Un acuerdo global mediante el cual la empresa brasileña Norberto Odebrecht acordó el pago de más de 2 mil millones de dólares en multas a Estados unidos, Brasil y Suiza puso en evidencia el pago masivo de coimas a funcionarios extranjeros de al menos 12 países, entre los que figura Panamá como el destinatario de unos 59 millones de dólares en coimas.
Odebrecht se declaró culpable de una denuncia presentada por la Oficina del Fiscal Federal en el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, por conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
A cambio del pago de sobornos a los funcionarios panameños y sus intermediarios, Odebrecht se garantizó–entre 2010 y 2014– ganancias de, al menos, 175 millones de dólares.
Los documentos que divulgó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que entre 2009 y 2012 Odebrecht acordó el pago de 6 millones de dólares a dos parientes cercanos de un alto funcionario panameño con relación a proyectos de infraestructura gubernamental, bajo el entendido de que, a cambio, el funcionario garantizaría el contrato de la obra a Odebrecht.
El acuerdo global –que también incluye a la empresa brasileña Braskem– supone haber resuelto el mayor caso de pago de sobornos en el extranjero en la historia.
Voceros del actual gobierno, entre ellos, Roberto Roy, presidente de la Junta Directiva del Metro, obra insigne de las administraciones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, aseguraron que las obras contratadas por esta administración a la empresa brasileña en Panamá fueron transparentes.
Las autoridades norteamericanas indicaron que las empresas brasileñas, en un intento de ocultar sus crímenes, usaron el sistema financiero global – incluido el sistema bancario de Estados Unidos– para disfrazar la fuente y el desembolso de los sobornos, mediante el tránsito de fondos a través de una serie de compañías ficticias.
Odebrecht, según la información revelada en Estados Unidos, pagó casi 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos en varios países para obtener contratos públicos en al menos 12 países.
