la jurisdicción de Florida.

Salazar figura como director de la offshore.

Quince días después, el 6 de noviembre de 2017, Salazar firmó un documento del estudio Trident Trust que lo acredita a él y a su esposa como los beneficiarios finales –es decir, los verdaderos dueños– y únicos directores de Diangelo Invest Limited. El documento ―revisado por IDL-R como parte de la investigación ‘Pandora Papers’― indica como su domicilio el departamento 1504 ubicado en 17001 Collins Avenue, Sunny Isles, Miami,  que era donde vivían entonces. 

Salazar, que se registró como empresario y broker de seguros, figura con 49,000 acciones y su esposa con 1,000 acciones.

“La compañía será dueña indirecta de un departamento en Sunny Isles y manejará una cuenta bancaria para cubrir gastos de mantenimiento de la propiedad”, indica el documento, que además señala como valor estimado de ambos, departamento y cuenta bancaria, la cifra de  US$1,950,000. 

Salazar registró como asesor legal a Robert F. Hudson, de la firma estadounidense Baker & McKenzie LLP, uno de los bufetes más importantes en la fabricación y administración de sociedades offshore.

 

 

Dentro de los documentos relacionados a Diangelo Invest Limited hay uno que permite establecer la estructura montada por Salazar en torno a sus propiedades. 

Se trata de una factura de Trident Trust con los costos (US$1,400) por el cambio de jurisdicción de Diangelo, de Islas Vírgenes Británicas a Florida, que fue pagada a través de un cheque por otra offshore de Gustavo Salazar, denominada GUSA 1504 LLC. Esta última compañía era propietaria del departamento de Sunny Isles donde vivía el broker de seguros. 

De acuerdo con los registros de propiedades de Miami, revisados para este reportaje, Salazar había comprado esa propiedad el 14 de mayo de 2012, a través de GUSA 1504 LLC, por un monto de US$1,520,000, a la empresa CAFA 1504 LLC.

 

 

Gustavo Salazar mantuvo la propiedad hasta que en 2018 su situación legal volvió a sufrir un revés: El 22 de marzo de ese año, el juez Manuel Chuyo, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios aprobó –en primera instancia– el pedido de extradición en su contra; y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó, para el 12 de abril, la audiencia pública para ver la causa. 

Cuatro días antes de la audiencia, el 9 de abril, GUSA 1504 LLC –la offshore de Salazar– vendió la propiedad a otra offshore, ESHI ME LLC, por un monto ligeramente menor al que la había comprado: US$1,500,000. En esa venta figuran como representantes de GUSA la esposa del empresario, Sandra, y su hija Arantxa. 

 

 

Sandra Salazar ha tenido una participación notoria en este esquema. 

También aparece en documentos como directora de una compañía denominada LULU 3103 LLC, que en febrero del 2018 compró por casi cuatro millones de dólares un departamento de otro condominio ubicado en 16901 Collins Avenue. En el documento de compra-venta, LULU 3101 LLC registró la misma dirección del departamento de Gustavo Salazar.  

 

 

La trama tuvo uno de sus episodios más recientes el 16 de marzo del 2021, cuando LULU 3101 LLC, representada por Sandra Salazar, vendió la propiedad a la compañía JADECY LLC, por un monto menor al que compró la propiedad: US$3,425,000. Curiosamente, ambas compañías registran como dirección el mismo condominio. 

 

 

Documentos incautados por la Fiscalía durante el allanamientos a las propiedades de Gustavo Salazar, en 2017, permiten entender mejor la estructura offshore para las propiedades en Miami. 

En un correo electrónico del 18 de octubre de 2013  enviado por Iván Chu, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros, a una trabajadora de la aseguradora La Positiva [donde Salazar fue gerente general], le indica lo siguiente: “De acuerdo a lo coordinado, te envío el cuadro que hicimos en relación con todas las sociedades extranjeras vinculadas con Gustavo. El cuadro está actualizado hasta mayo y actualmente estamos trabajando en una versión actualizada, a efectos de incluir cualquier sociedad que se haya podido constituir en estos últimos meses”.

 

 

Iván Chu adjunta una relación de 17 sociedades, entre las cuales está GUSA 1504 LLC, con un pequeño organigrama sobre cómo está estructurada. 

 

 

Los socios

Dentro de los documentos de ‘Pandora Papers’ figura una carta de referencia del peruano Julio Velayos dirigida a  Trident Trust, del 6 de noviembre de 2017, en la que indica que conoce a Salazar y a su esposa desde hace 35 años, “que nunca (según mi leal saber y entender, información o creencia) han estado involucrados en procedimientos de quiebra, penales o similares, y que los considero financieramente confiables y de buena moral”.

 

En la fecha que fue enviada esta carta, ya pesaba sobre Salazar una orden de detención.

Julio Velayos ha sido socio de Salazar en por lo menos una compañía en el Perú. Se trata de la empresa Belleza Do Corpo SA, dedicada a la prestación de servicios de salud. Fue constituida el 28 de marzo de 2001, con un capital de 10 mil soles. Los socios fundadores fueron Gustavo Salazar, Julio Velayos y Ronny Orlando de Zouza-Peixoto Luna.

Julio Velayos también estuvo en el primer directorio de otra compañía, SEG PERU SAC, dedicada a la gestión de obras y elaboración de expedientes técnicos, fundada en 2016 por Salazar y la compañía Sondeos Estructurales y Geotecnica SA, esta última representada a su vez por José Francisco Zaragozá.

Como se recuerda, Zaragozá se convirtió en colaborador eficaz en la investigación fiscal contra Salazar por  los sobornos pagados por Odebrecht al exgobernador regional del Cusco.

 

José Francisco Zaragoza, detenido por la Policía a causa del Caso Odebrecht. (Foto: Poder Judicial)

 

Actualmente está en curso el proceso de extradición contra Gustavo Salazar en Estados Unidos, aprobado por el Poder Judicial en 2018. En noviembre pasado, el fiscal Juárez Atoche presentó una acusación formal contra Salazar, en la que pidió una pena de 13 años y 4 meses de prisión. 

El 21 de diciembre del 2020, Juárez envió un oficio a la jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, la fiscal Rocío Gala, con las copias de la acusación fiscal – que contienen más de 700 folios–, para que fueran enviadas a las autoridades estadounidenses a cargo del proceso de extradición. 

IDL-R pudo conocer que diez meses después, este despacho aún no ha enviado la acusación a las autoridades estadounidenses. 

¿Por qué la demora? El área de servicios generales de la Fiscalía convocó a un concurso público para la contratación de traductores de la acusación fiscal al inglés. El concurso fue observado por la OSCE y se suspendió. La Fiscalía debía convocar a otro concurso, pero hasta ahora no lo ha hecho porque no tiene fondos para cubrirlo. La traducción tenía un costo aproximado, según indicó una vocera de la Fiscalía, de más de 100 mil soles. 

Recién ayer por la noche la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue informada de este problema y ha pedido un informe a la gerencia general sobre el estado de este y otros casos. 

 

Publicado el martes 05 de octubre, 2021 a las 8:01 | RSS 2.0.
Última actualización el miércoles 20 de octubre, 2021 a las 19:40

Un comentario

  1. No es la primera vez que una extradición se entrampa por falta de recursos o mala traducción, para beneplácito de los perseguidos por la justicia. Las casas incautadas ¿ no pueden ser vendidas o prendadas para cubrir todos los gastos?

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Web por: Frederick Corazao

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