Juan Jesús Minaya falleció, víctima del COVID-19, el último 30 de junio. Murió luego de 22 días de hospitalización en la clínica Jesús del Norte, del Grupo San Pablo.
Tres días después su hija, Jacqueline Minaya, recibió la cuenta: 146 mil 596 soles. Más de dos tercios de esa suma correspondían a gastos de farmacia. Para entonces, Jacqueline ya había depositado, endeudándose, 97 mil soles como adelanto de pago. Aún le quedaban casi 50 mil soles por cubrir.
Cuando Jacqueline pidió el detalle de lo que le estaban facturando, la clínica se negó a dárselo. El personal administrativo le dijo que le estaban recalibrando los precios de las medicinas. Recién el 6 de julio recibió una nueva cuenta con el desglose de los productos, teóricamente sincerada. En ese documento, los gastos de farmacia ascienden a 74 mil soles.
IDL-Reporteros revisó en detalle esta segunda cuenta (ya reducida), seleccionó 76 medicamentos, que suman 51 mil 332 soles, y los comparó con los precios listados de boticas y farmacias de la calle. Se excluyó de la comparación a guantes, sondas, electrodos o jeringas. También a medicamentos poco frecuentes como el biológico Tocilizumab, cuyo monopolio por patente explica la falta de alternativas a su alto precio.
La diferencia es abismal. Solo en esas 76 medicinas, IDL-R encontró una sobrevaloración de 38 mil 442 soles frente a los precios que lista Inkafarma en su canal de venta digital y los de boticas ubicadas principalmente en distritos de la Lima acomodada, según el reporte oficial del Observatorio de Precios de la Digemid (hasta el 2 de agosto). En otras palabras, 3 de cada 4 soles fueron recargados arbitrariamente sobre el precio de la calle. Aparecieron sin ninguna justificación.
Por ejemplo, la Jesús del Norte le cobró a Minaya 14 mil 800 soles por 34 ampollas de Cutenox que la botica Otifarma, de Miraflores, lista a un séptimo de ese precio: 2 mil 206 soles. Y esta comparación ni siquiera es con los valores más bajos del mercado. Al cotejar la cuenta de las 76 medicinas contra los precios más baratos, según Digemid, se obtiene una sobrevaloración mayor, de 42 mil 335 soles. IDL-R comparó la misma marca, presentación y laboratorio para cada fármaco.
Sobre la nueva cuenta, y a la par de los reclamos de Jacqueline, la Jesús del Norte le hizo otro descuento, de 24 mil soles. Pero aquí el detalle: había que agregar el IGV. Con todo, el costo de la farmacia finalmente representa el 58% de la cuenta total final, que asciende a 102 mil 453 soles. Y esta cifra aún tiene, en el mejor de los casos y tras dos reducciones, una sobrevaloración de por lo menos 30 mil soles, según los cálculos de IDL-R.
“En las farmacias de las clínicas, a diferencia de las de la calle, el precio del medicamento tiene valores exorbitantes. Más aún, se encontró que […] en términos reales [de precios de farmacia de calle] el medicamento de la clínica no estaba cubierto por la póliza del seguro, sino por el copago que hacía la persona”, dice el superintendente de SuSalud, Carlos Acosta. En otras palabras: el paciente termina pagando de su bolsillo el precio real de la medicina y la aseguradora el sobreprecio.
Manuel Marroquín, gerente comercial corporativo del Grupo San Pablo, dueño de 9 clínicas y 5 hoteles Aranwa, responde que su empresa no puede pronunciarse sobre este caso. “He conversado con mi área administrativa y lamentablemente se trata de información confidencial sobre la cual no podemos pronunciarnos públicamente”, aseguró. Pero Marroquín sí acepta lo evidente. “Algunas medicinas tienen una diferencia muy grande entre los precios de cadena y los de clínica. En nuestro grupo estamos haciendo un esfuerzo, más aún a raíz de la pandemia, por eliminar esas diferencias”, asegura.
La cuenta de Minaya no refleja el declarado esfuerzo.
El hinchado y extravagante precio de los fármacos, sin embargo, no es exclusivo de las clínicas del Grupo San Pablo. Por casi dos décadas, los pacientes del sistema privado han estado a merced de una concertación ‘fáctica’ de precios entre las clínicas y sus proveedores de medicinas. En el centro, como una suerte de boletín informativo para la concertación, está una revista llena de publicidad de laboratorios farmacéuticos llamada Kairos.
