Es cierto que el ofrecimiento de recompensas por información que lleve a la captura de personajes dados pertenece al rango de medidas incruentas en las estrategias contrainsurgentes, (o en acciones contra el crimen organizado), pero la experiencia de muchas guerras, guerrillas y acciones anti-mafia y contraterroristas ha demostrado que una política consistente y creíble de recompensas es una de las armas más eficaces en manos de un Estado mínimamente inteligente para los escenarios señalados.
Haber acomodado el ofrecimiento de recompensas dentro de la política de cooperación anti-narcóticos ha sido una transparente excusa estadounidense para no salirse de su propio marco legal. Pero es obvio que Estados Unidos participa desde ahora en forma abierta en las acciones contra las facciones senderistas.
¿Por qué decidió hacerlo? ¿Por haber constatado, quizá, que las operaciones contrainsurgentes del Estado peruano no producen los resultados deseables? ¿Por la poca credibilidad y mayor desprestigio del sistema peruano de recompensas? (Sí. Hay uno y lo coordina la PCM). ¿Por mantener influencia dentro de las fuerzas de seguridad peruanas e impedir que otros Estados o compañías (o una combinación de ambas) compitan con ellos y reduzcan su influencia? ¿Por ejemplo, influencia y gravitación de la experiencia colombiana? ¿Por una combinación de todos esos factores?
Lo sabremos dentro de poco. Por ahora, es evidente que muchas cosas variarán, brusca o paulatinamente. ¿Actuarán a partir de ahora contra Sendero los helicópteros UH1H de las bases antidrogas, que tienen pilotos peruanos y siglas de la PNP pero que en realidad actúan bajo las órdenes de funcionarios de Estados Unidos? ¿Lo harán en coordinación con el Comando Conjunto o en forma autónoma? ¿Seguirá canalizando la Dincote la mayor parte de la información policial sobre Sendero, o fluirá ahora a las direcciones más cercanas a los estadounidenses y que tienen más experiencia en el trabajo con ellos, como la Dirandro? ¿Tendrán los estadounidenses influencia en la planificación y ejecución de operaciones que surjan a partir de información pasible de recompensa? ¿Quién controlará el flujo de inteligencia que los $5 millones estimulen, Perú o Estados Unidos? ¿Quién decidirá los criterios de clasificación y acceso informativo?
No son preguntas ociosas, créanme. Hay, por cierto, asuntos básicos de soberanía (el principio de “no dejes que hagan en tu país lo que el otro no dejaría que hagas en el suyo” es una buena guía para relaciones internacionales sanas); pero también hay temas importantes de incompetencia y corrupción que deben ser enfrentados y discutidos.
El tema debe ser conocido por todos y discutido con amplitud. El secreto y el disimulo pueden ser admisibles en un contexto operativo, pero nunca frente a decisiones grandes (aunque parezcan pequeñas), que afectan potencialmente nuestra soberanía y nuestra capacidad de enfrentar y resolver nuestros propios problemas.
Discutamos el tema como debe hacerlo una Democracia, con convicción y fuerza pero con el vigor de la razón. Y lo primero que debemos responder es la pregunta de si aquello que facilita fortalece o termina, más bien, por debilitar.
