El presidente Santos, consciente de que su peor enemigo es el tiempo, ha querido interpretar el revés sufrido en el plebiscito como una oportunidad “para lograr una paz no solo estable y duradera, sino más amplia y más profunda” y por ello desde hace una semana conversa con los principales dirigentes del No para que debatan sus propuestas. Sin embargo, algunas de las objeciones presentadas (puntos inamovibles, como los llamó el cuestionado ex procurador), para lograr una renegociación ya se encuentran incorporadas a los acuerdos pero otras, como la participación política, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o cambios a la ley de restitución de tierras, difícilmente podrán ser aceptadas.
Independiente de que sean viables o no sus propuestas, tendrán que ser evaluadas por las delegaciones del gobierno y de las FARC en La Habana, y más allá de que sean aceptadas o rechazadas, las partes deben garantizar que el acuerdo se implemente a la mayor brevedad. Santos ha sido enfático en afirmar que la solución debe darse con prontitud y sin dilaciones, con verdad y realismo. Y es cierto. Los guerrilleros no podrán soportar mucho tiempo el limbo jurídico al que los arrojó el triunfo del No, de hecho ya la comandancia de las FARC ordenó a sus tropas replegarse y no ingresar a las zonas transitorias de ubicación; el cese bilateral al fuego aún se mantiene pero entre más demore la solución mayor es el riesgo de que sea roto por algunas de las partes o por acción de otros sectores interesados en atomizar el conflicto; y los enviados de la ONU tampoco podrán permanecer en la incertidumbre sin saber si pueden cumplir o no con su mandato en tanto no se garantice el inicio del posconflicto. Y entre tanto seguirán congelados los procesos de reubicación, desarme y retorno de los menores vinculados a la lucha armada.
Hoy Colombia se encuentra en el limbo jurídico y en la incertidumbre política, pero se barajan varias opciones posibles. La primera, y más deseable, es lograr un gran consenso nacional, amplios, generoso e incluyente, pero para ello es necesario que Uribe y sus seguidores no insistan en propuestas imposibles y se comprometan a no dilatar el proceso anteponiendo sus beneficios electorales al bienestar de un pueblo que no sabe si avanza hacia la paz o hacia la guerra.
Otra opción es apelar al Congreso para que dé vía libre a los acuerdos considerando que la decisión plebiscitaria no le suprimió al Presidente de la República sus facultades constitucionales para “mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz”, como escribió el profesor Francisco Barbosa. “El Acuerdo de Paz sigue existiendo porque el plebiscito negó un apoyo político al presidente Santos pero no se manifestó sobre el texto. El plebiscito nunca preguntó a los colombianos si estaban en acuerdo o desacuerdo con su contenido.”
Según la ley, el Presidente puede someter ese Acuerdo Especial de Paz al Congreso de la República para que lo tramite y le dé legitimidad. Incluso, podría apelar al artículo 22 de la Constitución Política, según el cual “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin embargo, esta posibilidad sólo es viable si definitivamente los dirigentes del No se mantienen intransigentes en sus demandas (que entre otras cosas no representan a la totalidad de los que votaron No y menos a la mayoría que se abstuvo de participar) y si se cuenta con el suficiente apoyo nacional e internacional. Esta opción sería una especie de operativo de rescate en el que se lanza una cuerda al que se ahoga, pero tendría que producirse a gran velocidad, pues de lo contrario se corre el riesgo de intentar salvar un cadáver.
Otra opción es la que pueda resultar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas recibidas. La sala penal debe decidir si encuentra merito razonable para investigar a los miembros del Centro Democrático por concierto para delinquir, constreñimiento y fraude al sufragante, y si ello podría conducir a la nulidad del plebiscito y a su repetición. También existe la posibilidad de un reconteo, pues cerca de 257 mil votos fueron inválidos y que las tutelas interpuestas por quienes no pudieron votar a causa de huracán ‘Matthew’, puedan ejercer su derecho. Se estima que cerca de cuatro millones de personas no pudieron votar por esta causa. Sin embargo, pensar en repetir el plebiscito, así sea de modo parcial, es un riego enorme que no se puede desconocer. Nadie podría hoy asegurar un resultado diferente al sufrido el pasado 2 de octubre.
Y mientras unos afirman que el Acuerdo no tiene validez, otros señalan que lo que no tiene validez jurídica es el plebiscito, y de lado y lado se debaten posibilidades jurídicas que no supongan un costo impagable para la democracia colombiana, surgen nuevas iniciativas ciudadanas tendientes a lograr el rescate de los Acuerdos.
