Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2430 de la revista ‘Caretas’.
Este domingo habrá un debate presidencial digno de la basurienta televisión peruana. Los candidatos se enfrentarán por parejas, como en la primera fecha de una eliminación.
Los candidatos que, para ganar votos y tiempo gratis en medios han hecho ya (salvo unas pocas excepciones, menos mal) todo tipo de ridículo, se lanzarán a esa última oportunidad de mover las encuestas con diferentes tipos de avidez: la mayoría con hambre de un milagro, por ordinario que este sea; y por lo menos uno con una inédita y paradójica anorexia política. ¿La gente? Aprovechará la oportunidad para reírse un poco, intuyendo, me imagino, que después le quedará poco motivo para sonreír.
El encuentro (porque debate, lo que es debate, no se lo puede llamar) más esperado será el programado entre Alan García y su némesis, Fernando Olivera. Con ese emparejamiento del azar, se ratifica que los dioses resolvieron torcerle los designios a García en esta elección.
La primera reacción de García fue la que era de esperar. Al declarar en canal N dijo que “he visto el formato y me parece, por no decir otra cosa, casi una burla”. Enterado de que Olivera lo instaba a no correrse, García dijo que “la ciudadanía” no espera “un trompeadera de cantina o una lucha o un pugilato de barrio”.
Lamento decir que “la ciudadanía” espera, bajo la tenue y quebradiza metáfora de un sacha-debate, precisamente eso: mechadera de barrio, o mejor: cachascán grotesco con árbitro comprado. Si han tratado de clavarle el ya proverbial dedo de la ONPE, por lo menos buscará la efímera y gruesa diversión de solazarse con las tribulaciones de los manipuladores fallidos.
«Estamos pagando el precio de haber permitido mascaradas de reformas que llenaron instituciones vitales para el gobierno de la nación con individuos mediocres y corruptos».
Las discusiones entre Alfredo Barnechea y Gregorio Santos; o entre Keiko Fujimori y Miguel Hilario; y, por cierto, entre Verónika Mendoza y Alejandro Toledo, atraerán también interés, pero sin llegar a competir con el Olivera-García. Es probable que Olivera lleve su escoba y también lo es que García decida no participar, así le cueste perder más votos de los ya esfumados. Jorge del Castillo tuiteó este martes pidiendo un replanteo. Dadas las circunstancias, es posible que el JNE decida no prosternarse esta vez y, si no lo ayuda una deserción inesperada, fuerce a García a enfrentar a Olivera o perder por walk-over.
Sí. El formato del debate es ridículo y apenas tendrá un valor de entretenimiento. Pero expresa fielmente el proceso electoral farsesco que un Jurado Nacional de Elecciones desvergonzado – y además incompetente – ha infligido al pueblo peruano y a su proceso democrático, con la complicidad de políticos corruptos y del casi idéntico grupo de lobiístas/articulistas que apañó hace no tantos años las fechorías del fujimorato y que ahora justificó la perversión del proceso electoral con razonamientos cínicos, que luego ellos mismos tuvieron que contradecir.
Primero sacaron a Julio Guzmán – cuyo crecimiento los amenazaba – infligiéndole la máxima sanción por motivos que probablemente se considerarían exagerados hasta en Corea del Norte. Sus cómplices mediáticos – y los políticos que querían eliminar a punta de trampas una competencia peligrosa – los apoyaron con, lo repito, el balido orwelliano de “la ley es la ley”; mientras soslayaban la atención de faltas comparativamente mucho más gruesas cometidas por el Apra en la conformación de su plancha presidencial y sus listas congresales; y en el proceso de alianza con el PPC (donde se cometieron faltas serias en ambas partes). Primero se justificaron diciendo que ya había pasado el plazo para las tachas; pero luego, cuando se presentó la prueba de una denuncia por usurpación presentada en noviembre del año pasado, lo único que pudieron hacer fue callarse y esperar los resultados del fútbol, que también les salieron torcidos.
Sacaron también a Acuña, por una donación más bien modesta. Pero al confrontar el caso, mucho más claro, directo y evidente, de Keiko Fujimori observando sonriente cómo su gente entregaba dinero, el Jurado Electoral Especial de Lima (JEE), decidió exonerarla. Eran las mismas razones que llevaron al JNE a decretar por unanimidad la expulsión de Acuña de la contienda presidencial y que arrastraron la exculpación de Keiko Fujimori por el JEE mediante justificaciones –proferidas por su presidente Manuel Miranda– de indignante falsedad.
Afirmar, como lo hizo Miranda, que “la norma exige” probar “que el dinero que se pretende entregar provenga del patrimonio del candidato”, es mentira. Y esa mentira justificó la exoneración que salvó la candidatura de Fujimori. El mismo JEE ya había mostrado antes su catadura intelectual y moral al fallar primero en favor de Guzmán, para hacerlo luego en contra sin que hubiera cambio alguno en la situación juzgada.
Con un Jurado manifiestamente deshonesto e incompetente, ¿qué tipo de proceso se puede esperar? Uno contaminado por un fraude previo a la elección. Una de las principales acepciones de la palabra ‘fraude’ es: “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Y eso es exactamente lo que ha hecho el JNE y quienes lo apoyaron.
El hecho es que la maniobra les salió mal y ahora enfrentamos la clara posibilidad de un país dividido y turbulento, con la gobernabilidad amenazada por unas elecciones de socavada legitimidad.
Estamos pagando el precio de no haber sido más vigilantes, de haber permitido mascaradas de reformas que llenaron instituciones vitales para el gobierno de la nación con individuos mediocres y corruptos. Aceptamos, casi desde el 2001, una democracia precaria, de vivir peligroso, sostenida en los recuerdos de su corto período de gloria el año dos mil, a condición de que creciera la economía, aún sabiendo que esa disonancia entre una economía vigorosa y una institucionalidad anémica y torcida, llevaba eventual pero inevitablemente, a una crisis como la que ahora padecemos.
¿Qué se puede hacer? Creo, en primer lugar, que no existían ni existen razones para excluir de las elecciones a ninguno de los candidatos que se han presentado: ni a Alan García ni a Julio Guzmán; ni a César Acuña ni a Keiko Fujimori.
Ahora, en medio de la crisis de contradicciones de la autoridad electoral, debe plantearse (y coincido en esto con otras personas de probada trayectoria en la lucha contra la dictadura) una reorganización sumaria del JNE y de las elecciones. No sería fácil pero tampoco imposible si hay la voluntad de llevarla a cabo y de entregar, de todos modos, el mando de la nación al nuevo presidente o presidenta, este 28 de julio.
A la vez, debería iniciarse desde ya una investigación a fondo a algunos de los integrantes del JNE por presunta corrupción. Ya hay declaraciones de colaboradores eficaces y (tomadas subrepticiamente) de intermediarios para el cobro de coimas. Con una base así, no sería del todo difícil llevar la investigación a su conclusión lógica en un plazo relativamente corto.
Si esos cambios no se producen y los reajustes no se llevan a cabo, hay dos cosas que la gente debería hacer en respuesta a las fraudulentas maniobras electorales:
– Votar por la persona más honesta y sin prontuario entre los candidatos; a condición que esa persona demuestre que su manejo de la economía será realista y prudente, a la vez que celosa en la defensa de los derechos y libertades democráticas;
– Asistir masivamente a la marcha del 5 de abril. De su dimensión y energía dependerá su resultado: la defensa exitosa de la democracia.