El gremio profesional de mayor presencia en el país, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), considera que el Ministerio Público “violenta el secreto profesional y afecta las libertades informativas” al abrir una investigación por cohecho al director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y requerir su número telefónico “con amenaza de solicitar, en su momento, levantamiento del secreto de comunicaciones”.
En un pronunciamiento emitido este viernes santo, el Comité Ejecutivo Nacional de la ANP rechaza “todo intento de criminalizar la actividad periodística”, por ello manifiesta que la investigación a cargo de una fiscalía suprema “crea un nefasto precedente para el ejercicio del periodismo y los periodistas en el país”.
La asociación lamenta el anuncio de que el fiscal pedirá el levantamiento del secreto de las comunicaciones del director de IDL-R, aunque precisa que “no es un hecho aislado” respecto de este medio. “Se suma a la larga lista de acoso, estigmatización y hostilización emprendida en la última década contra el equipo periodístico de IDL-Reporteros y su director”, apunta.
Pero además, el gremio ha reportado numerosas veces esta misma forma de vulneración, vía el sistema de justicia, a otros periodistas en los últimos años. “La ANP ha advertido, en reiteradas oportunidades y casos, de este nuevo patrón de hostilización a la prensa: intentar involucrar a periodistas, en otro tipo de delitos, en una clara pretensión de poner en entredicho su credibilidad y escarmentarlos. Se instrumentaliza la persecución del delito como una forma de perturbar el trabajo de periodistas incómodos”, agrega.
“Una solicitud como la formulada por el fiscal Alcides Chinchay Castillo excede el deber funcional de perseguir el delito, por el contrario, se enmarca en lo que configura un claro intento de legitimar la vulneración del derecho a reserva de fuentes que ampara al trabajo periodístico. Al respecto, hay amplia jurisprudencia nacional y supranacional que refieren a la necesidad de proteger la seguridad de las fuentes informativas”, manifiesta el comunicado de la ANP.
El gremio recuerda que la Constitución y el Tribunal Constitucional garantizan la protección de las fuentes. “El secreto profesional también protege a los propios profesionales, quienes podrán hacerlo valer en cualquier situación o circunstancia en que los poderes públicos o cualquier persona o autoridad pretendan desconocerlo de cualquier forma”, refiere la sentencia 7811 del TC emitida en el año 2005 citada en el comunicado de la ANP, al igual que hace valer el artículo 2 de la Constitución sobre el secreto profesional como “un derecho fundamental”.
Por su misión en la defensa de las libertades informativas, señala la ANP, rechaza todo intento de criminalizar la actividad periodística. Por ello sugiere que la Fiscalía, “que tiene un rol importante en el marco del Estado de Derecho, debe ser cautelosa en el proceder al estricto margen de sus competencias constitucionales. El criterio fiscal debe ser claro para distinguir la naturaleza del trabajo de los periodistas de investigación y la potencial configuración de delitos”.
El gremio que se ha solidarizado con el director de IDL-R está integrado por más de 12.000 periodistas, y cuenta con representación en 121 de las 195 provincias del Perú.
