Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2340 de la revista ‘Caretas’.
Caracas.- El periodismo de investigación es, por definición, un periodismo de dificultades, que se lleva a cabo frente a resistencias u oposiciones de actores y escenarios en una escala de problemas que va de lo difícil a lo peligroso; un registro de riesgos que cubre desde el desempleo hasta la letalidad.
En ninguna parte es fácil, pero en pocos lugares tan difícil el periodismo de investigación como en Venezuela. En una sociedad tan duramente polarizada sería mucho más fácil circunscribirse al periodismo de denuncia, cuyo mayor desafío sea el de la eficacia retórica y la capacidad de movilizar emociones y reforzar certezas.
Que un grupo diverso y por fortuna creciente de periodistas venezolanos se mantenga dentro de las exigencias de rigor investigativo, de búsqueda pertinaz de la evidencia, de la exposición probatoria de hechos, pagando fuertes precios personales en muchos casos, no es solo admirable sino muestra una conjunción de talentos y de temples que ha probado cuán necesario y eficaz es el periodismo de investigación en las circunstancias más difíciles, cuando se lucha por las libertades y derechos básicos.
Ese fue el trasfondo abreviado de mi trabajo como jurado del premio nacional de periodismo de investigación en Venezuela, que IPYS Venezuela (organización independiente de la peruana) convocó por quinta vez consecutiva.
«La investigación fue el esclarecimiento de un asesinato. Fue hecha contra el reloj, en medio del miedo de otros y de un permanente peligro de censura dentro del periódico en el que se publicó».
El jurado que IPYS Venezuela convocó en esta ocasión estuvo integrado por dos periodistas venezolanos – ambos expatriados hoy -: Sandra Lafuente, que trabaja en España; y Edmundo Bracho, que lo hace en Inglaterra. Los acompañamos dos extranjeros: la galardonada y prestigiosa Mabel Rehnfeldt, de Paraguay; y yo.
El primer premio fue otorgado a la investigación “12 de febrero (serie especial)”, presentado por un equipo de periodistas : César Batiz, Laura Weffer, Carjuan Cruz, Cristina González, Lisseth Boon, Airam Fernández, Albinson Linares; junto con fotógrafos, editores gráficos, videógrafos y otros profesionales que prefirieron, por seguridad, permanecer anónimos.
La investigación fue el esclarecimiento de un asesinato. Fue hecha contra el reloj, en medio del miedo de otros y de un permanente peligro de censura dentro del periódico en el que se publicó (“Últimas Noticias”, que entonces pertenecía a la cadena Capriles y que poco después fue vendido a una sociedad cuyos dueños reales no se conocen pero sí se sospechan).
El 12 de febrero de este año, en medio de protestas intensas contra el régimen de Nicolás Maduro, fue asesinado a balazos un joven manifestante: Bassil Dacosta. Poco antes, en un área cercana había sido muerto, de un disparo, Juancho Montoya, un dirigente de los “colectivos” chavistas que actuaban como fuerza de choque paraestatal contra los opositores.
La muerte de Montoya, aún no satisfactoriamente aclarada, precedió por poco y fue a relativamente poca distancia de la de Dacosta. En medio del confuso y violento escenario – carreras, disparos, grupos de motociclistas entrando y saliendo del área- era muy difícil poder determinar quién o quiénes habían disparado. Las posibilidades de desinformación, incluyendo una versión distorsionada de los hechos por parte del gobierno, eran a la vez muy altas.
El grupo de periodistas de “Últimas Noticias” que se lanzó a la investigación del caso incluía a Tamoa Calzadilla y a Laura Weffer entre las más experimentadas, junto con varios otros periodistas destacados de ese diario.
El grupo investigador consiguió tres vídeos que ilustraban parte de los desplazamientos de motociclistas armados. Un análisis minucioso, “cuadro por cuadro”, de cada parte de los vídeos permitió establecer una primera secuencia de los hechos.
Luego, los periodistas fueron al lugar donde ocurrieron las muertes y tocaron literalmente todas las puertas, en procura de testimonios, fotos y vídeos de ese momento.
