La jurista Marianella Ledesma Narvaez fue miembro del Tribunal Constitucional (2014-2022), presidió ese colegiado en los dos últimos años de su ejercicio, y es catedrática de derecho procesal civil. La maniobra del Congreso para defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sin debido proceso sirve a los intereses de políticos y empresarios que necesitan mantenerse en el poder para buscar impunidad, explica. Plantea que a la luz de las decisiones de la fiscal de la Nación que favorecen a investigados por corrupción –como los ‘Cuellos Blancos’– deberían cambiar los parámetros para evaluar la idoneidad y la ética de los magistrados.
En esta entrevista advierte que si se produce el golpe congresal, que daría incluso más hegemonía al Legislativo, ello podría sacar a la ciudadanía de su letargo, y traer como consecuencias más protestas o un llamado a la insurgencia. “Espero que eso sea medido políticamente por quienes enarbolan ese retiro (de los miembros de la JNJ). No vaya a ser que van por lana y terminen trasquilados”, alerta. Ledesma pasa revista al proceso que ha devenido en la casi nula separación de poderes del Estado, acelerado desde diciembre último.
El desequilibrio de poderes empezó cuando la mayoría fujimorista logró la renuncia de PPK en 2018, pero se ha agravado ahora. ¿Poder, impunidad y corrupción son el motivo?
Si se quiere utilizar el poder para la búsqueda del bien común o cerrar la diferencia de brechas, bienvenido. Pero eso no se aprecia aquí, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori se niega a aceptar su derrota frente a Kuczynski, una congresista de su grupo parlamentario contó que si un proyecto de inversión no le beneficiaba a Fujimori, no se hacía. La clase política en nuestro país, sin distinguir entre los que se dicen de izquierda y de derecha, utiliza los ideales y las expectativas de los ciudadanos para lucrar, para sus intereses personales, arreglar sus líos con la justicia: es la mercantilización de la política.
Casi todos los políticos que han cobrado poder y visibilidad tienen procesos por lavado de activos, corrupción u obstrucción a la justicia.
Se hace un uso perverso de los ideales políticos, y el más patológico es Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón, de los otros no espero nada porque es coherente con su forma de pensar, pero llama la atención que este señor que decía que era de izquierda radical terminó siendo el socio político del fujimorismo, eso es lo más escandaloso y patético de los grupos que se denominan de izquierda.
Para bloquear las investigaciones que realiza la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene ayudantes en los poderes del Estado. Por ejemplo, el alcalde de Lima, investigado por lavado de activos, la defiende y la condecoró.
El alcalde puede ofrecer la condecoración a cualquier autoridad, pero lo importante era preguntarle a la fiscal por qué ha recibido la condecoración de alguien sometido a investigación en una sede fiscal. Los intereses (de quienes la ayudan) son altamente apetitosos, porque el Ministerio Público es la única y exclusiva entidad que puede promover la investigación y la sanción penal de los delitos. Por lo tanto, si cojo el Ministerio Público, lo que puedo obtener van a ser denuncias débiles y tenues que terminen en la impunidad. Cuando el poder político busca coparlo o intervenirlo es para evitar ser sancionado.
En la historia política podemos apreciar ello, me remito a Blanca Nélida Colán (fiscal de la Nación durante los 90). ¿Qué hizo el fujimorismo? Copar la Fiscalía e intervenir el Poder Judicial con personas de la Marina. He estado en ese período en el PJ y he visto la intervención de ese grupo.
Entre julio y agosto de 2022, la fiscal Patricia Benavides hizo cambios muy alarmantes pero no hubo reacción. Sacó a la fiscal que investigaba a su hermana jueza Enma Benavides; a dos fiscales clave que investigaban a los ‘Cuellos Blancos’; retiró de la coordinación de esos casos al fiscal supremo Pablo Sánchez. A la vez abrió algunas carpetas a Pedro Castillo.
En ese contexto lo que movía al entorno político era el retiro de Castillo no solo por su deficiencia en designaciones y en la gestión –y después por sus actos sospechosos de corrupción–. Entonces la labor de la fiscal era aplaudida; inclusive me parecía correcta la rigurosidad a quien se le encarga el gobierno de un país y es el primer pillo en levantárselo, con toda su banda.
