La fiscal de la nación, Patricia Benavides, es actualmente investigada en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por cuatros casos: la obtención de sus grados académicos, la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla y otros fiscales, los registros de llamadas con el empresario automotriz Antonio Camayo –investigado en el caso ‘Cuellos Blancos–, y la condecoración que recibió del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por una fiscalía especializada por lavado de activos.
Inés Tello –recordada por ser la jueza superior que condujo con rigor y conocimiento el caso de la entrega clandestina de fusiles a las FARC durante el fujimorato– tiene a su cargo tres de las cuatro investigaciones a Benavides. IDL-R conversó con ella sobre el estado de los casos y las acciones hostiles emprendidas desde el Congreso, que tienen por objetivo sacarla a ella y a todos los miembros de la JNJ.
Doctora Tello, ¿cuántos casos relacionados con la fiscal de la nación lleva usted?
Como ya es de público conocimiento, tengo a mi cargo tres investigaciones.
¿Cuáles son?
Es el tema de las llamadas telefónicas, el tema de la condecoración y el tema de los movimientos que se han hecho en el Ministerio Público.
El asunto de las llamadas telefónicas, ¿es el que concierne al caso ‘Cuellos Blancos’?
Nosotros hemos recibido un reporte de llamadas y se está investigando. No de llamadas, solamente del reporte de llamadas.
¿Pero se refiere específicamente al informe de la Diviac donde aparecen los registros de llamadas, por ejemplo, de la fiscal de la nación con Antonio Camayo?
Sobre eso yo no puedo hablar porque es parte de la reserva del proceso. Yo lo único que le puedo decir, porque es de público conocimiento, es que tengo tres investigaciones a mi cargo. Los detalles, los hechos, no los puedo comentar.
¿La investigación sobre los cambios en la fiscalía tienen que ver con el caso de la fiscal Bersabeth Revilla?
Estamos viendo todos los cambios en general.
¿Incluye eso el de la doctora Revilla?
Sí.
Usted fue conocida por ser una jueza que hacía investigaciones muy minuciosas, con mucho detalle y estudio del tema. Si mantiene usted ese sistema, ¿en cuánto tiempo piensa que va a estar en condiciones de poder dar un veredicto?
La prolijidad que pongo en mis investigaciones es garantía tanto del administrado como de la administración. Investigar tanto pruebas de cargo como de descargo porque hay que llevar a una resolución razonada. Considero que por lo menos serán unos dos meses o tres meses para que termine lo que a mí me corresponde. Porque cuando emita yo un informe, eso va a ir al Pleno de la Junta, para que el Pleno decida.
¿Entonces, dos o tres meses a partir de ahora?
Sí, más o menos es lo que calculo.
¿Para los tres casos o solamente el caso del que estamos hablando?
Es que se han acumulado dos casos. Estamos procurando dar una respuesta pronta a la comunidad. Hemos acumulado dos casos y el otro caso está siguiendo por separado. En estos momentos son dos casos, dos expedientes.
¿Y uno de ellos es el de los cambios presuntamente irregulares de fiscales?
Exacto.
¿Y el otro es el de las llamadas?
Así es.
Y se están llevando en forma conjunta.
Se ha decidido llevarlos de forma conjunta
¿Y el tercer caso que es el de la condecoración?
Es aparte, tiene un trámite aparte.
Ese caso tiene que ver con el hecho de que la fiscal de la nación aceptó ser condecorada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pese a que él está siendo investigado por lavado de activos en el Ministerio Público.
Ese es el motivo de la denuncia que hace el procurador y nosotros como autoridad administrativa hemos recibido la denuncia y estamos haciendo las investigaciones.
Ahora, ¿en el informe que usted presentará al Pleno estarán los resultados de la investigación?
Efectivamente. El informe contiene todo lo investigado y una propuesta al Pleno.
En ese momento es designado un ponente. ¿Cuál es su función?
La labor del ponente es revisar la investigación que se ha hecho y proponerle al Pleno si acoge la propuesta que se formula o plantea otra propuesta. La designación del ponente es aleatoria. No sabemos quién va a ser.
¿Cuál es el plazo para ello?
Generalmente eso dura entre 15 y 20 días útiles. Luego de recibir la ponencia, cada miembro la estudia y luego se va a un debate; y en ese debate se vota si se acoge la ponencia o no.
Además de las investigaciones que usted tiene, hay otro expediente a cargo de Aldo Vázquez.
Él actúa como instructor en otro proceso.
¿Y cuál es esa investigación?
Los diplomas, los doctorados, las maestrías de la fiscal de la nación.
Por lo menos dos de esas investigaciones pueden tener resultados que, para todo propósito práctico, inhabiliten a la fiscal de la nación a continuar con su cargo. ¿Está eso dentro de la facultad de la JNJ?
De acuerdo a la gravedad de la falta que se establezca, hay sanciones desde suspensión hasta destitución, multas. hay una graduación de sanciones.
Presión hostil desde el Congreso
Como resultado de eso, la JNJ está enfrentada a una presión hostil que proviene del Congreso. ¿Hasta qué punto esa presión –los están amenazando con una denuncia constitucional– tiene un efecto sobre la tranquilidad deliberativa de la JNJ?
No debe afectar, no puede afectar. No afecta la capacidad deliberativa porque si no sería contradecirnos con nuestros propios principios.
Hay principios de un lado y hay miedo del otro.
