La fiscal de la nación, Patricia Benavides, desplegó constantes acciones desde 2022 para impedir que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) avanzara cuatro investigaciones en su contra que podrían causar su destitución. De acuerdo a más de 100 indicios recogidos por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICOP), Benavides lideró hasta el domingo una organización criminal con tres de sus principales asesores para negociar en el Congreso su protección por tres vías. La primera: colocar a un defensor del Pueblo que le asegure una futura conformación de la JNJ que la absuelva; la segunda: inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos; y finalmente, defenestrar a los integrantes de la JNJ.
Entre la madrugada y la mañana del lunes, con una orden judicial del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, fiscales y policías de la Diviac detuvieron al asesor principal de la fiscal de la nación, Jaime Villlanueva. Los datos de la ‘Operación Valquiria’, la diligencia de descerraje y allanamiento con fines de detención preliminar e incautación, se filtraron a la fiscal Benavides. La noche del domingo convocó a su oficina, en el centro de Lima, a 15 personas de su confianza, fiscales y administrativos, con quienes estuvo hasta casi las 4 a.m. del lunes. Entre ellos estaba el fiscal Elmer Ríos, coordinador del equipo especial ‘Cuellos Blancos’.
También amaneció con Benavides, Marena Mendoza, la fiscal procedente de un despacho civil de La Libertad que asumió en abril la coordinación del equipo especial para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas contra el régimen que encabeza Dina Boluarte. Mendoza recibió el encargo el fin de semana de reemplazar al fiscal superior Rafael Vela en la coordinación del Equipo Especial Lava Jato, luego de que el viernes la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público confirmara la arbitraria suspensión de ocho meses y 15 días para el también coordinador de las fiscalías de lavado de activos.
Cerca de medianoche, Benavides firmó la resolución del cese de Villanueva, y otra para remover a la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del EFICOP. En ese documento, además, saca a la fiscal Jhousy Aburto de la pesquisa de los homicidios de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, víctimas de disparos de la Policía en las manifestaciones del 14 de noviembre de 2020. Minutos antes de la medianoche del lunes, la resolución de cambio de despacho que afecta a Barreto fue publicada en el diario oficial El Peruano, en ‘edición extraordinaria’, para que entre en vigencia a partir de hoy. El fiscal José Miguel Cuya ha sido nombrado como su reemplazo, pero solo hasta el 15 de enero.
El juez del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Chávez Tamariz, quien dispuso las medidas solicitadas por el fiscal Freddy Christian Niño Torres, ha dictado en el pasado otras órdenes de detención en casos emblemáticos, por ejemplo, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski –en el caso de la Interoceánica Sur– y a 14 árbitros investigados por presuntamente recibir sobornos a cambio de favorecer con sus decisiones a la constructora brasileña Odebrecht.
El tiempo corre
La noche del lunes, la JNJ comunicó que está en sesión permanente “evaluando las acciones que le competen”, luego de los hechos que se han conocido. Analistas, instituciones y abogados han urgido desde las primeras horas al colegiado a convocar a Benavides para escuchar sus descargos y, de acuerdo a su ley orgánica, suspenderla provisionalmente mientras es investigada.
En la junta de fiscales supremos, en tanto, no hay quórum para retirar la designación de fiscal de la nación a la fiscal investigada por organización criminal: el mínimo es tres. Dado que el Congreso, en coordinación con Benavides, inhabilitó por cinco años a la exfiscal de la nación Ávalos, quedaron solo dos fiscales supremos junto con la titular del Ministerio Público. Pudo haberse integrado la fiscal suprema nombrada a fines de 2022, Delia Espinoza, pero Benavides la ‘deportó’ al Jurado Nacional de Elecciones como representante del Ministerio Público y no ha aceptado sus pedidos de incorporarla. Esta mañana, mediante un oficio, y dado el pedido de renuncia de Sánchez y Villena a Benavides, Espinoza pidió a la junta de fiscales supremos que designen ante el JNE a un fiscal supremo provisional o jubilado para que ella pueda incorporarse a esa instancia y así “garantizar la gobernabilidad institucional del Ministerio Público”. También, está pendiente una solicitud de medida cautelar ante el PJ para ocupar el lugar que le corresponde en la máxima instancia de decisión de esa entidad.