Pero otra cosa es que, mientras hago esto, con mi poder de fiscal de la Nación intervengo en designaciones de fiscales que hacen labores de investigación, no labores administrativas. Los fiscales investigan para perseguir el delito. Si intervengo el trabajo de los fiscales especializados y los saco, debilito su trabajo porque hasta que el que llega se familiarice, corre el tiempo, y el tiempo está asociado a una figura que a muchos políticos les agrada: la prescripción. Esa decisión de la funcionaria Benavides tiene una repercusión en la investigación fiscal, y por lo tanto no es una mera intervención administrativa. Por eso la Junta le abre una investigación para conocer las razones para cambiar la dirección de una investigación (el caso ‘Cuellos Blancos’, y el de su hermana jueza).
Benavides jugaba para la platea, como la fiscal que se enfrenta a Castillo, pero otro nivel de trabajo iba de la mano con lo que se puede llamar una organización criminal, porque es una red que va desde la designación de los jueces y fiscales en el anterior CNM y la actual JNJ, y una red de funcionarios en otras instituciones que caminan con un ideal en conjunto: favorecer a los investigados por corrupción y debilitar las investigaciones.
Por ejemplo, asesores de Benavides iban al Congreso.
No estamos hablando de una funcionaria solitaria que se pelea con el mundo, estamos hablando de organizaciones, de tejidos que existen en diferentes niveles que se van nucleando para alcanzar los objetivos por los cuales están unidos.
¿El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público forma parte? Ha suspendido al coordinador del equipo Lava Jato.
Desconozco la labor de (Antonio) Fernández Jerí, pero he escuchado por la prensa que sus documentos de postulación no son muy claros, y eso genera la sospecha de esa designación.
Cuando Benavides obtiene una plaza en Lima en el Ministerio Público fue por lobby de su madre, congresista, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y siendo fiscal en Huancavelica, Benavides alertó a su madre de una orden de detención en su contra y escapó. Además, sus dos hermanas juezas estaban bajo investigación. ¿No son problemas para ascender a fiscal suprema?
Quizá los miembros de la JNJ debieron ser más diligentes en indagar no solo la documentación, o la idoneidad en el conocimiento jurídico. Lamentablemente, los criterios que ha manejado el CNM y que ha continuado la Junta dan mucha relevancia a los cartones, a la construcción de papel de una persona, sin apreciar la esencia. Cuando uno es elegido juez o fiscal hay que ver cuatro parámetros: que conozca algo de Derecho; la solvencia moral demostrada; el equilibrio emocional –porque si le voy a entregar tanto poder, ¿está emocionalmente preparado para administrarlo a favor de los ciudadanos?–. Y el cuarto: capacidad de gestión. Y los cuatro en el mismo equilibrio. Porque ¿de qué me sirve un erudito en el Derecho cuando toda su lógica valorativa y ética es para el mal? Esto debe llevarnos a la reflexión, porque la Junta es quien ha puesto a la señora Benavides, de si se deben seguir manteniendo los mismos criterios.
Son parámetros que se han recogido de antaño siempre se ha medido al juez por su conocimiento jurídico y se ha puesto en casi ínfimo valor su trayectoria, su entorno de vida.
Acerca de la segunda resolución de la jueza Jacqueline Tarrillo que bloquea la investigación de la JNJ a Benavides. ¿Es posible que sea objetada de nuevo por sus errores?
Sí. Tiene severos vicios, espero que el procurador de la Junta Nacional de Justicia la haya apelado.
¿Una investigación cuidadosa de la JNJ, pero lenta, ha favorecido a Benavides?
En la Junta posiblemente han sido muy cándidos. Lamentablemente, en nuestro país se hace un abuso de la buena fe de las personas y lo que se dice no es; pero se advierte eso después que el acto ha generado sus efectos. Veo con preocupación cómo se puede decir que una persona tiene estos grados sin la evidencia del grado. La única evidencia es el registro en Sunedu, pero cuando quiero ver la tesis, o el desarrollo de la investigación por más que sea pobre o limitado, ni siquiera existe un archivo en la universidad llamada Alas Peruanas. La Sunedu registra sin tener evidencia de las tesis. Veo con preocupación cómo se designan los funcionarios sin aportar evidencias: son experiencias que a futuro espero se puedan superar.