Para entender cómo funciona el mecanismo que mantiene los precios muy por encima de lo que dictaría un mercado competitivo, IDL-R conversó con empleados, exempleados y ejecutivos de laboratorios, distribuidoras farmacéuticas, clínicas y compañías aseguradoras. Todos están al tanto de que precios como los que revisó este medio tienen sobrecostos extravagantes, que multiplican varias veces lo que se cobra en la calle. También saben por qué este esquema abusivo ha sobrevivido por 19 años.
¿Es raro competir?
En sencillo, funciona así. Primero, los laboratorios y algunas distribuidoras envían a la revista Kairos sus supuestos e infladísimos precios oficiales. Saben, sin embargo, que solo el paciente/víctima de una clínica pagará esas cifras, y que su única función es aparecer allí para marcar una referencia de precio tope. Esto lo confirmaron a IDL-R tres empleados y exempleados del rubro. Luego, esas mismas empresas le venden las mismas medicinas a farmacias, boticas y clínicas a precios varias veces por debajo de los que han remitido a Kairos para su publicación.
Si bien estos valores dependen del poder de negociación del comprador, todas las fuentes reconocieron que son varias veces menores que el de Kairos. Se trata de números con magnitudes tan distintas que resulta difícil compararlos, aun cuando se refieren a la misma medicina. Las fuentes de laboratorios y distribuidoras coincidieron, además, en otra cosa: las empresas se miran. Esta es una norma no escrita y enviar precios más sinceros “se vería raro”. Así, tal cual, fue como lo describieron.
“Todos sabíamos que luego el gerente de farmacia de la clínica iba donde los laboratorios y negociaba con ellos cifras mucho menores”, se anima a decir Flor de María Philipps, exsuperintendenta de SuSalud, exgerenta de Salud de Pacífico Seguros, exgerenta administrativa del Grupo San Pablo y ex subdirectora médica de la Clínica Ricardo Palma. Pocos conocen el mercado mejor que ella.
¿Pero cómo se concreta el sobreprecio? Al otro lado de la cadena: aún sabiendo que se trata de cifras hinchadas hasta la exageración, las clínicas utilizan los precios listados en Kairos como referencia para definir sus valores de venta, tanto en sus negociaciones con las aseguradoras como –y sobre todo– para cobrarle a los ciudadanos. Con eso obtienen ganancias exorbitantes, pero son los pacientes a quienes se les carga el sobrecosto. Si están asegurados, su póliza termina cubriendo valores ficticios. Si no, tendrán que decidir entre gravarse con deudas gigantescas o resignarse a esperar su destino: morir, por ejemplo, de COVID-19.
Aunque no es una ciencia exacta, las farmacias y las boticas tienden a concentrarse en los rangos medios y bajos de la escala general de precios. Estos negocios también reciben la revista, pero no la utilizan para arruinar a sus clientes, sino que muestran valores competitivos. En las clínicas, en cambio, ocurre exactamente lo contrario: convergen hacia los precios estratosféricos listados en el Kairos. Al cruzar información de la Digemid hasta el 20 de julio, IDL-R comprobó este patrón en 11 medicamentos.
Un ejemplo: la albúmina humana de 50 ml, al 20%, que se usa en las UCI [Unidades de Cuidados Intensivos] para detener hemorragias. Mientras que la Botica Farmasalud de Breña la vendía al 20 de julio a 145 soles, la clínica Stella Maris cobraba cinco veces ese valor: 654 soles. Lo que le permitió estirar la cifra fue el ‘precio Kairos’, que va de un rango de 710 a 924 soles. Aún más, IDL-R conoció el valor al que la Stella Maris compra cada una de esas albúminas: 104 soles. Un sexto del precio de venta.
Otro ejemplo: la hoy solicitada Ivermectina, marca Quanox, del laboratorio Siegfried, cuesta 25 soles en la Botica Farma Venezuela de Breña, pero 80 soles en la Clínica Angloamericana. Su ‘precio Kairos’ es de 79,80 soles. Este patrón se repite también en otros fármacos vinculados al tratamiento del COVID-19 como el glucocorticoide Dexametasona (indicado para casos graves de cascada inflamatoria) o el antibiótico Azitromicina. Los gráficos hablan por sí solos.

“Es una cosa ilógica que una revista esté fijando el precio de los medicamentos en el Perú”, reclama Acosta, de SuSalud, y asegura que su organismo está atado de manos ante esta situación porque aún no tiene mandato regulador.
Pero Kairos no tiene ni la fuerza ni la potestad para fijar precios. ¿Por qué, entonces, las clínicas la han usado como referencia en los obscenos valores que cobran por sus medicinas? Todo indica que la revista actúa como un boletín informativo para la coordinación cartelizada de dichas cifras. En ello coinciden tres especialistas en el tema consultados por IDL-R. Su función para las clínicas es definir cuánto más pueden inflar esos valores, seguras de que en su mercado no operan las reglas de la libre competencia.
