A mayo de este año, las cárceles peruanas albergaban a más de 91 mil presos: una sobrepoblación de 223%, pues su capacidad instalada es de apenas 41 mil. En el penal del Callao, la sobrepoblación es de casi 500%: donde cabe un preso, hay seis.
La convivencia en las cárceles empieza a complicarse, la delincuencia va en aumento y la incidencia de ciertos delitos también se ha modificado: entre el 2019 y el 2022, las denuncias por extorsión se cuadruplicaron.
José Luis Pérez Guadalupe es un académico, investigador, autor y profesor universitario atípico: visita penales desde hace 37 años. Entre 2011 y 2015 fue jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y luego ministro del Interior hasta el fin del mandato de Ollanta Humala. Acaba de publicar el libro Derecho Penitenciario (PUCP, 2023).
En teoría, la cárcel debe rehabilitar al delincuente, resocializar a los presos. Sin embargo, el sentido común popular repite que, en las cárceles peruanas, quien entra ladrón, sale secuestrador.
No, no es verdad. Yo creo que ese fenómeno se da más en el Congreso de la República que en las cárceles (risas). Los reincidentes en el sistema penitenciario peruano no llegan ni siquiera al 30%. Hay un 10% que entra y sale, que va y viene.
El sistema penitenciario no va a alterar mucho la delincuencia de la calle, no es que entran y el INPE los transforma. Los que son delincuentes, seguirán siendo delincuentes cuando salgan. Y adentro hay un proceso de socialización, sí, pero delictivo; no uno positivo.
Cuando estás preso te sigues relacionando con tu gente de fuera, no pierdes el contacto con lo que eres, con eso que hiciste que te tiene adentro. Pero el 70%, una vez que sale, no regresa. No digo que necesariamente (la cárcel) sea una escuela de rehabilitación.
Las cárceles pueden albergar 41 mil presos, pero hay más de 91 mil.
Durante la pandemia uno era “libre” de salir, socializar, ponerse mascarilla o no y también de contagiarse o de morirse. Pero en la cárcel tú no eres libre de nada y eso es un ejemplo real. ¿Qué distancia social vas a guardar en una celda donde caben cuatro presos y hay nueve? La labor del Estado dentro de las cárceles durante la pandemia fue pésima: cuatrocientos cincuenta presos muertos de COVID.
Bueno, las cárceles son como la alfombra debajo de la que ponemos lo que no queremos ver.
El Estado es el único responsable de los presos, ellos no podían hacer nada para salvar su vida. El Estado tiene el control y el dominio total de su vida y de su muerte. Ninguno puede salir y comprar una celda afuera. Están adentro y faltan cincuenta mil plazas.
Algún congresista diría: ‘Sr. Guadalupe, no hay centros de salud, si dos presos tienen que compartir cama, que la compartan’.
No es solo la cama o el colchón, son los servicios: comida, agua, desagüe, electricidad. Imagina una casa preparada para ocho personas y metes a treinta. Todo se va a deteriorar más y más rápido. La casa —la cárcel— colapsa con todos adentro. Nosotros hicimos y remodelamos varios penales, pero el hacinamiento es endémico y ha ido empeorando. Se necesitan más cárceles y desde hace seis años no se construye ninguna ni se va a construir en los próximos cinco. Es una obligación legal, moral, humanitaria y de interés para la sociedad.
Porque el 95% de esos 91 mil presos va a salir y la pregunta es: ¿cómo va a salir? ¿Peor o mejor?
Hay que trabajar con ellos, igual que con tus enfermos de tuberculosis; si no haces nada te van a contagiar, la enfermedad te va a llegar, de todas maneras.
Nota de Redacción: según cifras del INPE, el 10% de los presos condenados cumplen sentencias menores a cinco años. El 33%, sentencias de entre 5 y 10 años y el 26% de entre 10 y 15 años. En total, casi 40 mil presos regresarán a las calles antes del 2038.
