El día 16 de junio se presentó en mesa de partes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en cada una de las tres Fuerzas que lo integran, una carta firmada por unos cientos de oficiales en retiro, que para todo efecto práctico, pedía a los actuales mandos militares perpetrar un golpe de Estado.
¿Cuántos eran los firmantes? Varios cientos, de varios grados, sobre todo de la Marina. El mensaje abiertamente subversivo, escandalosamente ilegal, no tiene precedentes en todos los años de gobierno democrático de este país en el presente siglo.
La carta es un llamado abierto a la sedición y por tanto un delito cuyos responsables deberían enfrentar las consecuencias legales de su acción. Hizo bien el presidente Sagasti en pedir a la Fiscalía de la Nación su pronta intervención en el caso.
Pero cuando los fiscales inicien su trabajo –individualizar responsabilidades– encontrarán sorpresa tras sorpresa.
Primero: que muchos supuestos firmantes de la exigencia subversiva jamás firmaron la carta.
¿Por qué? Una razón es que no pudieron ni firmar ni negarse a hacerlo porque estaban muertos.
En efecto: por lo menos cuatro –y probablemente muchos más– de los supuestos firmantes fallecieron antes de que su nombre y firma fueran usurpados por los golpistas.
Aquí están, marcados, los nombres de los oficiales fallecidos dentro de la lista de “firmantes”:
Y veamos ahora, en su ficha Reniec, la constancia de su defunción:
¿Está claro entonces? Hicieron firmar a muertos la carta golpista. No se trata solo de conspiración para la sedición sino de usurpar identidades de quienes ya no existen.
Los muertos no son las únicas víctimas de apropiación de nombres en este caso. Muchos oficiales cuyos nombres figuran en la carta no fueron siquiera consultados antes de ver con sorpresa su nombre impreso entre los supuestos firmantes.
El coronel EP (r) Luis Domenack es uno de ellos. “A mí nadie me consultó antes de poner mi nombre en ese documento. Lo mismo pasó con varios miembros de mi promoción. En el whatsapp que tenemos 10 o 15 por lo menos dijeron que habían puesto sus nombres sin consultarles. […] Podemos tener diferentes opiniones entre nosotros, pero todos estamos de acuerdo en que nadie tiene derecho a tomar nuestro nombre sin consultarnos”, dijo Domenack.
Otros oficiales contactados por IDL-R afirmaron no haber sido consultados, aunque prefirieron no desmentir públicamente la usurpación de su nombre.
En el empeño de inflar el número de oficiales que respaldarían su llamado al golpe, los conspiradores no vacilaron en secuestrar sus identidades. Acumularon así delitos por los que –sí ha de sobrevivir la democracia y primar las leyes de la libertad– deberán pronto responder.