Inés Tello, quien investiga a Benavides en la JNJ, sentenció a Vladimiro Montesinos por el caso del tráfico de armas a las FARC en el gobierno de Fujimori. ¿La maniobra del Congreso para destituirla es además una venganza?
La doctora Tello es una reconocida jueza del Poder Judicial, he pasado 40 años de mi vida allí y la conozco en su labor. Yo era practicante cuando la doctora era juez del 11º juzgado civil y siempre ha tenido un criterio de rectitud, de ponderación, una persona a quien nadie cuestionaba. No estamos hablando de alguien que ahora se ha convertido en una persona que está haciendo su trabajo con rectitud, eso siempre ha sido parte de su ejercicio profesional. Ese debe haber sido un referente cuando la comisión decidió designarla en la JNJ. Pero a veces quien ejerce su labor con corrección y apego a la norma genera anticuerpos y posiblemente este pueda ser el vuelto, una situación de venganza por los criterios que tuvo cuando ejerció como jueza y ahora como consejera (de la JNJ).
¿Similar al castigo de inhabilitación a la fiscal suprema Zoraida Ávalos? Presentó denuncias constitucionales contra Manuel Merino, Jorge del Castillo, Héctor Becerril, Ántero Flores-Aráoz, Tomás Gálvez, entre otros, y el Congreso las archivó.
El solo hecho de formular tantas denuncias, más de 30 a diversos funcionarios, el haber sido muy diligente posiblemente puede haber pasado la factura. No es común porque los fiscales de la nación que le han precedido con las justas han hecho una o dos denuncias (constitucionales).
Degradación de lo constitucional
Decisiones recientes del actual Tribunal Constitucional han favorecido el escenario de falta de separación de poderes. ¿Cuál es la más grave?
A partir de la Constitución de 1979 y 1993 se diseñó un Estado constitucional, esto significa que el poder –que es uno solo concentrado en los ciudadanos– se reparte en una lógica de equilibrios no solo entre los poderes clásicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial sino con nuevos actores: el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, los organismos constitucionalmente autónomos. En ese diseño se ha puesto un gran referí para controlar que las actuaciones de estas entidades y los ciudadanos se ajusten al marco constitucional. Entonces, en ese ejercicio del poder los criterios que ha venido señalando el tribunal no han estado orientados a ser un árbitro que realmente preserve el equilibrio de poder.
¿Cuáles destacaría?
Por ejemplo, la cuestión de confianza, que es el instrumento que tiene el Ejecutivo para contrarrestar el ejercicio político del Congreso. Era un mecanismo creado en la Constitución de 1993, pero a la fecha se ha deformado de tal magnitud que el Ejecutivo no tiene cómo enfrentarse al poder que sí tiene el Congreso –de la censura, las interpelaciones, inclusive de la vacancia–. El Tribunal Constitucional ha vaciado ese poder que tenía el Ejecutivo en una lógica de equilibrio frente al Congreso: ha potenciado el poder del Congreso.
“El Tribunal Constitucional ha potenciado el poder del Congreso”
Otra decisión del Tribunal Constitucional impide la fiscalización del Congreso vía los jueces.
El Poder Judicial tenía la posibilidad de ejercer un control constitucional sobre cómo el Congreso ejerce las atribuciones, como una regla general no hay zonas exentas de control. Sin embargo, bajo otro criterio del Tribunal Constitucional ningún juez puede atreverse a cuestionar el ejercicio de las facultades del Congreso, y genera un desequilibrio. Lamentablemente, el TC en este escenario está pervirtiendo el estado constitucional porque no mantiene el equilibrio en una lógica de pesos y contrapesos. Otra cosa es que este pleno ha exonerado a las empresas del pago de intereses de los tributos, y eso impacta en la recaudación tributaria, y ésta nos interesa y pertenece a todos los ciudadanos.