¿Existe la posibilidad de que el interno se rehabilite trabajando, aprendiendo algún oficio, generando un ingreso, haciendo algo productivo para él, su familia o la sociedad?
El INPE es un catalizador de la sociedad. Con el nivel actual de hacinamiento no tienen espacio para trabajar, ni para estudiar. ¿Cómo van a salir? Absolutamente frustrados, amargados, no han aprendido nada, no ha servido de nada el tiempo dentro. Ahí lo ven como castigo, pero no en el sentido psicológico de inhibidor de la conducta delictiva, no, sino como un castigo del que hay que vengarse.
Y esos son el 10% que entra y sale y vuelve a entrar…
Sí.
Nueve mil delincuentes hartos y avezados.
Así es. Que van a salir a vivir con nosotros.
El factor subcultural
¿De qué depende la reincidencia en ese 10%?
Puede ser el factor subcultural, de grupos, de gente, muchos son delincuentes desde chiquillos. Por ejemplo, los gatilleros del puerto. Esos están desde que entran a Maranguita y luego salen y van al Lurigancho, salen de ahí y van a Castro Castro y salen de ahí y van a Piedras Gordas. Entonces, ¿qué puede hacer el INPE? ¿Va a cambiarles su psicología, su cultura, su grupo del Callao o de donde sea? No, no lo hará, no puede hacerlo.
Eso es una tragedia que se anuncia y se reproduce sola…
Es el fracaso de la política social peruana, ¿y quieren que lo solucione el INPE en tres, cinco, diez años? No, pues, es como pretender que once años de incultura en el colegio se van a arreglar con cinco en la universidad.
Los delincuentes son cada vez más jóvenes y eso también es un problema social. ¿Puede abordarse desde el espacio penitenciario?
No, para nada. Hay tres tipos de prevención. La prevención primaria es la que hacemos como sociedad: ¿qué sociedad estamos formando? ¿Más o menos agresiva, más o menos violenta, que incentiva más la delincuencia, o la impunidad? La prevención secundaria se hace con los grupos de riesgo: jóvenes pandilleros, que viven en zonas “picantonas” [NdR: que conviven cotidianamente con la delincuencia]; y la prevención terciaria es la post-penitenciaria.
El 28% de los presos tiene 30 años o menos —ojo, no es el 50%. De los extranjeros no venezolanos es el 32%, y entre los venezolanos presos, los menores de treinta años son el 68%.
Estoy trabajando en construir ese cuerpo de datos, porque no existen y los necesitamos para poder trabajar con grupos específicos. Ni todos los delincuentes ni todos los presos son iguales.
¿Cuán grave es el problema de la delincuencia venezolana en el Perú?
En primer lugar, cada sociedad crea su delincuencia. La delincuencia no es ni proviene de una sociedad aparte, sino que es parte de la sociedad. Igual que tus enfermos, igual que tus accidentes de tránsito, igual que todo. La gente cree que la delincuencia viene de Marte. No. Bueno, ahora vienen de Venezuela, un poco, pero es mínimo, el 3%.
¿Cuántos presos venezolanos hay?
Había 50 presos venezolanos en el 2017 y ahorita hay 2800.
¿Tiene la delincuencia distintos grados de violencia por país?
Sí, claro. La delincuencia en Ecuador es más violenta que en el Perú, en Colombia es más violenta que en Ecuador y en Venezuela es más violenta que en Colombia. Igual que en El Salvador, Nicaragua, Honduras, que no son violentos gratuitamente, sino porque tienen una herencia de guerra civil donde la sangre y las armas son de lo más normal.
Aquí también…
Nos pasó, sí, en cierta medida, con la Policía y con Sendero, ¿no? La Policía se preparó, no para repeler a un delincuente, sino para repeler a un comando terrorista. Después llegó el influjo de nuevas modalidades delictivas. Pero hace treinta años no había sicariato [NdR: en el 2022 se atribuyeron más de 1500 asesinatos a sicarios], no había marcas, no había casi extorsión en el Perú, no había raqueteo. Y entonces, algo cambió, entre otras razones, porque hubo un influjo colombiano. Había uno que otro sicario, pero los “sicarios” —así, entre comillas— eran los perros de chacra de grandes organizaciones delictivas, sobre todo del narcotráfico. El tema de “gota a gota” [NdR: organización de agiotismo y extorsión] es muy colombiano también. La extorsión comenzó con los colombianos.