De carteles y concertaciones
El problema de las clínicas es que esta conducta –converger los precios de sus medicinas hacia valores inflados por sus proveedores– implica concertar precios. “Está clarísimo que eso es un cartel, y una autoridad de competencia tendría que haberle puesto el ojo hace rato”, dice Juan Francisco Rojas Leo, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi.
Rojas Leo explica que no se necesitan correos entre gerentes para que se configure una concertación. Tampoco que los precios sean idénticos. “Hay situaciones que solo se explican porque hay una concertación. No hay otra forma de explicarlas”, dice. El argumento ya fue usado por el Indecopi en su sentencia sobre el cartel del oxígeno. Allí dictamina que las empresas investigadas se concertaron porque “no existe otra explicación lógica” para su comportamiento. Y en este caso, Kairos ilustra esa lógica.
“Primera sospecha: los mercados tienden a estandarizarse, pero hacia abajo, hacia precio competitivo. Acá se ha estandarizado hacia arriba. Segunda: tienen una revista que pone los precios. Tercera: los laboratorios están detrás de que la revista se difunda. Luego, la prueba ácida: ¿podría haber una explicación diferente a la concertación para explicar esta estandarización hacia arriba?”, dice Rojas Leo. Otros dos abogados que pidieron anonimato coinciden plenamente con esta hipótesis.
Todos los representantes de clínicas que respondieron a IDL-R están al tanto de la situación, pero la tratan con una naturalidad escalofriante para la cantidad de economías familiares que arruina. “[El Kairos] ha derivado en uno de los componentes de la distorsión del mercado”, dice Marroquín, de San Pablo. “El Kairos ya es una referencia desfasada”, coincide Alfredo Guerreros, director médico corporativo de la Clínica Internacional, red que pertenece al grupo Breca, de la familia Brescia Cafferata, junto a la aseguradora Rimac.

“Coincidimos en que dichos precios distan de los que se encuentran en el mercado”, respondió la San Felipe en un comunicado. “Los precios de referencia que brinda Kairos son muy diferentes de los que se encuentran en los distintos segmentos del sector”, afirmó por la misma vía la red Sanna. Ambas pertenecen a Pacífico Seguros, vinculada a la familia Romero. Sanna, San Felipe y la Internacional aseguraron que están en pleno proceso de dejar el índice Kairos.
¿Pero quién está detrás de la revista? Una pequeña empresa llamada FAS Medical Solutions, que vive de venderle servicios editoriales a los laboratorios. Su gerenta comercial, y encargada del Kairos desde hace 25 años, es Aída Novaro Barbagelata. En el 2001, las clínicas empezaron a utilizar la revista como referencia para negociar sus precios de farmacia con las aseguradoras. Con el tiempo, el sistema asumió su forma actual y ahora los laboratorios acompañan la farsa. “El producto que no está en Kairos no es considerado para la compra de las farmacias”, dice Novaro. La concertación de facto en plena expresión.
“El negocio de las clínicas es que usan el precio real [del Kairos], sin descuentos, y luego ellos manejan sus descuentos con los laboratorios. Pero Kairos no tiene la culpa. […] ¿Por qué echarle la culpa de lo que hacen las clínicas? […] Eso no es responsabilidad nuestra. Nosotros lo único que hacemos es juntar las listas de los laboratorios y sacarlas al mercado”, se defiende. Para Rojas Leo, la revista es apenas un “instrumento facilitador del cartel”.
Pero, ojo: la empresa que reparte a Kairos es Química Suiza. Esta distribuidora forma parte del grupo Intercorp, que además es dueño de más de 2.000 farmacias Inkafarma, la clínica Aviva y el laboratorio Cifarma. Este último produce medicinas que también listan sobrevaloradas en el Kairos. Representantes de la división farmacéutica de Intercorp no aceptaron la solicitud de entrevista de IDL-R.
El caso es que el farmacéutico no es un mercado ajeno a las sanciones por prácticas anticompetitivas. En el 2016, Indecopi multó a cinco cadenas de farmacias –entre ellas, Inkafarma– por concertación de precios. Dijo que habían utilizado a los laboratorios para coludirse. El 2017, la agencia de competencia de Argentina castigó a 15 clínicas de Salta por utilizar una escala de precios para negociar con sus financiadoras y encarecer sus servicios.
