Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2472 de la revista ‘Caretas’.
Como era de esperar, el desembalse del caso Odebrecht ha provocado una avalancha de revelaciones e imputaciones colaterales; algunas resonantes, otras estridentes.
Sacar a la luz a las personas y organizaciones que han tenido negocios o trabajado con Odebrecht es ahora una de las actividades más dinámicas tanto por buenas razones como por encubridoras astucias.
La única respuesta válida a esas sacadas a luz es responder con precisión y claridad, cuando se pueda. De otra manera, lo que resta es buscar una abogada especializada en colaboración eficaz.
En el caso del periodismo, la claridad en cuanto a conflictos de interés no es opcional sino imperativa. El periodismo, y especialmente el periodismo de investigación demanda mayor coherencia ética y rigor metodológico del que se exige a otras profesiones, por la naturaleza de su trabajo y por el poder que maneja. El resultado de una investigación puede ser la cárcel para algunos, la ignominia para otros. El resultado de una mala investigación o de una investigación intencionadamente mal hecha puede ser la impunidad de delincuentes y el castigo injusto para otros.
«Aceptar – y quizá buscar– el auspicio de Odebrecht para un concurso periodístico en 2014 y 2015 representó no solo un conflicto de interés sino un ataque implícito a los valores básicos del periodismo».
Por eso, los códigos de ética de los mejores medios y asociaciones de periodistas del mundo tienen preceptos específicos y generalmente severos sobre cómo evitar los conflictos de interés y no deberle algo a alguien que pueda ser eventualmente investigado. En la relación profesional, eso significa no aceptar regalos, ni pasajes, ni comidas, ni contratos ni honorarios. No hacerle “media training”, ni consultoría ni asesoría ni nada parecido a quien, por lo que es, por lo que hace, pueda en algún momento ser necesario investigar [la única excepción, sostengo, es cuando la democracia está en peligro].
El tema es amplio, casi siempre complejo, con frecuentes ambigüedades, pero creo que lo escrito basta como introducción a lo que paso a tratar: la difusión sobre el dinero (cerca de 260 mil dólares) que IPYS recibió de Odebrecht en 2014 y 2015 como “auspicio” del premio nacional de periodismo.
Yo fui presidente de IPYS por dos períodos consecutivos, hasta noviembre de 2008. Cuando mi sucesor asumió la presidencia, el 26 de noviembre de ese año, ya sabía, porque lo dije en forma inequívoca, que yo no solo no quería permanecer como parte de la directiva sino tampoco dentro de la organización. La razón fue que hubo diferencias sobre puntos para mí centrales como los mencionados conflictos de interés, por ejemplo. Nada que ver entonces con Odebrecht (en 2008 no tocaba a IPYS) sino con otras discrepancias sobre ética periodística.
Continué hasta el 2015, sin mayor contacto con IPYS, como jurado del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, junto con otros ilustres colegas de varios países. A través de los años, hay que subrayarlo, ese Premio se convirtió en uno de los más significativos galardones mundiales al periodismo de investigación. El impecable origen de los fondos con los que se financió el premio acompañó a trabajos de gran calidad que fueron juzgados de acuerdo con el más libre y meditado criterio de los periodistas que actuamos como Jurado. IPYS ha tenido algunas importantes contribuciones al ejercicio del periodismo, y esa es una de las mayores.
En 2014 (puede haber sido un poco antes) me enteré de que Odebrecht había entrado como auspiciador del concurso nacional de periodismo que organiza Ipys. No tuve dudas de que se trataba de un inaceptable conflicto de interés y resolví, junto con mis colegas de IDL-Reporteros, que no nos íbamos a presentar nunca a ese concurso. Y así fue.
IDL-Reporteros investigó a Odebrecht mucho antes de que empezara el caso Lava Jato. En 2011 publicamos “Las cuentas con levadura de Odebrecht”, la primera de varias investigaciones previas a Lava Jato centradas en analizar los gigantescos sobrecostos de Odebrecht y establecer las razones de la diligente complacencia con que el Estado peruano los aceptaba sin discusión.
No solo eso. Ya había problemas con Odebrecht y otras empresas brasileñas desde comienzos del siglo, durante el gobierno de Toledo, cuando pasaron por encima de las observaciones que planteó el entonces contralor general de la República, Genaro Matute, para firmar los contratos de las Interoceánicas.
El concurso de IIRSA Norte, por ejemplo, no contó con el obligatorio informe previo de la Contraloría debido a que se le entregaron a esta los documentos requeridos apenas dos días antes de acordar la buena pro.
Así que aceptar – y quizá buscar– el auspicio de Odebrecht en 2014 y 2015 para un concurso periodístico representó no solo un conflicto de interés sino un ataque implícito a los valores básicos del periodismo. La rescisión del auspicio, que según entiendo fue iniciativa de Odebrecht, cambió la situación pero no eliminó el error.
Ipys es una institución que ha hecho mucho en favor del periodismo en Perú y en Latinoamérica. Desde redes de alerta y reacción rápida para proteger periodistas amenazados hasta el valioso congreso Colpin, que reúne a periodistas de investigación de toda Latinoamérica para exponer y discutir sus trabajos.
Con la experiencia y el conocimiento acumulados, Ipys debe mantenerse para consolidar y mejorar los aportes de, sobre todo, el Colpin y el concurso latinoamericano de periodismo de investigación, que se realizan simultáneamente.
Pero para que esa misión pueda desarrollarse, es necesario no solo un profundo examen de la violación de principios fundamentales de la profesión que se cometió con el affaire Odebrecht, sino sobre las razones y las personas que llevaron a ello, para corregir, separar, reformar y, al final, preservar esta importante institución.
