Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2443 de la revista ‘Caretas’.
Está claro. Las dos cosas que preocupan más a los peruanos son la delincuencia y la corrupción. En ese orden: La preocupación ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En la encuesta, “Perfil del elector peruano 2016” realizada por Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos, el 61% de los encuestados consideró que la delincuencia es el problema más grave de la nación. En segundo lugar, el 48% opinó que lo era la corrupción. Los otros problemas quedaron considerablemente relegados en el rango de prioridades (desempleo: 30% ; pobreza: 21% ; narcotráfico y consumo de drogas:19%).
En un sondeo anterior efectuado el 2010, solo el 38,5% consideró que la delincuencia era el principal problema en el Perú, según Alfredo Torres, de Ipsos.
¿Por qué ha crecido tanto la percepción de la gravedad de la delincuencia? En 2010 hubo 2.709 homicidios en el país, mientras que el 2015 fueron 2,116: 593 menos. Es decir, que mientras creció la ansiedad frente al crimen, los homicidios disminuyeron, aunque ligeramente. La información es del Peru Reports, basado en fuentes del INEI y la PNP.
A la vez, la tasa de homicidios en el Perú es relativamente baja si se la compara con los promedios y, sobre todo, los picos de América Latina. Sin embargo, la preocupación de los peruanos frente a la criminalidad está entre las más altas del continente.
La razón de la alarma creciente frente a lo que se percibe como un aumento de la delincuencia no se fundamenta en los crímenes letales sino en los robos, asaltos, arranchones, raqueteo. Es decir, en los crímenes contra la propiedad. Según el Peru Reports, en 2010 hubo 112,600 casos de ese tipo de delitos, mientras que en 2015 se perpetraron 177,200. Según la misma fuente, en los últimos 10 años hubo un aumento del 88% en el total de delitos y el número de víctimas creció en 70%.
Así que no se trata de histeria sino de una ansiedad real y justificada. En su vida cotidiana los peruanos enfrentan una probabilidad relativamente alta de perder bienes, a veces de importancia vital, a manos de asaltantes, escaperos, ladrones, extorsionadores. La posibilidad de sufrir la confiscación súbita, frecuentemente brutal, de lo ahorrado durante años de trabajo es muy real. Y esa inseguridad es un freno real al progreso individual y social, sobre todo para quienes tratan de salir de la pobreza.
«En los últimos 10 años hubo un aumento del 88% en el total de delitos y el número de víctimas creció en 70%».
El hecho de que el Perú esté mejor en cuanto al embate de la criminalidad que muchas otras naciones latinoamericanas tampoco aminora la seriedad del problema en este país. Lo que sucede es que Latinoamérica es la peor región del mundo, y lejos, respecto de la violencia criminal.
Según una lista compilada y revisada por The Economist sobre la base de información del Instituto Igarapé, de las 50 ciudades más letales del mundo (sin considerar a las que están en guerra), 49 se encuentran en este Hemisferio y la única extracontinental, en Sudáfrica. Dos ciudades de Estados Unidos (Baltimore y St. Louis) figuran en la lista, además de Kingston, en Jamaica. Las 46 ciudades restantes se encuentran en Latinoamérica, (¡32 en Brasil!), siendo las más letales las del triángulo norte de Centroamérica: El Salvador; San Pedro de Sula, con niveles monstruosos de depredación social, cuyas mayores víctimas son, como siempre, los más pobres, las mujeres, los jóvenes.
Son realidades de espanto que amenazan la viabilidad de sociedades enteras y que ya han mutilado las perspectivas y esperanzas de muchas colectividades en esas regiones. En otras listas, Caracas encabeza la de las ciudades más mortíferas, pero las estadísticas también han colapsado en esa nación, por lo que es muy difícil verificar la información.
¿Por qué Latinoamérica sufre en forma tan desproporcionada esa epidemia de violencia criminal? Las explicaciones comunes apuntan a la gran desigualdad, la impunidad, las instituciones corruptas, el precario imperio de la ley y la infiltración o contragobierno del crimen organizado, especialmente del narcotráfico.