El ex magistrado de la Corte Constitucional y ex defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes lanzó una propuesta audaz a los movimientos estudiantiles y a las organizaciones sociales que desde hace una semana marchan por las calles de distintas ciudades del país y acampan en la Plaza de Bolívar de Bogotá: Convocar a Cabildos Abiertos ciudadanos. Este mecanismo de participación es plenamente reconocido por la Constitución política de Colombia y tiene el mismo valor que el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La propuesta ha tenido tanta acogida que ya se inició la recolecta de firmas, las cuales deben corresponder el 0,5 % del censo electoral de cada zona, para convocar al primer cabildo en Bogotá. La iniciativa está siendo replicando también en otras ciudades del país.
Sea cual sea la fórmula que se acoja para superar esta encrucijada, es innegable que la oportuna designación de Santos como Nobel de Paz, más que un guiño internacional, podría tener efectos cruciales en esta coyuntura. Por un lado estimularía la participación de esa amplia franja de ciudadanos indiferentes (o que no pudieron votar a causa del huracán o porque no se abrió inscripción de cédulas) en una eventual y nueva refrendación popular de los acuerdos de paz; podría disuadir a los del No en su posición radical; obligaría a las partes negociadoras a mantener el cese bilateral del fuego, en vigor desde el pasado 29 de agosto, y garantiza que la misión de la ONU se mantenga en el país como verificador del cese a la espera de poder cumplir su mandato cuando oficialmente se dé inicio al posconflicto. Nadie le daría la espalda a un Nobel de Paz; a un Presidente sí, pero no a un Nobel de paz.
Otro motivo de esperanza, que contribuye a mejorar el enrarecido clima del país, es el anuncio del ELN, guerrilla que viene dando muestras de buena voluntad en las últimas semanas con la liberación de algunos secuestrados, de retomar la mesa de negociaciones, abruptamente suspendida en marzo del presente año, el próximo 27 de octubre en Quito, Ecuador, uno de los países garantes de este acuerdo.
Salvar la paz es posible siempre y cuando la ciudadanía activa, pensante y deliberante se mantenga firme en su compromiso de defender los acuerdos de paz y siga movilizándose de manera masiva y propositiva para garantizar un pacto incluyente, democrático y transparente que refrende lo acordado en La Habana, Cuba y evite que un nuevo tratado de exclusión, como el firmado en 1958 bajo la figura del Frente Nacional, se cocine a espaldas de la nación entre las élites de los dos partidos tradicionales para garantizar impunidad a los verdaderos responsables de la violencia, la repartija burocrática y la exclusión política de las mayorías a cambio de una paz ficticia.
Las grandes movilizaciones ciudadanas de los últimos días, la presencia de delegaciones de los pueblos indígenas del Cauca, de comunidades campesinas y afros en la capital, y la valentía de numerosos grupos de estudiantes que acampan, desafiando el frío y las incomodidades, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, son un claro indicativo de que la sociedad empieza a integrar un real frente amplio por la paz.
Pese a la derrota de la cordura y al triunfo pasajero del delirio y la insidia, aún el mundo y las instituciones tienen esperanza en este proceso. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, los gobiernos latinoamericanos y las organizaciones internacionales tienen los ojos puestos en Colombia y han ratificado su voluntad de acompañar al país en esta incesante búsqueda de paz.
La paz fue secuestrada y el planteamiento de imposibles para su rescate, demostraría que los opositores no buscan su liberación sino su muerte; aunque intenten ser cautos y parecer conciliadores ante la comunidad internacional que los observa con desconfianza. Solo el pueblo, ese mismo pueblo que no participó, que votó equivocadamente azuzado por el miedo y la manipulación, y la minoría pensante y consciente que hoy marcha y convoca, puede lograr que la paz recupere su pronta libertad. En tanto el secretariado de las FARC, posicionado en su rol de actor político, respondió a las masivas movilizaciones ciudadanas en defensa del Acuerdo, jurando no dar marcha atrás.
Para Colombia llegó el momento culmen de su historia; el momento de vencer las mezquindades y los afanes de protagonismo para avanzar hacia una verdadera reconciliación. La única protagonista de esta historia es y debe ser la paz. Por ello es importante considerar que no todos los problemas de un país los resuelve una mesa de negociación de paz, pero su éxito permite que se despeje el camino para que puedan ser debatidos en instancias de mayor representatividad.
En medio de la perplejidad nacional se puede afirmar que no hubo ni habrá jaque mate a la paz.
Nota: ¿De cuándo acá el ex procurador, retirado de su cargo por corrupción, y quien además nunca fue elegido por voto popular, es el llamado a negociar el derecho ciudadano a la paz y a imponer su falaz lectura de “ideología de género” en los acuerdos? Los derechos fundamentales de un pueblo no se negocian. Se garantizan y se exigen.
(*) Maureén Maya es una periodista, escritora y defensora de derechos humanos colombiana.