Benavides ha preferido no convocar a la junta de fiscales supremos solicitada ayer por sus colegas, dado que ya mostraron sus votos para que sea otro fiscal supremo quien asuma en vez de ella. En ese colegiado podrían retirarla de la designación pero no suspenderla como fiscal suprema. Si eventualmente Benavides convocara y se sumara Espinoza, la presunta cabeza de la organización criminal podría participar del debate, pero abstenerse de votar.
Asimismo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley tiene en sus manos un pedido de excepción de la fiscal suprema Ávalos, para que éste se pronuncie sobre los delitos que el Congreso le imputa. La investigación a Ávalos es por supuesta demora u omisión de funciones cuando abrió investigación, en enero de 2022, al entonces presidente Pedro Castillo y dejó pendientes las siguientes diligencias hasta que concluya el mandato del jefe de Estado, de acuerdo a la Constitución. La decisión de Checkley podría restituir sus derechos a Ávalos para que ejerza nuevamente.
Los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena convocaron a la junta de fiscales supremos para abordar la cuestión, pero Benavides no respondió. Al mediodía, firmaron y entregaron una carta en la que le exigen que renuncie a fin de no afectar la investigación del Ministerio Público. Añaden que la investigación penal en curso al exasesor Villanueva la involucra “en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal, que no se condicen con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.
Al llegar al cargo, Benavides usó su poder para librar a su hermana de una investigación fiscal y favorecer los intereses de otros investigados por delitos: desde entonces la mayoría de sus actos se han derivado de esos conflictos de interés.
El primer pedido a la JNJ para que investigue a Benavides fue presentado en agosto de 2022 por la congresista Susel Paredes, un par de semanas después de que la fiscal de la nación sacara a la fiscal suprema Bersabeth Revilla de la investigación a su hermana, la jueza Enma Benavides, quien habría recibido coimas de investigados por narcotráfico para liberarlos cuando integraba el Colegiado E de la Sala Penal Nacional. Además, miembros del consejo de la judicatura la investigaban por las llamadas con Antonio Camayo, integrante de la red de corrupción ‘Cuellos Blancos’, y los cambios de fiscales a cargo de las carpetas sobre esa trama. También por la condecoración que recibió en marzo del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos; y por irregularidades en sus títulos y tesis de posgrado. En su postulación para ascender a fiscal suprema, Benavides dijo que si llegara a ejercer como titular del Ministerio Público no interferiría en la investigación a su pariente; y además, obtuvo un puntaje académico alto al consignar que tenía maestría y doctorado.
Hipotecar la autonomía fiscal
La resolución judicial de 124 páginas emitida por el juez Chávez Tamariz menciona abundantes hechos que encontraron los fiscales en las acciones realizadas por tres asesores de Benavides, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, siguiendo sus instrucciones entre julio de 2022 y este mes.
Los más llamativos son las conversaciones por WhatsApp entre Villanueva y un congresista. Destacan no solo por la transparente ilegalidad de sus actos, sino por los calificativos a las personas o instituciones que encaraban o investigaban a Benavides.
Jaime Villanueva se refería a Zoraida Ávalos como ‘Shakira’ –copiando una noticia del diario Perú.21 de meses anteriores–, y llamaba a los miembros de la JNJ “lagartos, caviares o vizcarristas”. Los calificativos no subían de ese nivel, y eran los mismos que usaban la congresista por Avanza País Patricia Chirinos y otros de Renovación Nacional o de Fuerza Popular. Ello pese a que los miembros del consejo de la judicatura fueron elegidos por una comisión que presidió Walter Gutiérrez, un abogado identificado con sectores autoritarios y que ejerce como embajador en España, nombrado por el gobierno de Boluarte.