Pero el miedo no puede vencer a tus principios. Como un encargado de administrar justicia en vía administrativa, tienes que saber sobreponerte, tienes que ser muy racional y analizar las cosas con mucha objetividad. Lo importante para nosotros es garantizar un debido proceso. Yo respeto los derechos del administrado y también el lado de la administración. Ese miedo no puede, no debe, ni va a ser determinante para tomar una decisión.
Eso es en su caso. ¿Y en el caso de sus colegas?
Espero lo mismo. Yo confío en lo mismo. Ya hemos enfrentado otras situaciones, cuando recién asumimos el cargo y tuvimos que ver otras destituciones de magistrados supremos.
¿No temen ustedes que les pase algo similar a lo que en los 90 pasó a los magistrados del Tribunal Constitucional que estaba presidido por el doctor Aguirre Roca?
Sería muy triste. Yo no creo que una situación así pueda volverse a repetir. Sería una vergüenza para el país. Como Estado de derecho, sería una vergüenza.
¿Y usted cree que la JNJ enfrentada a la posibilidad real de que eso suceda haría lo mismo que hizo el tribunal de Aguirre Roca, de no ceder?
Por supuesto. Los principios se respetan. No seríamos consecuentes con nosotros mismos si vamos a abdicar. De ninguna manera.
¿Y qué piensa usted sobre la reacción que hubo al comunicado de la JNJ, que por lo demás era cuidadoso en extremo, y sin embargo suscitó una reacción muy hostil por parte de algunos de los congresistas con influencia?
Me causó sorpresa porque fue un comunicado respetuoso, en el cual nosotros reclamábamos respetar criterios. Si no hay un juez o fiscal independiente, la sociedad se ve afectada porque no hay un juicio equitativo, justo. Porque yo como juez o como fiscal, tengo que motivar, tomar una decisión razonadamente y justificarla. Pero si por tomar una decisión uno va a ser objeto de amenazas o de denuncias, realmente me parece que es una cosa fuera de lugar.
El comunicado concluye diciendo: no defendemos a personas. Claro, en este momento es la situación de la exfiscal de la nación [Zoraida Ávalos], pero pudo ser otro. En el Pleno, ante esta situación nos preguntábamos, ¿quién defiende la independencia de un juez o de un fiscal? En el mundo entero lo hacen los consejos de la judicatura y la Junta nacional es un consejo de judicatura porque selecciona, nombra y sanciona cuando vemos que se ha perdido la imparcialidad. Entonces, ¿cómo no vamos a defender la independencia? ¿Cómo no vamos a defender el respeto a la función? Es lo que nos corresponde.
Me imagino que ustedes se han percatado de que vivimos tiempos extraordinariamente anormales, en términos de la relación entre poderes. Dentro de esos tiempos anormales, ante amenazas extorsivas que provengan del Congreso, ¿usted cree que la Junta va a permanecer firme en su acción?
Definitivamente. Yo sé que la Junta se va a mantener firme en su decisión.
Aunque pierda su cargo.
Aunque pierda el cargo. Yo creo que una sociedad que se precia democrática, si se pierden los principios, pierdes todo. Tus principios, tus valores, no pueden ceder. No pueden, ni deben. Porque la sociedad debe saber que hay principios que respetar y si por ellos nos sacan, nos iremos y seguiremos peleando porque se nos respete.
A usted la conocen por su trayectoria. En consecuencia le han puesto especialmente la puntería. Hay dos cosas por las que usted puede ser cuestionada. Una es el hecho de que su hijo sea viceministro en este Gobierno y que eso representaría un conflicto de intereses. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Mi hijo es un hombre mayor de 40 años, un profesional. ¿Qué vinculación tiene mi hijo con mi función? Ninguna.
¿Hay algún conflicto de intereses? ¿Algún impedimento legal?
Ninguno. Porque él no es funcionario de carrera, él tiene un cargo de confianza, al igual que yo. […] Desde el punto de vista legal no hay ningún inconveniente. Ninguno.
La otra cosa por la que se cuestiona su permanencia en la Junta es su edad. El hecho de que haya pasado los 75 años y que, según eso, usted tendría que proceder a separarse.
Ese fue un tema que, cuando yo iba a postular a la Junta, también me preocupó y me motivó a hacer consultas a abogados, constitucionalistas y laboralistas. Hicieron un informe de que yo no tenía impedimento alguno. […] Ahora yo me pregunto, ¿por qué una persona de 75 años, o mayor de 75 años, no puede participar en la vida pública del país, no puede participar en una institución, no puede aportar su experiencia, sus conocimientos? Soy una más de los más de 4 millones de peruanos mayores de edad.
El Perú ha suscrito la Convención Interamericana de Protección de Derechos de Personas Mayores, y también la Convención para la Protección de Derechos de Mujeres.
Yo no solo tengo más de 75, también soy mujer. No entiendo cómo podemos hacer interpretaciones restrictivas y discriminatorias. Porque a mí se me discrimina por edad y por mujer. Y eso significa para mí un agravio que yo tendré que denunciar donde corresponda.
Desde abril las denuncias en el Congreso están enfocadas en usted. La primera la plantea una congresista de Fuerza Popular y la segunda el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular. Entonces, en ese contexto, ¿cree que estos ataques a la Junta Nacional de Justicia son consecuencia de las investigaciones a la fiscal de la nación?
Sería muy lamentable. Sería muy lamentable que las personas actúen por intereses o por otras situaciones incorrectas.
¿Qué acciones tomará la JNJ además del comunicado?
Defendernos. Nosotros nos vamos a defender en todo lo posible. Nosotros estamos conscientes de que no hemos actuado indebidamente. Hemos actuado respetando la legalidad.
