Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en Revista Caretas el 18 de mayo de 2017.
Este miércoles 10 de mayo apareció en varios medios, a página completa, un “Manifiesto del Directorio del Grupo Graña y Montero” dirigido “a todos los peruanos”, bajo el epígrafe “Comprometidos con el FUTURO”, al que, por claridad, quizá hubiera sido pertinente añadir: “pero… Atribulados por el PASADO”.
El Manifiesto empieza así: “Muchos compatriotas se preguntan desconcertados cómo una empresa como Graña y Montero pudo verse involucrada con una empresa extranjera acusada de corrupción” y responde a esa perplejidad como sigue: “Aunque no tenemos todavía todas las respuestas para este suceso, el Directorio se siente en el deber de decirles que el Grupo Graña y Montero lamenta profundamente que se hayan sentido defraudados por la empresa”. La negrita es del texto original.
El Manifiesto ha sido firmado por un nuevo Directorio bajo la presidencia de Augusto Baertl. Y si bien es posible que no tengan todavía todas las respuestas, resulta obvio que ya conocen las suficientes como para que el Manifiesto sea una confesión en tinta invisible que precede al listado de medidas de enmienda que se detallan a continuación.
Estas corresponden casi literalmente a las reformas internas que se imponen a corporaciones que han sido descubiertas en actos masivos de corrupción, que los reconocen, los confiesan, acuerdan el pago de severas multas y la adopción de profundas reformas para evitar cárcel y cierre. Es lo que sucedió en los macrocasos de Siemens, de Alstom, de Odebrecht–Braskem con Estados Unidos, Brasil y Suiza; y que ahora Graña y Montero anuncia que llevará a cabo.
Las principales medidas, casi idénticas a las adoptadas en los casos señalados arriba, son:
• Poner en marcha “una investigación interna a cargo de una empresa internacional independiente de primer nivel […] sin perjuicio de seguir colaborando con las autoridades correspondientes en las investigaciones que se vienen efectuando”.
• Conformar “un Consejo de Asesores externo, que será compuesto por prestigiosos expertos en las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.
• Crear “un nuevo Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad, cuya función será identificar y neutralizar los posibles riesgos a los que se podría enfrentar el Grupo […]. A este Comité se le ha encargado el monitoreo de la investigación interna, reportándole directamente al Directorio”.
• Fortalecer “la capacitación a todos los empleados, con énfasis en los Directores y Gerentes, en lo relativo a Programas Anticorrupción, con la supervisión de las más reconocidas instituciones internacionales”.
• Además: Revisar “profundamente nuestras políticas de todo tipo de asociación con otras empresas”. Reforzar controles “en los procesos de contrataciones públicas con el Estado”; y establecer una “nueva política de relacionamiento con proveedores, clientes y ciudadanos”. Informar también al público sobre los avances en esas “iniciativas”.
El Manifiesto inicia el último párrafo afirmando que en “Graña y Montero somos conscientes de que cualquier esfuerzo que hagamos será poco para recobrar nuestro buen nombre y credibilidad”.
Sugiero una acción concreta para avanzar en ese conmovido esfuerzo.
Confesar.
En el Manifiesto de Graña y Montero se evidencia contrición y propósito de enmienda, pero falta la confesión.
Y debiera serles claro que no hay manera de evitarla.
Graña y Montero fue socia en varias ocasiones de las grandes empresas brasileñas, especialmente de Odebrecht y participó en consorcios en los que se perpetraron actos de corrupción que deberían haber sido evidentes para cualquier socio mínimamente despierto.
«¿Cómo pudieron los socios minoritarios del Consorcio (Graña y Montero uno de ellos) permanecer en la ignorancia sobre esos pagos que tenían todas las características de un masivo soborno?»
En IDL-Reporteros descubrimos uno de ellos.
En 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, una organización peruana de lavado de dinero, dirigida por Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, recibió varios millones de dólares de empresas vinculadas con Odebrecht para exportar una buena parte de esa suma al extranjero, a paraísos fiscales y sobre todo a la cuenta de una misteriosa compañía llamada Balmer Holding Assetts LTD.
Balmer fue constituida en Panamá, en enero de 2007 por el ahora muy notorio bufete de abogados, y maquila de offshores, Mossack Fonseca. En forma más bien atípica, las acciones de Balmer se emitieron al portador y, para profundizar todavía más el anonimato de su dueño real, Mossack Fonseca recibió meses después la instrucción de destruir toda la correspondencia bancaria que le hubiera llegado.
Dos offshores ligadas a Odebrecht y probadamente comprometidas luego en los masivos esquemas de sobornos de esta corporación –Klienfeld Services Ltd., y Constructora Internacional del Sur– depositaron dinero en las cuentas de las compañías de Monteverde y Carmona. La propia Odebrecht efectuó también depósitos. Pero las sumas más importantes fueron aportadas por el consorcio IIRSA Norte, integrado por Odebrecht, Andrade Gutierrez y Graña y Montero.
A lo largo de 2007, Constructora Internacional del Sur depositó alrededor de 270 mil dólares. Klienfeld Services algo más de 110 mil. Odebrecht cerca de 430 mil dólares. Y el Consorcio IIRSA Norte, alrededor de 11 millones de dólares. El total pagado por esas cuatro compañías fue de aproximadamente 11 millones 740 mil dólares.
De esa suma, casi 7 millones de dólares fueron enviados a la cuenta de Balmer, en un banco brasileño de segundo piso, el Trend Bank, alojado en el First Caribbean Bank, de Barbados.
El Consorcio IIRSA Norte, que ganó el contrato de construcción en forma controvertida durante el gobierno de Toledo, inició la construcción de la carretera en el de García. Su costo contratado, de 258 millones de dólares, se elevó poco después a 510 millones de dólares. El 98% más de lo contratado.
¿Cómo pudieron los socios minoritarios del Consorcio (Graña y Montero uno de ellos) permanecer en la ignorancia sobre esos pagos que tenían todas las características de un masivo soborno?
Difícilmente. Cuando preguntamos sobre el tema, el año pasado, a los portavoces de Graña y Montero, respondieron no haber sabido nada de los pagos, no haber sido informados sobre ellos y no haber tenido ninguna participación en el manejo del Consorcio.
Los representantes de Odebrecht, en cambio, sostienen ahora que Graña y Montero estuvo perfectamente informada sobre las decisiones que tomó el Consorcio.
El más elemental sentido común indica que Graña y Montero sí conocía sobre esos pagos.
El Manifiesto firmado por Baertl la semana pasada parece apuntar en el mismo sentido. Aunque no tengan todas las respuestas, lo más probable es que esa sí.
Ahora, les toca confesarlo.
Y, sobre todo, decir a quién le pagaron.