El Instituto Igarapé, de Brasil, que se define como un ‘think and do tank” añade otros factores a la desigualdad económica y social: Desempleo juvenil; instituciones de seguridad y judiciales “crónicamente débiles”; y altos niveles de urbanización informal no regulada.
Sin embargo, hasta en los peores escenarios de carnicería urbana es posible lograr mejoras en un plazo relativamente corto. Las estrategias no son intelectualmente complejas pero tampoco fáciles, en tanto requieren un esfuerzo perseverante y coordinado.
En un ensayo reciente sobre ciudades violentas, Robert Muggah e Ilona Szabo de Carvalho, del Instituto Igarapé, mencionan los casos de tres ciudades: Bogotá, Medellín y Ciudad Juárez que lograron disminuir dramáticamente la violencia homicida. Medellín logró una reducción del 85% en la tasa de homicidios en una docena de años, mientras que Ciudad Juárez, vista como una antesala del infierno durante varios años, consiguió disminuir en apenas cinco años los homicidios, de 282 por cada 100 mil habitantes a 18 por 100 mil, entre 2010 y 2015.
Muggah y Szabo de Carvalho extrajeron las siguientes lecciones de esas experiencias exitosas:
• Las políticas de seguridad pública deben estar basadas en la evidencia, orientadas hacia los problemas y por datos duros (data-driven). Dado que, según indican, menos del 6% de las medidas de seguridad y judiciales logran algún éxito, crece la percepción de que las estrategias basadas en información confiable, en tiempo real; complementadas por la aplicación práctica de “disuasión focalizada”, terapias conductuales y cognitivas, y acciones con la niñez en riesgo, “son esenciales”.
• La policía y los servicios sociales deben concentrar su energía en “lugares, personas y comportamientos” de alto riesgo. “En muchas ciudades de América Latina”, escriben “más de la mitad de los homicidios ocurren en menos del 2% de las direcciones de calle. Un pequeño número de gente son responsables de una parte desproporcionadamente alta de perpetración y victimización”. En lugar de realizar “actividades generales de desarrollo” el objetivo debe ser el control policial de los puntos calientes, o críticos, junto con trabajos de prevención social.
• Las autoridades urbanas deben explorar la mejor manera para la “regulación de drogas”. “Regulación” se apresuran a añadir, “no es lo mismo que legalización”. El objetivo es “poner al gobierno, no al crimen organizado en control.
• Junto con las medidas de control debe haber un esfuerzo para fortalecer la cohesión social y “mejorar las condiciones en áreas marginales”, sobre todo proporcionando espacios públicos y servicios de calidad.
“Cuando” concluyen Muggah y Szabo de Carvalho “hay un plan claro, métricas de éxito acordadas y recursos, es verdaderamente impresionante cuánto puede lograr una ciudad”.
Yo añado a eso la necesidad de la policía comunitaria como parte medular de la estrategia de seguridad. Cuando la comisaría local, las autoridades municipales y las juntas vecinales de ciudadanos trabajan en conjunto, sumando recursos, e incorporan también, desde el Poder Judicial, un sistema de penas alternativas para delitos menores, los buenos resultados, como lo prueban varias experiencias en los últimos años, no tardan en llegar.
Por supuesto que esa estrategia solo tendrá éxito si se lleva paralelamente a cabo un esfuerzo de reforma, entrenamiento, reentrenamiento, purga de corruptos y estímulo al mérito, en la PNP. Hay ahora nada menos que ¡86 generales! en la Policía que probablemente no necesitaría más de una veintena, en tanto sean capaces.
En fin, lograr que la gente conquiste seguridad, control de sus espacios y sus vidas, debe ser la prioridad en la acción de buena parte de los gobiernos latinoamericanos; y también, sin duda, del peruano.