Acerca de los conflictos de interés del tribuno Gutiérrez Ticse en relación a la solicitud de Patricia Benavides para que la JNJ no la investigue. ¿Debe inhibirse?
La inhibición de un magistrado en el TC es bastante complicada porque no hay un reemplazo. En el supuesto caso que decida inhibirse todos los magistrados tiene que aceptarlo. No es tan sencillo retirarlo de la votación: todo depende del pleno. En mi experiencia, cuando algunos magistrados –para evitar contrariar a alguna de las partes– pedían su inhibición, el resto de magistrados pedían emitir el voto.
La justicia llegará, aunque tarde
Ha dicho que como los investigados por los muertos y heridos en las protestas recientes actúan de forma concertada para obstaculizar las pesquisas, eso facilitará a futuro la asignación de responsabilidades. ¿Pasaría lo mismo por la falta de debido proceso en el caso de la JNJ?
Son dos escenarios distintos. En las responsabilidades sobre los muertos avizoro que tarde o temprano, así llegue a ser abuelita, miraré que se tendrá que responder por los asesinatos a los ciudadanos en las protestas; lamentablemente la justicia es lenta pero hay evidencias. Ayer me sonreía cuando vi en un periódico que ascienden a coronel a un miembro del Ejército que actuó en la matanza en Ayacucho. Antes ascendieron a Otárola, que era ministro de Defensa. En la época de Fujimori –hoy guardado en la Diroes– hay un símil. En el juicio preguntaron si sabía de la existencia del grupo Colina. Sí sabía: los ascendió, les dio apoyo logístico, económico. En esta situación, en estas fechas, ¿sabía la señora Boluarte del compromiso del jefe militar de la zona en los asesinatos? Nosotros que no estamos en el gobierno tenemos conocimiento de la información que el Ministerio Público ha recogido. Entonces, hay vinculación al premiar (al oficial militar). No sé quién estará asesorando a esta señora Boluarte, pero están construyendo más evidencias que la vinculen al premiar estas acciones.
¿Y en el ataque a los miembros de la JNJ?
El asunto del Congreso y la JNJ hay que leerlo en dos niveles: jurídico y político. El primer informe (de los asesores de la comisión de Justicia) era jurídico, pero el que buscaron luego era político: ahí no hay razones sino intereses. ¿Por qué hay interés político (para cambiar) la Junta? Primero: la Junta nombra a los jueces y fiscales y mantiene a los jueces en el cargo, mediante ratificaciones. Por lo tanto, si soy un político que tengo problemas con la justicia –porque he recortado los sueldos a mis trabajadores, o he cometido delitos por los que voy a responder en el Ministerio Público– me interesará una Junta genuflexa a lo que quisiera lograr: la impunidad. Pero la Junta, además, tiene la posibilidad de designar a los jefes del sistema electoral (ONPE y Reniec). Y los jueces de la Corte Suprema –que están también en las manos de la JNJ– van a designar al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuándo va a ser? El próximo año: en unos meses. Por eso el interés y la rapidez. Hay una sociedad, un pacto político, para tomar la Junta y que los congresistas y líderes políticos en problemas con la justicia encuentren una ventaja o una situación más generosa, y también un interés político de preservar el poder en un nuevo acto electoral.
Son muchos beneficiados.
¿Quiénes son esos actores políticos y esos socios? Miremos en la Diroes. ¿Quiénes están? Castillo, Fujimori y Toledo. Y veamos en el Congreso: empezando por el pacto político de Cerrón con el fujimorismo. Cerrón es un fugitivo y es el primero a quien le interesará tener jueces que le amparen en sus acciones para paralizar sus condenas.
Y Keiko Fujimori, en vísperas del juicio oral.
Evidentemente. Y también hay líderes de otros grupos políticos y congresistas que tienen problemas con la justicia. Entonces, hay interés de lograr impunidad y preservar el poder más allá de las elecciones. Por eso estoy casi segura de que la junta va a ser retirada por este Congreso.
¿Ha habido reacción internacional proporcional a las amenazas a la democracia?