El nuevo proceso es venezolano. Los venezolanos manejan básicamente dos áreas: trata de personas y extorsión. Eso es lo suyo. Los sicarios venezolanos trabajan para los que se dedican a la trata y los que se dedican a la extorsión. Las bandas cobran cupos para permitir la prostitución u otros negocios en determinadas zonas y se las reparten. Solo se daba en Trujillo, pero ahora llegó a Lima. ¿Y quiénes lo trajeron? Los venezolanos. Ante esto, la delincuencia peruana se ve desplazada y por eso es que hay bronca entre ellos. Y eso se ve reflejado en los penales.
Choque de culturas
¿Cómo es la relación de los presos peruanos con los venezolanos?
A ver. Los delegados (de los presos peruanos) no quieren problemas, están con la autoridad (INPE). Me dicen, ‘doctor, yo quiero que mi visita venga el fin de semana y poder verla, abrazarla, yo quiero cumplir mi condena, tener mi beneficio penitenciario, volver a la calle’. Eso era lo que yo les decía hace diez años a los que estaban presos entonces.
Ese discurso pacificador de evitar problemas y llevar la fiesta en paz porque eso es lo mejor para todos, pegó como cultura organizativa en los penales del Perú. Nadie quiere ir a Cochamarca ni a Challapalca y ya saben que si te portas mal, te toca irte para allá.
¿De dónde sale esa “alianza” entre los presos peruanos y el INPE?
Porque en los venezolanos tienes un supuesto “enemigo” —así, entre comillas, por favor— común. La alianza se formó y consolidó durante la pandemia porque el enemigo común era el COVID, y los INPE, los presos y los administrativos tenían que unirse para sobrevivir. Hubo 450 presos y cuarenta y seis empleados penitenciarios muertos.
La población penal de venezolanos pasó de 600 y pico al final del 2019 a los 2500, en medio de la pandemia. ¿La dinámica con los venezolanos presos es muy diferente?
A ver, esto no pasa con todos los venezolanos ni en todos los penales, pero sí, manejar bien una situación con venezolanos —vamos a decir— faltosos, es diferente y depende de cuatro cosas: el número de internos venezolanos, el perfil delictivo predominante en el penal, el delegado de pabellón y el director del penal. Eso determina si habrá o no problemas. Los venezolanos con los que yo converso tienen otra forma de conducirse en los penales; ellos, allá [en Venezuela], dominan totalmente las cárceles.
Ellos vienen con su propia cultura, una en la que ellos dominan el penal y odian al carcelero. Por eso es que aquí no respetan a la autoridad y chocan.
¿Cómo se gestiona esa diferencia?
Estamos en ese proceso, conversando para que entiendan cómo funciona aquí y se vayan adecuando. Tenemos presos extranjeros desde hace muchos años y nunca ha habido problemas, ni siquiera con los colombianos. Pero viene este grupo de venezolanos acostumbrado a otra cosa, de mucho menor edad, con un perfil diferente, con delitos distintos. El 62%, básicamente por delitos contra el patrimonio. ¿Tráfico de drogas? Muy poco. Entre los otros presos extranjeros, en cambio, casi el 70% estaba preso por tráfico de drogas y muchas eran mujeres (burriers).
Considerando los niveles de violencia de cada país, ¿el delincuente extranjero es más cruel y violento que el nacional?
A ver. En el Perú, no hay cárteles como los que hay en México o Colombia, Brasil o Venezuela o, ahora también, Ecuador. Los peruanos somos tan complicados que hasta para delinquir nos peleamos entre nosotros y por eso hay una gran atomización en la actividad criminal y no hay una gran organización delictiva. Es difícil. Felizmente.