La investigación a Villanueva por delito contra la tranquilidad pública-organización criminal cuenta con 49 elementos de sustento, y otros 48 acerca del presunto delito contra la administración del Estado en la modalidad de tráfico de influencias. En el caso de Miguel Girao y Abel Hurtado, investigados por organización criminal, la cantidad de indicios es menor: ocho y siete, respectivamente. Ellos acompañaron a Villanueva a varias reuniones con congresistas en los días previos a preparativos y decisiones sobre los tres temas: la elección del defensor del Pueblo; la votación para la denuncia constitucional contra Ávalos y su inhabilitación de la función pública por cinco años; y las acciones contra la Junta Nacional de Justicia –-desde la moción de la congresista Patricia Chirinos hasta la pseudo investigación en la Comisión de Justicia–.
En uno de los chats sobre las componendas para elegir al defensor del Pueblo, Villanueva explica a su interlocutor por qué es crucial controlar esa designación.
“Tener un titular en esta institución es imprescindible porque lo que está en juego es algo mucho más importante que la misma Defensoría. Como sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo y, como la fiscal de la nación lo mencionó en su discurso, existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje de ser fiscal de la nación y los caviares retomen a controlar el MP. Si la JNJ la suspende, la nueva FN por antigüedad sería Zoraida Ávalos y eso significaría el retorno del vizcarrismo al MP.
Es en este contexto que el defensor es muy importante porque es quien preside la comisión que elijirá (sic) elegirá a la nueva JNJ. Si se queda la señora que está ahora la nueva junta también estaría tomada por caviares. Eso es lo peligroso y lo que está en juego realmente”, comentó Villanueva.
La investigación fiscal indica que Benavides tiene un afán de “permanencia excepcional” en el cargo y asegura que hay “graves indicios de que la cúpula del MP haya extendido sus influencias ilícitas en la designación del defensor del Pueblo”.
Entre agosto y noviembre del año pasado, los asesores se reunieron siete veces con parlamentarios para coordinar actos contra la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos. Dos veces con José Balcázar [Bancada Perú Bicentenario] y una con Lady Camones [APP], “para influenciar ilícitamente en el proceso constitucional” y el 23 de setiembre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó acusarla por una supuesta infracción al artículo 159 de la Constitución, referido a sus obligaciones como titular del Ministerio Público.
Luego, entre el 3 de octubre y el 2 de noviembre de 2022, hubo cuatro visitas a la congresista Gladys Echaíz [APP], principal promotora de la inhabilitación de Ávalos: en tres ocasiones acudió Villanueva solo y en otra acompañado por Girao.
En mayo de este año, el asesor recalcó en un chat que era el único representante de la fiscal de la nación autorizado para coordinar con los congresistas y hablar a nombre de ella porque necesitaban llegar a “acuerdos políticos”. “Es clave”, dijo del 25 de mayo, la fecha en que el pleno debatiría la causa de inhabilitación de la fiscal suprema. Se refería a la cuestión como un asunto de “vida o muerte” y que luego de ello “saliendo de este peligro” podían trabajar “varias cosas”.
Entre esas cosas, para conseguir los votos contra Ávalos, los asesores de Benavides dividieron en tres grupos a los congresistas llamados ‘niños’, que presuntamente recibían beneficios a cambio de respaldar con sus votos [y obedecer] a Pedro Castillo cuando era presidente. Los grupos correspondían a la mayor o menor sanción respecto de los delitos por los cuales eran investigados.
El 23 de mayo, en los chats, Villanueva contó que había logrado la adhesión de tres congresistas de Acción Popular investigados por Benavides, de Somos Perú, y la fujimorista María Cordero Jon Tay. Ese día la JNJ publicó el comunicado que exhortaba al Parlamento a “reflexionar” acerca de la votación contra la fiscal suprema y el consejero de Benavides cuestionó duramente el pronunciamiento en el intercambio con la congresista. “Los miembros de la Junta Nacional de Justicia salieron a la palestra a actuar como abogados de Zorraida [sic]… El Congreso tiene que formular acusación constitucional contra los siete delincuentes de la JNJ por su manifiesto interés en favor de la fiscal del Lagarto”, escribió.