Mi esperanza (de que se salve la JNJ) es mínima, el 1%. Sucederá lo que sucedió en la época de Fujimori. El Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y los órganos electorales tomados. Es el mismo formato: cambiarán actores, cambiarán nombres. He visto reacciones y es una pena que el Perú tenga la mirada internacional no para situaciones buenas, porque repercuten en la economía. ¿Quién va a invertir en un país donde no hay seguridad ni confianza en la estabilidad política? Por eso hay un deterioro económico. El día que se tome la Junta Nacional se habrá generado un golpe congresal. El golpe es alterar el modelo de equilibrio de manera que un organismo ejerce hegemonía y control. Eso va a suceder cuando el Congreso logre defenestrar a los miembros de la JNJ. Muchos dicen que es facultad del Congreso, pero no se trata de ello: la Constitución señala que no se tolera el abuso del derecho, y en este caso hay un ejercicio abusivo del Congreso para retirar a los miembros de la Junta. El problema es, ¿cómo va a responder la ciudadanía a ese desequilibrio de poder en un modelo de Estado constitucional?, ¿se llamará a la insurgencia?, ¿esta situación generará más polarización y de una masa aletargada podría encenderse la pradera y pasar a mayores protestas y mayores reclamos? Espero que eso sea medido políticamente por quienes enarbolan ese retiro, no vaya a ser que van por lana y terminen trasquilados.
“El día que se tome la Junta Nacional se habrá generado un golpe congresal”
¿Qué esperaría de la sociedad si ocurre ese golpe?
Anhelo que siempre exista una ciudadanía participante y activa, no aletargada ni amordazada, eso es lo que hace falta en el país.
Las dificultades en los casos Lava Jato
El fiscal superior Rafael Vela ha sido sancionado por un comentario sobre la extradición de Toledo, y sectores empresariales y mediáticos atacan hace años al fiscal José Domingo Pérez. ¿Así como Benavides desmontó el Equipo Especial Cuellos Blancos ocurrirá con el Equipo Especial Lava Jato?
No sé si irá a ocurrir pero es una pieza apetecible para todos los involucrados –los grandes empresarios y grandes intereses económicos–. La regla es: “en la medida en que debilito la fiscalía, logro la impunidad”. ¿Quiénes están involucrados en las investigaciones Lava Jato? Ellos son los interesados en debilitar la acción de la fiscalía. Pero también hay que decir que la fiscalía ha hecho un trabajo algo lento, porque sabían que eran casos con muchos intereses no muy amigables, y tarde o temprano iban a terminar enfrentados como están. Les faltó un poco de estrategia y no caminar con un paso un poco lento frente a una investigación tan trascendente.
Los fiscales dijeron que no avanzaban por la gran cantidad de recursos que presentaba la defensa de los investigados.
Claro, porque en todo proceso no necesariamente gana el que tiene el derecho, sino el que logra debilitar la estrategia del adversario, y el Ministerio Público –que es abogado de parte de la sociedad– debió prever sus estrategias al enfrentar a abogados aguerridos.
Han enfrentado a los estudios de abogados más caros.
La fiscalía debió prepararse para esa confrontación sabiendo que era muy complicada y, si no tenía los recursos, debió prever esa situación.
El auto de enjuiciamiento para que arranque el juicio oral de Fujimori está demorado casi cinco meses. El juez a cargo comenta en las audiencias que tiene otros expedientes a la vez: ¿esa carga es una forma de retrasar?
Lo ideal sería que el Poder Judicial, ante casos tan emblemáticos y no comunes, los debería dotar de mayores recursos, personal y logística para que terminen rápidamente esa función. Ya que el PJ tanto pide recursos económicos imagino que será para mejorar el trabajo de esos juzgados, sobre todo porque la mirada a esos casos no es solo de nuestro país, sino de otros países que ven con mucha expectativa cómo el Perú en casos de corrupción trata de dar una respuesta. Pero también debo decir que el juez (Víctor Zúñiga) ha devuelto varias veces las denuncias de la fiscalía por insuficiencias. Entonces puede ser muy relevante el trabajo de Vela y del otro fiscal y podemos aplaudir su entusiasmo, pero debe ir acompañado por una seriedad y rigurosidad.