¿Eso explica la percepción diferente en los niveles de violencia?
Si aquí, en el Perú, matan a cuatro en la calle, es un escándalo: “Venecos matan a cuatro por narcotráfico” o por lo que sea. Pero es un nivel de violencia menor comparado con los niveles de violencia mexicanos, colombianos o brasileños, donde no matan a cuatro sino a cuarenta. Y más allá de los números, el modo de matar también es diferente. Son niveles de violencia y de racionalidad delictiva diferentes.
¿Racionalidad delictiva?
Los delincuentes peruanos no son buena gente, igual te roban, te meten bala y te secuestran. Pero creo que son más racionales en el sentido de que cuidan su vida, su patrimonio. Quieren tener una vida. Entonces, si hay un asalto y llega la Policía y los rodea, los peruchos se rinden. ‘Ya, tío, tranquilo’, y chorrean su fierro. ‘Ya perdí, ya perdí’, piden chepa y levantan las manos y ya. En cambio, si al venezolano lo rodea la Policía, ¿qué hace? Si tiene un fierro lo saca y se pone a disparar. Y mata a todos y escapa o lo matan, pues. Es otro comportamiento, otra racionalidad.
Como si morir allí mismo o vivir tuvieran el mismo costo de oportunidad…
En eso estoy trabajando ahora en la capellanía del Lurigancho. Allí hay setecientos cincuenta venezolanos y eso va a terminar mal. Estamos trabajando con el INPE, con la Defensoría del Pueblo, con gente experta para evitar que el choque de culturas delictivas explote.
Podría ser brutal.
Sí. Los venezolanos no están sentenciados. No tienen familia ni visitas. Se sienten avasallados por la cantidad de peruanos; sienten que tienen todo en contra. Es una bomba de tiempo y va a llegar un momento en el que se la van a jugar por todo y con todo, porque no les va a importar nada.
En el pabellón seis (de Lurigancho) hay ciento cuarenta de 600. Si se produce una bronca, imagínate cómo va a terminar. Por eso buscamos tranquilizar los ánimos. Que vayan adecuándose y que la autoridad vaya, aunque sea poco a poco, solucionando sus problemas.
¿Todavía no ha habido enfrentamientos?
Hice una encuesta a los directores de los 16 penales con mayor población venezolana en el Perú y 14 de ellos me dicen que han tenido problemas con venezolanos. La mitad tuvo que enfrentar actos de indisciplina en los que se han juntado venezolanos y peruanos. La cosa está escalando y estamos evitando que reviente.
Las prisiones preventivas
¿En el Perú se abusa de la prisión preventiva?
Sí. Preventiva significa que no hay sentencia y solo se debería aplicar si se cumplen al menos dos de cuatro condiciones: que la pena potencial del acusado sea mayor de 4 años, que no tenga arraigo en el país, que haya evidente riesgo de fuga o que exista la posibilidad de que, dejado en libertad, el acusado pueda obstaculizar el proceso.
Pero eso no se cumple casi nunca.
A Mauricio Fernandini, por ejemplo, le dieron 3 años de prisión preventiva porque la condena que enfrenta es mayor a 4 años. Es decir, jurídicamente sí hay un abuso de la prisión preventiva: hay gente que podría usar grilletes electrónicos, pero va presa. También hay gente que sale después de muy poco tiempo, ¿para qué les dan cárcel si al mes los van a sacar? El sistema no funciona, es desproporcionado e inequitativo. La pena (que enfrentaba) de (Daniel) Urresti era larga y nunca pasó prisión preventiva. No está bien, pero es lógico: el juez sabe que en el Perú hay mucho riesgo de fuga, mucha gente desaparece. Esperan 10 años y la pena prescribe. Si el juez les da comparecencia y se escapan, el responsable será él.
Parece contradictorio: mucha gente va presa injusta o innecesariamente y, sin embargo, debería haber más presos.