Al día siguiente, comentó a la congresista que estaba por cerrar acuerdos con José Luna, de Podemos Perú, y con el Bloque Magisterial. Fue entonces cuando compartió con su interlocutora el archivo, elaborado en una computadora de la fiscalía de la nación, que contenía la lista de los congresistas habilitados para votar, la condición de investigados o no por Benavides, y la previsión de la orientación del voto. El Pleno no llegó a realizarse el 25 de mayo debido a una licencia “por salud” que pidió el congresista por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante. Entonces, el asesor siguió buscando adhesiones: el 5 de junio contó por Whatsapp que ya contaba con los votos de Perú Libre, el Bloque Magisterial y Podemos Perú.
Según las conversaciones en Whatsapp, los congresistas dijeron el 6 de junio que cuando Benavides diera alguna señal de archivo de sus casos, sumarían más votos para inhabilitar a Ávalos. El 9 de junio, el asesor principal de la fiscal de la nación comentó que estaba pendiente que revisaran un proyecto de modificación de la ley de la Junta Nacional de Justicia –en la comisión de Constitución–. Seis días después, Benavides resolvió que no había mérito para promover la investigación fiscal a 37 congresistas, y Villanueva compartió la disposición fiscal por chat, “dando cumplimiento a su ofrecimiento criminal del 6 de junio”, sostuvo el fiscal de EFICOP, según cita la resolución del juez Chavez Tamariz. El 20 de junio hubo en el pleno 71 votos para la causa promovida por Benavides, cinco más que los necesarios.
Chávez Tamariz validó como importantes indicios un documento preparado en la computadora de la Fiscalía de la Nación con el cálculo de los votos contra Ávalos, así como el registro de visitas de los asesores a la congresista Gladys Echaiz, y otros que promovieron la denuncia constitucional.
Según los fiscales del EFICOP, la presunta organización criminal que encabeza Benavides, pretende lograr “la permanencia en el cargo y el control absoluto del Ministerio Público, hipotecando su institucionalidad y su integridad funcional, pues la negoció ilícitamente con las investigaciones y procesos penales que se tramitaba a congresistas para que voten a favor de la inhabilitación de la exfiscal de la nación”.
Las coordinaciones contra la JNJ
La congresista Chirinos presentó el 24 de mayo una denuncia constitucional contra los miembros de JNJ por haber invocado al Congreso, en un comunicado, “a la mayor reflexión” antes de que votaran a favor de la inhabilitación para la función pública a la fiscal suprema Ávalos.
Más adelante, Chirinos propuso una investigación sumaria contra los miembros de la Junta, por supuestas faltas graves, que se debatiría en noviembre en el Pleno. El indicio más grave hallado en los chats entre el asesor Villanueva y una congresista es la propuesta de resolución legislativa que aprueba la remoción de los integrantes de la JNJ.
El archivo fue creado el 6 de noviembre y guardado el 7 de noviembre, según consigna la orden judicial citando los documentos de la pesquisa de la Diviac y la fiscalía. El 7, en la víspera de que la Comisión de Justicia del Congreso emitiera su informe final sobre este caso, Villanueva circuló otro documento titulado “Análisis Caso Remoción”, el cual contenía una propuesta de remoción de los magistrados de la JNJ. El documento fue elaborado por “FN” (Fiscalía de la Nación) el 6 de noviembre, según la metadata del archivo. El documento no pudo ser usado ni leído en el pleno porque ese día la 3ª Sala Constitucional otorgó una medida cautelar a la JNJ y paralizó las acciones del Congreso con fines de destitución.