Al final, lograron reunir más de 20 vídeos y alrededor de 100 fotos, a lo que siguió un análisis minucioso de cada cual para insertarlo en el punto preciso de la reconstrucción de los hechos.
El resultado de ese trabajo arduo: los ocho participantes en el asesinato de Dacosta fueron inequívocamente identificados. Eran todos miembros del Sebin, el llamado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
La publicación de la investigación, y sobre todo, del vídeo que contenía la parte decisiva de la evidencia, se hizo en buena medida a espaldas de los atemorizados dueños de la cadena Capriles.
Luego de la publicación, los ejecutivos de la cadena intentaron sacar el vídeo de la publicación digital. Pero la avalancha de visitas (más de 600 mil) hizo que las razones de la vergüenza se impusieran a las del miedo.
Pueden revisar aquí el reportaje multimedia “12 de febrero (serie especial)” desde este enlace. A continuación reproducimos el vídeo en mención:
El efecto fue contundente. El propio Maduro tuvo que reconocer que se trató de un asesinato paraoficial, e indicó que los funcionarios de inteligencia identificados habían desobedecido la orden de permanecer acuartelados.
La mayor parte de los periodistas que participó abiertamente en esa hazaña investigativa, no duró mucho más en la literalmente vendida cadena Capriles.
La celebración del reconocimiento a su coraje y su talento reunió de nuevo, en un rato de alegría y entusiasmo a este grupo notable, antes de volver a la realidad cotidiana de enfrentar cuesta arriba la corrupción y la cobardía.
Estuvieron acompañados por varios otros colegas, galardonados también por trabajos de calidad y entrega.
El segundo premio fue ganado por la investigación “La Maquinaria Roja busca los votos” de Fabiola Zerpa y Adriana Rivera. Un trabajo notable en el que, como escribió el jurado, “de manera sostenida y con precisión factual (…) revela los mecanismos ilegales a través de los cuales la empresa estatal PDVSA financia, coacciona y moviliza a sus funcionarios y al electorado para garantizar el voto a favor del oficialismo”. PDVSA, como se sabe, es la gigantesca empresa que maneja la explotación del petróleo venezolano. Cuando se la convierte en una máquina de fraude electoral a través del abusivo control electoral, resulta difícil llamar democrático al gobierno resultante. El trabajo de Zerpa y Rivera probó lo “que hasta entonces solo eran rumores”.
El tercer premio fue un empate entre dos investigaciones: “La conexión Sinaloa – Maiquetía” de Joseph Poliszuk; y “El cubano que creó el SAIME y el chip que se expande por Latinoamérica” de Adriana Rivera, quien terminó ganando el segundo y tercer puesto. No fue la única en tener más de una mención.
En su investigación sobre narcotráfico y corrupción en gran escala, Poliszuk utilizó a fondo las leyes de acceso a la información de México y Estados Unidos y pudo así establecer que el cartel de Sinaloa embarcó algunas toneladas de droga desde el aeropuerto de Maiquetía, en plataformas de embarque vecinas a las que tiene el gobierno venezolano.
El trabajo de Rivera fue sobre un tema nuevo, extraño y que quizá resulte importante: la rápida expansión de compañías cubanas que ofrecen al gobierno venezolano y a otros en América Latina encargarse de la computarización, chips incluídos, de los sistemas digitales de identificación civil.
Hubo cinco menciones especiales, solo una de las cuales suscitó una animada discusión en el jurado. Se trató de la investigación “Pinchanalgas al garete”, de Airam Fernández, a quien sus colegas apodaron “la Salander” cuando empezó a practicar periodismo de investigación. Cuando una la ve, se da cuenta del porqué del apodo.
“Pinchanalgas…” es un reportaje medio participativo en el que se explora la peligrosa picaresca de los reencauches informales de las posterioridades, con resultados frecuentemente desastrosos. A contraparte de las desventuradas víctimas descritas en él, el reportaje de Fernández quedó muy bien redondeado.