Sociológicamente debería haber muchos más presos porque hay montones de delincuentes sueltos. Hay también mayor delincuencia como fenómeno social y que la Policía no solo no captura (que es un gran número) sino que encima el sistema de justicia deja ir a los que la Policía sí atrapa. Asalto con arma de fuego, tiene que ir preso, es una amenaza; robo con violencia, ese debe ir preso. Pero los sueltan. A los colegas del ‘Maldito Cris’ los soltaron porque el documento llegó una hora tarde. ¿Cómo es posible?
Quizás porque los fiscales están amenazados por los delincuentes.
Ese es un caso, pero habría que ver qué pasa con la mayoría porque esto se convierte en una puerta giratoria: la Policía captura al delincuente dos, tres, cuatro veces y luego lo encuentra de nuevo en la calle. El fiscal o el juez lo sueltan, ni siquiera le dan comparecencia. La lógica del Policía es entonces, ¿para qué lo meto preso? ¿para que lo suelte el fiscal? Mejor lo suelto yo y también le cobro yo. Es cierto, la norma dice que nadie puede estar detenido por más de 48 horas, que luego te tengo que soltar. Pero en estas circunstancias esa es una mirada reglamentarista poco realista y absurda. El problema es que, si el juez o la fiscal se salen de lo que dice la norma, también les cae. A mayor legalidad mayor daño, decía Cicerón.
El crimen organizado avanza. Es claro que mucho se coordina desde las cárceles. ¿No es posible intervenir con inteligencia para desbaratar esas organizaciones y sus planes delictivos?
Sí, es posible intervenir con inteligencia, pero hay un divorcio entre las tres letras y las cuatro letras: la PNP y el INPE. Es una bronca, una oposición. El INPE tiene tal cantidad de información que es absurdo que no trabajen juntos. Hay montones de información: desde quién visita a quién, quién mueve qué. Los buenos directores saben todo eso. Por eso es que los penales están tranquilos.
¿Y el Tren de Aragua?
Como te decía, en este momento hay una alianza entre la delincuencia peruana y el INPE contra los venezolanos. El Tren de Aragua no tiene articulación con el INPE y por eso los venezolanos que pertenecen a esa organización están fritos, quieren hacer lo que les da la gana y no pueden.
Hay delitos, como el secuestro, que van en aumento.
Los secuestros prácticamente se eliminaron en el Perú hasta que vinieron los venezolanos y restablecieron el negocio. Asaltos a bancos había muy pocos. Los asaltos en general se han reactivado con los venezolanos.
Pero si es verdad eso de que “donde fueres haz lo que vieres”, debe haber organizaciones y bandas criminales mixtas.
Sí, es verdad que en la calle hay más organizaciones binacionales, pero cuando los venezolanos llegan a la cárcel, los presos peruanos no los dejan organizarse. Es un fenómeno muy interesante.
El gobierno expulsará a los extranjeros condenados.
Esto ya se ha hecho. Cuando fui jefe del INPE, en coordinación con los consulados de varios países se legisló para que las penas por narcotráfico, pasado un tiempo de dos tercios o la mitad, pudieran conmutarse por expulsión del país por 10 años o más. La mayoría estaba en situación muy precaria y habían sido capturados siendo burriers, no se trataba de narcos de alto vuelo. En esa época la mayoría de extranjeros presos, hombres y mujeres, eran españoles, por encima de colombianos y mexicanos. Hubo vuelos charteados por España que se los llevaron a Europa, no solo a españoles, sino de otras nacionalidades también. Eso hacía simple que no volvieran, desde Europa sólo puedes llegar por avión o barco y hacerte de una identidad falsa para ingresar a Perú es caro y complicado. ¿Pero cómo van a evitar que regresen los que son expulsados dentro de Sudamérica? Además, apenas el 26% de los venezolanos presos tiene sentencia versus casi el 65% de los presos peruanos, así que el impacto de esa norma va a ser limitado.
Muchos presos siguen trabajando con sus cómplices libres. ¿Qué puede hacer el INPE al respecto?