Los miembros de la JNJ están impedidos de continuar las cuatro investigaciones que realizaban a Benavides, debido a una segunda medida cautelar dada el 12 de octubre por la jueza provisional Jacqueline Tarrillo. Sin embargo, nada le impide la medida de suspensión provisional –de máximo seis meses– por una nueva causa, como la que surgió la madrugada del lunes.
La protección a los fiscales Lava Jato y EFICOP
La medianoche del domingo, Benavides pensó en “morir, matando” y por eso sacó a la fiscal superior Marita Barreto de EFICOP, para obstaculizar la continuidad de las investigaciones a sus tres más cercanos colaboradores, uno de ellos apartado a última hora ante los inminentes allanamientos, incautación de evidencias y detenciones.
En respuesta, el abogado Luciano López anunció que asumía la defensa ad honorem de Barreto y de los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, = miembros del equipo de policías que trabajan con el equipo fiscal, empezando por intentar revertir la destitución de la fiscal.
Al mismo tiempo, trece fiscales de ese grupo de trabajo difundieron un comunicado para respaldar las diligencias de las últimas horas contra los asesores de la fiscal de la nación, y rechazar el cese del encargo de Barreto, decidido por Benavides. Además, pidieron a la Junta de Fiscales Supremos actuar “con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad” en el marco de sus atribuciones y pidieron a los ciudadanos estar vigilantes. Al igual que lo hizo el Equipo Lava Jato luego de la arbitraria suspensión del fiscal Vela, anunciaron que continuarán en sus puestos para no afectar las investigaciones y que denunciarían actos de vulneración a la autonomía e independencia fiscal.
El fiscal del Equipo Especial ‘Lava Jato’ José Domingo Perez, a su vez, pidió a la presidenta de la junta de fiscales provinciales, Katharine Borrero, convocar a una sesión ante la implosión al interior del Ministerio Público. Más de 60 fiscales participaron –de forma presencial y por Google Meet a la vez– pero la Junta tuvo problemas serios en la transmisión y el audio. Ello fue pretexto para que varios fiscales se excusaran de no votar por la redacción de un pronunciamiento general sobre la autonomía del trabajo fiscal.
El audio empeoró cuando intervinieron el fiscal Pérez y la fiscal Borrero, y la sesión se cayó antes de que terminaran de votar, porque al ser una cuenta gratuita de Google Meet, solo disponían de 60 minutos. Horas después reanudaron la sesión y la mayoría se opuso al comunicado. “Aún hay varios ‘Cuellos Blancos’”, comentó una de las fiscales que participó en la sesión y lamentó que no se pronunciaran ante los graves hechos que involucran a la cabeza del Ministerio Público.
De todos modos, la detención de Villanueva fue este lunes un alivio para fiscales que, en meses pasados, lo veían pavoneándose de su supuesta amistad con periodistas que generan campañas de desinformación.
En otro oficio, dirigido a la fiscalía de la nación, 17 fiscales del Equipo Especial Lava Jato solicitaron que Marena Mendoza deje el encargo de la coordinación de ese grupo, dado que participó en la reunión con Benavides entre las 21.02 del domingo y las 3:22 del lunes. Los fiscales plantean que quien ejerza esa función en reemplazo del fiscal Vela debe estar “legitimado” para que les permita desarrollar sus tareas “sin interferencias”.
Pérez y el fiscal Germán Juárez declararon a la prensa por breves minutos en la tarde, en el exterior del local del Ministerio Público en la avenida Abancay, mientras ciudadanos y defensores de derechos humanos realizaban un plantón en demanda de la renuncia de Benavides. Pérez fue hostigado por miembros de ‘La Pestilencia’: los fascistas estaban apostados con megáfonos y carteles para defender la permanencia de Benavides e insultar a quienes expresaron una posición distinta.
La junta de fiscales provinciales de Arequipa, la Federación de Trabajadores del Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil como CEAS, Centro Bartolomé de las Casas, Propuesta Ciudadana, Paz y Esperanza y Jusdem, entre otras, se pronunciaron invocando a la Junta Nacional de Justicia a tomar decisiones, y en defensa de la autonomía de los fiscales.