Defensas y tiempo de cambios
Varias de las clínicas que respondieron a IDL-R se defendieron alegando que el uso del Kairos es parte de una distorsión en el modelo de ingresos del sector, a raíz de la cual todo lo demás tiene precios subvalorados y –por eso– el 46,8% de los ingresos se consigue por la farmacia, según la consultora TMS. “Ponen en la farmacia el centro de utilidad y negocian con las aseguradoras el resto de componentes [del servicio de salud]”, explica Philipps.
En cuanto a reformular el modelo, solo tres empresas están, tras casi 20 años, en ese camino. Según Guerreros, la Internacional ya define el 80% de los precios de sus medicinas ambulatorias sin usar el índice Kairos. Varios de sus productos aún aparecen en las franjas altas de los precios revisados por IDL-R, aunque por debajo del resto. San Felipe y Sanna, en tanto, comunicaron que desde el 1 de agosto abandonarían definitivamente el índice Kairos, y empezarían a definir sus precios por “criterios de mercado” y “condiciones de operatividad”.
IDL-R pudo comprobar que en el local de Sanna El Golf los precios de dos medicinas consultadas ya se acercan al promedio de calle, pese a que esto aún no se actualiza en Digemid. Distinto fue el caso de la San Felipe, que todavía cobra los precios sobrevalorados.
Por su parte, la clínica Aviva, de Intercorp, lista en Digemid el analgésico Repriman a su ‘precio Kairos’ de S/185,85, mientras que Inkafarma lo vende a S/27. Ambas pertenecen al mismo grupo, junto al laboratorio que elabora el fármaco. Consultados directamente, en Aviva aseguraron venderlo a S/27. Sin embargo, precisaron que se trata de la farmacia ambulatoria.
IDL-R solicitó su versión a seis laboratorios, pero solo obtuvo la respuesta escrita de uno: el alemán B.Braun. Esta empresa aseguró que solo suministra al Kairos precios de venta a farmacia (PVF) y no precios sugeridos al público (PPS). Una diferencia irrelevante, dado que ninguno de los dos valores se acerca a los rangos del mercado de calle, y ambos igual son usados por las clínicas como referencia.
El gremio de laboratorios nacionales, Adifan, no respondió a las solicitudes de entrevista. El gremio de laboratorios extranjeros, Alafarpe, envió un escueto correo asegurando que promueven “el respeto a las normas de libre competencia”, sin especificar cómo engrana esa conducta con los sobreprecios fijados por Kairos y adoptados por las clínicas.
Indecopi, por su parte, dijo que “fiscaliza acuerdos anticompetitivos entre empresas competidoras en todos los mercados, incluyendo el de medicamentos”. Sin embargo, detalló que las investigaciones son reservadas. Acosta, de SuSalud, dice que los ve “motivados” a abordar el tema.
A finales de julio, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un predictamen (sobre un proyecto presentado por el Frepap) que le da a SuSalud la facultad de fiscalizar y sancionar –entre otros– “el precio excesivo de medicamentos con relación al monto promedio de los mismos en su venta externa”.
Pero no habla de castigar esquemas de cartelización, como el aquí descrito. Antes de que a los peruanos los sorprendiera la pandemia, los precios de las medicinas en las clínicas se habían convertido en el tipo de cosa que uno sabe que está mal, pero que acepta como parte de la vida. En 19 años, cientos de familias han quedado atrapadas en la pesadilla de las cuentas desmedidas, pagando copagos que cuestionan la lógica de tener un seguro privado o sometiéndose a deudas impagables ante una emergencia de salud. Todo esto bajo la premisa de que en un mercado privado, como el de las medicinas en las farmacias de las clínicas, ninguna autoridad puede determinar los precios.
Pero la premisa del libre mercado, en sencillo, es que funciona para los ciudadanos porque las empresas compiten para atender sus necesidades. En esa competencia, impulsada por el afán de lucro, se generan eficiencias y los precios bajan. Con las clínicas pasa exactamente lo contrario. Utilizando una revista como boletín de sobreprecios para los medicamentos, han actuado como un cartel en contra del interés de los peruanos. Grandes grupos económicos, tanto los que integran verticalmente clínicas con aseguradoras como los que no, han mantenido así un esquema que genera enormes ganancias artificiales.
“Los seguros trabajan con la clínica contra el médico y el paciente”, sentencia uno de los doctores entrevistados para esta investigación, cansado de estos abusos.
El COVID-19 ha abierto una ventana para descubrir los trágicos excesos de la cartelización de las clínicas en los precios de sus fármacos, que significan ganancias de usura para unos pocos y la deprivación o la muerte para muchos. Igual que con otros carteles –como los de construcción, por ejemplo– solo una investigación eficiente, rápida y severa, que desmantele concertaciones fácticas, podrá garantizar la libre competencia. Una que beneficie a la calidad del servicio y al consumidor.