El INPE, por diseño, por concepto, no tiene racionalidad policial. Pon un policía sin arma en un pabellón con 600 presos. Se muere de miedo. Y con razón. En cambio, el INPE se mete él solo al pabellón nada más que con su vara y ya, no pasa nada.
Pero se les podría pedir que colaboren con la Policía, ¿o no?
(Cuando yo estuve a cargo) lo hicimos con el terrorismo y con los colombianos. Había varios grupitos, nosotros sacábamos información y se la dábamos a la Fiscalía. Pero no es la chamba del INPE, no están entrenados para eso. Ok, imaginemos que tienen la información, no estoy diciendo que la tengan, pero imaginemos por un momento que sí, ¿y a quién se la doy? ¿Y cómo la van a usar? ¿Y qué va a pasar luego?
¿No se hace en ningún caso?
Se hizo, con terroristas y colombianos, hace tiempo. Se hace también con la gente que genera problemas dentro. Pero no mucho más, no es para eso que existe el INPE, no están entrenados para eso, no es su función. Su función es cuidar a los presos y que cumplan su condena.
Pero si tienes un plan de fuga…
La inteligencia en el INPE –llamémosla así– se activa cuando algo amenaza la convivencia dentro del penal, si afecta o puede afectar lo que pasa adentro.
Es un poco decepcionante.
El actual presidente del INPE (Javier Llaque) y el general Óscar Arriola de la Policía coordinaron y junto a la Fiscalía intervinieron el Penal de Piura y cayó una mafia y eso fue gracias a la información que salió del propio INPE. Pero eso es algo muy especial.
¿Y esa experiencia no se puede replicar?
Mira, cuando hay operativos como ese, en el que el INPE investiga, identifica el problema y llama a la Fiscalía, la Fiscalía llama a los medios y dejan al INPE sucio. Le terminan echando la culpa al que hizo la chamba.
¿Cómo construir fluidez en la relación del INPE con la Policía o el Ministerio Público para que haya intercambio de información?
El INPE no tiene cómo, no sabe cómo hacerlo sistemáticamente. Insisto, no es su función. Yo quise construir esa relación con el Mininter. Podrían interconectarse, tendrían que conectarse, claro que sí, pero no va a suceder.
¿Por qué no va a suceder?
Porque no hay confianza interinstitucional y nadie le da información sensible a alguien en quien no confía. Y esa confianza se forma y se construye cara a cara, no se puede hacer de institución a institución, tienen que ser las personas. No hay otra manera.
¿Cuál es el mayor obstáculo del INPE?
El servicio penitenciario y de centros juveniles es un ministerio en sí mismo. El gran enemigo del INPE es, irónicamente, el Ministerio de Justicia y concretamente los ministros de Justicia. No saben nada de cárceles, pero como son ministros quieren hacer y deshacer. La racionalidad jurídica no sirve para abordar la racionalidad penitenciaria y para cuando aprenden, ya se fueron del cargo.
¿Cómo funciona en otros países la coordinación entre quienes cuidan a los presos y la Policía?
Por ejemplo, en Uruguay, desde que salía un interno a la calle, ya lo estaban siguiendo. Porque es la misma organización la que cuida la calle que la que cuida a los presos. Ni bien salen los que están adentro reportan y de inmediato ya saben con quién se van a juntar y dónde se van a reorganizar. Ese es trabajo de inteligencia, como tiene que ser. Ese sistema no existe en el Perú. Aquí hay casos aislados, cuando el director del penal se lleva bien con el general de la región o con el comandante o con el coronel de la PNP.
¿Cómo se soluciona esto?
Que exista un ministerio de servicio penitenciario, con presupuesto propio que no dependa de los ministros de Justicia. El INPE pierde el tiempo cada vez que nombran un nuevo ministro de Justicia. Lo pasean por todos los penales, le muestran lo que van avanzando y lo que necesita hacerse, pero el ministro no tiene idea de lo que está viendo porque la mayoría de las veces jamás ha pisado un penal.
