La dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional comunicó a la empresa israelí Hatehof, el miércoles pasado, la resolución del contrato de compra de 31 portatropas y 13 vehículos multipropósito blindados debido a incumplimientos que, en semanas anteriores, el Ministerio del Interior no los consideraba tales.
El 26 de mayo el primer ministro Javier Velásquez Quesquén anunció la decisión del Gobierno de anular la compra pero, en vista de que el ministerio no resolvía el contrato con la compañía, dirigió un primer oficio el viernes 4 de junio al ministro Octavio Salazar.
El presidente del Consejo de Ministros le solicitó que le informara las acciones tomadas por su sector para dejar sin efecto el contrato. Reiteró el pedido el 8 de junio.
Recién en ese momento, Octavio Salazar le encargó al director general de la PNP, Miguel Hidalgo, que “en el día” la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía resolviera el contrato.
Las razones que cita Salazar para sustentar la anulación del acuerdo son las conclusiones de un informe del estudio Sparrow, Hundskopf & Villanueva Abogados. Una de ellas indica que el hecho de que Hatehof haya enviado 32 vehículos, es decir, el 75% del total, con observaciones [incumplimiento de las especificaciones técnicas] “y sin autorización correspondiente para iniciar el embarque” alteró la secuencia prevista en las etapas del contrato.
Al día siguiente, 9 de junio, el director de Economía y Finanzas de la PNP, general Tomás Chumacero, utilizó los mismos argumentos del estudio de abogados para comunicarle al apoderado legal de Hatehof, Shimon Shacham, que daban “por resuelto en forma total el contrato de compra venta de bienes”.
En su carta, el general Chumacero sostiene que Hatehof no cumplió sus obligaciones, entre otros motivos, porque no exhibió en la planta de la empresa, en Israel, el total de vehículos durante la inspección que encabezó en febrero pasado el director de Logística de la PNP, general Mario Obregón. (Ver: ‘El informe Obregón’)
Además, indica que la empresa también incumplió al embarcar los vehículos al Perú “pese a la existencia de observaciones” y porque llegaron “sin contar con la conformidad de la institución”.
Acerca de lo primero, el general Obregón con pleno conocimiento del estado de los vehículos dio la orden de embarque el 6 de mayo pasado. Sobre lo segundo, hay también una contradicción puesto que el contrato –con cláusulas muy favorables a la empresa- establecía que la conformidad de los vehículos se daba en Lima, y no antes de embarcarlos.
El documento de embarque dice lo siguiente: “La autorización de embarque de los vehículos no significa ni implica la conformidad de los mismos, la que de acuerdo al contrato se dará en Lima, en los almacenes de la Policía Nacional del Perú, siempre que estas cumplan con las especificaciones técnicas conforme a lo previsto en el contrato, las bases, y la oferta de su representado”.
Es importante destacar que los motivos que dieron el premier y el actual viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, José Verona, para resolver el contrato distan de los expuestos formalmente a Hatehof. Ambos mencionaron que la empresa incumplió con una de las especificaciones técnicas de los portatropas.
Ver: reproducción de la autorización de embarque del 6 de mayo 2010.
